Recorte de pensiones por la puerta falsa
Antes de desencadenar, a finales de enero, la encendida polémica sobre el retraso de la edad de jubilación a los 67 años en su propuesta sobre la reforma de las pensiones, el Gobierno ya había puesto en marcha un recorte de las prestaciones que, debido a su baja cuantía, ha pasado casi desapercibido. El equipo de Rodríguez Zapatero, con el respaldo del Parlamento, ha utilizado una vieja fórmula para «colar» iniciativas polémicas, el «cajón de sastre» que es la ley de Acompañamiento a los Presupuestos.
Por esa vía se ha cambiado un párrafo de la ley general de la Seguridad Social, que supone un recorte de entre 3 y 22 euros mensuales en la nómina de la mayoría de los nuevos pensionistas, con un ahorro superior a 100 millones de euros para la Seguridad Social.
Una pirueta
¿Qué fórmula ha utilizado el Ejecutivo? A grandes rasgos, la cuantía de una pensión está en función de lo cotizado. El primer paso es fijar la base reguladora de esa prestación, que no es otra cosa que la «pensión completa», es decir, sin penalizaciones. Para ello, se toman las cantidades por las que se ha cotizado los últimos 180 meses (15 años). Las de los 24 meses previos al retiro se quedan como están y las de los otros 156 se actualizan con la inflación.
El resultado se divide entre 210 (para incorporar el efecto de 14 pagas anuales y no de 12). Lo obtenido es la base reguladora, a la que se aplican descuentos por jubilarse antes de los 65 años o por haber cotizado menos de 35 años. Ahora bien, a veces esa cifra es mayor que la pensión máxima fijada por ley –cuando se cotiza por bases máximas o elevadas–, por lo que hay un colectivo de personas a las que no afecta, salvo excepciones, la reforma ahora desvelada.
Pues bien, lo que ha hecho el Gobierno en la disposición final 9 de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2010 es cambiar ligeramente el contenido del primer párrafo del apartado 1 y la totalidad del apartado 1.1 del artículo 162 de la ley de la Seguridad Social. En síntesis, viene a decir que en vez de computarse los 180 últimos meses para calcular la base reguladora se tomarán los 180 meses anteriores «al mes previo» del último cotizado.
Se trata de una pirueta con consecuencias apreciables, ya que se está cambiando el mes último de afiliación, que en general tiene la cotización más elevada, por uno de quince años atrás, mucho más baja. Un ejemplo realizado por expertos con el programa informático que la Seguridad Social tiene en su web para calcular pensiones indica que si un trabajador ha cotizado siempre por la base mínima, la nueva regulación le supone una pérdida de 2,96 euros por paga, lo que equivale a 41,44 euros al año. El ejemplo extremo es el de un trabajador que ha comenzado a cotizar hace quince años por el máximo y que hasta entonces lo había hecho por el mínimo. Y no es algo rebuscado, porque hay autónomos que lo hacen. El retroceso de un mes en el cálculo le supondría 21,79 euros al mes o 305,60 euros al año en su base reguladora, que sería de 2.652,82 euros. Sin embargo, como la pensión máxima (2.466,20 euros este año por ley) es inferior a esa base reguladora –en unos 190 euros al mes–, la reforma no tendría consecuencias. Eso sí, siempre que se jubilara a los 65 años con 35 o más cotizados.
Favorece a unos pocos
La nueva fórmula no perjudica a todos los nuevos jubilados. Incluso, puede favorecer a algunos, a aquellos que tengan una base de cotización en los últimos meses de actividad inferior a la del mes incorporado de quince años atrás, una vez actualizada con la inflación. Esta situación podría darse en una persona que se jubila tras cobrar los últimos meses de su vida laboral el subsidio de desempleo, lo que implica cotizar por la base mínima.
No es la primera vez que el Gobierno utiliza esta «puerta de atrás» para realizar pequeños cambios en la normativa de las pensiones. Además de un ahorro, en otros casos –posiblemente también en éste– ha buscado penalizar los cálculos de los trabajadores más avispados, casi siempre autónomos, que utilizando a su favor la legislación vigente intentan conseguir la máxima pensión posible con la menor cotización.
