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miércoles, 31 de octubre de 2012

Prensa 31 octubre


Las empresas deben pagar ya el paro de los prejubilados


Desde 2011, las empresas de más de 100 trabajadores que han hecho un despido colectivo saben que tienen pendiente pagar el seguro de paro y las cotizaciones de los mayores de 50 años afectados, los llamados prejubilados. Es la conocida como enmienda Telefónica, que se coló en la última reforma de pensiones. Pero hasta este martes faltaba el reglamento que detallara a las compañías cómo y dónde tenían que pagar. Ahora ya lo saben.

Según el reglamento publicado este martes, a partir de hoy las empresas que hayan hecho prejubilaciones recibirán todos los años un requerimiento de los Servicios Públicos de Empleo con el dinero que tendrán que abonar por los despidos efectuados. A partir de entonces se abrirá un plazo de alegaciones de 15 días. Finalizado el proceso, la compañía tendrá que abonar la cantidad correspondiente en la ventanilla de Hacienda.

En la memoria financiera que acompañaba al reglamento, el Ministerio de Empleo calculaba que esta norma le permitiría ingresar al año unos 350 millones. No obstante, durante este año la recaudación será superior ya que las empresas no han pagado todavía nada por las prejubilaciones hechas desde que se aprobó la medida en julio de 2011.

Los planes de recolocación

La reforma laboral allanó mucho el camino de los despidos colectivos. Para atenuar sus previsibles efectos, la misma norma contempla que cuando una empresa haga un ERE que afecte a más de 50 trabajadores tendrá que contratar con una compañía especializada un plan de recolocación de los despedidos.

El reglamento de las regulaciones de empleo publicado detalla cómo tienen que ser estos planes y qué contenido que deben tener. Entre las obligaciones del programa, que deberá tener una duración mínima de seis meses, está la de prestar una especial atención a los trabajadores de “mayor edad”.

Además de la duración del plan, el reglamento también determina que la empresa especialista debe procurar poner en contacto al nuevo parado con ofertas de empleo. Otras obligaciones del plan son la de asesorar al afectado para reciclarse, poner algún negocio por su cuenta o preparar las entrevistas de empleo.

Con esta medida, España se homologa con muchos países europeos. En ellos, los planes de recolocación desarrollados por compañías especializadas son una obligación para las empresas que llevan adelante los despidos colectivos.



Rajoy facilita el despido colectivo de empleados públicos


El Gobierno ha abierto la puerta de forma definitiva al despido de empleados públicos. Según puede leerse hoy en el BOE, las admnistraciones podrán despedir a personal laboral con indemnizaciones de 20 días por año trabajado –tal y como ocurre en la empresa privada desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP– si las transferencias que reciben caen un 5% en un año o un 7% durante dos ejercicios.



A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos. Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores. También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias. El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

Plan de recolocación

Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días. No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas. Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).



Hacienda dejará de ingresar 1.300 millones por el aumento del paro


El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que el aumento del paro en 504.500 personas hasta el tercer trimestre del año supondrá una pérdida de ingresos de 1.314 millones de euros para las arcas públicas, según los cálculos del impacto del desempleo sobre la recaudación por IRPF.

Las estimaciones de Gestha apuntan a que en caso de que el desempleo subiera en 750.000 personas en 2012, algo que prevén varios organismos e instituciones nacionales e internacionales, la pérdida recaudatoria rozaría los 2.000 millones sólo por IRPF, que es el impuesto que más recursos aporta cada año al conjunto de las administraciones públicas.

Para llegar a la estimación de caída de recaudación tributaria, Gestha ha calculado que el IRPF pierde unos ingresos íntegros medios de 15.161 euros por cada nuevo parado debido a la pérdida de sueldo, que se compensa parcialmente con la prestación por desempleo. Esto supone dejar de recaudar unos 11.371 millones de euros en bases imponibles en el supuesto de que se destruyesen 750.000 puestos de trabajo en este ejercicio.

Los técnicos de Hacienda consideran esta estimación es "muy prudente", ya que para su elaboración se ha partido de la media de las retribuciones de los trabajadores, por lo que si realmente se despidieran a los empleados más veteranos y de mayor salario, la caída de ingresos para el Estado sería superior. Además, el cálculo tampoco recoge la pérdida recaudatoria de los desempleados que agotan su prestación a lo largo de 2012.

Con la nueva reforma laboral vigente, Gestha considera que las empresas tendrán una "predisposición mayor" a despedir a quienes tienen mejores condiciones salariales para contratar en su lugar a jóvenes con nóminas más bajas. Esto supondrá que si se despide a los trabajadores de mayor sueldo y edad, la caída de los ingresos del IRPF será superior, ya que los sueldos mayores afectan a la progresividad del impuesto que determina el pago de mayores cuotas.

Más déficit público

Por otro lado, si al cálculo del coste tributario del aumento del desempleo se añadieran las prestaciones por desempleo de las nuevas personas en paro, el coste total para la Agencia Tributaria tendría un efecto negativo adicional sobre el déficit público, que el Gobierno se ha comprometido a cerrar en el 6,3% del PIB en 2012.

Además, Gestha advierte de que el aumento del número de parados no solo tendrá un impacto directo sobre el IRPF sino también sobre la fiscalidad que grava los ingresos de las empresas. Así, aquellas que hayan despedido trabajadores reducirán la base imponible del Impuesto de Sociedades con el importe de las indemnizaciones.

Por otro lado, al haber más personas en paro con menor poder adquisitivo, seguirá disminuyendo la demanda de hogares y empresas, lo que lastrará las ventas y los resultados de las empresas hasta tal punto que el Gobierno ha reconocido que los ingresos por IVA alcanzarán aproximadamente los 7.000 millones de euros, por debajo de la previsión inicial de 9.500 millones.

Con objeto de que la Administración pueda incrementar los ingresos que se perderán con el aumento del paro, Gestha apuesta por reducir la economía sumergida con cuatro medidas fundamentales: elaborar estudios oficiales de economía sumergida, aumentar la responsabilidades de la plantilla de la Agencia Tributaria, compartir las bases de datos entre todas las administraciones y, finalmente, controlar los resultados de la Agencia Tributaria por las Cortes.



