El pacto social abre la puerta a un impuesto para la Seguridad Social
Gobierno, patronal y sindicatos examinarán “sistemas de financiación complementaria a medio y largo plazo”. Piden a las autonomías una tasa para las ayudas a las rentas más bajas
El acuerdo firmado en la madrugada de ayer por el Gobierno, la patronal y los sindicatos ya ha previsto que, “a medio y largo plazo”, la financiación de la Seguridad Social puede necesitar o bien un impuesto específico o parte de la recaudación de uno ya existente. Una necesidad que puede ser el resultado de la combinación entre el incremento exponencial del número de pensionistas y la caída de cotizantes. Ambos,como consecuencia del cruce de la jubilación en los próximos veinte años de las generaciones de la explosión de la natalidad de los años 60 y 70, que no podrán ser compensados por el número de trabajadores/cotizantes al sistema producto de la caída de la natalidad de los años 80.
El Pacto Social establece bajo la rúbrica Alternativa de financiación complementaria lo siguiente: “Los Ministerios de Trabajo e Inmigración, Economía y Hacienda, y los agentes económicos y sociales, examinarán en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la conveniencia de establecer posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo”.
Una reivindicación de UGT
La idea de crear un impuesto específico, o finalista, para la Seguridad Social es una reivindicación histórica de UGT ante la necesidad de garantizar las prestaciones a una población, como la española, que envejece de manera paulatina. En Francia ya existen diversos impuestos que contribuyen a sostener la Seguridad Social.
Incluso, más allá de un impuesto específico para financiar la protección social, se puede decir que la patronal y los sindicatos coinciden en este terreno en una misma idea: la necesidad de que las cotizaciones sociales financien exclusivamente las pensiones contributivas –por las que las empresas y trabajadores han cotizado– y los impuestos, las pensiones asistenciales, que reciben quienes durante su vida laboral no cotizaron lo suficiente.
Por todas estas razones, dice el Pacto Social “los firmantes del acuerdo [...] consideran necesario que los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria sean compatibles con la plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas”.
Y, además, “con especial interés en el cumplimiento de los compromisos de financiación mediante impuestos de los complementos a mínimos de pensiones”. Es una clara referencia a que las comunidades autónomas, mediante impuestos, corran con la financiación de las ayudas que reciben las pensiones más bajas por no haber reunido la cotización suficiente.
Planes privados
En segundo lugar, una vez que queda claro que con las reformas “no se pone en cuestión el carácter público y universal del sistema”, el Gobierno, la patronal y los sindicatos “asumen la importancia” de impulsar los planes complementarios de pensiones. Con ello, el acuerdo trata de “incentivar en mayor medida y mejorar los marcos que los regulan”. Es decir, una vez más, pero sin específicar, el pacto social recoge un compromiso de mejorar la fiscalidad de estos planes a individuos y empresas, dado que, de las grandes economías, España es la que tiene menos planes de empleo –o de empresa– entre sus trabajadores.
Más incentivos para quedarse trabajando
El Gobierno sube su oferta para que los trabajadores no se jubilen. La pensión subirá desde el 3% actual al 4% anual para aquellos que sigan trabajando después de los 65 ó 67 años, según los casos. Para aquellos que tengan 37 años de cotización, el incremento anual será del 2,75% y del 2% para carreras inferiores a 25 años. En todo caso, nunca superará la pensión máxima, que hoy es de 2.700 euros mensuales.
Rebajas de cuotas para el tiempo parcial
Es una de las ventajas que ha obtenido la patronal por la firma del acuerdo. El Pacto recoge una rebaja del 100% de la cuota empresarial por trabajador para las pequeñas y medianas compañías, y del 75%, para las grandes.La duración de la medida será de un año, y la jornada laboral oscilará entre 50% y el 75% de la habitual. Más difuso es el compromiso de revisar las cotizaciones de las empresas por accidentes de trabajo.
Se reabre la discusión sobre el despido
Otro punto para CEOE es el compromiso del Gobierno y de los sindicatos de reabrir la negociación sobre el despido por causas objetivas después de la firma del acuerdo. La patronal insiste así en sus propósito de modificar el reglamento de expedientes de regulación de empleo y dar mayor libertad a las empresas para poder prescindir de los trabajadores con 20 días de indemnización -ver EXPANSIÓN del 29 de enero-.
Derribar barreras en los convenios
El Pacto Social contiene una declaración de intenciones de la patronal y de los sindicatos en el que se insinúa que, a requerimiento de CEOE, habrá que discutir sobre el fin de la prórroga indefinida de los convenios colectivos, la llamada ultraactividad. Y, en segundo lugar, sobre la posibilidad de que las empresas puedan incumplir el salario del convenio del sector si situación económica es difícil.
Los despedidos podrán utilizar toda la vida laboral para calcular la pensión
El acuerdo establece que, por regla general, a partir del 1 de enero de 2013, el periodo obligatorio de cotización pasará, de manera paulatina en diez ejercicios, de 15 a 25 años. Es decir, en 2013 harán falta 16 años; 17 años, en 2014 y así, sucesivamente, hasta que en 2022, para calcular la cuantía de la pensión, harán falta 25 años de cotización.
Sin embargo, el acuerdo introduce una novedad sustancial respecto a lo conocido hasta ahora. “Los trabajadores despedidos podrán aplicarse periodos de cómputo más amplios [que los 25 años] para evitar perjuicios por la reducción de sus bases de cotización al final de su vida laboral”. El pacto no recoge límite alguno. Por lo tanto cabe pensar que, incluso, si le beneficia, el trabajador puede esgrimir toda su vida laboral. Y, por lo tanto, incluir más años de su vida laboral en el cálculo de la pensión.
