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martes, 30 de marzo de 2010

Prensa de 30 Marzo

Carburantes y alimentos hacen subir los precios


El Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España situó en marzo su tasa anual en el 1,4%, cinco décimas más que en el mes anterior, según los datos adelantados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que atribuyó este repunte al encarecimiento de los carburantes y al mantenimiento de los precios de los alimentos, frente al descenso que experimentaron ambos grupos en marzo del año pasado.


Esta tasa del 1,4% es la más alta desde diciembre de 2008, cuando el IPCA se situó en el 1,5%. Con la subida de marzo, el IPC armonizado vuelve a anotarse un aumento tras haber registrado en febrero una caída de dos décimas en su tasa anual.


Con marzo, ya son cinco los meses consecutivos en los que este indicador se encuentra en tasas positivas después de una racha de ocho meses en negativo.


En concreto, el IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo y alcanzó su mínimo histórico en julio, con una tasa del -1,4%. Desde el mes de agosto, el indicador moderó su caída por debajo del 1% y en octubre registró su última tasa negativa hasta el momento (-0,6%).


De coincidir el dato de marzo del IPC armonizado con la tasa de inflación general -algo que suele ocurrir décima arriba o abajo-, la inflación registraría también su tasa más elevada desde diciembre de 2008 (1,4%).


Uno de los factores que están impulsando los precios al alza son los carburantes. El barril de petróleo Brent, crudo de referencia en Europa, se encuentra ya por encima de los 80 dólares y en los tres primeros meses de este año acumula una subida cercana al 4%.


El Gobierno considera que la inflación se ha "normalizado" en tasas "moderadamente" positivas, situación que prevé que se mantenga en los próximos meses como consecuencia de la situación económica.

El Ejecutivo cree que el comportamiento que está registrando la inflación subyacente, que excluye los elementos "más volátiles" como la energía y los alimentos no elaborados, permite descartar por completo una situación de deflación y augura un crecimiento de los precios en una tasa de "estabilidad moderada".

Por su parte, organismos como Funcas estiman que el IPC cerrará este año con una tasa interanual del 1,6%, mientras que la media del conjunto del ejercicio será del 1,2%.


El BBVA, por su parte, prevé que la inflación se mantenga en el entorno del 1% en los próximos meses, aunque se incrementará "ligeramente" a partir del mes de julio por la subida del IVA, según su último 'Observatorio de Inflación'.


Las Cámaras de Comercio, por su lado, auguran un "paulatino, pero moderado" aumento de los precios en los próximos meses gracias al efecto base de los precios de la energía y a una "cierta mejoría" de la demanda interna.



Moncloa estudia reducir las cotizaciones sociales a cambio de más impuestos 'verdes'

Moncloa contempla recortar en torno a dos puntos las cotizaciones sociales que pagan las empresas por los empleados y, a cambio, elevaría las tasas medioambientales de ciudadanos y compañías, según explican fuentes cercanas al Ejecutivo.


Esta reforma, que se encuadraría en el contexto de la nueva Ley de Economía Sostenible, tendría como principal objetivo facilitar la contratación de trabajadores por parte de las empresas y reducir la tasa de paro, que en el último trimestre de 2009 se elevó al 18,8% de la población activa.

Según estas fuentes consultadas, cada punto de cotización social supone cerca de 2.200 millones de euros al año para las arcas públicas, ya muy deterioradas por la recesión. En 2009, los ingresos fiscales descendieron un 17%, hasta 144.023 millones y el déficit público creció hasta el 11,4% del producto interior bruto (PIB).

Por ello, el recorte vendría acompañado de un incremento de los impuestos medioambientales que compensaría la reducción de los ingresos. Según destacan estas fuentes, se mantendría el mismo nivel de presión fiscal sobre los contribuyentes. Esta tasa se situó en 2009 en el 30,4% del PIB.

Desde departamento de Comunicación de Presidencia de Gobierno remiten a los ministerios implicados en el cambio. Y en Economía señalan que esta medida «no se ha planteado». Pese a ello, las fuentes consultadas insisten en que las modificaciones fiscales se estarían llevando directamente desde Presidencia de Gobierno.

La reducción de las cotizaciones sociales es la principal demanda de la patronal CEOE en el proceso del diálogo social que lleva abierto desde hace meses con sindicatos y el Gobierno. Aunque en un principio los empresarios reclamaron rebajas de hasta cinco puntos, antes del verano llegaron a reducir su petición hasta los tres puntos. Así que el recorte por parte del Ejecutivo, podría allanar el camino de la negociación entre los agentes sociales.

Este recorte contrastaría, además, con la subida del IVA prevista para el 1 de julio, que ha causado un gran revuelo. El aumento de este tributo, que no afectará al tipo superreducido, supone que el reducido pase del 7% al 8% y el general, del 16% al 18%. Además, el Ejecutivo elevó el año pasado los impuestos del tabaco y los combustibles.



CC OO pide que se dé a la reforma laboral el mismo margen que al pacto político

Gobierno, patronal y sindicatos llevan dos meses inmersos en la negociación de la reforma de mercado laboral. Sin embargo, la segunda ronda del diálogo social tripartito -precedida del sonado fracaso de julio de 2009- no da señales de avanzar hacia el consenso, pese a que el Ejecutivo ha fijado finales de abril como plazo máximo para alcanzar un acuerdo. El portavoz de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, reclamó ayer "el mismo rasero" para la reforma laboral que para los pactos políticos de Zurbano, que se han retrasado por la falta de acuerdo.

"Los mismos que se quejan de la tardanza de un pacto del diálogo social deberían aplicarse el cuento cuando retrasan el consenso de medidas políticas", añadió a este diario. "Que cumplir con una fecha impida un acuerdo consensuado es del género idiota", argumentó en relación a la negociación tripartita.

Con sus palabras, Lezcano refleja el sentir de sindicatos y patronal, que atesoran serias dudas de que sea posible cerrar un pacto en el plazo marcado por el Ministerio de Trabajo. Éste se ha comprometido a presentar a la mesa de negociación un documento con propuestas concretas para el 12 de abril. Sobre éste, las tres partes deberían cerrar la reforma en menos de 20 días. Un margen estrecho para una negociación plagada de desencuentros que lleva dando vueltas casi un año.

Reuniones bilaterales

El Ejecutivo tiene previsto efectuar encuentros bilaterales con las centrales de un lado, y con los miembros de la CEOE por otro, para que el documento de abril nazca con la simpatía de ambas partes.

"Del contenido de esa propuesta dependerá el éxito o el fracaso de la negociación", asumía ayer Lezcano. Su sindicato es partidario de lanzar un paquete de medidas urgentes con las iniciativas que parten del consenso, como puede ser la aplicación del llamado modelo alemán (que facilita la reducción de jornada para impedir más despidos) o el aumento de bonificaciones para la contratación de jóvenes, y dejar el resto para más tarde.

El Gobierno, sin embargo, parece poco dispuesto a desguazar su gran reforma contra el paro. A su vez, la CEOE tampoco aceptará aparecer en una foto sin ganar nada. Pujan por la ampliación del contrato de fomento (con indemnización de 33 días por despido improcedente en lugar de 45) y una nueva regulación que facilite el despido procedente (pagado con 20 días), que el Gobierno les puso sobre la mesa, y por una rebaja de cotizaciones, que por ahora se les ha negado.



El Congreso estudiará revisar las prestación por paro de los trabajadores fijos discontinuos
El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno un estudio acerca de la situación de los 400.0000 trabajadores fijos discontinuos que, como consecuencia de la crisis económica, no han podido cotizar lo suficiente para acceder a la prestación por desempleo "identificando los sectores afectados y las posibles soluciones".

Esta iniciativa parte del compromiso suscrito en diciembre por los socialistas con CiU y otras formaciones a cambio de retirar una enmienda introducida por el Senado a la ley de medidas urgentes para el fomento del empleo que ampliaba el derecho a la prestación por desempleo a los trabajadores fijos discontinuos que hubieran cotizado durante sólo cuatro meses, lo que hubiera afectado a unas 400.000 personas concentradas sobre todo en el sector turístico.

La enmienda fijaba un coeficiente multiplicador del 1,5 a la cotización de estos trabajadores, de forma que trabajando sólo cuatro meses podrían alcanzar el equivalente a los 180 días requeridos para cobrar el paro.

Los socialistas dan por cumplida con esta iniciativa así su compromiso de impulsar una medida desde el Parlamento que permita buscar una solución a este "problema real" en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.

En este sentido, el portavoz socialista Jesús Membrado reiteró que la enmienda sobre fijos discontinuos, introducida en la Cámara Alta por el Bloc balear, es "inasumible", aunque la situación de este colectivo "se tiene que regular de una manera clara y conveniente".

Ya no sale a cuenta

Los socialistas sostienen en el texto de la proposición no de ley que la fórmula del trabajo fijo discontinuo resulta "óptima" cuando el ciclo económico garantiza una ocupación y un "tiempo mínimo" de actividad suficiente para alcanzar el nivel de protección, pero la crisis ha impuesto "restricciones" a esta situación que han "roto el esquema" durante la temporada turística 2009 y "previsiblemente" en 2010.

"Muchas empresas han retrasado el llamamiento o convocatoria de los trabajadores fijos discontinuos ante la incertidumbre de la actividad turística", admite el PSOE, que alerta de que también los EREs de reducción de jornada han supuesto una "reducción notable" del "periodo de cotización" que impide acceder al nivel contributivo de la prestación al colectivo de los trabajadores fijos discontinuos.



Abaratar el despido no es la prioridad de los empresarios

La pregunta es recurrente: ¿quieren realmente los empresarios bajar el coste del despido? La protección de los contratos indefinidos ha sido la piedra de toque desde que el Diálogo Social comenzó su andadura en el verano de 2008 y, sin embargo, no está claro que esta sea una prioridad real de las empresas.