Tres de cada 4 trabajadores con pensión privada desconocen el importe de su futura prestación pública


Tres de cada cinco trabajadores con planes de pensiones en su empresa, el 61%, desconoce el importe de su jubilación pública. Además de estos, el 57% está convencido de que la prestación no será suficiente para vivir, según el barómetro de planes de pensiones de empleo 2012 de VidaCaixa Grupo. El estudio se ha realizado mediante encuestas a partícipes de planes de empresa (60% hombres) y a las comisiones de control de las empresas para sus trabajadores, así como a consultoras especializadas.

El análisis, que se debatirá en detalle mañana durante el Quinto Foro de Comisiones de Control en Barcelona, refleja que el nivel de desconocimiento del importe de la pensión pública se acentúa entre los menores de 51 años, que alcanza el 65% de los encuestados. En uno de los últimos acuerdos en el marco del Pacto de Toledo se ha incluido la obligación de informar a partir del 1 de enero de 2013 de cuál será la pensión pública --también tendrán que informar los sistemas privados.

Entre los que disponen de planes de pensiones y creen que su jubilación no será suficiente para vivir, el 77% ha considerado que las aportaciones que hace su empresa tampoco serán suficientes para complementarla. El barómetro destaca que el 93% de los encuestados que tienen planes de pensiones de empleo cuentan con una previsión particular, entre las que destacan la aportaciones periódicas en ahorros o inversiones (64%); en inmuebles (31%); productos contratados aunque sin realizar una aportación periódica (24%), u otros instrumentos no detallados (12%).

Actualmente, España cuenta con 10,7 millones de personas con planes de previsión social complementarios de futuro, entre los que se puede incluir seguros de vida y planes de pensiones individuales y de empresa, una cifra que no ha aumentado significativamente respecto al dato de 2007, que se situaba en 10,3 millones.



El Gobierno aclara los supuestos en los que los parados podrán salir al extranjero


Madrid (Efe).- El Gobierno ha modificado el real decreto que regula el cobro de la renta activa de inserción para incluir los supuestos en los que los parados podrán viajar al extranjero sin que se interrumpa su inscripción como demandantes de empleo durante 12 meses, requisito previo para el cobro de esta ayuda.

El Gobierno ha aceptado así una recomendación del Defensor del Pueblo que recomendaba que estos supuestos se recogieran en el reglamento y en las guías informativas de acceso al programa de renta activa de inserción, según ha informado la institución que dirige Soledad Becerril en un comunicado.

La salida a la Unión Europea y Suiza durante menos de 90 días para buscar trabajo, formarse o hacer labores de cooperación no impide el cobro de esta renta, que incluye una ayuda de 426 euros al mes para parados mayores de 45 años sin otras prestaciones o rentas.

Además, estos parados también pueden viajar al extranjero por causas familiares o por el cumplimiento "de un deber inexcusable de carácter público y personal" por un tiempo igual o inferior a 15 días.



El 70% de las empresas extranjeras en España mantendrá o elevará el empleo en 2013


En nuestro país están presentes 13.000 firmas extranjeras que generan cerca de 1,3 millones de puestos de trabajo.

Las empresas extranjeras instaladas en nuestro país también ven un futuro económico algo más despejado. El aumento de la competitividad y de la flexibilidad del mercado laboral ha comenzado a dar frutos como la reciente apuesta de Ford por su factoría valenciana, y la tendencia a conservar el empleo se refleja también ahora con datos estadísticos. El 70% de las firmas foráneas presentes en España mantendrá o elevará el empleo el año que viene, mientras que el 90% espera hacer lo mismo con sus volúmenes de exportación, según el «Barómetro de clima de negocio en España 2012» elaborado por Invest in Spain y el International Center for de Competitiveness (ICC) del IESE.

Según el estudio, hay 13.000 empresas extranjeras presentes en España que generan cerca de 1,3 millones de empleos. El 70% de las compañías encuestadas también prevé mantener o ampliar las inversiones el próximo año y el 63% cree que podrá sostener o elevar el nivel de ingresos. Además, tal y como concreta el director de Desarrollo y Reinversión de Invest in Spain, Jesús Rubiera, el 93% de las empresas que espera reducir su plantilla lo hará en menos de un 25%, mientras que el 15% de estas empresas espera elevar sus exportaciones en más de un 25%.

Del estudio se concluye que la valoración general del clima de negocios en España es «positiva», con una puntuación de 2,7 puntos sobre 5, ligeramente menor que la que obtuvo en el año 2011 (2,9 puntos sobre 5). Entre las principales fortalezas de España destaca el área de las infraestructuras, concretamente el tren de alta velocidad y los aeropuertos, aunque también se valora muy positivamente la disponibilidad de mano de obra.

En cambio, España debe mejorar en algunos aspectos del mercado laboral, la financiación y la innovación. En concreto, los inversores creen que se podría mejorar la flexibilidad del mercado laboral con más ayudas a la contratación, más flexibilización en los horarios y una adecuación mayor de la legislación laboral a las necesidades de las empresas.

Mercado laboral más flexible

Sin embargo, la investigadora asociada del ICC del IESE, Maria Luisa Blázquez, asegura que los extranjeros valoran este año mejor los costes del despido gracias a las últimas reformas laborales. En concreto, el 70% de los inversores extranjeros cree que las reformas laborales han mejorado la flexibilidad del mercado y el 79% ve con buenos ojos la reforma de la negociación colectiva.

En materia de fiscalidad, los inversores extranjeros consideran que se podría mejorar el impuesto de Sociedades y las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social, entre otras cosas, aunque no ven problemas en la fiscalidad de no residentes ni en los convenios de colaboración entre España y otros países.

Sobre el entorno regulatorio, una vez más los inversores extranjeros consideran que se puede mejorar la carga burocrática en España, aunque ya no ven problemas en la rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles, a diferencia del año pasado.

