El Gobierno fía parte del ahorro en pensiones al retraso de la jubilación a 69 años en 2050
La mayor reforma de pensiones que se ha aplicado nunca en España es casi tan importante por lo que modifica como por lo que fía al futuro. Una buena parte del ahorro que el Gobierno espera obtener en el sistema proviene de los ajustes que se aplicarán cada cinco años a partir de 2027, cuando se alcancen los 67 años completos como edad legal de jubilación y el resto de parámetros que se endurecen paulatinamente con la reforma. Ese factor de sostenibilidad, al que el Ejecutivo ha otorgado una importacia modesta en público, permitirá ahorrar un punto de PIB en 2050, casi un tercio del 3,5% esperado. Y, si se aplica según lo previsto, elevará de nuevo la edad de jubilación a 69 años.
Paradójicamente, el impacto económico de la reforma no figura en la información divulgada hasta ahora por el Ministerio de Trabajo, sino en un rincón mucho más recóndito y destinado, en principio, a los inversores extranjeros. Se trata de un informe publicado en inglés en la página web del Ministerio de Economía, en el apartado The Spanish Economy . Ese texto, directo y muy centrado en el ahorro -lo más atractivo para inversores y organismos internacionales- detalla el menor gasto que soportará el sistema a partir de 2030 e identifica las medidas más eficaces.
Sorprende que el ajuste quinquenal de los parámetros del sistema ahorre tanto como el retraso en la edad de jubilación y la ampliación a 25 años del periodo de cómputo de la pensión (un punto de PIB cada elemento). La sorpresa es menor cuando se analiza en qué consiste ese factor de sostenibilidad previsto. Lo define claramente el documento: "Los parámetros del sistema se revisarán cada cinco años por la diferencia entre la esperanza de vida a los 67 en el año de la revisión y la esperanza de vida a los 67 en 2027".
Fuentes del Gobierno matizan que la respuesta a ese aumento en la esperanza de vida "no tiene por qué ser la edad de jubilación; puede ser cualquiera de las variables fundamentales del sistema". El objetivo, según estas fuentes, es neutralizar el gasto que originan esos dos años adicionales de cobro de pensión que habrá en 2050, pero no necesariamente a través de la edad legal. Pese a todo, se trata de la herramienta más potente.
El documento de Economía, además, refuerza esa tesis al citar las proyecciones que realizó el Instituto Nacional de Estadística en 2010 como base de cálculo. Con esas cifras, el ajuste quinquenal de la edad de jubilación según la esperanza de vida desplazaría a 69 años la referencia de retiro en 2050. Si se trasladase estrictamente lo que explica Economía, el salto no sería brusco, sino que comenzaría en 2032 (cinco años después de la aplicación completa de la reforma), con un aumento de medio año en la vida laboral y así progresivamente hasta 2047, cuando ya se sumarían dos completos, según la esperanza de vida del momento. Esa referencia se mantendría en 2050, año que el Gobierno ha tomado como horizonte para calcular el ahorro.
Los detalles que ofrece el documento de Economía avalan esa lectura de un retiro a los 69 años. "El impacto del factor de sostenibilidad se ha calculado considerando que elementos similares a los modificados en esta reforma [de pensiones] cambian según la evolución de la esperanza de vida a partir de 2032". Es decir, que para estimar el ahorro se han empleado variables como la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo de la pensión y el aumento de los años requeridos para acceder a la prestación máxima.
El argumento de los 69 cobra aun más fuerza al observar que el efecto de la sostenibilidad se corresponde, a grandes rasgos, con un hipotético aumento de dos años en la edad de jubilación. El ministerio calcula que ese factor ahorrará un punto de PIB en 2050, lo mismo que la ampliación de 65 a 67 en la edad legal de jubilación una vez esté totalmente implantada.
No todo el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social provendrá de los recortes. Una pequeña parte derivará del mayor potencial de crecimiento. Economía espera que el PIB resulte entre un 1,4% y un 1,7% superior a lo que sería sin la reforma de pensiones, principalmente por un aumento de la población activa. Y ese mayor volumen de PIB reducirá dos décimas el peso de las pensiones en 2050.