Esta es una novedad importante porque tiene en cuenta la situación de quienes, al final de su vida laboral, sufren la prejubilación y la jubilación anticipada. En consecuencia, su cotización a la Seguridad Social es mínima con la consiguiente repercusión en su pensión del futuro. Con la reforma se permitirá a los trabajadores despedidos que incluyan más periodos de contribución cuando trabajaban para mejorar su pensión.
Esta es la razón de que, sobre todo UGT, haya aceptado la ampliación, más allá de los 25 años, del periodo obligatorio de cotización cuando, hasta ahora, se oponía radicalmente a toda reforma en este sentido. La razón de esta actitud es que, si un trabajador no es despedido la ampliación del periodo de cálculo a la cotización de los años en los que estaba empezando su carrera termina moderando la media y, por tanto, bajando la pensión del futuro. Es más, la Seguridad Social calcula que, en estos casos, ampliar el arco de 15 a 25 años, termina bajando la prestación un 10% en todo el periodo, a razón de un punto por año.
El paro sube en 130.930 personas en enero y supera los 4,2 millones de desempleados
El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en enero, tras el descenso registrado en diciembre, y sumó 130.930 nuevos parados respecto al mes anterior, el 3,2% más, lo que situó el número total de desempleados por encima de 4,2 millones, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En concreto, el volumen total de parados alcanzó en enero la cifra de 4.231.003 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España.
Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en 2010 el paro aumentó en 182.510 personas, lo que supone un 4,51 % más que en 2009.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha reconocido en un comunicado que la cifra es "negativa" y ha recordado que enero suele ser un mes malo para el empleo. No obstante, Rodríguez ha destacado que, gracias al acuerdo social alcanzado con sindicatos y empresarios, se va a poder atender mejor a las personas en desempleo, ayudándolas a estar mejor preparadas y dándoles protección económica.
El paro subió en enero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 78.879 nuevas paradas (+3,8%), frente a un incremento del desempleo masculino de 52.051 hombres (+2,5%), situándose el total de mujeres en paro en 2.125.764 y el de varones, en 2.105.239.
Los servicios acaparan el 80% de los nuevos parados
Por sectores, el paro subió en enero en todos ellos, pero sobre todo en los servicios, que acaparó más del 80% de los nuevos parados. Así, este sector registró en el primer mes del año 105.080 desempleados más (+4,4%). Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, que sumó 10.019 parados (+2,8%); la industria, con 8.266 desempleados más (+1,7%); la construcción, que registró 5.275 parados más (+0,7%), y la agricultura, con 2.290 desempleados más (+1,8%).
En cuanto a la contratación, en enero se registraron en el Inem un total de 1.116.019 contratos, un 6,2% más que en igual mes de 2010. De ellos, el 9,2%, es decir, 102.733 contratos, fueron de carácter indefinido, con un crecimiento del 8,6% en tasa interanual.
Cinco claves sobre los últimos datos del paro
Las última fotografía de la Encuesta de Población Activa, que mostraba un aumento de la tasa de paro del 20,3% a final de 2010, guarda más datos sorprendentes sobre la realidad del mercado laboral.
Aquí se muestran algunas de las conclusiones del Observatorio Laboral de la Crisis, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Este informe, que se elabora a partir de las estadísticas de la Encuesta de Población Activa, evalúa los flujos de entrada y salida al mercado laboral, en este caso durante el cuarto trimestre del año pasado.
1. El menor nivel de acceso al empleo durante la crisis:
"La actividad económica sigue muy debilitada". Se ve claramente en las cifras de acceso al empleo: de cada cien parados, sólo 23,5 encontraron un puesto de trabajo durante los últimos tres meses de 2010.
En el trimestre anterior, esta tasa alcanzaba las 25 personas, mientras que justamente un año antes ascendía a los 26,5. "Son las cifras más bajas desde el comienzo de la crisis", explica Sara de la Rica, una de las autoras del estudio, junto con Brindusa Anghel.
2. Las mujeres tienen más posibilidades de encontrar empleo:
Dentro de las dificultades que encontraron los parados para encontrar trabajo, fueron mayores para los hombres. El estudio revela que las mujeres desempleadas tuvieron un 25% de posibilidades de encontrar un empleo, frente al 22% de los parados.
3. Ser joven en el mercado laboral no es un regalo:
No sólo son uno de los colectivos que tiene más posibilidades de quedarse sin trabajo: los menores de 25 años duplican las pérdidas de empleo que el grupo de edad entre 25 y 34 años, con un 15% de probabilidad, y tienen un nivel de paro superior al 40%. Además, cuentan con mayores dificultades para colocarse: "Tener una edad comprendida entre 35 y 44 años duplica las opciones de acceder a un empleo con respecto al tramo de edad más joven –16-24 años-", asegura el informe.
4. Regreso al pasado en la pérdida de empleo:
La hemorragia del paro no ha parado. Lo muestran las cifras sobre el nivel de pérdidas de empleo, que han vuelto a los mismos niveles de un año antes, cuando la crisis más azotaba. De cada 100 ocupados en el trimestre anterior 4,4 han perdido su empleo entre octubre y diciembre, frente a los 3,9 del trimestre anterior. "Seguimos por tanto inmersos en una crisis económica que no parece haber tocado fondo", explica el informe.