Potentes infraestructuras

Las infraestructuras es sin duda el área mejor valorada, aunque España aún puede mejorar en algunos aspectos, como la penetración de la banda ancha. Los costes, en cambio, es una de las áreas que más ha descendido en valoración, ya que los inversores extranjeros no se muestran satisfechos con el coste de la banda ancha, la electricidad, el teléfono y el precio de la gasolina diesel, entre otros aspectos.

La financiación es uno de los asuntos peor valorados por los inversores, sobre todo ante la falta de incentivos a la inversión y la poca disponibilidad y los costes de la financiación de la banca comercial. Sin embargo, este tipo de inversores no dan mucha importancia a este aspecto porque puede acudir a otros mercados para solicitarla.

Sobre la innovación, los inversores extranjeros ven problemas en el volumen de gasto público y el volumen empresarial. Respecto al capital humano, consideran que España tiene que mejorar mucho en idiomas, en aceptación de responsabilidades, en capacidad de aprendizaje y en disponibilidad de mano de obra cualificada.



El paro en Alemania se mantiene en el 6,5% pese a una ligera caída mensual


El número de desempleados en Alemania se situó en octubre en 2.753.000, 35.000 menos que en septiembre, pero 16.000 más respecto al mismo mes de 2011, según ha informado este martes la Agencia Federal de Empleo. La tasa de desempleo se mantiene en un 6,5%, estable tanto a escala mensual como interanual.

Esta evolución refleja "la robustez del mercado laboral alemán", según el presidente de este organismo, Frank-Jürgen Weise. La falta de un descenso del desempleo más contundente es efecto, según Weise, del debilitamiento coyuntural global, que ralentiza la creación de empleo.

Eliminados los factores estacionales, el número de desempleados subió en octubre en 20.000 respecto a septiembre, mientras que en términos interanuales el incremento fue de 16.000 más.

La demanda de mano de obra experimentó un descenso, pese a que se mantiene en un nivel considerado alto, constató Weise en su comunicado.

El cómputo de ofertas de trabajo se situó en los 468.000, 32.000 menos que en octubre de 2011. La mayor parte de esas demandas proceden de los sectores eléctrico, metalúrgico, construcción de maquinaria, logística y sector sanitario.



La bolsa española rebota y sube un 1,36 % apoyada en los grandes valores


En una nueva jornada sin referencias al otro lado del Atlántico la bolsa española ha rebotado hoy y ha subido el 1,36 % y conquista los 7.800 puntos, apoyada en los grandes valores y en línea con el comportamiento de los parqués europeos.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha subido 105,30 puntos, hasta 7.833,90 puntos, lo que supone un 1,36 % más que ayer, aunque acumula unas pérdidas desde que empezó el año del 8,55 %, mientras la prima de riesgo ha subido desde 417 a 419 puntos básicos.

Por segundo día consecutivo las bolsas mundiales se han movido sin la referencia de Wall Street, que hoy tampoco ha abierto a causa del el huracán "Sandy", que ha producido inundaciones en Manhattan, aunque no ha afectado a las instalaciones de la bolsa neoyorquina.

En estas circunstancias, las principales bolsas europeas también se han apuntado al verde y al cierre Fráncfort subía el 0,99 %, el Euro Stoxx600 el 0,76 %, Londres el 0,95 %, París el 1,48 % y Milán el 1,12 %, mientras que el euro cotizaba a 1,297 dólares.

El día comenzaba con la publicación del descenso del PIB en España en un 0,3 % en el tercer trimestre, un dato que confirma que se mantiene la recesión aunque es una décima mejor de lo que se esperaba, y la inflación de octubre, que se situó en el 3,5 % interanual, según el indicador adelantado del INE.

Desde Europa tampoco llegaban buenas noticias, ya que según los datos de la CE la confianza económica y el clima empresarial volvían a caer en la zona euro en septiembre.

No obstante, la subasta de deuda en Italia se saldaba con un buen resultado y el país presidido por Mario Monti conseguía colocar en el mercado 7.000 millones de euros a menor interés y con mayor demanda que en ocasiones anteriores, mientras que en Alemania el dato de paro de octubre se mantenía invariable en el 6,5 %.

El efectivo negociado en el mercado continuo, que sigue en niveles bajos, fue de 915,4 millones, de los que casi 300 millones procedieron de operaciones efectuadas por inversores institucionales.

La mayor subida de la jornada se la apuntó Bankia (4,82 %), que rebotaba con fuerza tras el desplome sufrido por sus malos resultados financieros del tercer trimestre difundidos el viernes pasado, seguido de Repsol, que ha subido el 2,98 % en medio de las noticias no confirmadas sobre el supuesto interés de inversores asiáticos y árabes en entrar en su accionariado.
El resto de grandes valores también cerraron el día en positivo. Banco Santander se revalorizaba el 2,20 %, BBVA se apuntaba el 1,46 % de ganancias, Iberdrola el 1,29 % e Inditex el 0,99 %.

Los títulos de Telefónica, cuya filial alemana (O2) se ha estrenado hoy en la bolsa, han subido el 1,29 %.

Los valores más bajistas han sido Abengoa, que se dejaba el 2,70 %, Banco Popular, con un descenso del 1,31 %, Red Eléctrica y Mediaset, que perdían el 0,75 % y el 0,31 %, respectivamente.



El Nikkei gana 86,31 puntos, el 0,97 por ciento, hasta 8.928,29 puntos


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un ascenso de 86,31 puntos, el 0,97 por ciento, y quedó en 8.928,29 unidades.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, ganó 8,87 puntos, un 1,20 por ciento, hasta 742,33 enteros.

martes, 30 de octubre de 2012

Prensa 30 octubre


El IPC interanual aumenta hasta su valor más alto en 17 meses, el 3,5%


El Índice de Precios de Consumo (IPC) escaló una décima en octubre, hasta situar su tasa interanual en el 3,5%, según el indicador adelantado sobre la evolución de los precios en España publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el dato de octubre, el IPC interanual encadena cuatro meses de ascensos tras haber repuntado en los meses de julio, agosto y septiembre un total de 1,2 puntos por la subida del IVA, el encarecimiento de las medicinas y el de los carburantes.