Trabajo crea un fondo de reserva sin dotación para políticas de empleo
El Gobierno aprobó el viernes el decreto que reordena las políticas activas de empleo. El énfasis de las actuaciones lo marcarán ahora los itinerarios individuales de los parados. Se crea también el Fondo de Políticas de Empleo, que se nutrirá de los remanentes presupuestarios de Trabajo. Carecerá, por tanto, de dotación hasta que se genere empleo.
Moncloa ha completado ya el capítulo de políticas activas de empleo que figuraba en su guía de reformas estructurales. La semana pasada fue el turno del plan de choque para reactivar el mercado laboral, en el que se incluyen la ayuda sujeta a formación de 400 euros para parados jóvenes y de larga duración y la bonificación de contratos a tiempo parcial. El viernes se completó la faena con la aprobación del marco que ordenará las actuaciones del Gobierno en materia de empleo, que supone "una reforma integral del sistema", en opinión del titular de Trabajo, Valeriano Gómez.
La principal novedad que introduce es la creación de un fondo de reserva para las políticas de empleo. Éste, que se nutrirá de los eventuales excedentes que amasen los servicios públicos de empleo, nace sin dotación presupuestaria. Y, tal y como reconoció el propio ministro, tardará en contar con financiación, dado que en los últimos años las cotizaciones sociales no han bastado para cubrir los gastos del sistema.
El decreto implica también cambios en cuanto a la propia prestación de los servicios. Desde ahora la actividad pública se centrará en la atención personalizada de los desempleados. Éstos contarán con itinerarios individuales, formalizados en un Acuerdo Personal de Empleo (APE), que marcarán los derechos y obligaciones del parado. La implantación del los APE será gradual. Los primeros en obtenerlo serán los parados jóvenes y de larga duración, de forma que este año se extienda el servicio a dos millones de personas. Para 2013 estará disponible para el 100% de los parados.
"Habrá planes plurianuales de empleo, en cuya articulación participarán comunidades autónomas, Estado y agentes sociales", anunció Gómez. "Una vez fijados los objetivos, serán las autonomías las encargadas de implementarlos". La descentralización de la prestación de los servicios de empleo, pues, es otro de los grandes cambios introducidos en el sistema. Se conjugan las competencias estatales con las de las comunidades autónomas y se fomenta la colaboración de los sistemas público y privado en busca de una mejor flexibilidad.
Para asegurar una aplicación regular en todos los territorios de España, se elaborará un catálogo básico de servicios a tres bandas. Así, marcará derechos y obligaciones de desempleados, basado en el APE que indicará qué acciones se recomiendan para permitirles la reinserción laboral. En caso de omitir las directrices, por cierto, el parado se quedará sin prestación si la cobraba o en su defecto se le daría de baja como buscador de empleo. A las empresas se las ayudará a reclutar mano de obra y se les exigirá a cambio que realicen formación continua. Y a los ocupados se les ofrecerá participar en actividades formativas que mejoren su cualificación.
"La reforma fomenta la cultura emprendedora, una de las principales carencias de nuestra economía", subrayó Gómez, y "fortalece el sistema público de empleo", apuntó, "que necesita mejores servicios para los trabajadores".
Las claves
Estrategia Española de Empleo. Participarán en ella las comunidades autónomas y los agentes sociales. Será plurianual y marcará objetivos.
Itinerarios individuales. Se hará un diagnóstico temprano y exhaustivo para cada persona.
Catálogo de servicios. Incluirá derechos y obligaciones de parados, empresas y ocupados.
Fondo de Políticas de Empleo. Se nutrirá de remanentes y financiará acciones futuras en las políticas activas de empleo.
Convenios provinciales por ultraactividadlas claves
A un mes de la fecha límite fijada por el Gobierno para que los agentes sociales cierren la reforma de la negociación colectiva, las partes siguen fijando posiciones.
Según fuentes sindicales conocedoras de las negociaciones, dos de los asuntos más espinosos para los representantes de los trabajadores se han quedado fuera de la mesa. Uno de ellos lo confirmó el viernes el líder de UGT, Cándido Méndez: no se tocará la vinculación de sueldos e IPC en el proceso de revisión salarial.
