Las empresas
aplazan 2.000 millones de cuotas a la Seguridad Social
Desde el pasado 15 de julio el
ingreso fuera de plazo de las cotizaciones a la Seguridad Social
tiene un recargo del 20% siempre y cuando se haya presentado los documentos de
cotización en el plazo reglamentario. Esto supuso un endurecimiento desde los
recargos vigentes antes de esa fecha, que estaban fijados de forma progresiva
entre un 3%, 5%, 10% y 20% en función, de si se abonaban dentro del primer mes
de vencimiento, el segundo o a partir del tercero. La ley no modificó, sin
embargo, el recargo en los casos en los que el deudor no presenta los
documentos en plazo, que sigue fijado entre un 20% y un 35% de la deuda.
Este aumento de los recargos no
está disuadiendo demasiado a las empresas e instituciones públicas y privadas
de aplazar o directamente dejar de pagar las cuotas de sus trabajadores. De
hecho, fuentes de la
Seguridad Social calculan que el sistema tiene cotizaciones
aplazadas por valor de unos 2.000 millones de euros. Esto supone cerca de un
11% desde los 1.800 millones aplazados en 2011.
"Los aplazamientos de las
empresas y las instituciones siguen creciendo pero no a unos niveles que nos
preocupen demasiado", indican estas mismas fuentes.
De hecho, los responsables de la Seguridad Social
cuentan con estos aplazamientos como ingresos (derechos reconocidos). Si bien,
en realidad, en estos casos la entrada de dinero en la caja no se produce; esto
unido a la fuerte pérdida de afiliados (con un ritmo de caída anual del 3,6%)
ha provocado que se hayan registrado momentos puntuales de falta de liquidez
para pagar las pensiones, que se han solventado con los más de 4.000 millones
del fondo de las mutuas y la utilización de 3.063 millones del fondo de
reserva, que se uso por primera vez este año.
Precisamente, el secretario de
Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se refirió ayer a las finanzas del
sistema de pensiones, al informar de que la Generalitat de Cataluña saldó en
octubre la deuda que tenía de alrededor de 200 millones (incluido el recargo),
por impago de las cotizaciones de sus trabajadores, cuyo aplazamiento no había
negociado. Esta era la única comunidad que tenía sin regularizar su deuda ya
que hay otra (Valencia) que sí negoció un aplazamiento y cumple los pagos según
van venciendo, según fuentes de la Seguridad Social.
Baleares también solicitó aplazar cuotas pero no le fue
concedido.
Dicho esto, Burgos precisó que si
las comunidades autónomas -responsables del 10% de los ingresos mensuales del
sistema de Seguridad Social- "siguen en este escenario (pagando
regularmente las cuotas de sus trabajadores) no sería necesario de dotarnos de
pagos adicionales".
Se refería así a la supuesta
necesidad de volver a recurrir al fondo de reserva en lo que queda de año, para
lo que habría incluso que cambiar la ley que regula estos excedentes.
En cualquier caso, Burgos asumió
que la Seguridad
Social volverá a cerrar el ejercicio con números rojos, pero
se negó a cifrar una previsión de déficit real. Sí criticó claramente "las
acusaciones" de quienes culpan a la Seguridad Social
del posible incumplimiento del objetivo de déficit este año (6,3% del PIB).
En respuesta a las afirmaciones
de la pasada semana de la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández
Currás, quien afirmó que el Estado estaba "haciendo hueco" para un
posible déficit de la
Seguridad Social , Burgos precisó que "las cuentas
públicas son un todo; y rechazamos las acusaciones sobre hipotéticas
desviaciones que pudieran comprometer al objetivo de déficit".
Asimismo, el secretario de Estado
volvió a sugerir que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre
la fórmula final de revalorización de las pensiones aunque "cumplirá la
ley".
El Estado ya
ha gastado el 82% de lo previsto para prestaciones
Los malos datos del paro han
pulverizado las previsiones que los ministerios de Empleo y Hacienda habían
realizado sobre el gasto en prestaciones por desempleo durante este año, una
partida que alcanzaba los 28.805.050 millones de euros. De confirmarse esta
tendencia, a final de año, el Estado invertirá en prestaciones alrededor de
2.764 millones de euros más de lo presupuestado para todo 2012.