La tasa del 3,5% alcanzada en octubre es la más alta que registra el IPC durante este año y la más elevada desde mayo de 2011, cuando la inflación interanual se situó también en el 3,5%.

La escalada del IPC interanual hasta el 3,5% complica el panorama de la revalorización de las pensiones, que toman como referencia para su actualización la inflación interanual de noviembre.

El Gobierno aún no ha aclarado si compensará o no a los pensionistas por la desviación de la inflación este año (las pensiones subieron el 1% y el IPC va a situarse muy por encima de esa cantidad) y se ha limitado a señalar que habrá que analizarlo y que, de momento, la normativa sigue vigente.

Con una desviación de 2,5 puntos, el coste de la revalorización de las pensiones, incluyendo su consolidación en nómina, rondaría los 5.000 millones de euros.

Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en octubre en el 3,5%, la misma tasa registrada en septiembre.

El organismo estadístico ha recordado que los indicadores adelantados sólo proporcionan información orientativa, de tal forma que no tienen por qué coincidir con los datos definitivos, que se publicarán el próximo 13 de noviembre.



El sistema de pensiones cerrará el año con un agujero de 7.000 millones


La crisis está haciendo mella en las cuentas públicas. La destrucción de empleo continúa trimestre tras trimestre provocando una caída de las cotizaciones a la Seguridad Social y un aumento de las prestaciones por paro que hará imposible cumplir los objetivos de déficit de la Seguridad Social.

El Ministerio de Hacienda envió el pasado lunes a la Oficina de Estadísticas Europea, Eurostat, una previsión de cierre del año de las cuentas públicas en la que calcula que el conjunto de administraciones de la Seguridad Social -que incluye el sistema de pensiones, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Fondo de Garantía Salarial- tendrá este año unos números rojos de 10.500 millones de euros, en torno al 1% del PIB; frente al equilibrio que preveían los Presupuestos para 2012, y que el Gobierno mantenía hace apenas un mes, cuando presentó las cuentas del año 2013.

Según ha podido saber ABC, este desfase se debe fundamentalmente a los números rojos que arrojará el sistema de pensiones de la Seguridad Social, y que se situará en el entorno de los 7.000 millones de euros, siete décimas del PIB. Pero también se desviarán las cuentas del servicio público de empleo estatal, que tendrán un déficit de unos 3.000 millones de euros, tres décimas del PIB.

Caída del 73%

La ejecución del presupuesto de la Seguridad Social en lo que va de año ya apunta a esa desviación. Hasta agosto, el sistema público de pensiones tuvo un superávit de 2.721,08 millones de euros, un 43,52% menos que en el mismo periodo de 2011, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pero en términos homogéneos, sin tener en cuenta las transferencias del Estado, los ingresos no financieros reflejarían un descenso del 1,58% y el superávit sería de 1.280,59 millones de euros, un 73,42% menos que el registrado en el mismo periodo de 2011. Si tenemos en cuenta que el año pasado la Seguridad Social cerró con un mínimo déficit de menos de una décima, se entiende que en este ejercicio el cierre será mucho peor.

No obstante, en estos números rojos ya estaría prevista la posible revalorización de las pensiones para compensar la desviación de los precios, según fuentes consultadas. En todo caso, la decisión definitiva todavía no está tomada. Si se aplica la ley actual, el Gobierno tendría que actualizar las pensiones en casi 2,5 puntos, ya que las pensiones subieron en enero un 1% y el IPC podría situarse en noviembre en el entorno del 3,5%. El coste para las arcas públicas de esta desviación sería del entorno a los 5.000 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad, 2.500 millones, serían con cargo a los Presupuestos de este año 2012. Es la cantidad que correspondería a la paga que recibirían los pensionistas en enero para compensar por lo que no han cobrado en 2012.

Además, esta subida se consolidaría para 2013, con lo que los Presupuestos de ese año tendrían que hacer frente a un gasto de otros 2.500 millones de euros. Las exigencias europeas de cumplir el objetivo de déficit, el 6,3% del PIB para el conjunto de administraciones públicas este año, ha pospuesto la decisión final del Gobierno hasta el último momento, cuando sepa si realmente hay margen para hacer ese fuerte desembolso.

Algunas fuentes apuntan también que podría llevarse a cabo solo la revalorización de las pensiones más bajas, lo que reduciría considerablemente el coste de la actualización, o utilizar otro referente para subir las prestaciones, como podría ser el IPC sin impuestos.

Europa se opone de manera tajante a que se ligue la evolución de las pensiones al IPC, y quiere que España siga la línea de otros países de la Unión y use otros indicadores para actualizar las prestaciones como podría ser la evolución de la economía, de manera que se ajustara el gasto en momentos de crisis y se aumentara en época de bonanza. Además, el Gobierno ya se ha comprometido con la CE a diseñar el factor de sostenibilidad, que se convertiría en un mecanismo de ajuste automático tanto de la edad de jubilación como de la cuantía de las pensiones.

El fuerte aumento del desempleo es otra de las causas de la desviación de las cuentas de la Seguridad Social. En los Presupuestos de 2012, que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril, se preveía una caída del gasto en prestaciones de paro del 5,5%, hasta los 28.805 millones de euros. Sin embargo, los hechos son tozudos y han desbordado las previsiones. En los ocho primeros meses del año el gasto en prestaciones por desempleo ha crecido en un 5,7%, hasta los 21.107,3 millones de euros. Si sigue creciendo a este ritmo el gasto superaría los 31.000 millones de euros, 3.000 millones más de lo previsto, y es precisamente esta cantidad la que el Ministerio de Hacienda ha tenido en cuenta a la hora de calcular el cierre del ejercicio que dio a Eurostat.


Los salarios en Alemania registran su mayor subida de los últimos cuatro años


Los sueldos crecieron un 3,2%, más de un punto por encima de la inflación.