El segundo traía igualmente de cabeza a las centrales sindicales: la eliminación de la ultraactividad. Es decir, que cuando expire un convenio éste seguirá vigente hasta que se negocie uno nuevo. La patronal lleva años reivindicando la supresión de esta cláusula, y lo hizo también en los preámbulos de la negociación. Las fuentes consultadas aseguran que no se tocará este aspecto, si bien desde CEOE prefieren guardar silencio al respecto.
Las mismas fuentes aseguran que los sindicatos están a favor de darle más peso a los convenios autonómicos en detrimento de los provinciales, otra de las reclamaciones de la patronal. Ese paso se daría, eso sí, siempre y cuando las partes estén de acuerdo en ello.
Otra de las pretensiones de los sindicatos es reforzar el papel de las comisiones paritarias, en las que representantes de los trabajadores y de los empresarios dirimen los problemas que surjan en el marco de los correspondientes convenios.
Acabar con la atomización de los convenios (de los 5.000 que hay, 500 representan a 10 millones de trabajadores y el resto solo a un millón) es otra de las líneas defendidas por los sindicatos. También lo es la legitimación de las partes, de la que carecen los representantes de la empresa.
La crisis de la pensión privada
Desde hace varios años vengo señalando el amplio margen de mejora que existe en la gestión de los fondos de pensiones privados en España. Esto atañe tanto a los fondos de pensiones del sistema individual como a los del sistema de empleo. En el caso de los fondos de pensiones del sistema de empleo, las comisiones de gestión son al menos muy reducidas aunque ello de poco sirve si lo que reciben los partícipes es, en el mejor de los casos, una gestión puramente pasiva. Las comisiones medias en el caso de los fondos de pensiones del sistema individual son por el contrario muy elevadas si las comparamos con las de otros países o con los fondos de inversión, por ejemplo.
En los dos últimos años, en varios artículos, alguno en las páginas de este periódico, he señalado las diferencias en las comisiones y en las rentabilidades medias para categorías y sistemas de pensiones privados homogéneos entre diferentes países europeos. España quedaba invariablemente mal situada. Dicha situación ha empeorado si cabe en el último año y la razón hay que buscarla en la desaparición del confortable colchón que ha reportado todos estos años pasados el buen comportamiento relativo de la deuda y Bolsas nacionales. El fuerte sesgo que los fondos de pensiones han venido mostrando hacia los activos españoles ha permitido de alguna manera no hacer tan evidentes los problemas de comisiones elevadas y falta de una gestión más activa y con mayores recursos. Sin embrago, en 2010 dicho sesgo doméstico se ha vuelto en contra y aunque se ha iniciado ya una tímida internacionalización de las carteras, ello no ha sido suficiente para frenar el deterioro de los resultados.
Como botón de muestra les proporciono algunos datos sobre tres categorías de referencia en la industria de las pensiones privadas en España: Renta Fija Euro, Renta Variable Europa y Mixtos Flexibles Globales en euros. Pues bien, las rentabilidades medias de los fondos de pensiones privados pertenecientes a estas tres categorías, según la base de datos de Lipper, fueron de un -1,02%, -2,87% y -1,44% respectivamente. Estos son resultados muy pobres no solo si los comparamos con respecto a los índices de mercado de referencia sino con respecto a los propios fondos de inversión.
En el gráfico central pueden apreciar las rentabilidades en euros de los índices Lipper en el pasado año, para las tres categorías de activos arriba mencionadas. Los índices Lipper proporcionan una medida precisa de la rentabilidad histórica del conjunto de fondos de inversión en cada categoría específica. Como verán, las minusvalías de los fondos de pensiones españoles se convierten en ganancias medias del 1,89%, 10,48% y 6,20% respectivamente, en el caso de los fondos de inversión. Estas son diferencias muy serias y se explican fundamentalmente por factores que atañen a la gestión de los fondos aunque las comisiones tampoco ayudan. En este apartado les proporciono también algunos datos reveladores. Las comisiones anuales medias para las mismas tres categorías de referencia son del 1,64%, 2% y 1,65% respectivamente. Este nivel de comisiones corresponde a una gestión activa de primera calidad que desgraciadamente los ahorradores españoles no están recibiendo.
Por último, en lo que respecta a los datos, las rentabilidades acumuladas en los últimos cinco años (donde recordemos que hemos disfrutado de más de tres de mercados alcistas) por los fondos de pensiones, en la categoría de Mixtos Flexibles Globales, apenas alcanza un magro 3,5%. Triste bagaje para un tipo de fondos que vienen a representar la cartera de inversión equilibrada y flexible con la que los ahorradores buscan ir aumentando su patrimonio financiero con vistas a su jubilación.