El gasto del Fogasa en prestaciones suma 161 millones hasta febrero
El Fondo de Garantía Salarial abonó en prestaciones 161,1 millones de euros en los dos primeros meses del año, lo que supone un incremento del 138% respecto a los pagos realizados en el mismo periodo de 2009.
Del total abonado hasta febrero, 123,5 millones correspondieron al pago de prestaciones por insolvencia y 37,6 millones al pago de prestaciones por regulación, con crecimientos del 138% y del 104%, respectivamente, sobre el mismo periodo de 2009.
Las prestaciones por insolvencia incluyen el importe de las indemnizaciones y salarios pendientes de pago motivados por declaración de insolvencia en los Juzgados de lo Social, suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores y fuerza mayor, así como los salarios de tramitación acordados por la jurisdicción competente.
Por su parte, las prestaciones por regulación recogen, únicamente, las indemnizaciones correspondientes al 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabajadores de empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido colectivo y despido por causas objetivas derivadas de la necesidad de amortizar puestos de trabajo.
Entre enero y febrero, los expedientes resueltos por el Fogasa afectaron a 12.727 empresas, un 79,7% más que en igual periodo de 2009, y a 31.321 trabajadores, un 77,4% más.
Cataluña y la Comunidad Valenciana, a la cabeza
Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron buena parte de los pagos realizados por el Fogasa durante los dos primeros meses del año. Así, en Cataluña el desembolso fue de 38,2 millones de euros, mientras en la Comunidad Valenciana se abonaron 29,3 millones en prestaciones.
Por detrás figuran País Vasco (19,9 millones), Andalucía (15,6 millones), Madrid (10,04 millones), Castilla y León (8,2 millones), Aragón (8,05 millones), Galicia (6,3 millones), Murcia (4,4 millones), Castilla-La Mancha (3,5 millones), Asturias (3,4 millones), Canarias (3,2 millones), Cantabria (2,6 millones) y Navarra (2,4 millones).
A continuación, cerrando la tabla, se sitúan las Islas Baleares (2,2 millones), Extremadura (1,9 millones), La Rioja (1,1 millones de euros), y Ceuta y Melilla (26.300 euros).
Un grupo de expertos piden bajar la pensión respecto del último sueldo
Se calcula que en España la pensión media equivale al 80% del último salario percibido. Esta relación (tasa de sustitución) es una de las más altas de los países desarrollados (solo superada por Grecia) y según algunos expertos es inevitable que se reduzca si se quiere preservar el actual sistema público de pensiones de las presiones demográficas que augura el futuro. Este es uno de los mensajes centrales de un documento presentado ayer sobre la reforma de las pensiones, promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y firmado por más de un centenar de economistas, entre ellos, Julio Segura, presidente de la CNMV.
«Nadie está hablando aquí de bajar las pensiones», se adelantó Luis Garicano, profesor de la London School of Economics y uno de los promotores del informe que, junto con César Molinas (fundador de Multa Paucis), Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra) y Pablo Vázquez (director de Fedea), participó ayer en la presentación del estudio. «Se puede reducir la tasa de sustitución sin bajar las pensiones si la economía y los salarios crecen», afirmó Garicano provocando un interrogante enorme entre periodistas.
PODER DE COMPRA / Hizo falta una explicación larga. La pensión media es ahora de 16.500 euros al año y el salario medio, de 21.500. La tasa de sustitución, pues, es del 76,7%. Garicano explicó que si la economía crece a un promedio del 1,5% anual en términos reales (en los últimos 10 años la media ha sido del 2,21%), el consiguiente incremento del salario medio al cabo de los años, hasta 31.195 euros (en términos constantes) permitiría bajar la tasa de sustitución hasta incluso el 50% sin perder poder adquisitivo (equivalente a 16.500 euros de hoy).
