Gobierno, patronal y sindicatos logran un pacto social
El Gobierno, la patronal CEOE-CEPYME y los sindicatos CC OO y UGT llegaron a última hora del lunes "a un acuerdo social" que será ratificado hoy por los respectivos órganos de dirección.
Según ha informado esta noche el ministerio de Trabajo, el texto definitivo del acuerdo en materia de pensiones y en los principios básicos de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo se dará a conocer una vez haya sido ratificado.
Para el Gobierno, este será el acuerdo más importante suscrito desde que en 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, dijo hoy el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que invitó a la oposición a sumarse al acuerdo.
El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró también confiado en que el PP se sume a dicho pacto, ya que cree sería "realmente insólito" que actuase de otra forma un partido que pretende ser alternativa de Gobierno.
Los secretarios de Acción Sindical de CC OO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, reconocieron que se trata de un acuerdo importante, pero no le dieron la relevancia de los Pactos de la Moncloa o del Pacto de Toledo de 1995, unos acuerdos que calificaron como más políticos y desarrollados en un contexto diferente.
Según Ferrer, se dan las "condiciones necesarias" para que mañana se cierre el gran pacto económico y social, mientras que la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, dijo que hay un principio de acuerdo en todos los temas que conformarán el acuerdo, aunque todavía quedan flecos pendientes, entre otras cuestiones en el desarrollo de la reforma laboral.
Sobre este asunto en concreto, la CEOE insistió hoy en la necesidad de revisar el concepto de "pérdidas económicas coyunturales" para poder justificar el despido colectivo en causas objetivas, aunque no será un condicionante para la firma del pacto.
Pensiones nuevas para problemas viejos
A última hora, pero ha habido acuerdo. El Gobierno ha podido ampliar la edad de jubilación a los 67 años con el visto bueno de los agentes sociales en una reunión que se prolongó hasta pasadas las cuatro de la mañana y que ha permitido llevar al Consejo de Ministros los ejes del anteproyecto de ley aprobado el viernes. Así, la semana que viene José Luis Rodríguez Zapatero podrá presentar a la canciller alemana, Angela Merkel, la reforma de las pensiones que ha preparado y que, según reconocen la mayoría de los expertos consultados, responde más a las exigencias de Bruselas y de los mercados financieros internacionales que a la propia sostenibilidad económica del sistema. Será una de las mayores reformas de las pensiones llevadas a cabo en nuestro país.
Claro que la sostenibilidad del sistema está más que comprometida como consecuencia del envejecimiento de la población. En España, en Europa y en buena parte de los países de la OCDE. Las previsiones son elocuentes: los mayores de 65 años, que hoy representan el 16% de la población, serán el 32% en 2050, según los datos del INE. Lo que quiere decir que si actualmente existen 3,8 personas en edad de trabajar por cada jubilado, a mediados de siglo serán solo 1,8 cotizantes por cada pensionista. Los números se darán la vuelta.
Y, por el camino, llegó la crisis económica. El momento en que la mayoría de los países de nuestro entorno han tenido que emprender recortes en el Estado del bienestar. Y las pensiones son uno de sus máximos exponentes. Como en el caso español, en general, han elevado la edad de jubilación, han aumentado los periodos de cotización para percibirla y han limitado las jubilaciones anticipadas. En resumen, han optado por unas pensiones menos generosas que las anteriores, como diría el Banco de España.
"La reforma va en la buena dirección y servirá para tranquilizar a los mercados", opina el profesor titular del departamento de Economía de Esade, Josep Comajuncosa. "Su objetivo es reducir el gasto de las pensiones, dada la evolución de la población. Hoy se gasta el 8% del PIB, pero las previsiones indican que en 2050 requeriremos el doble de gasto. El único método es rebajar la pensión, disminuir el ratio entre la pensión media y la contribución que uno hace al sistema a lo largo de su vida laboral. De entrada es una reducción de las pensiones, no podemos llamarlo de otra forma. Pero si el crecimiento económico acompaña y generamos más rentas puede que la prestación mejore a largo plazo. Por eso hay que simultanear la reforma de las pensiones con otras reformas que permitan que la economía se recupere", explica.
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, tiene claro que tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal (y que el PP parece dispuesto a apoyar), "las instituciones internacionales que aprietan al Gobierno español para acometer reformas estarán satisfechas". El problema es, a su juicio, que el anteproyecto de ley "hace recaer todo el coste sobre los trabajadores y no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo, por lo que requerirá nuevas reformas".