Un nuevo dato pone de relieve la disparidad entre los países de la zona euro. Mientras las economías del sur del continente continúan su particular «vía crucis» de ajustes y creciente desempleo, la evolución de los salarios en Alemania muestra signos de recuperación. La Oficina Federal de Estadísticas ha señalado que los sueldos se incrementaron un 3,2% el pasado mes de julio en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se trata del mayor porcentaje de subida desde octubre de 2008, según recoge Reuters.

Así, las retribuciones crecen a mayor ritmo que la inflación, que se sitúa en el 2%. Este mayor poder adquisitivo, en teoría, permitirá espolear la demanda y mantener la actividad de los consumidores. Gracias a esta última, se estima que la economía germana creció un 0,5% en los primeros tres meses del año.

La confianza del consumidor, el indicador que permite predecir la evolución de la demanda interna, se elevó entre los pasados meses de octubre y noviembre a su nivel más alto de los últimos cinco años. Un escenario que contrasta con el de las economías del sur de Europa: en nuestro país, por ejemplo, se ha conocido que las ventas del comercio minorista cayeron en septiembre un 12,6% en relación al mismo mes de 2011, diez puntos por encima de la de agosto (-2%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este descenso, el comercio al por menor acumula 27 meses consecutivos de retroceso en las ventas.

En el caso de Alemania, previsiblemente, la tendencia se mantendrá durante los próximos meses. El jefe de los archivos salariales en Hans Boeckler Foundation, Rainer Bispinck, estima que los emolumentos crecerán un 2,7% en 2012. Recuerda que, sin embargo, entre 2001 y 2009 los salarios reales descendieron un 6,3%, convirtiéndose en el único país del continente sin aumento salarial.



El Ibex 35 resiste los 7.700 puntos en mitad del huracán Sandy


Día desconcertante para los inversores por culpa del huracán Sandy que ha obligado a cerrar Wall Street inesperadamente por no poderse garantizar la operativa. Esta circunstancia ha provocado una sesión con volumen y fuerte volatilidad al permanecer fuera del mercado los inversores estadounidenses.

El Ibex 35 ha cerrado la sesión con un descenso del 0,6%, en línea con el resto de las grandes plazas europeas. Un daño mínimo teniendo en cuenta que pasada la media sesión, el selectivo llegó a perder más de un uno por ciento por debajo de los 7.700 puntos, por la presión bajista del sector asegurado golpeado por la tormenta en Estados Unidos.

Las inclemencias meteorológicas han roto la previsión de una semana de transición, que se espera a la baja a la espera de noticias del rescate a España. De momento, el sentimiento de decepción de decepción gobierno los mercados por las débiles cuentas de la temporada de resultados, hasta que entremos en noviembre con las elecciones en Estados Unidos y la previsión económica de la Comisión Europea, donde se decidirá el futuro de España y Grecia con los objetivos de déficit. "Estamos ante una semana de transición hasta lo realmente importante, lo que podría traducirse en un mercado débil, aunque menos que la semana pasada al haberse producido ya la adaptación a unos resultados empresariales más flojos de lo esperado, sobre todo en términos de expectativas", explican desde Bankinter.

En materia de declaraciones políticas, las de Mario Draghi que advierten que el BCE vinculará su plan de compra de deuda a revisiones estricta del programa de reformas, quizá haya sido la más importante pero incapaz de mover mercado. A la vez apoyo la propuesta alemana, de la implantación de un supercomisario para controlar las cuentas de los Estados. Rajoy se ha opuesto a la medida y ha reclamado cumplir con los acuerdos de junio. Mientras, España ha entrado en campaña electoral. Barack Obama ha afirmado que no se puede dejar que el país se derrumbe.

Dentro del selectivo Bankia (-3,51%), FCC (-2,71%) y Banco Popular (-2,63%) se han situado al frente de las pérdidas.En el lado de las ganancias se situaron Acerinox, que repuntó un 2,01%, seguido de Mediaset España (+1,92%), Grifols (+1,63%) y Dia, que ganó un 1,53% tras triplicar su beneficio neto en los nueve primeros meses.

En el mercado de deuda la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes subía al cierre los 423,00 puntos básicos, con un rendimiento del 5,668%, frente a los 413,6 puntos básicos de la apertura.



El Nikkei baja 87,36 puntos, el 0,98 por ciento, hasta 8.841,98 puntos


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso de 87,36 puntos, el 0,98 por ciento, y quedó en 8.841,98 unidades.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, cayó 6,84 puntos, un 0,92 por ciento, hasta 733,46 enteros.




lunes, 29 de octubre de 2012

Prensa 29 octubre


El Gobierno penaliza el despido colectivo de trabajadores de más de 50 años


Las empresas de más de 100 trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años y que acomentan un procedimiento de despido colectivo sufrirán una penalización por cada uno de los trabajadores de más de 50 años incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE). Según el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, estas empresas deberán abonar al Estado en un plazo máximo de 45 días el importe correspondiente a las pestaciones por desempleo, cotizaciones sociales y posteriores subsidios que pudiera llegar a percibir ese trabajador despedido de más de 50 años.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el objetivo de esta medida es evitar que las grandes empresas trasladen al Estado parte de los costes de reestructurar sus plantillas así como "no desperdiciar esa fuerza de trabajo y esa experiencia" de los trabajadores con edad superior a los 50 años.

EDAD REAL DE JUBILACIÓN

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha añadido que otro de los objetivos de esta medida es la de "intentar acercar la edad real de jubilación a la edad legal". Según los datos aportados por Báñez, la edad real de jubilación es de 63,6 años por efecto de las jubilaciones anticipadas voluntarias o forzosas, frente a la edad legal de 65 años, que se ampliará a 67 años de forma paulatina en el 2027.

La ministra ha criticado la práctica por la que, durante los años de bonanza económica, las grandes empresas acometieron ERES preventivos en los que se redujeron plantillas a base de prejubilaciones a cargo de las prestaciones por desempleo y de convenios con la Seguridad Social. "No estamos impidiento que las empresas tomen decisiones de reducir plantilla, pero lo que no puede ser es que eso cause un coste al Estado cuando esas empresas tienen más de 100 trabajadores y generan beneficios".