La pensión, evidentemente sería muy inferior al último salario, pero, según Garicano, conservaría su poder de compra. «Si hoy la pensión media da para ir de vacaciones una vez al año, o las que sea, seguiría igual. Es verdad que no te podrías ir tantas veces como lo hacías con tu último salario», resumió con un ejemplo un economista.
Qué reformas hacer para lograr este complicado objetivo es algo en lo que no entra el documento de Fedea. «Hay multitud de combinaciones posibles de reformas para preservar el crecimiento real de la pensión sin subir impuestos ni generar déficit», dijo Sergi Jiménez.
En la única reforma que se moja el documento es en la de alargar la edad de jubilación. Pide al Gobierno «que no dé marcha atrás en su propuesta de aumentarla hasta los 67 años». Según César Molinas, habría que lograr alargar «en tres o cuatro años» la actual edad efectiva de jubilación, de 63 años y 10 meses. También se aboga por ampliar el actual periodo de 15 años que sirve de base para el cálculo de la pensión, sin cifrar la alternativa.
LIBRO BLANCO / La necesidad de reformas nace de razones demográficas. Ahora hay cuatro españoles con edades entre 16 y 65 años por cada jubilado; en el 2049 apenas habrá 1,75. Fedea fue la impulsora, hace un año, del conocido como Documento de los 100 para la reforma laboral en el que otro centenar de economistas (algunos coincidentes) hicieron una propuesta que ha servido de eje en el actual debate sobre el mercado de trabajo, ya sea captando adhesiones o críticas. Ahora, el tema son las pensiones y, según Pablo Vázquez, el objetivo es apremiar el debate evitando «tópicos y errores del pasado».
Por eso, la única propuesta del documento es «la elaboración de un Libro Blanco que el Pacto de Toledo debería encargar a expertos independientes» como guía para adoptar reformas sin caer en la politización. Así se ha hecho en Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania.
EL CAMBIO / En realidad, la filosofía que subyace es muy cercana a los planteamientos del Gobierno. Se aboga por preservar el sistema público de reparto –«no planteamos ir a un sistema privado», dijo Molinas–,
alargar la edad de jubilación, no tocar las pensiones actuales, preservar el Pacto de Toledo y no bajar cotizaciones, «ni siquiera a cambio de subidas de impuestos», dijo Molina. El problema es que es difícil defender que un recorte de la tasa de sustitución no es bajar las pensiones.
Un centenar de expertos urgen al Gobierno a una reforma del sistema público de pensiones
Un grupo formado por casi un centenar de economistas ha firmado un documento en el que piden una reforma urgente del sistema de pensiones que contemple, entre otras cuestiones, ampliar como mínimo tres o cuatro años la edad "real" de jubilación, que en España actualmente es de 63. Además, en el documento, promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), reclaman al Gobierno que "no dé marcha atrás" en su propuesta de aumentar la edad legal de jubilación de forma gradual de 65 a 67 años, además de otras propuestas "del mismo calado".
Entre ellas, está la ampliación del cálculo para la cuantía de las pensiones, ya que consideran que utilizar solo los últimos 15 años de vida laboral "no es equitativo" y podría pasar a 25 ó 30 años.
"La evolución demográfica hace imposible que el sistema español de pensiones públicas pueda seguir ofreciendo las prestaciones actuales. De acuerdo con las proyecciones más recientes, pasaremos de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista actuales a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista en el 2049", dice el documento.
Además, dice que la inmigración "no será la solución" porque está previsto que entre 2009 y 2049 la población mayor de 65 años se duplicará y pasará de los 7,6 millones de hoy a 15,3 millones y, para mantener la tasa de dependencia, se necesitarían 35 millones más de inmigrantes o una fecundidad que pase a más de cinco hijos por mujer.
No obstante, los economistas señalan que la reforma "no tiene por qué reducir la cuantía de las pensiones" si la economía y los salarios crecen, aunque precisan que no es posible mantener la actual tasa de sustitución (relación entre el salario medio y la pensión). Dicha tasa supone que la pensión media sea el 80% del salario final "una de las más altas de la OCDE", indican.