Y ese es el compromiso del Gobierno, revisar periódicamente el sistema para adecuarlo a sus requerimientos. A partir de ahora el Pacto de Toledo podrá realizar modificaciones en las pensiones cada cinco años, ha dicho el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
El Gobierno no ha calculado todavía cuál será el impacto en los ingresos y los gastos de la reforma, según el ex ministro de Trabajo y miembro de la ejecutiva del PSOE, Jesús Caldera. Lo hizo cuando su pretensión era la de alargar dos años la edad de retiro y de 15 a 25 el periodo de cómputo para establecer la pensión. Con esos supuestos se ahorraba dos puntos del PIB en pensiones, es decir, unos 40.000 millones de euros en 2030. Una cifra que, a tenor de los cambios introducidos por los sindicatos, se verá previsiblemente recortada.
Pero, ¿cómo se verá afectado el ciudadano de a pie por los cambios? Aunque todavía es pronto para conocer la repercusión que el anteproyecto de ley tendrá sobre las pensiones que cobran, algunos estudios realizados antes de conocer todos los extremos del texto apuntaban a que la rebaja en la prestación que recibirán los futuros jubilados oscilará entre el 5% y el 20%. Y la pensión media en España está en 905,94 euros. Ahora, según Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, el 15% de recorte que vaticinaba el sindicato con la primera propuesta del Ejecutivo, "será mucho menor, aunque reducción habrá". Así lo cree también Zubiri, que establece el descenso, al final del proceso, en el 10%.
Igual que ha sucedido en países como Alemania, Francia o Reino Unido, la reforma afectará sobre todo a las rentas más bajas. "Perjudicará a casi todo el mundo porque es en los últimos años de las carreras profesionales cuando más suelen aumentar los salarios y cada año que se alargue la base reguladora cuesta un 1% de la pensión", mantiene el catedrático de Hacienda Pública del País Vasco.
Aunque Jesús Caldera afirma tajante: "No se van a reducir las pensiones. Dependerá de cómo evolucionen los salarios y la economía en el futuro. Hay que ver el sistema en su conjunto". Y reconoce que la mayor incidencia que la reforma tendrá es en términos de confianza económica. "Despejará dudas sobre nuestra economía y abaratará la deuda pública", asevera.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha destacado que la reforma se basa en la gradualidad para que sus efectos se diluyan en el tiempo y se mitigue el impacto en las pensiones. Y ha recalcado que no afecta a los pensionistas actuales de forma alguna. "Solo será para los nuevos pensionistas y para los cotizantes del futuro". Entrará en vigor en 2013 y su transitoriedad durará hasta 2027, cuando se retiren los primeros pensionistas con 67 años.
- Edad de jubilación
A partir de 2013 los españoles que cuenten con 38 años y seis meses de vida laboral (no 35 como hasta ahora) podrán seguir jubilándose a los 65 años con el 100% de su pensión. Según Toni Ferrer, "este cambio respecto a la pretensión del Gobierno de ampliar la vida laboral a 40 años permitirá que casi el 50% de los trabajadores se puedan retirar a los 65 años como actualmente". El proceso para pasar de los 35 a los 38,6 años de cotización será gradual, a razón de seis meses cada año y en siete escalones.
También podrán jubilarse a los 65 años quienes no hayan cotizado esos 38 años y seis meses. Eso sí, se les aplicará un coeficiente reductor del 1,8% por trimestre, lo que mermará su pensión.
Pero el objetivo es que en 2027 la edad legal de retiro esté en 67 años. En este caso será posible con menos años cotizados, concretamente con 37, algo que es bien visto por los expertos, ya que trata de hacer el sistema más equitativo, "y que quienes más años coticen puedan jubilarse antes", defiende Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IESE. Para pasar de 35 a 37 años paulatinamente se establecerá un periodo de dos tramos; el primero de seis años, en el cual cada ejercicio se requerirá un mes más de cotización, y un segundo tramo, a partir del séptimo año, en el que se precisarán dos meses más.
- Periodo de cómputo
El alargamiento de la edad de jubilación y el del periodo de cómputo para calcular la base reguladora de la que resulta la pensión, ha declarado Valeriano Gómez, son las modificaciones centrales del sistema, que permitirán asegurarlo a largo plazo. Para hallar la prestación que le corresponde al trabajador, en vez de contabilizarse los 15 últimos años de trabajo como hasta ahora, se computarán 25.
El otro factor clave para el cálculo es la escala de aseguramiento, es decir, cuántos años hace falta cotizar para tener el 100% de la pensión correspondiente. Como hasta ahora, al 50% de la pensión se sigue accediendo con 15 años de cotización, algo que al director del Observatorio de Pensiones de Caser Seguros, Manuel Álvarez, no le parece muy equilibrado porque puede propiciar cierta picaresca de adquisición de pensiones con un coste bajo en términos de cotización, según explica.