Hasta aquí los hechos pero, ¿cuáles son las posibles soluciones? Pues yo diría muy resumidamente que, en el caso de los fondos de pensiones del sistema individual, deben tomarse medidas por los actores del mercado conducentes a que se inicie una verdadera arquitectura abierta que fomente la competición y la búsqueda de la excelencia. En el caso de los fondos de pensiones privados del sistema de empleo sería conveniente plantearse medidas regulatorias que permitan crear cuentas de ahorro para la jubilación (como en algunos de los países más desarrollados) donde los ahorradores puedan incorporar un amplio abanico de activos (fondos, acciones, bonos, depósitos, etc.) gestionados por profesionales independientes.
Mientras un vuelco de este calibre pueda llegar a producirse, sería conveniente ver un desarrollo en la progresiva incorporación de entidades especializadas que formen y apoyen a las comisiones de control en la definición de las políticas de inversión, asignación de activos y control de resultados entre otras tareas.
Funcas eleva al 20,7% su previsión de paro en España
La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) empeora su previsión sobre la tasa de paro para este año que cifra en el 20,7%, tres décimas más de lo calculado anteriormente.
No obstante, mantiene su pronóstico de crecimiento del 0,8% del PIB para este año frente al 1,3% del Gobierno, y señala que, aunque en tasas intertrimestrales habrá crecimientos moderados, es "poco probable" una recaída. Las cajas apuntan que las medidas adoptadas por el Gobierno y el proceso de saneamiento que se ha puesto en marcha sobre el sector financiero "alejan el riesgo de un recrudecimiento de la crisis de la deuda".
Los juzgados de lo social se ocuparán de los conflictos laborales
El Gobierno aprobó el viernes un proyecto de ley que centralizará la resolución de los conflictos laborales en los juzgados de lo Social con el fin de favorecer la defensa de los intereses de los trabajadores y de las empresas y para reducir costes y contribuir a la recuperación de la economía.
El texto que regulará la Jurisdicción Social evitará duplicidades y permitirá la resolución de conflictos más rápidamente ya que todas las cuestiones laborales estarán centralizadas en estos juzgados y no repartidas como hasta ahora en el ordenamiento civil y en el contencioso administrativo.
La norma aumentará la seguridad jurídica al evitar contradicciones entre diferentes juzgados, según el Ejecutivo. Las cuestiones relacionadas con un mismo conflicto las decidirá un mismo juez, lo que reducirá gastos a trabajadores y empresas y ayudará a la eficiencia económica. Los tribunales de lo Social asumirán los asuntos relativos a accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo y vulneración de derechos laborales. Quedan aparte los litigios de recaudación de la Seguridad Social.
Todo lo que necesita saber sobre el nuevo 'cheque que cobrarán los parados
El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo programa de ayuda a los desempleados que hayan agotado toda la protección del paro a la que tuvieran derecho. Es decir, tanto contributiva como, en su caso, asistencial.
El proyecto se llama Prepara, porque intenta, una vez más, conseguir un compromiso del desempleado para que mejore su formación y busque trabajo por todos los medios posibles a cambio de recibir 400 euros mensuales. En definitiva, Prepara es la continuación del plan de ayuda de 426 euros mensuales que terminó el pasado martes, conocido también popularmente como cheque-parado.
¿Quiénes pueden acogerse a a la nueva ayuda de 400 euros mensuales?
Quienes, a partir del pasado martes 16 de febrero agoten toda la protección por desempleo y cuya unidad familiar tenga ingresos mensuales inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, 485 euros. Por el contrario, no pueden acogerse a esta subvención de 400 euros mensuales quienes ya han recibido la ayuda de 426 euros mensuales del anterior programa. El Gobierno intenta evitar la picaresca de quienes buscan vivir enlazando ayudas sin buscar trabajo.
¿Cuanto dura el programa?
Fruto del acuerdo con la patronal y los sindicatos, el Gobierno ha previsto una duración de seis meses. Cualquier prórroga del mismo dependerá de las disponibilidades presupuestarias y de que así se decida en el diálogo social.