Consideran que el Pacto de Toledo, creado en 1994, ha sido "un punto de encuentro" donde se ha debatido sobre la necesidad de reformar el sistema de las pensiones pero no ha propuesto medidas. "La discusión está pasada", aseguró hoy durante la presentación del informe el economista de la London School of Economics, Luis Garicano, quien añadió que ahora hay que ver "cómo" se cambia el sistema y por tanto hay que despolitizar las decisiones.
Para ello, los economistas creen que el Pacto de Toledo debería encargar a una comisión de expertos independientes la elaboración de un libro blanco, en línea con lo que han hecho otros países europeos. Su objetivo sería explicar las ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de reforma y pronunciarse sobre cuestiones "fundamentales" que hay que resolver, como establecer cuál debería ser la tasa de sustitución de las pensiones públicas de jubilación o cómo podría extenderse la cobertura del actual sistema de fondos de pensiones, entre otros asuntos.
Molina dijo que los expertos hacen una "apuesta clarísima" por el actual sistema de pensiones, que es la "mayor conquista social" en España y defendió que "no se reduzca el actual sistema de contributividad, es decir, rebajar las cotizaciones sociales y los salarios futuros y sustituirlos por impuestos".
Por su parte, Garicano explicó que Fedea, que ya promovió el manifiesto de los 100 a favor de una reforma laboral en favor de un contrato único (en el que estaba entre sus firmantes el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa), no pretende ser un "grupo de presión", sino que hacen recomendaciones basadas en "evidencias y hechos" y éstos ponen de manifiesto que la reforma es "urgente e inevitable" y, además, debe acometerse junto a la del mercado laboral.
En este sentido, calificaron de "falacia" considerar que el retraso en la edad de jubilación merme las oportunidades de empleo de los jóvenes y que España lo "corrobora" ya que tras varias décadas con un alto número de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas la tasa de paro juvenil es "desorbitada". Asimismo, subrayaron que los jubilados actuales no se verán afectados por el cambio y a quienes estén próximos a la jubilación solo les afectaría de forma "marginal". "Tratándose de un programa de protección de contingencias a lo largo del ciclo vital, los sistemas de pensiones han de modificarse de forma muy gradual para no perjudicar gravemente a personas que hayan tomado decisiones irreversibles en relación con sus pautas de ahorro y de oferta de trabajo", dice el informe.
El PP pide al Gobierno que constituya ya el Consejo Estatal del Autónomo
El PP ha presentado una proposición no de Ley en la que insta el Gobierno a adoptar "sin dilación" todas las medidas oportunas para que se constituya el Consejo Estatal del Autónomo, un órgano consultivo cuya creación se recoge en el Estatuto de estos trabajadores.
Según informó hoy en un comunicado, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado esta proposición para que se debata en Comisión.
Esta nueva proposición se suma a la que hizo el propio Grupo Socialista antes del verano, en la que pedía al Ejecutivo que impulsara la constitución del Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, el cauce de participación institucional de las asociaciones de estos trabajadores y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
Sin embargo, pasado todo este tiempo, el PP recordó que el Estatuto del Trabajo Autónomo, que entró en vigor el 12 de octubre de 2007, iba a culminar y completar las diferencias entre asalariados y autónomos, con lo que el Gobierno dio unas "expectativas de derechos" que aún no se han cumplido.
Según señala la iniciativa del principal partido de la oposición, el Gobierno no ha procedido al desarrollo reglamentario completo de dicha ley y, además, la existencia de la norma no ha sido suficientemente publicitada y el colectivo de casi tres millones y medio de personas desconoce su contenido.