Pero a partir de ese 50% a los 15 años, habrá una escala lineal, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Eso quiere decir que se sumará otro 2,27% anual hasta llegar al 100% a los 37 años. O, visto al revés, se restará un 2,27% anual por cada año que le falte para llegar a los 37 de cotización. Osea, si a un trabajador le restan cuatro años para llegar a los 37 de cotización que fija la reforma, percibirá el 91% de la pensión. Con el sistema actual, desde el 50% se iban sumando tres puntos anuales hasta llegar al 80% a los 25 años y dos puntos anuales hasta el 100% a los 35. Con la reforma, se avanza más lento al principio y se resta más por cada año que falta al final.
- Jubilación anticipada
La reforma posterga dos años la jubilación anticipada, igual que la edad legal de retiro. Una medida que, según el profesor Comajuncosa, tendrá más incidencia en el sistema de pensiones que el retraso del retiro ordinario. Se produce antes en el tiempo y, por tanto, genera ahorros más rápidos.
El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, afirma que han sido los sindicatos quienes han hecho desistir al Gobierno de liquidar esta figura, como pretendía.
El Ministerio de Trabajo señala que esta medida no se establecerá de forma gradual, sino que se pasará directamente de 61 a 63 años. Para retirarse a esa edad, lo que será voluntario, habrá penalización (un coeficiente reductor del 7%) y se precisarán 33 años cotizados.
Excepcionalmente los trabajadores que se han visto afectados por expedientes de regulación de empleo, el cierre de empresas y situaciones de este tipo, podrán jubilarse a los 61 años con 33 años de vida laboral.
- Jubilación parcial
Continúa establecida a los 61 años y vinculada a unos contratos de relevo que permiten que un joven trabajador ocupe el puesto del empleado retirado a tiempo parcial. No han funcionado demasiado bien hasta ahora. De hecho, este tipo de contratos se ha caído hasta de las estadísticas del Ministerio de Trabajo por su escasa utilización. Y las previsiones apuntan a que así seguirá sucediendo, puesto que el cambio introducido en la reforma es que la empresa pague gradualmente la cotización del relevado y el relevista, hasta ahora subvencionado.
- Incentivos
Para conseguir que edad legal y edad real de jubilación se acerquen más entre sí, el Gobierno ha optado por incentivar a quienes se retiren después de los 67 años. Un premio del 3,5% que, en opinión de Manuel Álvarez, es demasiado escaso si se quiere convencer a los trabajadores para que se queden en su puesto.
- Jóvenes y mujeres
Esta es la parte de la reforma de la que más orgullosos se sienten los sindicatos, pues las mujeres y los jóvenes iban a ser los más afectados por el alargamiento de la vida laboral, puesto que son los que cuentan con carreras profesionales más cortas que el resto por obra y gracia de la maternidad y la posición de becarios (esa situación que Valeriano Gómez ha definido como "a medio camino entre la enseñanza y el trabajo no siempre reconocido").
Los dos grupos podrán ampliar hasta dos años sus periodos de cotización para cubrir sus lagunas. Las empresas serán quienes paguen los seguros sociales de los jóvenes a través de convenios con la Seguridad Social. A las mujeres se les reconocerán nueve meses por hijo hasta un máximo de tres vástagos.
También se mejoran las pensiones mínimas de las mujeres solas, más expuestas a situaciones de pobreza, una medida muy necesaria para el director del Observatorio de Pensiones de Caser, "puesto que España es uno de los países con mayor porcentaje de mujeres mayores de 80 años que residen en solitario".
- Factor de sostenibilidad
Igual que han hecho ya países como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Alemania, Finlandia, Portugal y Dinamarca en las últimas revisiones de sus sistemas de pensiones, en España se tendrá en cuenta la esperanza de vida para procurar su estabilidad presupuestaria a largo plazo. Cada cinco años se revisará la evolución de la esperanza de vida. Es algo que a Ignacio Zubiri le da cierto miedo porque abre la puerta a nuevos recortes de las pensiones y que, para el directivo de Caser, es importante, aunque poco coherente desde el punto de vista técnico.
La esperanza de vida tras la jubilación, explica este experto, crece a ritmos de un año por cada lustro. A los 67 años, está en unos 15 años. Pero, dentro de cinco años, probablemente ya habrá subido a 16 años, con lo que obligará al Gobierno a elevar otra vez la edad de jubilación un año o a rebajar las pensiones un 7%, sostiene Manuel Álvarez.