Las discusiones se han centrado en torno a la rigidez del mercado español y a la dualidad causada por la existencia de dos tipos de trabajadores (los indefinidos con un alto nivel de derechos y los temporales sin apenas protección). Al calor de esta polémica, la patronal ha encendido el debate del abaratamiento del despido y la implantación de un modelo de contrato único que ha sido tomado por el Gobierno como una propuesta inasumible.


Abaratar el despido es la sexta prioridad de las empresas, según una encuesta


Sin embargo, en petit comité, los empresarios de a pie reconocen que el abaratamiento del despido no solucionaría sus problemas. Esta opinión, que fue la que hace meses distanció las reivindicaciones de las pymes de las de la gran patronal, la CEOE, se refleja en las encuestas que periódicamente realizan algunas organizaciones, como el Instituto de Empresa Familiar o el Consejo de Cámaras, que citan la dificultad en el acceso al crédito como el principal problema actual del empresariado.

Uno de cada cinco

La semana pasada, la consultora Deloitte hizo pública una encuesta realizada entre los altos directivos de las empresas de la industria manufacturera en la que relegan al sexto lugar el abaratamiento del despido como una medida que les ayudaría para la recuperación del sector. Sólo uno de cada cinco de los encuestados lo citaron como una iniciativa muy importante en la recuperación. Sin embargo, nueve de cada diez de los directivos entrevistados aseguran que la medida más adecuada es la de mejorar el acceso a la financiación. Tampoco la rebaja de impuestos aparece en el podio de preocupaciones de estos empresarios, que sitúan en cuarto lugar el ajuste de la presión fiscal como una medida para favorecer a la industria.

Tampoco la rebaja de impuestos está entre las demandas más destacadas


Los 102 directivos entrevistados por la consultora abogan por la flexibilización de la jornada laboral y el impulso a la exportación como vías para conseguir mejorar sus resultados. Los incentivos para la contratación aparecen en el antepenúltimo lugar de las medidas a abordar. Sólo están peor considerados el aumento de la inversión pública y las iniciativas que busquen restringir la entrada de productos extranjeros.

Tampoco la disponibilidad del trabajo por turnos, un sistema que podría facilitar la aprobación del contrato a tiempo parcial sin horario definido, figura entre sus prioridades.


A estas soluciones a nivel sectorial se añaden también las medidas empresariales que los directivos creen que más les van a ayudar. El desarrollo de nuevos productos y la búsqueda de nuevos mercados junto con la reducción de costes conforman la receta que los ejecutivos pretenden aplicar a sus compañías para salvar el bache. Los empresarios se han esforzado también por encontrar el lado positivo a la crisis y el 70% considera que es una oportunidad para ser más competitivos y para mejorar la cuota de mercado. Además, casi la mitad de los empresarios cree que la crisis le ayudará a consolidar su posición, saliendo reforzado de este momento de debilidad.



Trabajo paga para que los inmigrantes dejen España


El ministro de Trabajo lo decía alto y claro: el país ya no puede ofrecer a los extranjeros "las oportunidades que quieren buscar". Celestino Corbacho invitaba así a los trabajadores foráneos a "tachar de su agenda inmediata" a España como un posible destino. Pero esta sutil invitación no viene sola.

El Gobierno ha decidido, a la vez, abrir la puerta de salida a los que ya están en la arena nacional para que regresen sus lugares de origen. Para ellos, el Ejecutivo reserva ayudas económicas de hasta 2.600 euros por familia, más el pago del billete para viajar.

Bajo este programa subyacen dos hechos que no conviene pasar por alto. Por un lado, que el 30% de la población extranjera (más de 600.000 personas) sobrevive sin rentas del trabajo, mientras que para cerca de 300.000 la caducidad de su seguro de paro es cuestión de semanas, si no días. La falta de ingresos es sólo el preámbulo del estallido de una crisis social de calado que los analistas vienen alertando de lejos.

Ante este escenario, Trabajo ha decidido ponerse manos a la obra, y dar una vuelta de tuerca a los programas de retorno voluntario dirigidos a extranjeros. En 2008, la Dirección General de Integración de Inmigrantes, que depende del Ministerio de Corbacho, asumió el papel de convocar subvenciones con este fin que, este año, entrañan novedades.

El programa de 2010 se dirige tanto a personas extranjeras “especialmente vulnerables” (en situación de carencia; menores, mujeres embarazadas, etc), como a extracomunitarios que estén pendientes de una solicitud de asilo o que “se encuentren en situación irregular”.

Ambos colectivos se beneficiarán del que se podría llamar un cheque inmigrante a medida: el pago del billete a su país natal y el de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad; un dinero de “bolsillo” para el viaje dotado con 50 euros (una persona) ó 400 (si va toda la familia); una “ayuda económica extra” para instalarse en el nuevo país que, en función del número de personas que retornan, oscila entre los 400 y los 1.600 euros. Y, por último, el Estado se compromete a correr con los gastos del transporte de los afectados hasta su localidad o pueblo de origen (las ayudas en este capítulo oscilan entre los 100 y los 600 euros).

Para gestionar estas migraciones, el Estado ha sacado a concurso una subvención de tres millones de euros dirigida a “entidades u organizaciones no gubernamentales” especializadas en la materia. Cabe recordar que estas ayudas son complementarias al programa que el Gobierno aprobó en 2009 para que los extranjeros que estén cobrando el paro puedan capitalizar sus prestaciones y emprender un negocio. Tras un año en vigor, el Ejecutivo aseguró en noviembre haber recibido 8.700 solicitudes de parados para abandonar España a los que se sumarían 1.500 familiares.

Guía para entender el fenómeno migratorio en España

Al ministro de Trabajo nunca le ha temblado la voz a la hora de defender que el fenómeno de la inmigración debe estar bien “regulado y ordenado”. Un principio de actuación que sorprende si se tiene en cuenta que su predecesor, Jesús Caldera, capitaneó la regularización masiva de medio millón de ciudadanos extranjeros. Ahora, la dureza de la recesión urge a Corbacho a seguir caminando en esa dirección.

- ¿Cuántos inmigrantes hay en España?


Representan al 12,8% de la población, esto es, 5,6 millones de personas. La mayoría, 4,5 millones, está en edad de trabajar, aunque los mayores de 65 ya forman un nutrido grupo de cerca de 300.000 personas.


- ¿Cómo les afecta la crisis?


Están mayoritariamente ligados al sector servicios y la construcción. La extenuación de estos dos tradicionales nichos de empleo ha empujado su tasa de paro hasta el 29,7%, frente a la del 16,8% de los nacionales. La eventualidad de los empleos que ocupan ha hecho que a día de por primera vez en la historia sean más los parados subsidiados por el Estado (237.000) que los que perciben una prestación contributiva (230.000).



- ¿Qué ha hecho el Ejecutivo para aliviar esta situación?



El tablero de juego es complicado. El Gobierno intenta ahora disuadir la entrada de nuevos flujos migratorios, porque a su juicio la prioridad es dar empleo a los millones de personas que están en el Inem. A la par, y como un remedio para enjuagar las cifras de paro Corbacho lanzó el año pasado un plan de retorno voluntario dirigido a inmigrantes desempleados. La idea es que estas personas puedan cobrar su prestación de desempleo, siempre que acrediten que iniciarán un negocio en su país de origen. Pero el programa ha tenido escaso éxito: Aunque más de 300.000 cumplían con el perfil para acogerse a esta vía de salida del país, menos del 1% lo ha hecho.



- ¿Y qué hay de los irregulares?


Se calcula que en España hay alrededor de un millón de personas en esta situación. Muchos sobreviven en la economía sumergida, un submundo económico que mueve el 20%, según señaló el propio Corbacho, una apreciación que enojó a la vicepresidenta Salgado. Precisamente a esta población va dirigido el cheque inmigrante de hasta 2.600 euros que el Gobierno ha publicado con sordina en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado quince de marzo.



UGT exige la dimisión de los responsables de la EPSV Elkarkidetza

El sindicato UGT ha exigido hoy la dimisión del presidente y la vicepresidenta ejecutivos de la entidad de previsión social Elkarkidetza tras cuestionar la validez jurídica de la derogación de los acuerdos de adhesión de 794 instituciones decidida en su asamblea, según fuentes de la central.



El sindicato ha criticado el acuerdo alcanzado en la asamblea general de Elkarkidetza, celebrada el miércoles pasado, sobre "la derogación unilateral de los acuerdos de adhesión preexistentes en la entidad" y la transposición "de la regulación de dichos acuerdos al reglamento de prestaciones de la entidad".



Fuentes del sindicato han recordado que los acuerdos de adhesión fueron decididos en su día de acuerdo con las normas pactadas a través de la negociación colectiva en 794 instituciones para 26.343 trabajadores, la mayor parte de los cuales operan en la Administración local y foral.



UGT ha expresado la "sospecha" de que tras la medida "se ocultan intentos de violentar la voluntad de la representación sindical operante en instituciones donde las tesis de la dirección de Elkarkidetza no son bien acogidas".



En su opinión, existe "indefensión" de los trabajadores socios de Elkarkidetza afectados por la derogación de los acuerdos de adhesión citados "al no poder ejercer su derecho de reclamación de la regulación en ellos recogida, dado que hasta ahora están referenciados en los correspondientes convenios colectivos formando parte de los mismos".



UGT también ha denunciado que los responsables de Elkarkidetza tienen en estudio otras propuestas de regulación "encaminadas a condicionar aún más el ejercicio de los derechos de los socios en cuento a la forma de cobro de las prestaciones o en cuanto a la forma de las aportaciones".




Las cajas gallegas acuerdan contrarreloj analizar su fusión

La fusión de las cajas gallegas ha dado otro paso adelante, pese a la oposición inicial del Banco de España. Núñez Feijóo anunció ayer el acuerdo alcanzado entre la Xunta de Galicia y las dos entidades de ahorro gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, para iniciar oficialmente los contactos "con el fin de analizar la posible confluencia en un proyecto común de ambas entidades".