¿En que consiste el programa Prepara?
El desempleado debe firmar un compromiso personal con la Administración laboral de su comunidad autónoma por el cual asegura su disposición para atender todas las acciones que le propongan para mejorar su formación y encontrar trabajo. En caso de que rechace una oferta de trabajo puede perder la prestación.
¿Qué es el seguimiento personalizado del desempleado?
Se trata de que la Administración concierte con el desempleado un diagnóstico de su situación, atendiendo a su formación, experiencia laboral o edad. A partir de ahí, los Servicios Públicos de Empleo intentarán seguir las acciones que hace el desempleado para conseguir salir de esa situación. Para ello, el Gobierno ha contratado a otros 1.500 orientadores en los Servicios de Empleo, que se suman a los 1.500 que ya fueron reclutados en el anterior programa. Es evidente que 3.000 orientadores no dan para atender a los más de cuatro millones de parados que hay en las listas de los Servicios Públicos de Empleo, pero se trata de reforzar los servicios de la Administración, reduciendo paulatinamente el número de desempleados que puede ser atendido por un funcionario. Precisamente, con estos objetivos, el Consejo de Ministros aprobó ayer una Real Decreto de reforma de las políticas activas de empleo.
¿Qué es la reorientación de la búsqueda de trabajo en otros sectores?
El Gobierno y las comunidades autónomas intentarán desviar a otros sectores los cientos de miles de parados que proceden de la construcción y que ya nunca podrán encontrar trabajo en dicho sector. La Administración intentará encontrar nuevos nichos de trabajo dentro de las energías alternativas, la agroalimentación, nuevos campos de la industria o los servicios sociales de atención a los ancianos y de la dependencia. Es decir, la ayuda que se presta a quienes, por su discapacidad física o mental, no pueden desarrollar una vida normal.
¿Qué es el ‘plan de choque’ de la contratación para crear empleo?
Es el proyecto del Gobierno para impulsar la contratación a tiempo parcial de los desempleados que sean jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración. Es decir, los que lleven más de un año sin trabajo.
¿Qué ventajas ofrece el Gobierno a las empresas que utilicen este plan?
En un paso sin precedentes, a excepción de la aportación por incapacidad temporal, el Ejecutivo exonerará de la totalidad de las cotizaciones sociales en los contratos a las pequeñas y medianas empresas que los utilicen, y hasta el 75% en las grandes compañías. Es decir, a partir de 250 trabajadores.
¿Qué condiciones pone el Ejecutivo para la utilización de este contrato?
Que no se utilice la contratación de estos trabajadores para que sustituyan a otros que ya están en la empresa. Es decir, que para beneficiarse de la reducción de cotizaciones sociales, las empresas deben demostrar que hay un aumento neto del empleo durante el año de vigencia de la ayuda.
¿A qué tipo de contratos afectan este plan por su duración?
La reducción de cotizaciones sociales beneficia a los contratos indefinidos y temporales, que al menos sean de 6 meses, lo que supone un cambio en la política del Ejecutivo de fomento estable. Hasta ahora, sólo el contrato temporal de los discapacitados recibía ayudas. Incluso, el objetivo del Gobierno es que, tras el año del programa a tiempo parcial, el empleo temporal pueda transformarse en indefinido con bonificaciones en las cotizaciones sociales. Es decir, cuando la Administración sustituye al empresario en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Los contratos de interinidad o de relevo están excluidos del programa a tiempo parcial
El Ejecutivo no incluye a este tipo de contratos porque lo que está buscando es rebajar el paro a través del empleo a tiempo parcial. En España, de media sólo el 12% de los asalariados adoptan esta fórmula, cuando en la Unión Europea la media ronda el 20%. Incluso, en algunos países como Holanda, hasta el 50% de los trabajadores está con este tipo de contrato, lo que hace que la tasa de paro no supere nunca el 7% de la población activa.
El Ibex cierra una semana intensa con alzas del 2,45% y amarrado a los 11.000
El Ibex 35 cierra una semana muy intensa en datos macro con avances del 2,45%, un mini rally que le permitirá partir el lunes desde los 11.000 puntos. Es un muro psicológico que trata de superar desde hace más de un año. Pero vista la fuerte volatilidad de hoy, todavía no está claro que vaya a poder romper la barrera. Sobre todo porque los temores sobre la deuda soberana europea parecen renacer otra vez. Por eso, la caída de hoy ha sido del 0,4% lo que obliga al Ibex a salir el lunes desde los 11.068 puntos.