Como la mayor parte de los expertos consultados, piensa que esta reforma no será en absoluto la última antes de 2027, cuando tendrá efectos plenos. De ahí que, en su opinión, los cambios que se han aprobado actualmente son demasiado graduales en el tiempo, lo que minimizará su impacto.
La flexibilidad, sin embargo, es el elemento que defiende el socio de Backer & McKenzie, David Díaz, por cuanto será el que evite la conflictividad laboral. "Deja a salvo las pensiones de una generación y media o dos, por lo que quienes están en edades cercanas a los 50 años no tendrán que preocuparse por sus prestaciones", sostiene.
En cambio, Javier Díaz-Giménez mantiene que, "aunque el sistema de pensiones español se va a volver más sostenible, y por eso la reforma apunta en la buena dirección, no va a resolver los problemas a largo plazo".
Eso sí, Gobierno, sindicatos y patronal se muestran satisfechos de que se haya recuperado el consenso social.
Ausencia de debate social
¿Qué tiene Suecia que no tenga España? Mucho. Y más en todo lo referente al Estado del Bienestar. Cuando el país reformó radicalmente su sistema de pensiones, lo hizo después de un importante debate social y político que determinó hacia dónde debía conducirse. Y eso es lo que los participantes en una jornada organizada por la Fundación del Pino y el Círculo de Empresarios reprocharon a las instituciones políticas españolas.
La reforma se ha fraguado a marchas forzadas y sin el más mínimo debate, acuciada por los plazos de Bruselas. "No es suficiente tocar edades y cálculos. Sino pensar qué es lo que quiere la sociedad. Dónde situaría el nivel mínimo de una pensión decente para poder corregir la ecuación que no funciona: que trabajamos cada vez menos años y vivimos más años", así se expresaba Juan Chozas, socio de KPMG y ex secretario general de Empleo.
Claro que Chozas, como Pilar González-Frutos, presidenta de Unespa, defiende un cambio mucho más radical del modelo español de pensiones. Y, por supuesto, que de un mayor peso a los planes y fondos de pensiones. Para González-Frutos, "reformar y ajustar no es lo mismo. Y los cambios, pese a ser imprescindibles, no podemos esperar que sirvan para mantener el sistema. Reformarlo es la mejor forma de mantenerlo".
La presidenta de la patronal de las aseguradoras, partidaria de compatibilizar el sistema de reparto con el de capitalización, como en Europa, dijo: "No se ha permitido que exista un debate social en el entorno. No se ha dejado discutir a la familia. Es una solución cocinada a sus espaldas".
"El Pacto de Toledo habla de los sistemas de capitalización. De fomentar productos y mejorar los planes de pensiones privados, justo lo contrario de lo que hemos hecho en los últimos años", se quejaba Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco, quien estima que la reforma del Gobierno puede llevar la tasa de sustitución (es decir, el porcentaje de la primera pensión del ciudadano con respecto a su último salario) del 80% actual al 65% en 2027.
En los ejes del anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el viernes por la mañana y escrito el viernes por la tarde, nada se dice de si se va a incentivar o no el ahorro privado. Solo se apunta: "se constituirá un grupo de expertos que examinará posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo".
Como su desarrollo y concreción están pendientes, igual que su tramitación parlamentaria, habrá que esperar para saber cómo y cuándo se da más peso a los planes y fondos de pensiones como complemento a unas jubilaciones públicas cuyo futuro se quiere garantizar
Salgado avisa: las cifras de paro de enero, febrero y marzo "no serán buenas"
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha calificado de "buenísima noticia" el acuerdo social alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, y ha destacado que España está acometiendo "reformas muy profundas" en elementos fundamentales.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha calificado de "buenísima noticia" el acuerdo social alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, y ha destacado que España está acometiendo "reformas muy profundas" en elementos fundamentales.
Salgado, en declaraciones a Telecinco, se ha referido también a las elevadas cifras de paro de la economía española, que sitúan la tasa de desempleo en el 20,3%, con casi 4,7 millones de parados.
Ante la publicación mañana de los datos de paro de enero, la vicepresidenta ha reconocido que las cifras del primer tirmestre "no serán buenas" y que será en la segunda mitad del año cuando empiece a crearse empleo.
Sobre la oferta de empleo lanzada por Alemania a los españoles, la ministra ha dicho que la ve "con naturalidad", porque el intercambio de personas cualificadas entre países "es muy común". De hecho, ha recordado que una de sus hijas, abogada de profesión, trabaja en Holanda desde hace unos años.
ESPAÑA NO NECESITA RECURRIR AL FONDO DE RESCATE.