Hacienda cruzará información con la Tesorería General de la Seguridad Social y las administraciones territoriales
«La lucha contra el fraude siempre es importante; ahora, en crisis, aún lo es mucho más». El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, «adaptado a este momento de la economía y con efecto preventivo», con el que el Estado espera recaudar en torno al 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que ya había avanzado ayer la El plan persigue la defensa de un modelo social, garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y proteger la igualdad de los ciudadanos ante la leyaprobación del nuevo y «ambicioso» plan contra el fraude fiscal, ha presentado un plan que «no es más que la continuidad de un plan iniciado en la legislatura».
En los últimos cinco años Hacienda ha recaudado 35.000 millones «gracias al esfuerzo del Gobierno en la lucha contra el fraude», recordó la vicepresidenta económica del Gobierno.
Las medidas fundamentales del plan del Gobierno pasan por la lucha contra los paraísos fiscales «dentro y fuera de la UE», y la prevención del fraude. Pero además, persiguen dar respuesta a los cambios en los tipos de fraude debido a la crisis, especialmente en lo relacionado con la economía irregular y el trabajo no declarado.
Con el plan se ponen en marcha 60 nuevas medidas destinadas a fomentar el cumplimiento voluntario a través de «campañas de sensibilización social» y el área de control y sanción, que entre otras medidas impulsará la identificación de perfiles de riesgo y el trabajo conjunto entre las principales instancias de recaudación. La vicepresidenta económica adelantó que se impulsará la coordinación de información entre la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y las Administraciones territoriales».
Las fusiones de cajas, en su fase decisiva tras un año perdido
En los próximos días se cumplirá un año de la puesta en marcha, de forma oficiosa, de la reestructuración del sistema financiero español. El domingo 29 de marzo, el Banco de España depuso a los administradores de Caja Castilla La Mancha y tomó el control de la entidad para asegurar su solvencia y los recursos de los clientes. Inmediatamente después, tanto el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como el Gobierno tocaron a rebato: para defenderse de la implacable crisis y del exceso de capacidad instalada –silogismo utilizado para decir que sobraban miles de oficinas y decenas de miles de trabajadores– había que fusionarse y fortalecer los recursos propios de los más debilitados.
El baile, al que sólo han sido empujadas las cajas, debía provocar el acercamiento y posterior unión de un buen número de entidades. Y más desde que, a finales de junio, el Gobierno puso sobre la mesa, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), los recursos con los que las cajas pagarían el proceso.
Sin embargo, doce largos meses después, casi todo está pendiente de concretar. Actualmente hay nueve procesos en marcha –tanto fusiones como alianzas reforzadas– anunciados oficialmente (véase arriba), que conciernen a 24 de las 45 cajas españolas, y hay al menos una quincena de entidades más en conversaciones para fusionarse o constituir un sistema institucional de protección (SIP). Pero pasan las semanas y meses y nada se cierra.
¿Qué está pasando? "Todo ha ido más lento de lo previsto por los problemas que han puesto los directivos de las entidades, en unos casos, y de las comunidades autónomas, en otros; pero, además, hay evidentes complicaciones en la definición del marco regulatorio", asegura Alfonso García Mora, director general de Analistas Financieros Internacionales (AFI).
Las dudas sobre las implicaciones fiscales y de la naturaleza jurídica de los SIP –aún no resueltas– se juntaron con el retraso en la aprobación del FROB por parte de la Comisión Europea. Y, pese a la urgencia y los empujones de Fernández Ordóñez, a estas alturas ninguna de las fusiones en marcha ha obtenido el visto bueno del Banco de España, de la Comisión Europea y de sus asambleas.
En la CECA, mientras tanto, insisten en denunciar dos grandes impedimentos. El primero, que sea necesario crear un banco para realizar un SIP de forma eficiente, tal como se ha estructurado la operación de absorción de la intervenida Caja Castilla La Mancha por Cajastur. Juan Ramón Quintás ha pedido que estas operaciones se puedan articular a través de una agrupación de cajas, pero para ello hace falta cambiar antes la ley de Cajas. La segunda petición, que también debería incluirse en la reforma de la Lorca, pasa por dotar a las entidades de ahorro de nuevos instrumentos, más atractivos para los inversores, de reforzar su capital. Por ejemplo, con cuotas participativas –un equivalente a las acciones en las sociedades anónimas– con derechos políticos.