Dicho acuerdo, que contó la aprobación del presidente de la entidad viguesa, Julio Fernández Gayoso, del director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez y de la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás, establece que ambas entidades someterán esta voluntad a sus respectivos consejos de administración para su ratificación "los próximos días 5 o 6 de abril", según el pacto alcanzado en la tarde de ayer tras los intensos contactos mantenidos este fin de semana y durante todo el lunes.



Si finalmente se lleva a cabo esta unión la nueva caja se convertirá en la quinta entidad de ahorro española, explicó la Xunta. Esta unión ha sido finalmente aceptada por el Banco de España, que inicialmente tenía otros planes para estas entidades, sobre todo, tras la insistente negativa de Caixanova a esta operación, y de las duplicidades que puede llevar consigo esta unión. La urgencia del Gobierno para finalizar en junio la reestructuración de las cajas españolas, así como el fin del plazo para solicitar ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han sido decisivos estos días en el proceso, en el que la caja viguesa ha conseguido ganar peso en la previsible nueva entidad.



Al inicio de la intervención en rueda de prensa convocada de urgencia a última hora de la tarde de ayer, Feijóo argumentó que comparecía "ante Galicia con la misma voluntad que tiene marcada la actuación la Xunta desde los últimos meses: que las entidades financieras despejen su camino en el proceso de reordenación y concentración financiera".



El pacto se ha alcanzado según los parámetros establecidos el domingo por el Banco de España. Aunque tras comunicarse el principio de acuerdo al supervisor, éste demandó más requerimientos para que la fusión sea posible.




El Ibex sube un 0,18% y se mantiene por encima de la cota de los 11.000 puntos

El parqué madrileño cerró la sesión con una subida del 0,18%, gracias al impulso del sector energético, y mantiene la cota psicológica de los 11.000 puntos, después de alcanzar máximos intradía que superaron el 0,85% de revalorización.


Los inversores apostaron nuevamente por las compras, tras el rojo del viernes pasado, en una jornada marcada por una caída inferior a la esperada de los intereses de la deuda griega, algo que ha conducido al Gobierno griego a mostrar su decepción por la escasa confianza del mercado a pesar de las promesas de ayudas de la eurozona.

Así, a la cabeza de las subidas se colocó Enagás, que ganó más de un 2,5%, seguida de Red Eléctrica (+2,38%) y Banco Popular (+1,53%). Por su parte, Endesa, Iberdrola, Banco Santander y Telefónica también se apuntaron a las ganancias, con mejoras del 1,01%, el 0,43%, el 0,20% y el 0,11%, respectivamente.

En el otro extremo, las bajadas más pronunciadas correspondieron a Abengoa (-0,95%), Telecinco (-0,95%) y Bankinter (-0,86%). BBVA se dejó un 0,43% y Repsol, un 0,28%.

En el mercado contínuo, SOS Corporación Alimentaria, que volvió a cotizar una vez levantado el castigo que la CNMV había impuesto al grupo, selló la negociación con una pérdida del 1,35%.

Respecto a las plazas internacionales, tanto Francfort (+0,60%) como París (+0,29%) mejoraron el comportamiento del indicador español y se unieron al verde que caracterizó la jornada bursátil.

Finalmente, y en el mercado de divisas, el euro perdió posiciones frente al dólar y, en el cierre de jornada, el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,3451 unidades.



Wall Street sube 0,41% en una sesión positiva para materias primas y energía

La Bolsa de Nueva York se mantenía hoy al alza y el Dow Jones de Industriales ganaba el 0,41%, en una jornada favorable para los sectores de materias primas y de energía y en la que se constató que el gasto de los consumidores subió en febrero.

Hacia la media sesión, ese indicador bursátil avanzaba 44,21 puntos, a 10.894,57 unidades, al tiempo que el selectivo S&P 500 ascendía el 0,49% (5,76 puntos), y llegaba a 1.172,35 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde se negocian las acciones de numerosas empresas de tecnología e internet, ascendía el 0,46% (11,08 puntos) y se situaba en 2.406,21 unidades.



El mercado bursátil neoyorquino ampliaba las ganancias que ha logrado en las últimas cuatro semanas y la sesión resultaba de momento particularmente favorable para los sectores de empresas de materias primas y de energía, que subían en torno al 1,5% en ambos casos, con ayuda de un dólar más débil.



Por un euro se pagaban en esta ocasión 1,3454 dólares, comparado con 1,3415 dólares el viernes, entre otros cambios de divisas.



Los inversores se animaron a comprar valores bursátiles desde el arranque de la sesión y después de conocer que el gasto de los consumidores en Estados Unidos aumentó el 0,3% en febrero, el quinto alza consecutiva y en línea con lo esperado, en tanto que los ingresos personales no variaron respecto de enero.



Boeing (1,94%), Caterpillar (1,43%) y Merck (1,39%) encabezaban el grupo mayoritario de empresas en el Dow cuyas acciones se negociaban al alza, en tanto que Alcoa, AT&T y Pfizer subían en trono al 0,9%, entre otras.



También se revalorizaban con fuerza los títulos de las petroleras Exxon Mobil (1,11%) y Chevron (0,95%), las mayores de EEUU, lo que coincidía con un encarecimiento del barril de crudo de Texas en el mercado neoyorquino, donde se negociaba a 82,23 dólares, 2,23 dólares más que el viernes.



JPMorgan Chase (-1,16%) registraba el retroceso más destacable entre nueve componentes del Dow que anotaban pérdidas.



Fuera del Dow, las acciones del banco Citigroup se depreciaban el 3,02%, después de anunciar el Departamento del Tesoro de EEUU que venderá 7.700 millones de acciones que posee en esa entidad durante este año y en función de las condiciones del mercado.



La deuda pública estadounidense a diez años bajaba de precio y ofrecía una rentabilidad del 3,88%.





lunes, 29 de marzo de 2010

Prensa 29 de Marzo

Zapatero quiere penalizar a quien se jubile a los 65 años

La polémica propuesta de retraso en la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años, tiene una segunda parte que ha pasado desapercibida, pero que está contenida en el documento que el Gobierno ha enviado a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

 
El Ejecutivo sugiere a los partidos políticos que quienes, en el futuro, no acepten retrasar la edad de jubilación a los 67 años puedan hacerlo a los 65 ó 66, pero, previsiblemente, con una reducción de la pensión. Es decir, como si se retirasen de forma anticipada.

 
En el documento enviado al Pacto de Toledo, el Gobierno hace dos puntualizaciones al retraso de la edad de jubilación. En primer lugar, que debe hacerse respetando las condiciones que en ese momento tengan los trabajadores despedidos.

 
Y, en segundo lugar, que «en la adopción de estas medidas en otros países ese desplazamiento [de la edad legal de jubilación] se ha producido respetando asimismo, en los términos, condiciones y ámbitos temporales establecidos reglamentariamente, la posibilidad de los afiliados [a la Seguridad Social] de mantener la edad de jubilación legal anterior o una intermedia siempre que los costes de esta decisión fueran asumidos por el beneficiario».

 
Es decir, que si el Parlamento acepta esta última propuesta del Ejecutivo, se produciría un doble efecto sobre los pensionistas, según explica Antonio Antón, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. El primero es que «una persona podría seguir jubilándose a los 65 años, pero disminuyendo el importe de su prestación». Y, en consecuencia, y en segundo lugar, es que esta penalización ya se extendería a quienes se jubilasen a esa edad y a quienes lo hicieran antes.

 
Retiro anticipado

 
Incluso, como sugiere el Ejecutivo, es muy probable que también se tenga que retrasar la edad a partir de la cual se entra en la jubilación anticipada y que ahora está en los 61 años. Hay que tener en cuenta que el texto del Gobierno recalca que la modificación de la edad legal de jubilación requerirá necesariamente de cambios en otras variables que «inciden en la determinación de la pensión».

 
Es necesario recordar que el Gobierno ya ha contemplado la modificación del periodo de cotización obligatorio para calcular la pensión, desde los 15 a los 25 años. Así se recogía en la última revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el Ejecutivo envió a Bruselas, aunque, posteriormente, dio marcha atrás al comprobar la polvareda levantada por la propuesta.

 
Actualmente, y por lo general, la jubilación anticipada tiene dos vías. Pueden hacerlo quienes tengan 60 años y demuestren que ya estaban cotizando a alguna de las antiguas mutualidades antes del 1 de enero de 1967.

 
Pueden hacerlo también quienes tengan 61 años, y al menos lleven seis meses en el desempleo y hayan cotizado a la Seguridad Social por un periodo mínimo de treinta años. Eso sí, también tienen que demostrar que dejaron de trabajar de forma involuntaria. De esta forma, la reducción o penalización en la cuantía de la pensión estará en función de los años cotizados a la Seguridad Social.

 
Por ejemplo, entre 30 y 34 años de cotización, la disminución de la prestación será del 7,5%. Descuento que será del 7%, para quienes tengan entre 35 y 37 años de cotización; del 6,5%, hasta 39 años de aportación a la Seguridad Social, y del 6%, con 40 ò más años de cotización acreditados. Si no se cumplen todas estas condiciones el descuento será del 8% por cada año de adelanto respecto a los 65 años.

La radiografía

 
1- Según la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España está en los 63,74 años, y en 63,27, en el Régimen General.

 
2- La evolución prevista de la esperanza de vida después de los 65 años es de 21,14 años, en 2020, y de 22,41, en 2040.

 
3- El número de pensiones pasará, en el futuro, de 8,6 millones, en 2010, a 12,5 millones, en 2030, y 15,3 millones, en 2040.

 
4- El Gobierno estima un ahorro de 40.000 millones de euros hasta 2050 retrasando la jubilación y reforzando la cotización.




Los economistas defienden la subida del IVA y plantean 25 reformas estructurales para salir de la crisis

 
Los profesionales economistas apoyan la subida del IVA en el segundo semestre para lograr la reducción del déficit público. "Renunciar ahora a este compromiso supondría un desastre en términos de credibilidad porque es uno de los pilares para cumplir el Plan de Estabilidad", afirmó Jesús Fernández Villaverde, profesor de la Universidad de Pensilvania.