Preguntada por la visita a España de la canciller alemana, Ángela Merkel, y por su interés en ampliar el fondo de rescate de la UE, Salgado ha insistido en que España no necesita recurrir a él.
"Es bueno que el fondo de rescate tenga la mayor flexibilidad y amplitud posible para los países con dificultades, pero eso no significa que España lo vaya a necesitar. Los pasos que se están dando nos alejan de toda posibilidad de tener que utilizar ese fondo", ha dicho.
Salgado ha valorado también el ejercicio de transparencia que están haciendo las entidades financieras porque ayudará a consolidar la confianza.
También ha reconocido que esa transparencia pondrá de manifiesto que algunas entidades necesitan recapitalizarse, pero ha insistido en que el capital que precisarán rondará en total unos 20.000 millones de euros, en línea con lo estimado por el Banco de España.
Preguntada por su relación con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Salgado ha dicho que, pese a que es "clásico" que los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales tengan diferencias, ella "trabaja muy bien" con Fernández Ordóñez, de quien ha destacado su "gran valía".
MUCHOS FACTORES PARA EXPLICAR EL COSTE DE LA GASOLINA.
En cuanto al repunte del precio de la gasolina, la ministra ha indicado que se debe al coste del petróleo, que está subiendo por la demanda de las economías emergentes, por los límites en la producción, por la inestabilidad en el Norte de África, por el tipo de cambio euro-dólar y porque "hay muchísimo dinero dispuesto a invertirse allí donde hay una oportunidad de tener ganancias a corto plazo".
Para la ministra, es importante que en la UE se analice cómo mejorar el funcionamiento de los mercados en materias primas. Ése, ha añadido, va a ser uno de los objetivos de la reunión del G-20.
Preguntada por las declaraciones del líder de la oposición, Mariano Rajoy, de que él solucionaría los problemas económicos de España en dos años, la vicepresidenta ha recordado al presidente del PP que ya se está saliendo de la crisis.
"Eso es tan válido para Rajoy como para el Gobierno y tengo la confianza de que sea un gobierno socialista el que esté en La Moncloa dentro de dos años", ha apuntado.
Economía propicia un alza encubierta del IRPF de 2.400 millones de euros
La decisión de no ajustar la tarifa de este tributo directo asesta un golpe fiscal de casi 300 euros para el contribuyente medio, según Gestha.
El Gobierno no va a frenar un nuevo golpe fiscal encubierto a los ciudadanos, que daña especialmente a las clases medias y altas. A pesar de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vende en público que este año sólo ha castigado a las rentas más elevadas, en realidad los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y 2011 han dado vía libre a una subida de tapadillo del IRPF de 2.400 millones de euros para todos los contribuyentes por la no actualización del IRPF, según los datos de un estudio elaborado para EXPANSIÓN por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), y avalado por otros expertos.
Al incremento de la factura de la luz, del gas y de impuestos como el del tabaco o el IVA, hay que sumar este año y el pasado el varapalo que asesta sobre el bolsillo la no actualización de la tarifa del Impuesto de la Renta teniendo en cuenta la inflación. Aunque los precios de consumo repuntaron un 3% en diciembre del año pasado en términos interanuales y un 0,8% en el mismo periodo de 2009, el Gobierno ha decidido mantener las tablas con la que calculaba la retención del IRPF, lo que genera una pérdida de capacidad de compra a los asalariados.
Este tema cobra especial relevancia en un momento en el que la subida de la fiscalidad indirecta, del petróleo y de la factura eléctrica ha disparado los precios un 3,3% en enero en un momento en el que el crecimiento del PIB sigue sin arrancar. Los analistas estiman que esta tendencia al alza de los precios continuará en los próximos meses, lo que podría agravar aún más este castigo.
Aunque parece complejo, el término deflactar afecta al día a día de los trabajadores y a sus retenciones fiscales. Básicamente supone descontar a los tramos de la tarifa del IRPF la inflación prevista, para ajustar la renta al encarecimiento del nivel de vida. De este modo, se evita castigar al contribuyente por partida doble: IPC e IRPF.
Además, si esta medida no se aplica (como ha ocurrido en los últimos tres años) un trabajador corre el riesgo de pasar de un tramo a otro de la tarifa y, por tanto, pagar un impuesto más elevado sin haberse beneficiado de una mejora en el poder de compra. Los colectivos a los que se les ha congelado su sueldo y los que han sufrido recortes salariales son los más dañados.