5. Ladrillazo al mercado laboral:
A pesar del paso de los meses, el sector de la construcción sigue mostrando la peor cara de la crisis en el mercado laboral. Un 8% de los ocupados en este ámbito perdieron su puesto de trabajo, en línea con el tercer trimestre de 2010. "Esto indica que los ajustes necesarios para redimensionar este sector no han finalizado", explica De la Rica. Por el contrario, la tasa de destrucción de empleo en agricultura fue del 5% en el cuarto trimestre y de los servicios supera ligeramente el 4%.
El recorte de las pensiones impulsa los planes privados en las empresas
Muchas grandes compañías, pero no todas, tienen complementos de jubilación como gancho laboral. Con el recorte de las prestaciones públicas, los empleados mirarán con lupa estos incentivos.
La reforma en las pensiones públicas y su progresivo empobrecimiento van a poner a prueba los sistemas complementarios en las empresas. Además de los planes privados de pensiones, figuran los sistemas de empleo, en los que una empresa realiza, de su bolsillo, aportaciones a una hucha para el trabajador en función de un porcentaje de su sueldo (ingreso definido).
La mayoría de las grandes empresas cotizadas, como Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Repsol, Iberia, Telefónica, Santander y BBVA, tiene estos planes, pero otras, como Inditex, Ebro Foods o muchas de las constructoras, carecen de ellos. En España, existen 2,17 millones de trabajadores activos con estos complementos, frente a los 17,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social que están ocupados. Es decir, que sólo el 12,4% de los empleados disponen de estos complementos.
Estos planes empresariales forman parte de los beneficios sociales que la compañía utiliza para atraer, retener o incentivar trabajadores y talento. En el pasado, han contado con poca atención, pero ahora adquieren más relevancia que nunca.
Sueldo y bonus
Begoña Benito, consejera de la consultora Mercer, asegura que “antes, se preguntaba por el sueldo fijo y por el valor del bonus. Ahora, se habla de todos los conceptos y, en función del sector y la empresa, contemplar los planes de pensiones es decisivo en la contratación”.
Jaime Nieto, director de Towers Watson, explica que las pensiones siempre han sido difíciles de explicar. Por eso, los empleados no les han prestado atención hasta ahora. Pero el hecho de que las menguantes pensiones públicas sean actualidad, unido a la proliferación de planes de retribución flexible, en los que el profesional decide los ingredientes de su compensación, contribuyen a que aumente su interés.
Carlos Delgado, socio director de Compensa, explica que “los sistemas de previsión siempre han existido, pero pocos profesionales los valoraban; ahora, se empiezan a apreciar”. Las empresas se han dado cuenta de que “suponen un elemento para atraer a los mejores”.
Jaime Sánchez, director de previsión social de Endesa, resalta que el plan de pensiones que la eléctrica ofrece a todo su colectivo laboral es uno de los pilares de los beneficios sociales. Y recuerda que ese programa, que gestiona Ibercaja, fue premiado como el mejor fondo de pensiones en España en 2009.
Pese a todo, no hay un modelo estándar, ni un sector más propenso que otro a implantar estos sistemas, aunque destaca la industria constructora por la ausencia de planes complementarios. En los planes de las empresas existen denominadores comunes, como la aportación definida (cantidad periódica fija), que es habitual porque reduce riesgos (las aportaciones son conocidas y determinan futuras prestaciones). En la banca, tanto Santander como BBVA cuentan con aportaciones periódicas pactadas para las pensiones de sus empleados. Éstas ascendieron a unos 15 y 39 millones de euros en 2009, respectivamente, según sus memorias anuales.
Sergi Pérez, socio director y responsable de servicios de compensación en España de Hay Group, resalta que no todos los profesionales tienen una aportación tan generosa como los directivos y, entre éstos, hay diferencias.
“La proporción de ejecutivos con un plan se ha incrementado hasta el 80% en las cotizadas”, explica. Ahora bien, “si en los miembros del comité de dirección está entre el 8% y el 14%, en el caso de la alta dirección puede llegar hasta el 25% de su retribución”, dice. Pérez no cree que, a medio plazo, la reforma en pensiones públicas suponga un aumento de las empresas con planes de pensiones. Pero sí prevé un aumento del porcentaje de aportación sobre la retribución fija en las que se contemple este ingrediente retributivo.
2,17 millones de afortunados con un plan extra
En 2010, España sumaba 1.903 planes de pensiones empresariales, o sistemas de empleo, según datos de la asociación Inverco. El número de partícipes ascendía a 2.171.021, cifra récord que supone un 12,7% más que diciembre de 2009. El crecimiento es muy superior a los fondos de pensiones individuales, con 8,5 millones de partícipes, apenas un 0,8% más. El patrimonio llegó a los 31.238 millones, tras la aportación neta de 330 millones (1.623 de aportación bruta, menos 1.292 millones de prestaciones). La rentabilidad se sitúa por encima de la media, con un 6,26% a 20 años, frente al 5,28% de todos los fondos.
Los despedidos podrán calcular su pensión con un periodo superior a 25 años
Los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral podrán ampliar el periodo de cómputo para calcular su pensión más allá de los 25 años que estipula la reforma de las pensiones, para "evitar perjuicios" por la reducción de sus bases de cotización durante su inactividad.