Lo cierto es que hasta el 30 de
septiembre, el gasto en esta partida había aumentado un 5,87%, hasta alcanzar
los 23.697.012,62 millones de euros, es decir, un 82,17% de lo presupuestado
para todo el año.
Todo ello a pesar de que en los
Presupuestos para 2012 el Gobierno había previsto precisamente ahorrarse un 5%
en la partida de prestaciones por desempleo. Los expertos ya advirtieron en
marzo, cuando se presentaron las Cuentas, que ese pronóstico pecaba de
optimista teniendo en cuenta la grave crisis económica en la que está sumergido
el país.
España cerró 2011 con 4.422.359
parados registrados. En lo que va de año, 411.212 personas se han apuntado al
paro en las oficinas de empleo. Las previsiones no son muy positivas,
especialmente después de que la época estival, tradicionalmente favorable para
el empleo, tampoco arrojara datos muy positivos.
Los beneficiarios de la
prestación a finales de septiembre eran 2.836.592, un 4,3% más que el mes
anterior. La retribución media de cada parado ha aumentado y es de 937,7 euros,
lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 22,5 euros, un
2,5% de incremento.
En términos relativos cada vez
son menos los parados que tienen derecho a cobrar la prestación. Según
los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Empleo, en España hay
1,99 millones de parados que, a pesar de estar dados de alta en los servicios
de empleo, no reciben ningún tipo de prestación. En septiembre de 2012 la
cobraron 2.836.592 desempleados, el 63,5% de todos los parados. En agosto de
2011, la cobertura del sistema alcanzaba al 68% de las personas sin
trabajo.
Previsiones optimistas para 2013
Además, para 2013, el Gobierno
prevé que el gasto por las prestaciones por desempleo se sitúe en los 26.993
millones. Son 1.807 millones menos que lo inicialmente previsto para este año,
esto es, un recorte del 6,3%. Este tijeretazo se debe al ajuste aprobado el
pasado julio, que reducía las prestaciones a los parados a partir del sexto mes
(del 60% al 50% de la base de cotización). La reducción también obedece a que
muchos desempleados verán cómo se agota su prestación (la prórroga de la ayuda
de 400 euros dura hasta el próximo febrero).
Los
'despidos dorados' y los blindajes pasan por caja
Anunciar a bombo y platillo que
las administraciones públicas y sus organismos autónomos dependientes también
podrán aplicar despidos colectivos con indemnizaciones de 20 días por año
trabajado en determinadas circunstancias y, al mismo tiempo, tener que leer
diariamente en la prensa cuán magros son algunos despidos de los altos
ejecutivos de las principales empresas españolas es cada vez más difícil de
explicar a la opinión pública y, sobre todo, de digerir por parte de los
máximos responsables de Hacienda.
Por ello, desde hace algunas
semanas una idea ronda la cabeza del equipo que dirige Cristóbal Montoro:
"hay que penalizar fiscalmente las indemnizaciones millonarias que reciben
algunos altos ejecutivos de numerosas empresas del sector privado en caso de
despido improcedente", admiten fuentes oficiales.
Para ello, los técnicos de
Hacienda estudian qué fórmula aplicar, según adelantaron La Vanguardia y El
Mundo. Las mismas fuentes explicaron que primero "habrá que definir qué es
una indemnización millonaria". Algunas fuentes fijan el listón en 300.000
euros, otras dicen que el ministro quiere ir mucho más allá. El punto de
partida será el sistema actual.
¿Cómo tributan en la actualidad
las indemnizaciones por despido? En la legislación laboral se contempla que
cuando un trabajador es despedido por su empresa de manera improcedente, la
indemnización que percibe, ya sea de 45 días por año trabajado (según la norma
anterior a la reforma laboral) o de 33 días (en aplicación del nuevo marco
legal) está exenta de tributar a Hacienda.
Reducción del 40%
Ahora bien, toda cantidad que
reciba dicho trabajador por encima de esas cuantías (45 o 33 días por año) sí
debe ser declarada a Hacienda. En este segundo caso, es decir, cuando se ha
cobrado un despido más generoso de lo que establece estrictamente la ley, todo
lo que exceda de esos máximos debe tributar como rentas extraordinarias en un
solo ejercicio.