Precedentes
Cuando el PSOE llegó al poder se comprometió a adaptar el IRPF a la inflación, algo que Solbes sí cumplió antes de que comenzara la recesión. Sin embargo, la debilidad de las cuentas públicas ha dejado esta promesa de las épocas de bonanza económica en el camino. Por ello, el Ejecutivo socialista ha decidido no prescindir ni este año ni el pasado de los 2.400 millones que entrarán en las arcas públicas al negarse a ajustar la base liquidable general y los importes de los mínimos personales y familiares del IRPF.
El impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos no es baladí. Por ejemplo, un trabajador que cobre entre 21.000 y 30.000 euros sufrirá una pérdida adquisitivo por esta decisión de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, de 140 euros anuales de media, según los cálculos que ha elaborado para este periódico el secretario general de Gestha, José María Mollinedo.
Impacto sobre el bolsillo
Este esfuerzo es aún más fuerte para los contribuyentes que ganen entre 30.000 y 60.000 euros al año. Este colectivo de profesionales sufrirá un golpe fiscal de 278 euros de media por culpa de que el Gobierno no ha tenido en cuenta el IPC a la hora de fijar cuánto pagará cada español de Impuesto de la Renta. Una renta alta (que ingrese anualmente entre 60.000 y 150.000 euros) perderá 747 euros.
Esta subida encubierta de impuestos, que, sin duda, agrava la maltrecha situación que atraviesan los hogares españoles, ha generado malestar entre algunos representantes de los trabajadores.
La delegación del sindicato USO en Murcia emitió a comienzos de año una nota interna que alertaba de que la no deflactación de la tarifa del IRPF con el IPC se come en casi un 90% la subida de las pensiones a la que dio vía libre el Ministerio de Trabajo a comienzos de año, y que costará a la Administración central cerca de 2.472 millones de euros, una cifra que coincide casi exactamente con el cálculo de los técnicos de Hacienda.
Los cazatalentos sí ven ahora ‘brotes verdes’
Las firmas de 'headhunters' prevén que 2011 será el año de la reactivación de su actividad, aunque esta recuperación no afectará a todos los países por igual. Según su pronóstico, España todavía tendrá que esperar al menos doce meses para experimentar una ligera mejoría.
Siete de cada diez cazatalentos prevén que el mercado de la búsqueda de directivos se reactivará a lo largo de 2011. Así lo concluye la última encuesta elaborada por la Association of Executive Search Consultants (AESC) entre más de doscientos headhunters. De acuerdo con el resultado de su análisis, el 66% de estas firmas prevé incrementar sus contrataciones a lo largo de este año en parte porque, como explica Peter Felix, presidente de la asociación, sus clientes están recuperando la confianza en la economía. De hecho, tres de cada cuatro consultores esperan que su facturación anual se incremente hasta en un 20% durante el presente ejercicio. “El contenido de este informe no es sólo relevante para el ámbito de la búsqueda de directivos, sino que supone un auténtico termómetro de la marcha del mercado mundial, porque la actividad de las firmas de cazatalentos anticipa en uno o dos semestres la tendencia del ciclo económico”, explica Manuel Clavel, socio de la compañía Norman Broadbent.
Crecimiento desigual
Sin embargo, la recuperación que pronostica este estudio no se producirá al mismo tiempo en todos los países. En concreto, mientras que China, India y Brasil presentan un abultado déficit de talento directivo, la mayoría de las regiones europeas –con la excepción de Alemania y Holanda– todavía tendrán que esperar unos meses para que sus mercados de trabajo inicien la senda de crecimiento. “En concreto, en España la coyuntura económica en 2010 ha sido más adversa que la de muchos de sus homólogos. Suponemos que la tendencia se mantendrá hasta que se estabilice la situación de su sector financiero, momento en el que las empresas nacionales tendrán más acceso a financiación y, por consiguiente, podrán acometer más planes de crecimiento y de expansión internacional”, advierte Luis Murillo, socio y director general de Odgers Berndtson. Por su parte, el socio de Norman Broadbent opina que hasta 2013 no habrá un crecimiento inequívoco de la economía española, “aunque posiblemente el país observará los primeros síntomas de recuperación durante el año 2012”.
No obstante, es cierto que las previsiones de contratación que han realizado los miembos de AESC benefician indirectamente a las empresas españolas, que verán en el mercado exterior una oportunidad para generar negocio. Sobre todo aquellas que operan en el sector de la construcción, en el industrial, en el energético y en el de infraestructuras, áreas que apenas cuentan con margen de maniobra en el territorio nacional pero que, por ejemplo, están en auge en los países de Oriente Medio.