 
La reducción de gastos y la consolidación fiscal es una de las principales reformas que reclaman los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha propuesto 25 medidas para salir de la crisis ahondando la estrategia de la Ley de Economía Sostenible (www.crisis09.es/les/). Como explicó Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, "vivimos en un momento de parálisis, se pueden hacer cosas pero hay que tomar decisiones". Solo así se podrá evitar un periodo de crecimiento económico lento similar al que vivieron Japón durante diez años e Italia entre 2000 y 2008.

 
Los economistas son críticos con la Ley de Economía Sostenible aprobada el viernes por el Consejo de Ministros porque "es un programa modesto aunque propone pasos adelante", ley que hay que ejecutar para que sea creíble.

 
Tres pasos fundamentales

 
Su propuesta de debate se fundamenta en tres elementos fundamentales: crear mejores infraestructuras físicas, legales y humanas, en segundo lugar mercados más flexibles y después la innovación.

 
El primer paro es la consolidación fiscal. En este sentido Fernández Villaverde explicó que es fundamental comprometer a las autonomías en la contención del gasto, ya que representan el 36% del conjunto de gasto. Según afirman, será imprescindible retocar los gastos sociales, que representan el 60% del total.

 
En el lado de los ingresos defendió que lo más efectivo es subir el IVA e incrementar las transferencias o deducciones a los colectivos más afectados por este incremento fiscal para evitar que se vean perjudicados. En su opinión habría que completar la subida del IVA con un impuesto a las emisiones de CO2.

 
Entre las reformas que proponen se encuentra, entre otras, la reforma laboral, el copago en la sanidad, como fórmula para controlar el gasto, la eliminación de licencias previas para crear una empresa, la reforma de la administración de justicia, la descentralización de las universidades, el desarrollo del transporte ferroviario por mercancías.




España esquiva los recortes salariales a los funcionarios en la Unión Europea

 
En el plan de austeridad enviado a Bruselas para reconducir el déficit, el Ejecutivo español se compromete a recortar un 4% el gasto de personal. Una importante parte de esa partida procederá de los funcionarios a través de las limitaciones establecidas en la tasa de reposición del empleo público, que en ningún caso podrá superar el 10% (sólo se incorporará un funcionario por cada diez que se jubilen) y a la congelación de la oferta de empleo público. Los sindicatos, sin embargo, ya han expresado su descontento ante la posibilidad de que no se repongan los puestos que queden vacantes en sectores considerados estratégicos y cuya tasa de reposición no iba a ser limitada, tal y como se firmó en el acuerdo entre los sindicatos de la función pública y el Ejecutivos suscrito en septiembre. El texto fijaba que la reposición se realizaría de forma íntegra en colectivos como fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario o educativos o plantillas de ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes. Al final esas salvedades se han eliminado y los sindicatos han alertado sobre la posibilidad de que haya una atención deficiente en servicios básicos que son atendidos por empleados públicos.

 
La subida pactada del 0,3% anual para este año deja a España a contracorriente frente al resto de países europeos que, castigados por el excesivo endeudamiento y el frenazo en la actividad, han optado por establecer ajustes entre las remuneraciones de los funcionarios. El caso más paradigmático es el de Grecia, con un derrumbe económico que ha obligado a un fuerte plan de ajuste. Una de las primeras medidas incluidas en el mismo ha sido el recorte de salarios a los funcionarios, que caerán de media un 30% como consecuencia de la supresión de las pagas extraordinarias. En lo que va de año ya se han producido dos huelgas generales convocadas por los sindicatos de funcionarios, ante el descontento de más de un millón de empleados públicos, que suponen el 22,3% de la población ocupada. En otros países, como Reino Unido y Portugal, han optado por la moderación salarial ante el ahorro que se generará para las arcas públicas. En el caso del Reino Unido, el Ejecutivo ha anunciado la congelación de salarios para los funcionarios con los ingresos más elevados y de los médicos de familias y dentistas que trabajan para la Seguridad Social, a través del cual prevé ahorrar 3.000 millones de libras (3.630 millones de euros) al año.

 
Alemania modera los salarios



El Ejecutivo portugués ha ido un poco más allá y ha decidido congelar los sueldos de los funcionarios. El ministro de Economía, Fernando Teixeira, ya ha advertido que esa moderación también se extenderá a los trabajadores de las empresas públicas y que no puede asumir en este momento el compromiso de equiparar la evolución de los salarios con la inflación para los próximos años. Otro ejemplo que ilustra el cambio de dirección se ha producido en Alemania, que ha moderado las fuertes subidas salariales pactadas en los últimos ejercicios, que se elevaban por encima del 6% en tasa interanual. El alza salarial pactada para el sector privado se limitó a un 2,2% en 2009, según un estudio realizado por la consultora Watson Wyatt, tan sólo por encima por Suiza, Luxemburgo y Dinamarca. Y la tendencia se ha prolongado a lo largo de este año, en el que los sindicatos han firmado un acuerdo que regula los sueldos de dos millones de funcionarios (más de un 30% del total) para los tres próximos años. La subida pactada para este ejercicio se queda en un 1,2% y se reduce al 0,6% en 2011 y al 0,5% en 2012.



El problema del sector público en España no es de dimensión. En España hay 2,6 millones de funcionarios, lo que supone un 14% del total de los ocupados. Entre los países similares en términos económicos, sólo Portugal está por debajo (un 13,1%), mientras que el resto está por encima, especialmente Suecia (34%), Bélgica (32,8%), Francia (29,1%) y Finlandia (26,4%) Por lo tanto, el problema se ciñe más bien a las fuertes subidas salariales que se han acumulado en los últimos ejercicios y a las duplicidades existentes en las distintas administraciones. Los incrementos de sueldos, sin embargo, no han posibilitado un acercamiento entre los salarios privados y públicos, ya que según el último informe del Banco de España, los primeros siguen distanciando en un 40% a los segundos. Esa brecha también se explica por las dos congelaciones de sueldo que sufrieron los funcionarios en 1994 y 1997, que no afectaron al sector privado.



En los últimos diez años, las subidas salariales pactadas en el sector público nunca han sido superiores al 2% y en general siempre se han situado por debajo de la inflación. Sin embargo, a ese incremento pactado había que sumarle posteriormente los complementos de productividad, antigüedad y las pagas extraordinarias fijadas por las distintas administraciones. En 2009, el alza era del 2% y la que finalmente se produjo fue del 3,875%. Esa desviación de 1,8 puntos obedecía a tres conceptos: un punto a las pagas extraordinarias, medio punto al fondo de pensiones y tres décimas a la ocupación de puestos vacantes. Ese aumento multiplicó por cinco el incremento de la inflación (0,8%) y superó en 1,5 puntos el fijado para el sector privado.

La plantilla del Estado cae un 25%

 
La progresiva descentralización de la estructura territorial ha provocado un adelgazamiento paulatino del número de trabajadores dependientes de la Administración General. En 2001 había 760.193 empleados públicos a cargo del Estado, distribuidos entre la Administración central (434.538), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (120.776), las Fuerzas Armadas (117.276), la Administración de Justicia (30.007) y los organismos públicos y entidades públicas empresariales (57.596).

 
Diez años después, el número de empleados vinculados a la Administración General del Estado ha caído un 25%, hasta situarse en 576.197 trabajadores. El principal retroceso se ha producido en el caso de los trabajadores de la Administración Central, que prácticamente se han reducido a la mitad (239.865), seguidos por la Administración de Justicia y las entidades públicas, con un retroceso de 7.000 trabajadores respectivamente.

 
En el lado contrario se sitúan los empleados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han crecido en 15.000 efectivos en el mismo periodo.

 


"4.000 empleos desaparecerán con la reforma del visado"

 
Por primera vez los ingenieros de todas las ramas han decidido luchar conjuntamente para pedir un aplazamiento en la reforma del visado, que el Gobierno prevé llevar a cabo el 27 de abril. "Somos inteligentes y sabemos que la unión hace la fuerza" asegura el presidente de los ingenieros industriales. De liberalizarse este servicio, este experto alerta sobre sus posibles consecuencias.

 
¿Por qué cree que el Gobierno está tan empeñado en quitarles un servicio como el visado?

 
A nuestros oídos ha llegado que el proyecto del Gobierno parte de una simulación de la que desconocemos las variables. Ésta expresaba que la liberalización del visado conllevaría la creación de 200.000 puestos de trabajo y un aumento del 1,2% del PIB. Sin embargo, nuestros datos demuestran que es al revés. La eliminación del visado por parte de los colegios profesionales no sólo disminuirá el PIB, sino que aumentará el coste y el número de parados. Unos 4.000 empleos de colegios desaparecerán con la reforma del visado.

 
¿Y a qué se debe que pueda dispararse el coste?

El precio de un visado supone ahora mismo un tres por mil del proyecto y en este coste está incluido el seguro de responsabilidad civil que paga el colegio a sus colegiados. Las aseguradoras nos han avisado que ellas no van a comprometerse a firmar seguros individuales, porque el coste sería entre siete y diez veces superior al actual. Pero, además, se compromete la seguridad.

 
¿En qué sentido?

 
Cualquier técnico, de cualquier país, podrá ejercer aquí sin que sepamos si tiene una cobertura de responsabilidad civil que cubra a los ciudadanos, algo que con el visado profesional no ocurre. En este momento, los colegios profesionales avalamos el título académico de esa persona, su formación y garantizamos que esté libre de sanciones que le impidan ejercer.

 
¿Cómo pretende el Gobierno sustituir esta labor?

 
Creo que quieren que nosotros abramos una ventanilla única para avalar que la persona que firme el visado está capacitada y habilitada para ello, pero, ¿qué ocurre si esa persona no está colegiada? ¿Tenemos que averiguar quién es o si tiene la capacitación adecuada? Eso puede ser el caos.