De esta forma consta en el documento del pacto económico y social al que ha tenido acceso Efe y que ratificarán Gobierno y agentes sociales en La Moncloa sobre la reforma de las pensiones y que señala que por ley dicho período de cómputo pasará de los 15 años actuales a 25.
Además, el texto definitivo añade otra salvedad y dice que en el caso de existir lagunas de cotización éstas se completarán de la siguiente forma:
Las correspondientes a los primeros dos años, con la base mínima de cotización y las que exceden de 24 meses con el 50 % de la misma.
Adicionalmente, la Seguridad Social arbitrará fórmulas que reconozcan los periodos cotizados de los 24 meses anteriores al cómputo para rellenar las lagunas de cotización.
El documento del acuerdo también detalla los incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 o de los 67 años dependiendo de las carreras de cotización. De esta manera si el trabajador quiere seguir en activo después de los 67 años y ha cotizado menos de 25, la bonificación anual será del 2%, mientras que si ha cotizado entre 25 y 37 años el incentivo aumenta al 2,75%.
Incentivo del 4%
Para los trabajadores que al llegar tanto a los 65 como a los 67 años ya hayan completado su carrera de cotizaciones el incentivo será del 4%. Asimismo, la reforma de las pensiones también introduce, tal como estaba previsto, a los trabajadores por cuenta ajena del Reass (Régimen Agrario) en el General, a través de un sistema que equipara las prestaciones y que se habilitará de forma progresiva. Además, no descarta la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar en el General y añade que se revisará durante la tramitación parlamentaria de la reforma.
También deja abierta la posibilidad de establecer "posibles escenarios de financiación complementaria" al sistema de la Seguridad Social en el medio y largo plazo, ya que el documento indica que el Gobierno y los agentes sociales lo examinarán tras ser una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Evaluación de los costes
Sobre las cuotas sociales por contingencias profesionales de Seguridad Social establece que durante cinco años se procederá a una evaluación anual de los costes de las prestaciones así como de los costes de gestión para ajustar las cotizaciones profesionales a las necesidades de la coyuntura económica.
De esta forma las Mutuas y la Seguridad Social desarrollarán programas y criterios de colaboración para controlar de forma eficaz los costes derivados de las bajas laborales de duración inferior a 15 días. Finalmente, el texto no fija una única edad legal exclusiva de jubilación sino que puntualiza que la jubilación por ley se sitúa en "un intervalo" entre los 63 y los 67 años, vinculando la jubilación a los 65 años a carreras de cotización de 38,5 años y la de los 67 a carreras de 37 años, para poder acceder a la pensión íntegra.
Asimismo, indica que la jubilación anticipada se fija en los 63 años y en los 61 cuando se produzcan situaciones de crisis. No obstante el documento reafirma que estas condiciones de jubilación anticipada no afectarán a las personas que hayan suspendido su relación laboral antes de la firma del acuerdo.
El fondo para el despido se regulará antes del 18 de junio
El Gobierno aprobará antes del 18 de junio el proyecto de Ley que regulará la constitución del fondo de capitalización del despido -inspirado en el modelo austríaco y previsto en la reforma laboral-, previa consulta y negociación con la patronal y los sindicatos CC.OO. y UGT.
Este es uno de los compromisos recogidos en el pacto económico y social suscrito por el Gobierno y los agentes sociales, al que ha tenido acceso Efe. Los firmantes del pacto han acordado que el futuro fondo de capitalización no supondrá un incremento de las cotizaciones empresariales, pero el texto no aclara si el fondo se constituirá sólo con la aportación de las empresas o habrá también alguna aportación estatal.
De esta forma, los trabajadores contarán con un fondo que pueden utilizar en supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. El fondo se mantendrá a lo largo de toda la vida laboral del trabajador y por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año trabajado por determinar.
En virtud del acuerdo suscrito, se creará un grupo de expertos integrado por seis miembros que serán consensuados por los firmantes del pacto. Dicho grupo analizará el funcionamiento de instituciones similares que existen en otros países y su posible adaptación al sistema español de relaciones laborales, con el objeto de dar "mayor estabilidad en el empleo y una más sana movilidad laboral".
El grupo de trabajo tendrá que pronunciarse, entre otras cosas, sobre el tipo de institución más adecuada para la gestión del fondo, los aspectos relacionados con su financiación o su aplicación a todos los contratos de trabajo vigentes y futuros. Asimismo, deberán estudiar si se configura como un nuevo derecho de capitalización individual para los trabajadores o como un derecho relacionado con los costes de extinción del contrato de trabajo.
Las conclusiones del grupo de trabajo servirán al Gobierno para elaborar el proyecto de ley, previa consulta con las organizaciones patronales y sindicales firmantes del pacto.
Trabajo bonificará la contratación en las jóvenes pymes innovadoras
El gran pacto social que rubricarán hoy Gobierno, sindicatos y patronal incluye un paquete de medidas para dinamizar los sectores industrial, energético y de I+D+i. La más llamativa de ellas es bonificar las cotizaciones por contratación a empresas emergentes intensivas en innovación.
Se han cumplido los tiempos previstos y además se han superando las expectativas. Gobierno, sindicatos y patronal lograron cerrar pasada la medianoche del lunes el Acuerdo Social y Económico en el que llevan trabajando a contrarreloj durante semanas. Justo a tiempo para que a lo largo del día de ayer fuese aprobado por los respectivos órganos de gobierno de UGT, CC OO, CEOE y Cepyme de cara a la rúbrica pública de hoy en la Moncloa.