Las nuevas restricciones a las prejubilaciones de empresas con beneficios serán aplicables a procedimientos iniciados a partir del 27 de abril del 2011, fecha de la primera reforma en esta dirección acometida por el anterior Gobierno socialista que afectaba a empresas de más de 500 trabajadores que incluyeran en sus despidos colectivos a más de 100 trabajadores de más de 50 años.

DESPIDOS COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy el reglamento que desarrolla el procedimiento de despido colectivo previsto en la reforma laboral adoptada por el Gobierno del PP. En el sector público, los expedientes de despido colectivo solo podrán aplicarse en empresas y entes cuya financiación pública no llegue al 50% de sus ingresos.

Además, la ministra Báñez ha anunciado que el Gobierno llevará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un informe sobre la jubilación anticipada y la jubilación parcial en España y sobre la compatibilidad entre salario y pensión.

ENDURECER LA PREJUBILACIÓN

El objetivo, según la ministra es, de nuevo, acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Para ello, el informe del Gobierno apuntará en la dirección de elevar la edad actual a partir del cuál es posible acogerse a la prejubilación forzosa (61 años) o voluntaria (63 años). La ministra también ha apuntado la cnveniencia de elevar el actual periodo mínimo de cotización para acogerse a la prejubilación (33 años) y de endurecer los coeficientes reductores de la prestación aplicables a quienes se acojen a la prejubilación.

Según los datos apuntados por Báñez, en la actualidad una de cada dos altas de jublación es anticipada. Este colectivo ha aumentado el 31% desde el inicio de la crisis y su pensión inicial media ha pasado de 591 euros en el 2002 a 923 euros en el 2011. Según los datos del Ministerio de Empleo, en la actualidad hay 338.900 prejubilados en España, con una prestación media de 1.356 euros, que generan un coste al Estado de 7.288 millones de euros.



Empleo plantea que se cobre del 40% al 60% de la pensión con un trabajo


Madrid (Europa Press).- La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado un informe en el Consejo de Ministros en el que se plantea la posibilidad de que un trabajador pueda simultanear durante un tiempo el cobro de entre el 40% y el 60% de la pensión y un empleo por cuenta propia o ajena.

En rueda de prensa tras la reunión interministerial, en la que ha avanzado que este informe será remitido al Pacto de Toledo la próxima semana, Báñez ha planteado que esta fórmula permitiría cumplir con la recomendación de la UE de extender en lo posible la vida activa de los trabajadores y acercar la edad real de jubilación a la legal.

Según ha dicho, hasta 900.000 trabajadores alemanes se han acogido actualmente a esta fórmula, mientras que en España, donde ya se contempla la posibilidad, los inconvenientes hacen que sólo los autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimos Interprofesional (SMI) recurran a ella.

Empleo plantea también que el nuevo régimen de compatibilidad exija que la edad de acceso a la pensión sea la ordinaria una vez que el periodo de cotización implique el cobro del 100% de la base reguladora.

El nuevo esquema se podría aplicar a todos los regímenes de la Seguridad Social y a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia. Además, Báñez ha planteado que una vez terminada la transición el jubilado pudiera cobrar hasta el 105% de su pensión. "Lo vamos a estudiar junto con los agentes sociales para ver si somos capaces con el consenso lograr la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social", añadió.

Limitar las jubilaciones anticipadas y parciales

Por otro lado, Báñez ha recalcado la necesidad de endurecer el acceso de la jubilación parcial y anticipada para que no supongan un alto coste para la Seguridad Social y para acercar la edad real de jubilación, que se sitúa en los 63,5 años a la a la legal de 65 años.
En este sentido, el informe presentado también se encamina a abrir un debate sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada o el establecimiento de coeficientes de reducción de la pensión en el caso de la parcial, así como sobre los periodos de cotización previos requeridos para acogerse a estas modalidades.

Así, Báñez, que recordó que la reforma de las pensiones establece un marco temporal entre 2013 y 2027 para ampliar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, ha recalcado que actualmente la edad real ni siquiera llega a ese mínimo. Según ha indicado, el informe presentado revela que tras este desajuste se evidencia, por ejemplo, que una de cada dos jubilaciones en el Régimen General de la Seguridad Social es anticipada, una modalidad cuyas altas se han incrementado en un 31% desde el inicio de la crisis en 2007.

Así, la jubilación anticipada, que permite al trabajador abandonar la empresa con 61 años, si es forzado por la empresa, o con 65 años, si es de forma voluntaria, afectó en 2011 a 383.900 personas, con una pensión media de 1.356 euros, con un coste anual de 7.288 millones.

En el caso de la jubilación parcial, que permite abandonar el mercado de trabajo con 61 años, sin coeficientes reductores, con una reducción de jornada que es compensada con un trabajador relevista, el número de jubilados ascendió ese año a 120.952, con una pensión media aún mayor, de 1.588 euros, y un coste de 2.690 millones de euros al año.

Casos 'abusivos' en la jubilación parcial

Ante esta realidad, Báñez ha indicado que en el Pacto de Toledo "se van a debatir alternativas" operando sobre la edad de acceso a la jubilación anticipada, el periodo mínimo de cotización requerido, que se sitúa en 33 años, y los coeficientes reductores, de forma que evolucionen de forma similar con los cambios introducidos en la reforma de las pensiones para el acceso a la pensión ordinaria.

En la misma línea, para la jubilación parcial, que exige un periodo de cotización previo de 30 años, frente a los 33 para la jubilación ordinaria, Báñez ha destacado que en este caso ni siquiera se contemplan coeficientes reductores, a lo que ha añadido que en muchos casos el contrato de relevo se está haciendo con carácter temporal lo que está llevando a "situaciones abusivas". "Hay que darle una pensada", ha añadido.