Hasta ahora, las peticiones de la CECA han caído en saco roto. Y ahora, la persistencia de la crisis augura un mayor deterioro de las cuentas de resultados, que ya contemplaron un descenso conjunto del 34%. Por eso, los expertos coinciden en que hay que darse prisa. "Hay que deshacer el atasco y conseguir que la reconversión ya iniciada se lleve a cabo", dice Javier Muñoz Neira, socio responsable del sector financiero en KPMG. En su opinión, "el negocio está muy afectado, la morosidad seguirá creciendo y afortunadamente ya nadie tiene dudas de que hay que hacer algo y rápido".
Pero las prisas son malas consejeras. Y, en muchos procesos, saltan chispas. Uno de los aspectos más complicados de cuadrar es el laboral. La doctrina oficial determina que las fusiones con dinero público exigen fuertes recortes. José María Martínez, secretario general de Comfia-CC.OO., el sindicato mayoritario en el sector financiero, asegura que el escollo no son los trabajadores: "Es cierto que exigimos protocolos de empleo, pero nosotros no somos el problema; aquí lo que nos jugamos es preservar un modelo y para mí lo más grave es ver la desconfianza del gobernador en las cajas y la actitud del Gobierno, que no ha hecho nada".
UGT coincide: "Se ha empezado la casa por el tejado. El Gobierno ha hecho dejación de funciones amparándose en el Banco de España, y este va con el mazo, dando golpes a diestro y siniestro, sin un criterio claro".
Sea como fuere, llega la hora de la verdad. "El proceso va lento, pero va", dice García Mora, de AFI, que augura una segunda ronda de fusiones después de la actual y complicaciones también para los bancos si se alarga la crisis. Eso se verá a partir de junio y para entonces, después del verano, el Gobierno ha anunciado un cambio de la Lorca. "Es inevitable; las mayores exigencias de capital traerán consigo la necesidad de desmutualizar las cajas para que puedan captar recursos y seguir compitiendo con los bancos", apuntan desde KPMG. Todo llegará. La metamorfosis es imparable.
El Ibex sube un 2,55%, el mayor repunte desde julio de 2009, y recupera los 11.000 puntos
El parqué madrileño registró una subida del 2,55%, la mayor desde el 15 de julio de 2009, cuando subió un 2,86%, y el Ibex 35 se situó en el nivel de los 11.019,8 puntos, cota que no alcanzaba desde principios de febrero, impulsado por el buen dato del paro registrado en Estados Unidos.
El Ibex abrió con ganancias y se mantuvo en positivo durante toda la mañana, pero la apertura alcista de Wall Street y la publicación de unos datos de paro en EE.UU mejor de lo esperado impulsaron el Ibex, que logró reconquistar el nivel de los 11.000 puntos.
En concreto, la economía de Estados Unidos destruyó 36.000 puestos de trabajo en febrero pero la tasa de paro se mantuvo estable en el 9,7%, lo que eleva a 8,7 millones de empleos perdidos el impacto de la crisis en el país desde diciembre de 2007.
En Europa, los principales indicadores también lograron cerrar con fuertes ganancias, aunque Madrid fue la plaza que registró un mejor comportamiento. Así, París ganó un 2,14%, seguido de Francfort (+1,42%) y Londres (+1,31%).
En el mercado español, la sesión terminó con sólo dos valores en negativo: Enagás (-0,47%) y REE (-0,07%). Por el contrario, el mayor avance fue para OHL (+4,87%), Bankinter (+4,02%), BBVA (+3,98%), ArcelorMittal (+3,62%), Banco Santander (+3,48%), Ferrovial (+3,04%), Abertis (+3,02%) y Repsol YPF (+3%). Banco Sabadell, por su parte, subió un 2,05%, por delante de Iberdrola (+1,88%), Telefónica (+2,84%), Banco Popular (+1,78%) y Banesto (+1,63%).