 
¿Cómo funciona este asunto en otros países?

 
En el resto de Europa, todos los países tienen sus sistemas de control. Se pertenece a una orden o a un general council, sistemas, en cualquier caso, parecidos. Lo que es evidente es que un ingeniero o arquitecto español no puede presentar un proyecto ni en Francia, ni en Inglaterra ni en Alemania. En cambio, si se aprueba finalmente la reforma del visado, se va a perjudicar a los españoles. Se puede ser liberal, pero seamos liberales todos.

 
Por cierto, ¿cómo ha afectado la crisis a los ingenieros? ¿Cuántos profesionales componen este colectivo?

 
Tenemos algo más de paro y nos preocupa. Si antes teníamos un 1%, ahora hemos alcanzado el 2,5%, pero estamos intentando abrir nuevas vías desde el colegio para que los ingenieros no dependan de una empresa, sino que puedan ejercer como autónomos en asunto energéticos o de seguridad industrial. Actualmente, en España existen unos 600.000 ingenieros, de los que 110.000 son ingenieros industriales superiores y 200.000 técnicos.

Parece que la intención del Gobierno sea modernizarlos...

 
Los colegios profesionales nos hemos modernizado mucho porque nos lo pedían empresas y colegiados. El 98% de nuestros proyectos se presentan de forma electrónica, sin embargo, la Administración no ha conseguido acoplarse todavía tanto. Sólo un 10% de estos proyectos pueden presentarse de forma electrónica, el resto es "copia, papel".


 

Solchaga pide al Banco de España que "intervenga ya" las cajas con problemas

 
El ex ministro de Economía socialista Carlos Solchaga ha pedido al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, que "proponga ya" las cajas de ahorro que deben ser "intervenidas" para resolver el problema de insolvencia de algunas entidades.

Además, ha instado al Gobierno a poner en funcionamiento, "en serio", el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y un plan de ajuste fiscal que permita acelerar la recuperación de la economía española, que en su opinión es "extremadamente lenta".

 
Solchaga ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la primera jornada del Observatorio del Notariado sobre la Ley de Economía Sostenible en la política económica.

 
"Me ha gustado oír al gobernador del Banco de España, pero que no lo denuncie sino que ya proponga, a quien se lo tenga que decir, las cajas que deben ser intervenidas", aseveró.

 
Aunque no ha abogado claramente por la privatización de las cajas, ha criticado que su naturaleza jurídica les impida financiarse con el sector privado.

 
Economía

 
El ex ministro ha advertido que si el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 no contiene medidas reductoras, la credibilidad de los títulos españoles y del propio Gobierno "entrará en grave crisis".

 
Solchaga ha exigido también que el Ejecutivo señale cuanto antes de dónde reducirá los 20.000 millones de euros que anunció en su Plan de Austeridad.

 
Mercado laboral

 
El ex ministro ha pedido al Ejecutivo que "actúe" y tome medidas para reformar el mercado laboral, porque es la reforma estructural "más importante" para impulsar la recuperación, al tiempo que señaló que la actual legislación sobre indemnizaciones por despido debería "reconsiderarse" porque "no es la más adecuada".

 
Solchaga ha apostado por reducir la contratación temporal, "limitar los riesgos de indemnización por despidos" y cambiar el sistema de negociación colectiva, ya que los "crecimientos salariales han estado por encima de la productividad" de muchas empresas.

 
Además, ha apuntado que el Gobierno debería "reconsiderar" el Acuerdo salarial para la Función Pública 2010-2012, que fija un alza del 0,3% para este año porque "es perfectamente planteable" que los funcionarios se congelen los salarios.

 
Recuperación

 
Solchaga ha señalado que aunque la economía española "no decrezca" este año, "estará prácticamente plana", con aumentos de entre el 0,4% y el 0,6%, y ha advertido de que el crecimiento del PIB en 2011 también será bajo.

 
El ex ministro ha atribuido la lentitud de la recuperación española al exceso de endeudamiento y a las peculiaridades del mercado de trabajo, que suponen un "freno crucial" al crecimiento.

 
Por ello, cree que el Ejecutivo debe mantener el impulso fiscal, aunque éste debe ser "cada vez menor", y ha apoyado la subida del IVA a partir de julio, pese a los efectos negativos que tendrá sobre el consumo.



 
El Ibex 35 pierde un 0,18% al cierre de la sesión pero logra mantener los 11.000 puntos

 
El parqué madrileño cerró la sesión de hoy con una caída del 0,18%, arrastrado por el descenso de los grandes valores del selectivo, aunque el Ibex logró mantener la cota de los 11.000 puntos (11.071,1).

 
Los inversores optaron por recoger beneficios tras la fuerte subida de ayer y ni la apertura alcista de Wall Street pudo modificar la tendencia negativa del selectivo, que suma tres sesiones de caídas en la semana. En Europa, los principales indicadores también cerraron con descensos y París cayó un 0,29%, seguido de Francfort, con un 0,21%.

 
En el mercado español, el mayor retroceso correspondió a Abertis (-3,42%), seguido de Acciona y Enagás (-1,12%), Iberdrola Renovables (-0,95%) y Endesa (-0,73%). Iberdrola, por su parte, se dejó un 0,47%, por delante de BBVA (-0,29%), Telefónica (-0,28%) y Repsol YPF (-0,11%).

 
En el lado de las subidas se situaron Acerinox (+5,95%), Banesto (+2,79%), Mapfre (+1,43%), Criteria (+1,42%), Abengoa (+1,17%), Banco Popular (+1,16%), Bankinter (+0,63%) y Banco Sabadell (+0,12%), mientras Banco Santander terminó plano.

 
La jornada también estuvo marcada por la suspensión cautelar de cotización de los títulos de SOS Corporación una hora después de la apertura de los mercados, cuando la compañía repuntaba un 6,12%, hasta los 2,6 euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aún no ha levantado su suspensión.

 
En el mercado de divisas, el euro recupera ligeramente posiciones y al cierre de la sesión bursátil de hoy el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,3380 unidades.

 



Wall Street varía la tendencia y el Dow Jones baja el 0,02%

La Bolsa de Nueva York variaba hoy la tendencia positiva con que inició la jornada y el Dow Jones de Industriales cedía el 0,02%, después de conocerse datos dispares acerca de la economía estadounidense y la confianza de los consumidores.

Hacia la media sesión ese indicador bursátil cedía 2,49 puntos y se situaba en 10.838,72 unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 bajaba el 0,17% (1,99 puntos), a 1.163,74 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedía el 0,39% (9,45 puntos) y se situaba en 2.387,96 unidades.

El mercado neoyorquino perdía fuerza a medida que avanzaba la jornada y a pesar de que el dólar perdía terreno ante el euro y otras divisas, lo que suele animar la inversión en materias primas y empresas de energía.

Por esa divisa europea se pagaban este viernes 1,3392 dólares, frente a los 1,3282 dólares el día anterior.

El sector de materias primas (0,59%) registraba un avance más notable, en tanto que el de equipamiento (0,21%) y el financiero (0,12%) también registraban alzas, entre otros.

Los inversores conocieron durante la jornada que la confianza de los consumidores de EEUU en la economía y en sus finanzas no varió en marzo respecto de febrero y el índice que elabora la Universidad de Michigan se situó en 73,6 puntos, un registro, sin embargo, algo más favorable de lo que esperaban los economistas.

También se difundieron datos oficiales que reflejaron que el producto interior bruto (PIB) de EEUU creció en el último trimestre de 2009 a un ritmo del 5,6%, tres décimas menos de lo que se había calculado con anterioridad y de lo que esperaban los economistas.

Bank of America (1%), además de United Technologies y de Chevron, que subían en torno al 0,7%, lideraban el grupo de empresas en el Dow que se negociaban al alza, en tanto que Travelers subía el 0,61%, entre otras.

La sesión se mostraba de momento desfavorable para Pfizer (-1,44%), que registraba el descenso más acusado entre los componentes del Dow Jones que se negociaban a la baja, así como para Micrsosoft (-1,12%), Merck (-0,8%), además de Kraft y American Express, que perdían en torno al 0,7%.

La deuda pública estadounidense a diez años subía de precio y ofrecía una rentabilidad del 3,85%.





Prensa 26 de Marzo

El Ejecutivo amplía los incentivos fiscales a empresas



El Gobierno ampliará los incentivos fiscales a las empresas en el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes como resultado de la negociación con los grupos parlamentarios para los conocidos como "acuerdos de Zurbano", que determina también que antes del 15 de junio el ICO empezará a conceder préstamos directos a pequeñas y medianas empresas, con un importe máximo de 200.000 euros y asumiendo el 100% del riesgo.

 
En esta línea, el Gobierno prorrogará los ejercicios 2011 y 2012 el mecanismo de libertad de amortización tributaria, aprobado en 2008, siempre que se mantenga el empleo, y flexibilizará los requisitos de las pymes para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, acortando el plazo de 1 año a 6 meses.

 
El documento contiene un total de 55 medidas, de las que no todas se incorporarán al decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, si bien el Gobierno se compromete a impulsar la "rápida tramitación parlamentaria de todas las que sean objeto de iniciativas legislativas. En cualquier caso, el Ejecutivo mantendrá informados a los grupos de sus decisiones sobre cada medida.

 
El Gobierno simplificará las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas "fundamentalmente interiores" en el caso de las pymes, tal y como pedía CiU, si bien deja claro que esta medida no afectará "en ningún caso" a las operaciones con paraísos fiscales.

 
BALÓN DE OXÍGENO A INMOBILIARIAS

 
Asimismo, aporta un 'balón de oxígeno' a las inmobiliarias prolongando a 2010 de la regla "transitoria" aprobada en 2008 sobre el cómputo de pérdidas en los "supuestos de reducción obligatoria de capital social en las empresas", de forma que no tengan que declarase en quiebra cuando sus pérdidas superen el 50% de su capital social. Además, para 2010 se mantendrá la regla también transitoria de valoración del suelo urbanizable.