Las prejubilaciones cuestan 10.000 millones al Estado


En España hay 382.900 jubilados anticipados, con una pensión media de 1.356 euros al mes, lo que supone un coste total 7.288 millones para la Seguridad Social. Además, hay otros 120.950 jubilados parciales, con una prestación media aún mayor, de 1.588 euros mensuales, con un coste total para las arcas públicas de 2.690 millones. La delicada situación financiera de la Seguridad Social -con un déficit previsto para este año de 10.500 millones- ha llevado al Gobierno a elaborar una propuesta para limitar el acceso a estas costosas modalidades de jubilación.

Estas propuestas están detalladas en tres informes que ha llevado hoy al Consejo de Ministros la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y que el Gobierno enviará la semana que viene a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para intentar consensuar allí entre todos los grupos políticos las novedades legales en materia de prejubilaciones.

Báñez, que no precisó cuáles son las iniciativas de su Departamento en estas materias, sí criticó por ejemplo que el acceso a la jubilación parcial esté fijada en 61 años frente a los 63 de las jubilaciones anticipadas voluntarias, y que el periodo de cotización exigido sea de 30 años frente a los 33 de las anticipadas. De esto se deduce su intención de, por lo menos, proponer que los requisitos de acceso al retiro parcial sean los de la parcial, más duros. Si bien, fuentes gubernamentales han informado a Cinco Días que Empleo llega a proponer en estos informes incluso la desaparición de la jubilación parcial.
  
Además de este endurecimiento de las prejubilaciones, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, presentará al Pacto de Toledo, nuevos incentivos para que los trabajadores sigan en activo más allá de la edad legal de jubilación (ahora 65 años) compatibilizando el salario de un empleo y la pensión. Para ello, Báñez sugirió la posibilidad de establecer para estos casos los actuales incentivos para aquellos que siguen trabajando sin jubilarse (y, por lo tanto sin cobrar la pensión) que suponen mejoras de la pensión entre un 2% y un 3%.



La reforma alumbra el peor trimestre para el empleo fijo


Una de las peores noticias que dio ayer la EPA fue la destrucción de empleo indefinido. En tres meses han caído 179.400. Durante esta crisis, el tercer trimestre del año no ha sido bueno para los trabajadores fijos. Pero ni siquiera en 2008 y 2009, los peores años del mercado laboral en lo que va de Gran Recesión, se llegó a esta cifra.

A pesar de esto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer quiso sacar pecho y defender la reforma laboral, que tenía entre sus objetivos “fomentar la contratación indefinida”. Para hacerlo, no dio datos procedentes de la EPA sino de los servicios públicos de empleo. Comparó los últimos datos de contratos de 2012, en los que los indefinidos suponen el 7,8% del total de los firmados, frente a los de 2011, el 7,3%. Lo que no mencionó Báñez es que a estas alturas del año, en 2011 se habían firmado 863.301 contratos fijos y este se han rubricado 777.640, un 9,9% menos.

A estas alturas del año, en 2011 se habían firmado 863.301 contratos fijos y un 9,9% menos
Desde que se aprobó la reforma laboral han pasado dos trimestres. En ese tiempo se han destruido unos 175.000 empleos, 30.000 más que el año pasado. En cambio, el empleo temporal ha resistido mucho mejor. De abril a septiembre, solo se han destruido 3.000 puestos de trabajo.

Báñez también quiso romper una lanza por la reforma al relacionarla con la evolución del empleo a tiempo parcial. Los cambios legales de febrero también pretendían impulsar este tipo de contratos y eso es lo que trató de resaltar ayer la ministra. En cambio, según los datos conocidos ayer, esta modalidad de puestos de trabajo ha perdido fuelle en los dos trimestres posteriores a los cambios laborales. Entre abril y septiembre hay 18.000 trabajos menos de este tipo.

Durante la crisis el empleo a tiempo parcial ha tenido un buen comportamiento. Cuando comenzó el número de empleados que no trabaja ocho horas al día era de 2,4 millones, cinco años después este número permanece inamovible. Lo que sí ha cambiado es el motivo por el que la gente acepta este tipo de empleos. Si en 2007 unos 740.000 lo hacían porque no había podido encontrar un trabajo a tiempo completo, en 2012 este número se ha duplicado.

Este dato explica en buena medida por qué esta modalidad de empleo en España nunca ha tenido mucho éxito a pesar de los múltiples cambios legales para impulsarla.



El Gobierno pondrá límite a las indemnizaciones de los directivos


El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha propuesto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos limitar drásticamente las indemnizaciones por despido o cese de actividad que cobran los ejecutivos de las empresas privadas, cotizadas o no. Estas retribuciones se verán limitadas a 6 meses de salario y lo que exceda de esta cantidad tendrán que pagar un 75% a Hacienda. Es decir, se les aplicará el tipo máximo del Impuesto de Patrimonio.

Esta medida, que ya está muy avanzada, será aprobada en un próximo Consejo de Ministros y trata de equilibrar las diferencias con la drástica reducción por despido del resto de trabajadores tras la reforma laboral. No sólo se quiere evitar el agravio comparativo, ya que estas indemnizaciones han llegado a los 24 millones, sino evitar desigualdades ante nuevos sacrificios de austeridad.

No se trata de una medida aislada, sino de una pieza más en una serie de decisiones dirigidas a limitar los fuertes abusos que se venían registrando en determinadas empresas. La reforma laboral prohibió los contratos blindados de alta dirección, después se limitaron los salarios y las indemnizaciones a directivos de empresas públicas y entidades financieras que habían recibido dinero público. Ahora se trata de reequilibrar el abanico salarial que se ha ampliado desde el inicio de la crisis.