En el mercado de divisas, el euro recupera posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión bursátil de hoy el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,3611 unidades.
Wall Street sube el 1,17% y cierra la semana con ganancias
La Bolsa de Nueva York mantuvo hoy la tendencia alcista hasta el cierre, debido en parte a una moderada pérdida de empleo en Estados Unidos y el Dow Jones de Industriales subió el 1,17%, lo que le permite terminar la semana con ganancias.
Ese indicador bursátil, que incluye a 30 de las mayores empresas estadounidenses, ascendió 122,06 puntos y finalizó en 10.566,20 unidades, al tiempo que el selectivo S&P 500 avanzó el 1,4% (15,72 enteros) y llegó a 1.138,69 puntos.
El índice compuesto del mercado tecnológico Nasdaq ganó el 1,48% (34,04 unidades) y concluyó la semana en 2.326,35 enteros.
El panorama del mercado laboral en EE.UU. en febrero no fue tan negativo como se temía y se mantiene la tasa de desempleo en el 9,7%, frente a un moderado incremento que se esperaba.
El informe mensual del Departamento de Trabajo reflejó además que se perdieron 36.000 empleos el mes pasado, frente a una cifra de en torno a 50.000 ocupaciones que se preveía, lo que contribuyó a animar la compra de valores en el mercado bursátil.
El índice Dow Jones de Industriales finaliza la semana con una ganancia acumulada del 2,33%, en tanto que el S&P 500 avanzó el 3,1% y el Nasdaq subió el 3,94% respecto del viernes anterior.
A excepción del miércoles, el Dow cerró en positivo las cuatro sesiones restantes de la semana, con ayuda de algunos datos económicos positivos e indicios, también entre las empresas del sector privado, de que estaría atenuándose la destrucción de empleo en Estados Unidos.
También ha mermado un tanto la inquietud en torno a la situación financiera de Grecia, después de que el Gobierno aprobase un nuevo plan de austeridad para reducir el abultado déficit público en ese país, lo que ha favorecido el ambiente inversor en Wall Street y en otras plazas bursátiles.
El sector de empresas de materias primas (2,23%), además de los de energía y de maquinaria, que subieron en torno al 1,9% y del financiero y el industrial, que ganaron alrededor del 1,7%, lograron los mayores avances, en tanto que el tecnológico ascendió el 1,42%, entre otros.
El fabricante aeronáutico Boeing (3,63%), American Express (3,37%) y la empresa de aluminio Alcoa (3,05%) lideraron el avance entre las firmas incluidas en el Dow, y les siguieron JPMorgan Chase (2,12%) y Disney (2%), en tanto que el resto tuvieron ganancias algo más moderadas.
Dos componentes de ese índice, Microsoft y la telefónica Verizon, fueron los únicos que registraron pérdidas, aunque sus acciones se depreciaron tan sólo el 0,14% en ambos casos.
Fuera de ese índice, las acciones de la tecnológica Apple se revalorizaron el 3,91% o 8,24 dólares y cerraron a 218,95 dólares en el Nasdaq, después de anunciar que el iPad, su nuevo modelo de computador plano con pantalla táctil, saldrá al mercado en EE.UU. el 3 de abril y a finales de ese mes estará también disponible en Francia, Alemania, España y Reino Unido, entre otros países.
Las acciones de Ford, que es el único fabricante estadounidense que negocia en la Bolsa neoyorquina, se revalorizaron este viernes el 1,64% y han subido el 10,73% en el conjunto de una semana durante la que anunció que sus ventas subieron el 43% en febrero y superaron a las de General Motors, algo que no ocurría desde 1988.
El dólar perdió hoy terreno ante el euro y por esa divisa europea se pagaban al cierre del mercado bursátil 1,3622 dólares, comparado con 1,3591 dólares el día anterior.
La deuda pública estadounidense a 10 años bajaba de precio y ofrecía una rentabilidad del 3,68%.
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