 
Por otro lado, mejorará los incentivos fiscales a la rehabilitación permitiendo que las deducciones en el IRPF alcancen rentas de hasta 39.407 euros anuales, en lugar de los 33.007 euros a los que se restringían en la propuesta inicial, si bien sólo estos últimos percibirán íntegra la deducción del 10% en el IRPF. También se acelerará el plan de instalación de contadores de nueva generación mediante el establecimiento de incentivos adicionales.

 
DEPENDENCIA Y EMBARGOS HIPOTECARIOS

 
Asimismo, reformará la ley de Enjuiciamiento Civil para endurecer los criterios de inembargabilidad de las hipotecas, según ha pactado con ICV.

 
Aunque el documento del Gobierno no lo especifica, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el diputado de ICV, Joan Herrera, contempla elevar el límite mínimo de los embargos hasta los 696,6 euros, un 10% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cantidad a la que se sumará un 20% adicional por cada familiar a cargo, según aseguraron a Europa Press en fuentes de la formación ecosocialista.

 
El Gobierno también aplicará el tipo superreducido del IVA del 4% a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomías.

 
El Ejecutivo se compromete también a clarificar el régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) de entidades financieras en "aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos", con objeto de garantizar su seguridad jurídica.

 
PROTECCIÓN DE INVERSORES

 
Asimismo, el Ejecutivo permitirá que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización. También se compromete a reducir los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB).

 
Sin salir del terreno financiero, decide que las ofertas de valores dirigidas al público en general, que empleen para ello cualquier forma de comunicación publicitaria, "requerirán la intervención de una entidad autorizada para prestar servicios de inversión".

 
IMPULSO A LOS CLUSTERS

 
El Gobierno incluirá como novedad dentro de su "Plan Integral de Política Industrial 2020" para elevar el peso de la industria en el PIB el impulso al desarrollo de clusters de ámbito farmacéutico y biotecnológico en el marco del Plan de Innovación 2010 y de las actividades del CDTI.

 
Asimismo, para desarrollar esta nueva estrategia se constituirá una Comisión Interministerial de Política Industrial que antes de 3 meses presentará una propuesta, que complementará con una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, "con la participación de los agentes sociales", para la discusión de un marco integral de política industrial.

 
En lo referido a la internacionalización de la empresa, el Ejecutivo presenta varias medidas que ya se han incorporado en la tramitación de los proyectos de ley por los qeu se crean los nuevos Fondos para la internacionalización de la Empresa (FIEM) y de Promoción y Ayuda al Desarrollo (FONPRODE), que en su mayor parte se han pactado con CiU.

 
Asimimo, plantea una modificación de la ley de organizaciones interprofesionales agroalimentarias y de la legislación de contratos agrarios para mejorar la gestión y la transparencia de los mercados.



 
Trabajo concretará el 12 de abril su reforma laboral



Gobierno, patronal y sindicatos celebraron ayer la primera reunión de expresa negociación de la reforma laboral. Hasta el momento, los encuentros habían servido para estudiar los diferentes ámbitos de actuación. Durante la cita, el Ejecutivo se comprometió a presentar a los agentes sociales un borrador de propuestas concretas en la próxima reunión.

 
Sin embargo, ésta no se producirá hasta el próximo 12 de abril. Esta agenda preocupa tanto a los representantes de los trabajadores como a los de los empresarios, dado el escaso margen del que dispondrán para matizar ese documento. Teniendo en cuenta que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, fechó a finales de abril el plazo máximo para alcanzar un pacto o constatar un desacuerdo, el diálogo social tripartito tan sólo contaría con una veintena de días para renegociar sobre la nueva propuesta del Ejecutivo. "Es un plazo muy ajustado", afirman fuentes cercanas a la negociación.



 
Los autónomos dependientes no podrán tener convenio colectivo


 
Los trabajadores autónomos dependientes (llamados trades) reciben, al menos, el 75% de sus ingresos de un único cliente. En ocasiones están a sueldo de una sola compañía. Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, Luis Berenguer, aseguró ayer que el Estatuto del Trabajo Autónomo les "impide estipular sus condiciones laborales mediante un convenio colectivo". Así lo expresó en su intervención en la segunda jornada de Aula Laboral que lleva acabo el bufete de abogados Abdón Pedrajas en colaboración con la editorial Tirant Lo Blanch y CincoDías.

 
Tomás Sala, catedrático en derecho del trabajo de Abdón Pedrajas, coincidió con el análisis de Berenguer, exponiendo que la actividad de los autónomos dependientes tendrá fijada "sus límites en la Ley de Competencia". Lo cual, ilustró, impide que establezcan por convenio "el precio de la obra o servicio" que desarrollen para su cliente mayoritario.

 
El Estatuto, eso sí, regula por primera vez ciertos derechos del colectivo. Al inscribirse en el registro oficial como tal, los emprendedores dependientes podrán disponer de 18 días de vacaciones no retribuidas al año, o fijar la jornada y los descansos que les corresponden.

 
No obstante, tan sólo una minoría de los más de 300.000 autónomos dependientes de todo el país se ha registrado por el momento. Bien es cierto que aunque los nuevos contratos deberán figurar obligatoriamente en el listado, hay una moratoria para que se inscriban los agentes de seguros y los trabajadores del transporte, las dos profesiones más comunes del colectivo.

 
Contrato individual

 
"La norma podría haber sido más clara en este respecto", admitió el presidente de la Comisión de la Competencia, en referencia a la falta de concreción del texto. Pese a ello, para Berenguer no hay duda de que los márgenes que dibuja el Estatuto no permiten a los trade afianzar una mayor seguridad que la que estipule el contrato individual que pacten con su cliente mayoritario.

 


Fainé destaca que La Caixa responde positivamente "en un entorno adverso"

 

El presidente de la primera caja española, Isidro Fainé, abrió la asamblea general correspondiente al ejercicio 2009 explicando que "en un entorno adverso, la Caixa ha respondido positivamente, ha obtenido unos buenos resultados y ha reforzado su liderazgo". Fainé insistió en que "todo esto ha sido gracias a la motivación y profesionalidad del equipo".



El máximo responsable de la caja remarcó "el crecimiento inteligente" conseguido en 2009, basado en el aumento de la inversión crediticia y los recursos de los clientes, que se mantuvieron. En este sentido, Fainé indicó que "la sociedad nos ha convertido en lo que somos: el primer grupo financiero español, el primer grupo inversor y la primera fundación privada".



Posteriormente, el director general de la entidad, Juan María Nin, fue tajante al destacar que "en La Caixa sí que damos créditos, y lo hemos hecho con 1,1 millones de nuevas operaciones, lo que supone una inversión crediticia de 104.000 millones de euros", durante el año pasado.



La asamblea general de La Caixa, que no afrontaba ningún tipo de renovaciones en sus cargos, aprobó los resultados del año pasado y el presupuesto de la obra social para el ejercicio en curso. El grupo la Caixa obtuvo 1.710 millones de beneficio recurrente en el pasado ejercicio, con un incremento del margen de explotación del 12,3%, tras realizar elevadas dotaciones. La entidad consolidó sus "fortalezas financieras", con unos activos de máxima calidad (core capital) del 8,7%, argumentó Nin.



En su repaso de la actividad de La Caixa, Juan María Nin afirmó que se incrementaron todas las cuotas de mercado en todos los segmentos, especialmente en banca de particulares y empresas. La Caixa cuenta con 27.505 empleados y una red de 5.326 oficinas, contando además con la oferta de banca online, móvil y electrónica, de la que es líder. De acuerdo con el plan estratégico que termina este año, La Caixa ha consolidado el modelo de especialización del negocio, potenciando la división de banca personal y de negocios, que complementa la banca de particulares, su negocio más tradicional.



 
El Ibex 35 sube un 2,07% al cierre de la sesión y supera de nuevo los 11.000 puntos

 
El parqué madrileño cerró la sesión de hoy con una fuerte subida del 2,07%, que permitió al Ibex 35 situarse de nuevo en 11.091,4 puntos, impulsado por la expectativa de acuerdo sobre el plan de rescate de Grecia, que finalmente se materializó al cierre de la sesión.

 
Francia y Alemania lograron hoy un acuerdo sobre un plan europeo para rescatar al país heleno si se agravan sus problemas de endeudamiento, que consistirá en préstamos bilaterales voluntarios completados por una aportación del Fondo Monetario Internacional.

 
En Europa, los principales indicadores cerraron la sesión con avances, aunque más moderados que Madrid. En concreto, Francfort avanzó un 1,56%, seguido de París, con un 1,28%.

 
Wall Street también contribuyó a consolidar las ganancias de los mercados, después que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU (Fed), Ben Bernanke, augurase que con la mejora experimentada por los mercados y las perspectivas económicas, los programas de estímulo ya se han dado por finalizados o están siendo retirados.

 
No obstante, Bernanke también señaló que los tipos de interés se mantendrán a un nivel "excepcionalmente bajo" durante un periodo prolongado ya que la economía estadounidense aún requiere el respaldo de políticas monetarias acomodaticias.

 
La sesión cerró con un sólo valor en negativo, Endesa (-0,18%). Por el contrario, los avances los lideró Gamesa (+5,37%), por delante de ArcelorMittal (+3,62%), FCC (+3,44%), Ferrovial (+3,24%), Sacyr Vallehermoso (+2,77%), Banco Santander (+2,76%), OHL (+2,69%) y BBVA (+2,35%).

 
Banesto, por su parte, avanzó un 2,29%, por delante de Iberdrola (+1,95%), Banco Popular (+1,88%), Bankinter (+1,84%), Telefónica (+1,82%), Repsol YPF (+1,62%) y Banco Sabadell (+0,97%).

 
En el mercado de divisas, el euro recupera ligeramente posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión bursátil de hoy el cambio entre las dos moneda quedó fijado en 1,3342 unidades.