Un acuerdo que los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), ven posible gracias a la "presión" ejercida sobre el Ejecutivo por la huelga del 29 de septiembre. Toxo y Méndez tacharon también de "imprescindible" la buena disposición del PP durante todo el proceso negociador.
Además de cerrar los flecos pendientes en las materias más sensibles del acuerdo -reforma de pensiones y políticas activas de empleo-, las partes consiguieron incluir en el texto final una batería de medidas destinadas a impulsar las políticas industrial, energética y de I+D+i. Sectores éstos sobre los que se debe fundamentar el nuevo modelo productivo planteado en la Ley de Economía Sostenible -actualmente en el Senado-, según apuntó el lunes la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez.
La medida más llamativa del paquete es el impulso a la creación y consolidación de empresas intensivas en I+D+i a través de un estatuto de "joven empresa innovadora". El secretario general de Innovación, Juan Tomas Hernani, subraya a CincoDías que el desarrollo de ese estatuto se comprometerá en la nueva Ley de la Ciencia, aún en tramitación, y que supone un espaldarazo de sindicatos y patronal al trabajo del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Hernani confirma que quedan por negociar con Hacienda los aspectos que definirán lo que es una joven empresa innovadora, como el porcentaje de facturación o las horas de trabajo destinadas a I+D, así como la rebaja en las cotizaciones sociales que se podrán aplicar y durante cuánto tiempo. Ese estatuto también contempla beneficios fiscales, todavía por determinar. Asimismo, el documento contempla la creación de un nuevo Fondo de Capital Riesgo, en el que participan el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente de Ciencia, y el ICO, dotado con 300 millones de los que se podrán beneficiar esas compañías.
Respecto al plan de choque para generar empleo, al Acuerdo establece que la bonificación a los contratos parciales se extenderá durante un año, ampliable a más tiempo si así lo deciden las partes. Lo mismo pasa con la ayuda de 400 euros para jóvenes parados sujeta a actividades de formación: su duración será de seis meses también prorrogables.
Las políticas activas de empleo se reordenarán en torno a la figura de los Acuerdos Personales de Empleo, basados en itinerarios personales para los parados. Asimismo, se elaborará una estrategia global para el empleo de los trabajadores de entre 55 y 64 años.
En materia de pensiones, el acuerdo deja por escrito el compromiso de las partes de resolver los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las profesiones penosas y el encaje que se le dará a los regímenes especiales (autónomos y trabajadores del hogar).
Primacía de los convenios colectivos de empresa
Otro de los puntos del pacto son los criterios básicos sobre los que transcurrirá la reforma de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. El documento, que fija la fecha límite para la consecución de la reforma en el 19 de marzo, hace constar que "la negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de innovación y adaptación de contenidos". Tanto CC OO y UGT como la patronal están dispuestas a reducir la tipología de convenios y a potenciar los del ámbito de la empresa sobre los nacionales, provinciales, sectoriales y autonómicos. A las partes les queda un largo proceso por delante para poder alcanzar un acuerdo. Desde la patronal se insiste en eliminar la ultraactividad de los convenios, esto es, su prórroga en caso de que hayan expirado y aún no se hayan acordado los nuevos. "Es necesario dinamizar la negociación colectiva, respecto a los procesos negociadores y a los contenidos, así como en la supresión de los que no deban tener continuidad", lee el texto del acuerdo. Otra tarea pendiente, esta vez a negociar entre Gobierno y sindicatos, es el tratamiento de cuestiones relativas a la Función Pública. Así, las partes se comprometen a revisar el régimen de clases pasivas, desarrollar el Estatuto del Empleado Público y a evaluar otros acuerdos alcanzados en su día en lo tocante al funcionariado.
Pensiones
Más de 25 años de cálculo para parados
Los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral podrán ampliar el periodo de cómputo para calcular su pensión más allá de los 25 años que estipula la reforma de las pensiones, con el fin de "evitar perjuicios" por la reducción de sus bases de cotización durante su inactividad, según el pacto alcanzado. El período de cómputo pasará con carácter general de los 15 años actuales a 25 años.
El seguro asumirá las normas de solvencia de forma gradual
Como a la banca, Bruselas da margen de maniobra al seguro. La Comisión Europea (CE) admite la adopción de periodos transitorios para asimilar los nuevos requisitos de capital en el sector (Solvencia II). Esta norma deberá ser incorporada a las legislaciones nacionales antes del 1 de enero de 2013.
Sin prisa pero sin pausa. La CE ha permitido al seguro adoptar la directiva sobre cálculos de requisitos de capital y medición del riesgo (Solvencia II) de manera gradual, en lugar de asimilarla de la noche a la mañana. El mes pasado, el Ejecutivo comunitario publicó una propuesta legislativa (directiva Ómnibus II) donde reconoce la necesidad de establecer requisitos transitorios.
Bruselas argumenta que la aplicación "del nuevo régimen de solvencia debe realizarse sin sobresaltos, ha de evitarse toda perturbación del mercado y conviene tener en cuenta las repercusiones para toda la gama de productos de seguros importantes".
El régimen de Solvencia II es un proyecto iniciado en el seno de la UE para que las aseguradoras operen con un nivel de viabilidad adecuado. Según Unespa, la patronal española del seguro, "su objetivo principal consiste en mejorar el control y medición de los riesgos (de mercado, operacionales, de crédito y de liquidez) a los que están expuestos las compañías".