Luis Truchado, director de Eurogalenus, apunta que la minería también es un ámbito con posibilidades de crecimiento en Chile, Brasil, China, India y los países africanos, que demandarán directivos procedentes de cualquier país que demuestren experiencia en procesos de extracción de los metales preciosos que se emplean en la fabricación de tecnología electrónica y de móviles.
Dentro de España Ignacio Bao, presidente de Bao & Partners, cree que los sectores que registrarán más contrataciones serán el sanitario, el biotecnológico y las empresas que prestan servicios profesionales –como las consultoras y las auditoras–, mientras que la banca, que tradicionalmente ha sido una de las áreas con más movimiento de directivos, vivirá un período de convulsión, tanto por el proceso de integración de las cajas como por la entrada de capital extranjero.
En cuanto al perfil más solicitado, Manuel Clavel asegura que las empresas buscarán gestores con un perfil orientado a la apertura de nuevas líneas de negocio y vaticina que el directivo español que emergerá tras la crisis será más resiliente, flexible, imaginativo y capacitado para adaptarse al medio que el ejecutivo que lideró la anteriores épocas de bonanza. Pero mantendrá su resistencia a trabajar fuera de su país de origen.
El coste económico de los errores en las indemnizaciones por despido
La empresa, tras cesar a una trabajadora, consignó por error en el juzgado una cantidad económica menor a la que debía, aunque en unos días rectificó. No obstante, la empleada solicitó el cobro de los salarios de tramitación hasta la fecha de la sentencia.
Mientras el juzgado dio la razón a la empresa en primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia reconoció el derecho de la trabajadora a percibir la totalidad de los salarios de tramitación que reclamaba. El Tribunal Supremo fue el que finalmente resolvió la cuestión y ciñó el debate a determinar si pueden reducirse los salarios de tramitación a los devengados hasta la fecha del depósito de la indemnización en el juzgado por parte de la empresa, cuando éste se verifica después del plazo de las 48 horas siguientes al despido, pero antes de la conciliación y habiéndose reconocido la improcedencia del despido.
La pregunta que se hace el Supremo es si al empresario le basta con consignar sólo el importe de la indemnización por despido, o debe incluir también los salarios de tramitación devengados desde la fecha del cese hasta que se constituye el depósito definitivo.
El Supremo declaró que el depósito realizado una vez transcurridas las 48 horas desde el momento del despido, pero antes de la conciliación administrativa, no produce efectos en orden a paralizar los salarios de trámite en ese momento. Afirmar lo contrario conduciría al absurdo de eliminar a priori, en un acto de conciliación, el aseguramiento de uno de los elementos indemnizatorios –salarios de tramitación– que integran junto con el de la indemnización –45 días por año de antigüedad– el contenido obligatorio de la sentencia declarativa de la improcedencia del despido.
Por otra parte, conduce a una inadecuación entre la oferta del empresario y la aceptación del despedido, con la consecuencia lógica de vaciar de contenido la finalidad de evitar el proceso judicial mediante el acto de conciliación, porque muy difícilmente el trabajador prestará el consentimiento a una oferta que no comprenda el contenido íntegro de la obligación impuesta ex lege –de acuerdo a la ley– al despido improcedente.
Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que los salarios de tramitación no se paralizan en la fecha del depósito realizado después de las 48 horas siguientes al despido, pero antes de la conciliación, cuando sólo se consigna el importe de la indemnización correspondiente al despido, sin incluir la suma de los salarios de trámite devengados desde la fecha del despido hasta ese día.
La inflación de la zona euro crece por encima de lo esperado al 2,4%
El IPC de la zona euro se incrementó en enero por encima de lo esperado hasta el 2,4%, lo que supone una presión añadida sobre BCE, que ya se mostró preocupado por las tensiones inflacionistas.
Se trata del nivel más alto desde octubre de 2008. Así, el índice de precios de consumo aumentó dos décimas el mes pasado respecto a diciembre debido en parte al encarecimiento del precio de crudo, según los datos adelantados de Eurostat. Los analistas preveían una subida ligeramente menor, de una décima.
A principios de enero, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, dio un ligero giro en su discurso. Reconoció que hay riesgo de tensiones inflacionistas a corto plazo, y añadió que "no hay ningún compromiso de no subir los tipos".
El objetivo de inflación del BCE es que ésta se encuentre "por debajo pero cerca del 2% a medio plazo" y el IPC de la eurozona ya se situó en el 2,2% en diciembre, primera vez en dos años que supera su objetivo.
El indicador adelantado de inflación combina datos históricos y la información disponible más reciente y en los dos últimos años ha coincidido en 21 ocasiones con el dato definitivo, mientras que en las tres ocasiones restantes la desviación sólo fue de una décima.