 


Wall Street cierra estable, pesan los temores por deuda

 
Los principales índices subieron durante la mayor parte de la sesión, y el Dow Jones y el S&P 500 anotaron nuevos máximos de 18 meses, pero la mayor parte de las ganancias se esfumó tras la subasta de bonos a siete años y luego de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, realizó comentarios sobre la situación de Grecia.

 
Trichet dijo a un canal de televisión francés que si el Fondo Monetario Internacional u otro organismo asume la responsabilidad en lugar del eurogrupo o los gobiernos "evidentemente sería muy, muy malo".

 
"Estamos perdiendo las ganancias por la amenaza de rendimientos más altos en Estados Unidos y la debilidad del euro", dijo Tom Sowanick, presidente de inversión de Omnivest Group.

 
Las ganancias de comienzos de la sesión fueron impulsadas por previsiones de ganancias optimistas de la tecnológica Qualcomm y los resultados de la minorista de electrónicos Best Buy, lo que se interpretó como una señal alentadora para la próxima temporada de ganancias.

 
El promedio industrial Dow Jones .DJI subió 5,06 puntos, o un 0,05 por ciento, a 10.841,21 unidades. El índice Standard & Poor's 500 .SPX perdió 1,99 puntos, o un 0,17 por ciento, a 1.165,73 unidades.

 
El índice tecnológico Nasdaq Composite .IXIC retrocedió 1,35 puntos, o un 0,06 por ciento, a 2.397,41 unidades.

 
Los títulos de Bank of America Corp (BAC.N) cerraron con un alza de un 1 por ciento a 17,74 dólares, mientras que las de su rival Citigroup (C.N) cerraron con un avance de un 2,9 por ciento a 4,27 dólares.

 
Bloomberg News informó durante la sesión de que el Tesoro estadounidense puede revelar un plan el próximo mes para vender sus acciones en Citigroup.

 
Los títulos de bancos han estado entre los de mejor desempeño este año y fueron de los pocos que subieron el miércoles, cuando los mercados cayeron por temores sobre la deuda soberana mundial.

 
Las acciones del fabricante de chips para dispositivos inalámbricos Qualcomm Inc (QCOM.O) subieron un 5 por ciento a 42,19 dólares en el Nasdaq, tras elevar su pronóstico de ganancias para el segundo trimestre.

 
Los papeles de Best Buy (BBY.N) ganaron un 3,6 por ciento a 42,66 dólares tras presentar previsiones y resultados mejores a los esperados.





jueves, 25 de marzo de 2010

Prensa 25 de Marzo

El Supremo da la razón a los sindicatos en la subida del IPC


El Tribunal Supremo ha fallado a favor de los sindicatos en la larga polémica sobre la aplicación de los convenios colectivos de 2009 y concluye que la subida salarial que corresponde a los pactos donde la referencia es la inflación prevista es del 2%.

 
La negociación colectiva del año pasado se rompió por las diferentes posiciones de patronal y sindicatos sobre la subida que se debía aplicar en los convenios. Los sindicatos pretendían seguir con la fórmula que había regido desde 2002 en las relaciones laborales, que suponía aceptar como inflación prevista aquella que se recoge en la Ley de Presupuestos Generales para subir las pensiones y las clases pasivas. Esto es, un 2%. Sin embargo, y debido también a que el Gobierno interfirió en el debate alegando en varias ocasiones que Economía no realiza "previsiones" sobre la materia, los empresarios se negaron a aceptar como buena la subida del 2%.

 
Sogecable

 
Ahora el Supremo, según aseguran CCOO y UGT, da la razón a los sindicatos, en el caso concreto del grupo de empresas de Sogecable, al entender que el IPC previsto por el Gobierno en 2009 era un 2% y, por lo tanto, tal y como está estipulado en el convenio, esa es el alza salarial que la empresa debe aplicar.

 
En opinión del secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, la sentencia es "muy relevante" ya que marca el camino a seguir en los conflictos que siguen abiertos por las diferencias sobre el convenio en 2009. Según Ferrer, alrededor de 1,5 millones de trabajadores se podrían beneficiar de la sentencia del Supremo, ya que han denunciado la inaplicación de sus subidas salariales pactadas judicialmente y aún están pendientes de resolución.

 
De la madera a las conservas

 
Entre las patronales más renuentes a la hora de cumplir lo pactado como IPC previsto están las siete organizaciones provinciales de la construcción en Andalucía. También varias organizaciones patronales del sector agrolimentario, de la madera, de las conservas vegetales y del sector servicios siguen sin aceptar que el IPC que se debía aplicar el año pasado era de un 2%.

 
El Supremo dice además que si finalmente la subida real de los precios es inferior a este IPC previsto, tampoco cabe lugar una rebaja de los salarios, a no ser que ambas partes lo hayan manifestado expresamente.

 
La referencia al IPC previsto se ha eludido en el reciente acuerdo de salarios para el próximo trienio, que en su lugar establece cifras concretas para las subidas y recuperar el poder adquisitivo con la inflación real pasada.


 
La pensión media de jubilación se situó en marzo en 878,64 euros al mes

 
La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse el presente mes en 775,30 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,4%.

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en marzo en 570,04 euros mensuales, un 3,2% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 846,98 euros mensuales, con un incremento del 2,3%.
Por su parte, la pensión media de orfandad ascendió a 349,36 euros mensuales, un 3,4% más que en marzo de 2009, mientras que la de favor de familiares se situó en 457,31 euros al mes, con un repunte del 2,7%.
En marzo, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó la cifra de 8.629.461, lo que representa un crecimiento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior. De esta cantidad, 5.109.674 pensiones fueron de jubilación (+2,1%), 2.283.869 de viudedad (+0,9%), 930.535 de incapacidad permanente (+1,3%), 267.755 de orfandad (+1,9%) y 37.628 de favor de familiares (+0,0%).
Para abonar estas prestaciones, la Seguridad Social destinó un total de 6.690,3 millones de euros (+5,1%), de los que 4.489,5 millones correspondieron a la nómina mensual de las pensiones de jubilación (+5,6%); 1.301,9 millones a pensiones de viudedad (+4,1%); 788,1 millones a incapacidad permanente (+3,6%); 93,5 millones a orfandad (+5,3%); y 17,2 millones a favor de familiares (+2,7%).
Galicia tiene la pensión media más baja

Por comunidades autónomas, siete de ellas, más Ceuta, siguieron superando en marzo la pensión media nacional, establecida en 775,30 euros al mes. País Vasco, Asturias y Madrid registraron las pensiones medias más elevadas, con 961,38 euros, 926,29 euros y 917,04 euros mensuales, respectivamente.

 
Les siguieron Navarra (873,45 euros mensuales), Ceuta (830,52 euros), Cantabria (806,69 euros), Aragón (803,37 euros), Cataluña (798,92 euros), Melilla (764,01 euros), Castilla y León (754,14 euros), La Rioja (740,72 euros), Canarias (728,43 euros), Castilla-La Mancha (725,12 euros), Andalucía (712,44 euros), Comunidad Valenciana (711,43 euros) y Baleares (703,43 euros).

 
Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 683,54 euros mensuales; Extremadura, con 662,22 euros, y Galicia, con 648,37 euros al mes.


 
Los partidos acuerdan bonificar a las pymes que creen empleo

 
La Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, en la que están representados todos los grupos políticos, aprobó ayer por unanimidad un documento de recomendaciones sobre la remodelación del sistema de bonificaciones al empleo. Éste será enviado a Gobierno y agentes sociales para su debate en la negociación de la reforma laboral. La principal novedad del texto es la iniciativa de conceder "un tratamiento específico" a las pymes, otorgando ayudas especiales (como rebajas de cotizaciones) a las que contraten.

El actual sistema de bonificaciones está dotado con unos 2.850 millones de euros, de los que la mayoría están comprometidos al centenar de ayudas a la contratación que están en vigor. Pensando en los 290 millones que pueden ser redirigidos este mismo año, y al montante que se vaya liberando en los próximos ejercicios, la Comisión de Trabajo señaló a los jóvenes y los parados de larga duración como los colectivos prioritarios que deben ser ligados a bonificaciones. El documento añade también a los mayores, los discapacitados, las víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión social como otros grupos con "dificultades estructurales para acceder al empleo".


"El sistema actual es un caos, una maraña burocrática", admitió el portavoz del PSOE Jesús Membrado. Por eso, todos los partidos celebraron haber consensuado una remodelación, basada fundamentalmente en las propuestas de PSOE y CiU, que "fomentará el empleo indefinido". Ésta también recoge ayudas a las empresas de economía social, sobre todo cooperativas.


 
Salgado estudia ampliar el límite del salario que no puede embargarse

 
El Consejo General del Poder Judicial tramitó, en 2009, 114.958 ejecuciones hipotecarias, una situación que se produce cuando un ciudadano no puede pagar su cuota hipotecaria. Entonces, el banco puede acudir a los tribunales para embargar la vivienda. Sin embargo, con la caída de precios y la atonía del sector inmobiliario, ello puede ser insuficiente para cubrir la deuda contraída con la entidad bancaria. Cuando ello sucede, la ley permite embargar una parte del salario mensual.

 
El Gobierno, aseguró ayer Salgado, estudia ampliar ese límite, un compromiso aprobado por el PSOE en una de las resoluciones del último Debate del Estado de la Nación, celebrado en mayo del año pasado. El portavoz de Iniciativa per Catalunya (IC), Joan Herrera, recordó que desde la aprobación de la resolución ha pasado un año sin que el Ejecutivo haya tomado ninguna medida. "Actualmente, los bancos pueden embargarlo todo a una familia excepto el salario mínimo interprofesional", aseguró Herrera. Sin embargo, no es del todo exacto. La parte equivalente al salario mínimo interprofesional siempre queda salvaguarda. Y, a partir de ese nivel, la legislación establece distintos tramos dependiendo del salario. Así, para aquellos que cobren por debajo de 1.266 euros (dos veces el SMI), el banco sólo puede embargarle un 30% de la parte de su sueldo que sobrepase los 633,3 euros.