Michel Barnier, comisario de Mercado Interior, presentó el pasado 19 de enero el texto donde se establece definitivamente que la entrada en vigor de Solvencia II será el 1 de enero de 2013. Para entonces, todos los países miembros deberán haberla adoptado. España tiene previsto transponer los nuevos requisitos de capital a través de la nueva Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (LOSSP). Este texto iniciará su tramitación parlamentaria el próximo julio.
Pruebas de calibración
Las aseguradoras europeas están siendo sometidas a varios exámenes de calibración que permitan dilucidar la carga de los requisitos incorporados a Solvencia II. Precisamente, la directiva Ómnibus del mes pasado propone ganar tiempo para aprovechar la información recabada por el quinto estudio de impacto (QIS 5), que marcará con razonable fiabilidad la idoneidad de las exigencias impuestas a las compañías.
El abanico de materias que aceptarán un periodo transitorio de adopción por parte de las entidades aseguradoras es amplio. Entre estas figuran la valoración de activos, el gobierno corporativo, la información presentada a los supervisores, la clasificación de los fondos propios, los métodos para calcular las provisiones técnicas y el establecimiento de la fórmula estándar de cálculos de requisitos de capital pensada para las compañías que rehusen operar con un modelo interno.
En todo caso, la CE aclara que los requisitos transitorios no pueden ser aprovechados para "dar un trato más favorable a las aseguradoras o una menor protección a los tomadores de las pólizas".
Transición
Materias a adoptar de forma gradual
-Valoración de activos y pasivos.
-Información presentada por las compañías a los organismos supervisores.
-Clasificación de los fondos propios.
-Cálculo de la fórmula estándar sobre requisitos de capital para el sector.
-Prácticas de gobierno corporativo.
-Elección de métodos e hipótesis para calcular las provisiones técnicas.
Al trabajo se va en metro, pero sólo si paga la empresa
Tras la reforma del IRPF, las compañías pueden incluir un nuevo beneficio social para sus empleados: la tarjeta transporte, que permite pagar hasta 1.500 euros al año en desplazamientos a través de la nómina.
El coche es el medio estrella para ir a trabajar en España, salvo en Barcelona y Madrid, donde más de la mitad de la población activa utiliza el transporte público para ir a la oficina, según datos de la consultora Sodexo Soluciones de Motivación. El principal motivo para utilizar el vehículo familiar es la rapidez en los desplazamientos, aunque prácticamente el 73% de la población estaría dispuesta a plantearse utilizar otros medios de transporte, como el metro, si fuera la empresa quien corriera con los gastos.
Gracias a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que entró en vigor el 1 de enero de este año, las compañías pueden incluir un nuevo beneficio social más en sus paquetes retributivos: la tarjeta transporte. Este sistema funciona igual que los tíckets restaurante o el cheque guardería, es decir, el empleado utiliza parte de su sueldo para pagar otro servicio, pero lo hace a través de su nómina, por lo que se ahorra en el IRPF, ya que esta fórmula de compensación cuenta con importantes incentivos fiscales.
Si bien el objetivo del Gobierno es contribuir a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y evitar los atascos en las entradas de las ciudades en horas punta, el beneficio para los trabajadores es un ahorro anual cercano a los 300 euros en billetes de transporte público, mientras que para las empresas es un mecanismo más para subir el sueldo a sus trabajadores sin incrementar sus costes.
Las primeras
Durante el primer mes, prácticamente ninguna compañía española ha adoptado esta medida, debido, sobre todo, a la falta de información. Algunas firmas especializadas en servicios de compensación, como BM Plan, ya han empezado a comercializar una tarjeta transporte, mientras que otras, como Sodexo o Edenred, están a punto de hacerlo.
“La realidad es que las empresas no tienen claro a día de hoy el modelo que se plantea con la legislación recién aterrizada. Hay que tener en cuenta, además, que muchas de ellas están trabajando con planes de retribución flexible recién cerrados porque a corto plazo no se lo plantean incorporarlo”, explica Óscar Massó, director de Comunicación y Márketing de Sodexo Soluciones de Motivación.
El plazo para aclarar las dudas no puede ser superior a los seis meses, ya que es a mediados de año, antes de las vacaciones estivales, cuando los departamentos de recursos humanos acostumbran a revisar sus políticas retributivas e incorporar nuevos beneficios sociales.
La primera regla que establece la reforma es que la ayuda al transporte se haga a través de un medio de pago electrónico (tarjeta monedero), y no utilizando cheques o tíckets, como ocurre con el pago de restaurantes o guarderías. La cantidad máxima de billetes que un trabajador puede adquirir utilizando este sistema es de 1.500 euros anuales, que estarían exentos de pagar el IRPF.
Si una persona cobra su nómina (a la que se le habrá descontado, de media, entre un 15% y un 20% de IRPF) y con su propio dinero compra un abono transporte, que cuesta 50 euros mensuales, si lo hiciera con la tarjeta transporte el precio seguiría siendo el mismo, pero, al descontarlo de su nómina antes de cobrarla, se ahorraría alrededor de 10 euros en cada compra. Al tratarse de transporte público, se puede incluir el viaje en metro o autobús hasta el trabajo, pero también un desplazamiento en tren o en avión. Como el importe máximo que puede pagar la empresa son 1.500 euros, el ahorro total para el empleado no superará los 300 euros anuales aproximadamente.
La tarjeta también es un instrumento de control del fraude, porque la cantidad que las compañías destinan a este sistema sólo puede ser utilizada para la compra de títulos de transporte, apunta Guillermo Pérez, director de BM Plan.