El objetivo último es frenar la fuerte desigualdad que está produciendo la recesión. Las diferencias sociales provocadas por el paro y la dispersión salarial han hecho perder a España los avances logrados para reducir la diferencia entre ricos y pobres y que motivó una mención especial de la OCDE en su informe Growing Unequal. La Comisión Europea ha denunciado el ahondamiento de la brecha social con un índice de pobreza infantil entre los más altos de la UE a causa del desempleo de los padres jóvenes. Sin embargo, el dato más inquietante es el aumento en casi tres puntos registrado desde el inicio de la crisis en el coeficiente Gini –indicador reconocido por Eurostat que mide la desigualdad a partir de la renta disponible de los hogares–, que ha superado al aumento en los países intervenidos.
Las remuneraciones de la alta dirección han creado una fuerte polémica entre quienes defienden que deben estar “topadas” y quienes creen que deben establecerlas libremente los propietarios de las empresas. Esta es la razón por la que nueva normativa fijará la obligatoriedad de que los salarios de la alta dirección de las empresas cotizadas sean aprobados obligatoriamente por la junta general de accionistas de forma nominal e individualizada.

Hasta ahora los grandes ejecutivos han evitado dar a conocer sus retribuciones amparándose en el derecho a la intimidad. Por eso bastaba dar a conocer la retribución del consejo o la alta dirección en su conjunto. Ni los códigos éticos, ni la Ley de Economía Sostenible (LES) aprobada por el gobierno socialista han logrado avanzar en la transparencia para frenar los excesos. Precisamente han sido los abusos cometidos por los directivos de las cajas los que han provocado una nueva reacción del Gobierno.

Esta normativa, según los primeros borradores, supone extender al sector privado las restricciones que se aprobaron en febrero para el sector público. “Una indemnización no superior a siete días de salario fijo en metálico por año de servicio, con un máximo de seis mensualidades”, según la disposición adicional séptima del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero, de Reforma Laboral. En marzo se extendieron esta limitaciones a los directivos de bancos intervenidos, pero en agosto se decidió dejar fuera a los bancos absorbidos.

Pero el salario de los grandes ejecutivos privados sigue siendo un misterio para los accionistas y mucho más aún lo son los acuerdos pactados en el golden handshake (despido dorado) de los grandes ejecutivos. Se trata de controlar fiscalmente las desorbitadas aportaciones a los fondos de pensiones, que en 2011 superaron los 16 millones en las empresas del Ibex, que ni siquiera cotizaron a Hacienda.
   


La bolsa española desciende el 0,05 % por el retroceso de Wall Street


La bolsa española ha bajado hoy el 0,05 por ciento afectada por el retroceso de Wall Street, donde el descenso de la confianza de los consumidores estadounidenses y algunos resultados empresariales malograron el impulso inducido por el aumento del 2 por ciento del PIB de la mayor economía del mundo.

Mientras la prima de riesgo subía de 403 a 405 puntos básicos, el índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, perdía 3,6 puntos, el 0,05 por ciento, hasta 7.775,60 puntos. En la semana baja el 1,74 por ciento, en tanto que las pérdidas anuales crecen hasta el 9,23 por ciento.

De los grandes valores sólo cedió el Banco Santander, el 0,44 por ciento, en tanto que BBVA ganó el 0,54 por ciento; Inditex, el 0,4 por ciento; Repsol, el 0,3 por ciento; Iberdrola, el 0,18 por ciento, y Telefónica, el 0,1 por ciento.



El PIB y la confianza del consumidor desorientan a Wall Street


Al cierre de la sesión, el Dow Jones sumó un leve 0,03%, hasta los 13.107,21 puntos; mientras que el selectivo Standard & Poor's restó un 0,07%, hasta los 1.411,94 puntos. En el caso del índice de composición tecnológica Nasdaq, la subida fue del 0,06%, tras dar su último cambio en los 2.987,95 puntos.
El saldo semanal no fue mucho mejor. Las "blue chips" perdieron un 1,77% durante las últimas cinco sesiones, mientras que el S&P 500 se dejó un 1,48%. El indicador tecnológico acumuló su tercera semana en rojo tras restar un 0,59%.

La avalancha de datos macroeconómicos dejó indecisos a los inversores neoyorquinos que, tuvieron que digerir los resultados empresariales de compañías como Apple o Amazon. El mercado norteamericano ha conocido este viernes que la economía estadounidense creció en el tercer trimestre a un ritmo del 2%, frente al 1,8% previsto por el consenso de analistas.

También ha dejado buenas sensaciones la mejora en el consumo personal, que ha marcado un repunte del 2% desde julio hasta septiembre. En cambio, el indicador de confianza del consumidor puso en jaque a los inversores. El indicador elaborado por la Universidad de Michigan descendió desde los 83,1 hasta los 82,6 puntos en octubre demostrando que los estadounidenses aún no se creen la recuperación económica.

Estos datos desorientaron a unos inversores que también estuvieron pendientes de los resultados empresariales que se fueron conociendo en el parqué. Uno de los más esperados fue el Apple: la compañía de la manzana obtuvo un beneficio neto de 8.223 millones de dólares en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, un 24,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus títulos, que perdieron la cota de los 600 dólares durante gran parte de la sesión, cerraron con una caída del 0,91%, en los 604 dólares. Amazon, que también rindió cuentas en Wall Street, no cumplió con las expectativas de los analistas pero terminó subiendo un 2,87%, hasta los 238 dólares.
   
Movimientos

En el Dow Jones, Intel (1,2%), Microsoft (1,18%), United Tech (1,18%), Verizon (1,08%), IBM (0,87%) y Caterpillar (0,863%) cerraron como los mejores valores del indicador frente a Bank of America (-1,3%),  JP Morgan (-1,22%), Alcoa (-0,82%), Procter & Gamble (-0,9%) o las aseguradoras Travelers (-0,78%) y UnitedHealth (-0,76%).

En el mercado de materias primas, el barril de crudo Texas subió un 0,3%, hasta los 86,3 dólares; mientras que el barril de crudo Brent avanzó casi un punto porcentual hasta los 109,6 dólares. El oro se mantuvo plano en los 1.713 dólares la onza. El euro se cambió a 1,293 dólares.



El Nikkei cae 3,72 puntos, el 0,04 por ciento, hasta 8.929,34 puntos


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con una caída de 3,72 puntos, el 0,04 por ciento, y quedó en 8.929,34 unidades.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, se depreció 0,93 puntos, un 0,13 por ciento, hasta 740,30 enteros.