En aras de que esa tributación no
castigara por igual a los despidos meramente generosos frente a los retiros
multimillonarios de verdad, el PSOE introdujo en la pasada legislatura una
cláusula por la que se establecía que en los primeros 300.000 euros de
indemnización, el contribuyente tenía derecho a una reducción del 40% de la cantidad
que debía declarar al fisco, el resto tributaría a su tipo marginal sin derecho
ya a aplicar más reducciones.
Dada esta situación, Hacienda
admite que una posible penalización sería reducir ese porcentaje del 40% a la
mitad o incluso menos.
La otra opción es clara: en lugar
de aplicar al resto de la indemnización el tipo marginal del contribuyente en
función de sus rentas, decretar una retención de hasta el 75%, según se ha
apuntado en algunos círculos próximos al Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Cómo
se va a hacer es algo que todavía se está estudiando, la fórmula del cómo no
está clara. Lo que sí queremos es trasladar un mensaje a quienes perciben esta
clase de indemnizaciones y es que van a tener que pagar más impuestos por
ellas", declaran desde Hacienda.
Frente a quienes aseguran que la
medida se quiere que entre en vigor el próximo 1 de enero, tampoco son
tajantes. "El objetivo es perfilar el modelo para que pueda aplicarse
cuanto antes, pero tampoco está decidido el cuándo", subrayan las mismas
fuentes. Desde el Gobierno se pretende desvincular este proyecto a los límites
establecidos para los sueldos en las empresas públicas y en las entidades
financieras que hayan recibido ayudas públicas.
Sueldos en el sector público
"Son supuestos que nada
tienen que ver. Una cosa son los salarios en las empresas públicas, donde el
Ejecutivo es obvio que sí puede poner límites. Otra cosa es en las entidades
financieras que han necesitado de fondos públicos para sanear sus cuentas,
donde los contribuyentes no entenderían que Hacienda no estableciera
condiciones. Y la tercera, muy distinta, es actuar sobre el ámbito de las
indemnizaciones por despido en el sector privado", explican fuentes
oficiales.
Hacienda sostiene que no se trata
de impedir que los altos ejecutivos negocien con las compañías los llamados
blindajes, que son las indemnizaciones que cobrarán cuando finalice su relación
laboral con la
compañía. Algunos de estos pagos pueden llegar a equivaler a
dos años completos de salario o más.
"Las empresas son libres de
pactar con sus ejecutivos las clásulas que estimen oportunas, pero dentro de
muy poco esas indemnizaciones deberán tributar de otra manera", insisten.
La iniciativa, impulsada desde
Moncloa por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pretende además lanzar
un claro mensaje a la opinión pública: "los sacrificios en tiempos de
crisis no deben recaer en los más débiles".
De hecho, con una medida de este
tipo se estaría, en parte, respondiendo a las acusaciones del principal partido
en la oposición, el PSOE, que tacha al Gobierno de favorecer a las clases más
altas eludiendo la puesta en práctica de un nuevo impuesto para las grandes
fortunas, tal y como han hecho otros países europeos.
Además, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) ya puso la atención en uno de sus últimos
informes sobre la necesidad de dotar de mayor transparencia a esta clase de
indemnizaciones que reciben, entre otros, numerosos altos ejecutivos de las
empresas que integran el Ibex 35 y resto de sociedades cotizadas.
Dicho organismo regulador calcula
que solo en las empresas del índice selectivo habría más de 260 directivos
cuyos contratos incluyen blindajes millonarios, remuneraciones que suelen
contar con la única autorización del consejo de administración de la compañía
de turno, siendo aprobadas, por tanto, al margen de la junta de accionistas.
Otras empresas, sin embargo,
aseguran haber informado a la junta general de haber permitido la inclusión de
este tipo de cláusulas. Solo resta por tanto saber el cómo y cuándo para
concluir si será una medida puramente estética o algo más.