Sin embargo, la ley todavía tiene algunas lagunas, que está haciendo que su implantación en las empresas sea lenta. Manuel Asla, director de Márketing de Edenred, explica que el principal matiz que necesita un desarrollo está relacionado con la red de puntos de venta donde se acepta el pago con esta tarjeta. Según datos de Sodexo, la mayoría de los ciudadanos compra sus billetes o abonos en estancos, por lo que Asla se pregunta cómo puede asegurarse que la tarjeta no se utiliza para comprar tabaco en lugar de un billete.
Obstáculos
Otras dudas que surgen, en las que también coincide Óscar Massó, es en cómo interferirá fiscalmente la tarjeta transporte con otras ayudas similares que ya tienen algunas compañías. Desde Sodexo y Edenred, se calcula que entre el 18% y el 28% de las empresas españolas tienen algún tipo de incentivo al transporte, en algunos casos, regulados por convenios colectivos, y cuyos pagos son deducibles por las empresas en los pagos a la Seguridad Social.
También existe un problema en la interpretación de qué se considera transporte colectivo. Si bien no hay dudas respecto al metro o el autobús, no queda tan claro, por ejemplo, en el caso de un catamarán de servicio público marítimo que une Rota y Cádiz.
A la espera de que se solucionen las fisuras fiscales, las firmas de compensación ya están ofreciendo este nuevo beneficio social entre sus clientes. BM Plan confía en que, a finales de 2011, más de 500 empresas, es decir, la mitad de su cartera de clientes, utilice ya este sistema.
Cómo funciona la tarjeta transporte emitida por una empresa
1. Se trata de una forma de pago digital, como una tarjeta monedero, que el empleado sólo puede utilizar para desplazamientos.
2. Las empresas no pueden destinar más de 1.500 euros anuales por empleado a financiar los billetes en transporte público.
3. El trabajador no podrá gastar cada mes más de 136 euros. Se puede utilizar en cualquier sistema de desplazamiento colectivo.
4. El empleado recarga la tarjeta a través de su nómina, por lo que esta cantidad quedará exenta de tributar en el IRPF.
Standard & Poor's y el ISM de EEUU acercan al Ibex 35 a los 11.000 puntos
Standard & Poor's y un buen dato del ISM Manufacturero en Estados Unidos han servido de apoyo para un serio acercamiento a los 11.000 puntos del Ibex 35.
Tras la recogida de beneficios de ayer por parte de muchas bolsas europeas éstas comenzaron la sesión en positivo cotizando los buenos datos corporativos y las perspectivas de continuidad de la recuperación económica estadounidense, pues se esperaba un buen dato del ISM Manufacturero de enero. Egipto parece haber pasado a la historia en lo que a las finanzas se refiere y no surgen nuevas tensiones sobre la deuda soberana europea. En este sentido, la agencia de calificación financiera Standard & Poor's ha reiterado el 'rating' de la deuda soberana de España por las reformas y la consolidación fiscal. Con todo este panorama, el Ibex 35 ha ganado un 1,5% para irse hasta los 10.967,9 puntos.
Gracias a esta última noticia, la prima de riesgo de los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes se ha situado por debajo de los 200 puntos básicos. En concreto, en los 195 puntos básicos, con el bund ofreciendo una rentabilidad del 3,22%.
Entre las referencias dela jornada destacan los resultados mejores de lo esperado de Infineon (que mejora previsiones para el conjunto del año) y de ARM, gracias a la fortaleza de la demanda de iPhones. También BP ha publicado sólidos resultados en el cuarto trimestre de 2010 y ha anunciado que volverá a repartir dividendos, después de tres trimestres habiéndolos suspendido por el vertido del Golfo de Méjico. Deutsche Bank es de los pocos que sorprende negativamente, registrando una fuerte caída del beneficio como consecuencia de los costes asociados a la compra de Deutsche Postbank y Oppenheim, quedándose por debajo de lo esperado.
En España dos son los protagonistas del día: Enagás por haber publicado sus cuentas en línea con lo estimado, y Banco Sabadell, suspendido en la apertura, tras anunciar la emisión de 126,4 millones de acciones para alcanzar un core capital del 8,8% y la recompra de 1.500 millones de euros de deuda.
En el sector financiero, hemos sabido que BanCaja Madrid ha provisionado el 100% de los créditos morosos de constructores y promotores de forma que su valor contable asciende a 10.240 millones de euros. Ha anunciado que saldrá a bolsa antes de otoño con el objetivo de alcanzar un core capital del 8% frente al 7,04% actual. Además, la operadora asiática China Unicom, participada por Telefónica, ha anunciado que su beneficio atribuible se reducirá un 50% en 2010.
Lidearon las subidas del Ibex 35 los títulos de Acciona, con alzas de más de cuatro puntos porcentuales, seguidos por los de BBVA, FCC y Enagás, con más de tres puntos. Cerraron el selectivo, los más de cuatro puntos porcentuales que cedió Sabadell.
Por último, en EEUU, UPS publicó unos resultados mejores de lo esperado, y Pfizer y McGraw-Hill, por debajo de lo que se esperaba.
La otra clave de la jornada era macro. El ISM Manufacturero de enero subió hasta los 60,8 puntos desde los 58,5 anteriores y frente a los 58 previstos, su nivel más alto desde 2004. Por otro lado, el gasto en construcción bajó un 2,5% durante el mes de diciembre desde la caída del 0,2% de noviembre y frente a una previsión del 0,1%.