El Ibex 35 sube casi un 10% en enero, el mejor arranque en diez años
Las reformas emprendidas por el Gobierno y la apertura del mercado a los países periféricos han propiciado que el Ibex 35 registre el mejor mes de enero en diez años con una subida del 9,6%. Los valores financieros son los que mejor han aprovechado el rally alcista.
Desde 2001, la bolsa española no vivía un arranque parecido en enero. El Ibex se ha revalorizado un 9,6%, convirtiéndose en una de las mejores plazas del mundo. En Europa sólo la supera la bolsa de Atenas. Los principales mercados mundiales se han quedado bastantes rezagados. París sube un 5%; Frankfurt, un 2% y Nueva York, un 2%.
La reforma de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno junto a la intención de recapitalizar las cajas de ahorro más débiles con dinero público, ha dado alas a la bolsas española. A partir del anuncio, las cajas más fuertes, como La Caixa o el SIP de Caja Madrid, han dado el paso de convertir en banco su negocio financiero y sacarlo a bolsa para cumplir las exigencias del Ejecutivo.
El dinero en bolsa ha entrado con fuerza durante el mes en los valores financieros. BBVA, Bankinter, Sabadell y Mapfre se ha anotado en torno a un 19% y Santander un 14%. Los bancos cotizados, además, se beneficiaron en las primeras semanas del año del relajamiento del mercado de deuda. El riesgo país de los Estados señalados con la posibilidad de un rescate ha caído con fuerza y permitido a Portugal y España financiarse algo más barato. El diferencial español respecto al bund ha llegado a situarse en 200 puntos, aunque en los últimos días sobre los 220 puntos.
Las mayores subidas del mes han sido con Sacyr que acumula una subida del 46% y Criteria al alza un 29%, gracias a la subida del pasado después de que La Caixa traspasará su negocio financiero a Criteria, hasta hace una semana el holding industrial del grupo. Las mayores caídas son para Técnicas Reunidas (-5%), Acerinox (-4%) y Ebro Foods (-3%) penalizada por el anuncio de venta de su participación la SEPI.
En la última semana, el Ibex 35 ha frenado las ganancias al acercarse a los 11.000 puntos y hasta que se han definido las reformas del Gobierno. Hoy el selectivo amanecía con el impacto bursátil de las revueltas de Egipto y se iba a probar los 10.600 puntos. Y es que como vienen explicando los analistas de finanzas.com “el Ibex 35 define un proceso lateral de consolidación comprendido entre la directriz bajista y la resistencia en 11.021 puntos, mostrando cierta debilidad, con la intención de atacar el soporte de 10.500 puntos, cuya pérdida confirmaría la vuelta al proceso triangular anterior”, apunta Pedro Muñoz en su análisis.
Además, por la parte macro. Las ventas minoristas de Alemania en diciembre registraban descensos decepcionando antes de la apertura. Las caídas profundizaban en torno al 1% hasta que ha llegado la reacción de Santander y BBVA.
Con el Ibex 35 buscando máximos del día. Exxon Mobile batía expectativas en ingresos y beneficios en sus cuentas trimestrales y permitía superar los 10.900 puntos. La apertura alcista de Wall Street gracias a la petrolera y los datos económicos de ingresos y gastos personales en línea permitían mantener las ganancias.
En último tramo de la sesión las subidas se han atenuado y el Ibex 35 ha cerrado con una subida del 0,55% en 10.806 puntos. Las mayores alzas son Sacyr (4%) y OHL (3%) y las mayores caídas son para Criteria y Ebro alrededor de un 2%.
Uno de los protagonistas de la sesión ha sido el petróleo que supera los 100 dólares por el miedo a que los altercados de Túnez y Egipto se contagien al resto de Oriente Medio. El euro cierra en Europa a 1,369 dólares impulsado por el dato de inflación de la euro zona que ha subido al 2,4% en enero.
Wall Street cierra con un ascenso del 0,58% en el Dow Jones de Industriales
La Bolsa de Nueva York cerró hoy en positivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, acabó con un ascenso del 0,58% la última jornada de enero, una sesión marcada por la preocupación por la crisis en Egipto.
Según datos provisionales al cierre, ese índice, que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas estadounidenses, sumó 68,23 puntos para acabar en 11.891,93 unidades, el selectivo S&P 500 avanzó el 0,77% y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganó el 0,49%.
El Nikkei cierra con una subida del 0,36%
El principal indicador de la Bolsa de Tokio, el Nikkei 225, ha terminado esta madrugada con una subida del 0,36%. A media sesión, el Hang Seng de Hong Kong está prácticamente plano.
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