El día comenzó con el pie cambiado y entre rumores de que Bruselas y Portugal negocian los términos de un rescate financiero que podría llegar en abril. Hasta aquí todo “normal” pues los rumores son ya bastante recurrentes. El problema es que el Banco central Europeo (BCE) está prestando dinero a través de su facilidad marginal de crédito, la ventanilla que proporciona liquidez de emergencia a las entidades europeas a un tipo de interés del 1,75%, lo que supone la cifra más elevada desde el 24 de junio de 2009.
Esta cifra es inusualmente elevada, ya que durante los siete días anteriores la media de uso de esta facilidad de crédito rondaba los 700 millones de euros, se suma a los 15.801 millones de euros prestados el miércoles, lo que siembra dudas sobre la existencia de problemas serios de liquidez para una o varias entidades de la zona euro. Esta noticia es la que ha metido miedo a los inversores y la banca es la que más está sufriendo.
Con estos antecedentes, el mercado se ha metido en una media sesión muy volátil por obra y gracia del vencimiento de futuros y opciones, que ha pasado directamente a bajista cuando se ha conocido a media mañana que China ha subido el coeficiente legal de caja, o porcentaje de reservas que exige a los bancos comerciales. Es una medida de política monetaria restrictiva en toda regla, destinada a drenar liquidez y controlar la inflación, equiparable a una subida de tipos.
Con la decisión de China, las ventas han arreciado sobre el parqué hasta que Wall Street ha echado a andar. Entonces, los brokers americanos han optado por ver el vaso medio lleno, lo que definitivamente ha alejado a los índices europeos de los mínimos diarios. En el caso del Ibex, el indicador llegó a perder más de un 1%, con lo que durante lo peor de la mañana se estaba dejando los 11.000 puntos que tanto le ha costado conquistar. Por eso, todavía no conviene lanzar las campanas al vuelo.
Dentro del Ibex, la noticia ha estado en Enagás, cuyos títulos eran suspendidos a primera hora y antes de conocerse que Bancaja había vendido su 5% en la empresa a un precio de 15,8 euros por título mediante una colocación acelerada dirigida por Deutsche Bank.
Pero quien más ha brillado ha sido Bolsas y Mercados (BME), que termina con alzas del 2% tras presentar unos resultados que están en línea con lo esperado por los expertos. En la conferencia con analistas, el presidente del holding, Antonio Zoido, ha indicado que la empresa está abierta a todas las posibilidades que brinda el nuevo escenario de concentración sectorial. Tras BME también se han lucido Sacyr, Acciona, Criteria y FCC.
Sin embargo, la lista de los peores del día deja muy tocados a Enagás, Abertis, Telecinco, REE y Bankinter, todos con caídas algo superiores al 1%. En el mercado continuo, NH Hoteles se ha disparado un 6% tras saberse que su presidente, Gabriele Burgio, dejará el cargo el 1 de marzo para ser sustituido por el actual presidente de SOS Corporación, Mariano Pérez Claver.
Wall Street vuelve a aumentar las ganancias
http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2011-02-18/433193_wall-street-vuelve-aumentar-ganancias.html
La Bolsa de Nueva York volvió a cerrar en alza este viernes, pese a la falta de actualidad económica importante y antes de un fin de semana largo: el Dow Jones ganó un 0,59% y el Nasdaq un 0,08%.
Según cifras definitivas de cierre, el Dow Jones Industrial Average ganó 73,11 puntos hasta los 12.391,25 y el Nasdaq, de dominante tecnológica, 2,37 puntos a los 2.833,95.
Mientras, el índice ampliado Standard & Poor's 500 ganó 2,58 puntos (un 0,19%) hasta los 1.343,01, su nivel de cierre más alto desde el 17 de junio de 2008.
El Nikkei cierra con un avance del 0,14%
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subió hoy al cierre 14,73 puntos, el 0,14 por ciento, hasta situarse en 10.857,53 enteros. El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, avanzó 1,03 puntos, el 0,11 por ciento, hasta 974,63 enteros.
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