Desde la vertiente europea, el PMI de manufacturas en España se incrementa en enero hasta los 52 puntos. Desde Alemania, la tasa de paro cae una décima en enero hasta el 7,4%. En cuanto a la confianza del sector manufacturero, mejora en el Área euro y se sitúa en 57,3 puntos. La tasa de paro en el Área euro para el mes de diciembre, se mantiene estable en el 10%.
La paridad euro/dólar se sitúa en las 1,379 unidades, un 0,76% a favor de la moneda única. Mientras, en el mercado de materias primas, el contrato de futuros sobre el brent con próximo vencimiento tiene un precio de 101,3 dólares, un 0,35% al alza, en tanto que la onza de oro al contado cerró en los 1.331,5 dólares, una subida del 0,63%.
Wall Street sube el 1,25% y el Dow Jones cierra por encima de 12.000 puntos
La Bolsa de Nueva York cerró hoy en positivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, acabó con un ascenso del 1,25% la primera jornada de febrero, lo que le permitió por fin conquistar la cota de los 12.000 puntos.
Al final de esta segunda sesión de la semana, todos los grandes índices de Wall Street acumulaban subidas diarias de más de un punto porcentual, entre ellos el Dow Jones, que escaló durante el día 148,23 enteros para terminar a 12.040,16 unidades.
Durante la semana pasada, este índice ya había superado en más de una ocasión los 12.000 puntos, pero siempre de forma momentánea y sin ser capaz de cerrar por encima de esa cota, perdida en 2008 con la crisis financiera.
El selectivo S&P 500 también subió un 1,67%, ya que ascendió 21,47 unidades y cerró a 1.307,59 puntos; al tiempo que el índice compuesto que mide la evolución del mercado tecnológico Nasdaq escaló 51,11 puntos (1,89%), para situarse en 2.751,19 enteros.
Estos decididos avances se empezaron a notar desde el inicio de la sesión, gracias a la difusión de buenos resultados empresariales, aunque se reforzaron cuando poco después se conoció que el sector manufacturero de Estados Unidos acumuló en enero 18 meses consecutivos de crecimiento, según el Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Esa noticia ayudó a los inversores a dejar a un lado las preocupaciones sobre la estabilidad en Oriente Medio, pese a que en Egipto seguían las protestas, así como a compensar la decepción de que el gasto en construcción en Estados Unidos disminuyera el 2,5% en diciembre, su segunda caída mensual consecutiva.
Además, a medida que se empezó a difundir que el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, tenía previsto anunciar de un momento a otro que no se presentaría a las próximas elecciones -algo que hizo finalmente instantes después del cierre del marcado- los inversores ganaban confianza y las subidas se acentuaban.
En el ámbito estrictamente empresarial, la protagonista del día en el Dow Jones fue Pfizer, la mayor farmacéutica del mundo, que fue la que más subió, con un importante avance del 5,49%, después de anunciar que de octubre a diciembre de 2010 casi cuadruplicó su beneficio respecto al mismo periodo de 2009, hasta alcanzar 2.890 millones de dólares (36 centavos por título).
Fuera del Dow Jones, algo parecido ocurrió con la mayor empresa de mensajería del mundo, UPS, que se apreció hoy un 4,15%, tras anunciar que ganó 3.488 millones de dólares (3,48 dólares por acción) en 2010, un 62,1% más que el año anterior.
La empresa automovilística General Motors (GM) anunció que sus ventas aumentaron en enero un 21,8% anual en Estados Unidos, lo que no impidió que cerrara con un descenso del 0,11% en el precio de sus acciones.
La otra gran fabricante de automóviles cotizada en Nueva York, Ford, que la semana pasada hizo público que en 2010 obtuvo sus mejores resultados en una década, también bajó hoy, en concreto un 0,38%.
Aparte de Pfizer, las empresas que más subieron este martes dentro del Dow Jones fueron el banco Bank of America (4,22%), el fabricante de aluminio Alcoa (4,53%), la petrolera Exxon Mobil (4%) y el grupo industrial General Electric (3,28%).
También subieron más de un punto porcentual otros pesos pesados de la economía estadounidense que integran el Dow Jones como el grupo de entretenimiento Walt Disney (2,6%), la farmacéutica Merck (2,5%), la financiera JPMorgan Chase (2,2%) y la química DuPont (1,93%).
Integraban también ese grupo las operadoras de telecomunicaciones Verizon (1,82%) y AT&T (1,27%), las tecnológicas HP (1,82%) y Cisco (1,51%), el grupo de productos de consumo Johnson & Johnson (1,44%), la petrolera Chevron (1,36%) y el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar (1,03%).
El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing también formaba parte de ese grupo con un avance del 1,17%, después de haber anunciado hoy que trabaja en una mejora de su oferta para lograr el contrato de aviones cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por el que compite también la europea EADS.
Tan sólo tres de los treinta componentes del Dow registraron hoy descensos: la cadena de comida rápida McDonald's (-0,27%), el grupo industrial 3M (-0,15%) y el grupo de productos de consumo Procter & Gamble (-0,33%).
El Nikkei cierra con una subida del 1,78%
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subió hoy al cierre 182,86 puntos, o el 1,78 por ciento, hasta situarse en 10.457,36 puntos. El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, también ganó 16,12 puntos, el 1,76 por ciento, hasta 929,64.
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