Paliza para
el Ibex 35 mientras el resto de bolsas esperan las elecciones en EEUU
La bolsa española ha focalizado
el castigo de hoy lunes. El selectivo pierde un 1,88% aguantando los 7.800
puntos con el sector financiero recibiendo la presión bajista. La explicación
hay que buscarla en el mercado secundario deuda donde los diferenciales de la
deuda española con la alemana se vuelven a ampliar. La prima de riesgo escala
hasta los 434 puntos básicos, en máximos de dos semanas, con el bono a diez
años al 5,72% y el bund al 1,42%. Los inversores vuelven a buscar el refugio de
los activos alemanes, en una señal clara de desconfianza. A corto plazo la
deuda germana vuelve a ofrecer rentabilidad negativa.
A primera hora, el diario alemán
"Die Welt" ha informado de que los bancos españoles habían tomado
prestados fondos del BCE con un recorte del 0,5 %, pese a que la calificación
de las Letras del Tesoro español presentadas como colateral exigía un recorte
del 5,5 %. La noticia disparó la prima de riesgo desde los 420 puntos hasta por
encima de los 430 puntos básicos. "Esto es un problema para la banca
española porque de ser así, hay que buscar dinero extra para poder tener acceso
al crédito del BCE y es una cantidad enorme de dinero. Se especula con que es
un aviso a Rajoy para que, o bien acabe pidiendo el rescate, o para que siga en
la senda de las medidas para continuar con la reducción de déficit",
explicaba José Luis Cárpatos, analista de Serenity Markets.
Los valores bancarios han sido
durante toda la jornada el principal lastre para el Ibex 35. Los descensos no
han bajado del 2% para Santander y BBVA. En Bankia y Popular, las caídas se
aproximan al 3%. A pesar de ello, el pero valor de la jornada ha sido Abengoa
con un 5% de caída.
En el resto del selectivo, el
rojo ha predominado. Entre los blue chips, Telefónica, Repsol e Intitex han
terminado cediendo más de un 2%. Solo un puñado de valores se han salvado de
las pérdidas, destacando IAG que sube 1%. gracias a que la Justicia ha mando
repetir el laudo entre Iberia y el sindicato de pilotos.
Fuera de España, la jornada ha
sido mucho más tranquila marcada por las elecciones presidenciales de Estados
Unidos mañana. Sólo Milán seguía los pasos de la bolsa española al ceder un
1,5%. París cayó un 1%; Frankfurt y Londres, sólo perdieron un 0,5%. En la
bolsa estadounidense cotizan con signo mixto, en parte gracias a Apple que sube
más de 1,5% gracias a las ventas de tres millones iPad.
"En cuanto a la valoración
que pueda hacer el mercado, tampoco conviene sobrevalorar la cita electoral.
Los mercados consideran las elecciones como un evento más en el que se
descuenta y ya se incorpora una victoria de Obama. La sorpresa pasaría por la
victoria de Romney, cuya intención de reducción de impuestos y aumento el gasto
sería negativo para los bonos y para el dólar, al contrario que una reelección
de Obama, que en principio cotizaría positivamente para el dólar", apunta
Javier Flores, analista de Asinver.
En otros mercados, el euro sigue
su descenso hasta los 1,278 dólares, en mínimos de septiembre; la cotización
del petróleo permanece estable con el Texas en 85 dólares el barril y el Brent,
en 105 dólares y la onza de oro baja ligeramente hasta los 1.278 dólares.
Wall Street cierra con
un aumento del 0,15 % en el Dow Jones de Industriales
Wall Street cerró hoy ligeramente
al alza y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió el 0,15
%, en un mercado tranquilo que se mantiene a la espera de las elecciones
presidenciales de mañana en EEUU.
Según datos provisionales al
cierre de la sesión, ese índice sumó 19,35 puntos para acabar en las 13.112,51
unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 ganó el 0,22 % y el índice
compuesto del mercado Nasdaq el 0,59 %.
El Nikkei
cae 32,29 puntos, el 0,36 por ciento, hasta 8.975,15 enteros
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con una caída de 32,29 puntos, el 0,36 por ciento, y quedó en
8.975,15 unidades.
El índice Topix, que agrupa a
todos los valores de la primera sección, perdió 3,07 puntos, un 0,41 por
ciento, hasta 744,88 enteros.
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