 
Herrera reclama que la parte del salario inembargable equivalga a dos veces y media el salario mínimo, es decir, 1.583 euros. En la práctica, ello supondría que la mayor parte de trabajadores tendrían todo su salario salvaguardado.

 
Si bien el Gobierno aún no ha indicado los términos de la reforma, la resolución del Congreso, con un lenguaje embarullado, indica que "tampoco será embargable el importe que, excediendo el salario mínimo interprofesional, no supere la mitad del nuevo SMI para cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión". Es decir, si un núcleo familiar está formado por una persona que trabaje y otra que no tenga ingresos, la parte del salario que no puede ser embargado ascenderá a 949,45 euros (una vez y media el salario mínimo). Cifra que aumentaría en 316 euros por cada familiar sin ingresos.

 
Además, la resolución insta a elevar los límites cuando la persona que puede ser embargada conviva con una pareja estable o con algún familiar. En cualquier caso, la legislación actual ya permite que los tribunales puedan elevar entre un 10% y un 15% la parte del salario inembargable dependiendo de "las cargas familiares del ejecutado".

 
Fondo de garantía hipotecaria

 
Joan Herrera también reclamó ayer que el Gobierno cree un Fondo de Garantía Hipotecaria con el objetivo de evitar que las familias con menos recursos puedan perder su vivienda ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales de su hipoteca. El Gobierno, de momento, no se ha comprometido a establecer este fondo.

 
El Consejo General del Poder Judicial estima que en 2010 el número de ejecuciones hipotecarias alcanzará las 186.000, un 61,7% más que en 2009 y un 216,9% más que en 2008. Ello, vaticinan, provocará un colapso en los tribunales, situación que lleva a muchos bancos a optar por renegociar las condiciones de los préstamos antes que iniciar un proceso judicial.

 

AENA y controladores rompen las negociaciones del convenio

 
Las negociaciones entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) sobre el II convenio colectivo se han interrumpido en el transcurso de la reunión que mantuvieron hoy ambas partes. El gestor aeroportuario anunció hoy en un comunicado que los controladores han decidido interrumpir las negociaciones "unilateralmente" y lamentó esta decisión.

 
"AENA lamenta la decisión de la representación de los controladores de interrumpir la negociación, tan sólo una semana después de que ambas partes suscribieran una declaración conjunta en la que se comprometían a utilizar la vía de la negociación", señala la nota.

 
La interrupción de las negociaciones se produce tan sólo una semana después de que ambas partes suscribieran una declaración conjunta en la que se comprometían a utilizar la vía de la negociación y en la que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) manifestó su compromiso de garantizar la paz social.

 
El gestor aeroportuario aseguró que desde el 17 de marzo, día en que se firmó el documento conjunto para garantizar la paz social durante el proceso de negociación, hasta la reunión de hoy no ha habido ningún contacto, conversación o reunión entre ambas partes.

 
Es por ello que el ente público calificó de "sorprendente" este cambio de actitud "radical" por parte de los sindicatos de los controladores, solicitó a USCA que "reconsidere su actitud" y mostró su voluntad de seguir negociando.


"AENA ha reiterado durante la reunión de hoy su compromiso a facilitar toda la información posible sobre cuestiones importantes para los controladores, como retribuciones o turnos, y a mantener todas aquellas reuniones informativas que sean necesarias", concluye el comunicado.

 
Tercera reunión

 
La interrupción de las negociaciones se produjo hoy durante la reunión que mantuvieron ambas partes para negociar el II convenio colectivo, y tras haber mostrado en los pasados encuentros voluntad para negociar por parte de ambas partes.

 
No obstante, la noticia coincide con la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley que regula la organización del trabajo de los controladores aéreos, ratificando el acuerdo alcanzado por PSOE, CiU y Coalición Canaria para fijar la edad máxima para el servicio activo en funciones de control de estos profesionales se fije en 57 años y eliminar la posibilidad de hacerlo a petición propia desde los 52 años cobrando el salario base íntegro de 170.000 euros.

 
Por otro lado, la Justicia avaló recientemente la facultad de AENA para fijar las vacaciones de los controladores aéreos cuando no haya acuerdo, al considerar que el Real Decreto aprobado el pasado 5 de febrero sustituyó el acuerdo extra convenio alcanzado entre las partes el 18 de septiembre de 2007, según la sentencia dictada el pasado 12 de marzo.

 
En el primer encuentro entre AENA y USCA del pasado 10 de marzo, la primera reunión tras la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el sindicato mayoritario del colectivo --que agrupa al 95% de los 2.400 controladores del ente--- y cuya vista tendrá lugar el próximo 15 de abril, se fijaron tres asuntos en el marco de la negociación: salarios, seguridad e higiene en el trabajo y cobertura de incidentes.

 
El nuevo decreto fija una jornada laboral obligatoria de 1.750 horas anuales de media, frente a las 1.200 que recoge el actual convenio, y limita las horas extraordinarias a un máximo de 80 al año, frente a las 600 horas actuales. Con estas nuevas condiciones, el salario medio de un controlador se reduce desde los 350.000 euros anuales a los 200.000 euros, para situarlo por encima de la media de los cinco mayores proveedores europeos.


 
El Ibex 35 baja un 1,18% al cierre de la sesión por las dudas sobre Grecia y Portugal

 
El parqué madrileño cerró la sesión de hoy con una caída del 1,18% que situó al Ibex 35 en el nivel de los 10.866,3 puntos, arrastrado por las dudas sobre la situación de Grecia, cuyo plan de rescate no termina de concretarse, y de Portugal, después de que Fitch rebajase la calificación de su deuda a largo plazo.

 
Los mayores descensos correspondieron a la banca, que lideraron Banco Santander (-2,49%) y Banco Sabadell (-2,36%), seguidos de empresas como Sacyr Vallehermoso (-2,33%), Ferrovial (-2,32%), Ebro Puleva (-1,74%), Gas Natural (-1,61%) y Repsol YPF (-1,48%).

 
En el lado de los descensos también se situaron BBVA (-1,35%), Iberdrola (-1,29%), Banco Popular (-0,74%), Telefónica (-0,73%), Bankinter (-0,67%) y Banesto (-0,42%).

 
En el lado positivo sólo se situaron Telecinco (+2,75%), Gamesa (+1,60%), ArcelorMittal (+1,01%), Grifols (+0,95%), Iberdrola Renovables (+0,91%) y Criteria (+0,11%).

 
El Ibex 35 abrió en positivo y por encima de los 11.000 puntos, pero a media sesión comenzó a desplomarse, tras situar Fitch la nota de la deuda a largo plazo de Portugal a 'AA-' desde 'AA', lo que deja la calidad de la deuda pública lusa al borde de perder la consideración "superior".

 
No obstante, a pesar del fuerte descenso, el Ibex 35 logró moderar la caída la cierre, ya que durante algunos momentos de la sesión llegó a superar el 2%.

 
El anuncio de Fitch lastró hoy de nuevo la confianza de los inversores, que ya está muy debilitada por la situación de Grecia y en los últimos días podría dar lugar a un posible acuerdo en el seno de la Unión Europea respecto a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la resolución de la crisis griega.

 
En este sentido, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, volvió a pedir hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordar un mecanismo de ayuda financiera a Grecia para garantizar la estabilidad de la zona euro en su conjunto.

 
En Europa, los principales indicadores cerraron de manera dispar, ya que París cedió un 0,08%, pero Francfort repuntó un 0,36%, aupado por los datos de la confianza de los empresarios alemanes, que experimentó en marzo una significativa mejoría, en contraste con el retroceso registrado el mes anterior.

 
Las dudas sobre Grecia arrastraron hoy a su vez la cotización el euro con respecto a dólar y hoy se hundió a niveles mínimos de los últimos diez meses. Al cierre de los mercados europeos, el cambio de la moneda europea se situaba en 1,3351 unidades.


 
Wall Street baja 0,48% con datos económicos desfavorables y un dólar fuerte

 
La Bolsa de Nueva York varió hoy la senda alcista que seguía esta semana y el Dow Jones de Industriales perdió el 0,48%, lastrado por el avance del dólar y datos de pedidos de bienes y ventas de casas que no respondieron a lo esperado.

 
Ese indicador bursátil cedió 52,68 puntos y finalizó en 10.836,15 unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 bajó el 0,55% (-6,45 puntos) y concluyó en 1.167,72 puntos.

 
El índice compuesto del mercado Nasdaq perdió el 0,68% (-16,48 puntos) y cerró en 2.398,76 puntos.

 
El acto de cierre de sesión en ese mercado lo protagonizó en esta ocasión la alcaldesa de la ciudad española de Marbella (Sur), Angeles Muñoz, dentro de una jornada de promoción de las oportunidades económicas que ofrece esa localidad andaluza.

 
El mercado bursátil neoyorquino mantuvo una moderada tendencia a la baja desde la apertura, como reflejo del desánimo con el que los inversores recibieron unos datos de pedidos de bienes duraderos a las empresas estadounidenses y de ventas de casas nuevas, en ambos casos en febrero, que no cumplieron con lo que se esperaba.

 
A ello se unió el notable avance que conseguía el dólar frente al euro y otras divisas, después de que la agencia de riesgo Fitch rebajara la calificación de la deuda de Portugal y aumentara con ello la inquietud en torno al panorama financiero en ese país europeo, junto a la que ya persiste en torno a Grecia.

 
Por un euro se pagaban este miércoles 1,3325 dólares al cierre del mercado bursátil, frente a los 1,3501 dólares el martes.

 
El sector de materias primas (-1,35%) fue el más afectado por el fortalecimiento de la divisa estadounidense y también registraron descenso de alrededor del 1% los de equipamiento, productos de consumo cíclico y discrecional y el de servicios básicos, en tanto que el de energía perdió en conjunto el 0,97%, entre otros.

 
Los inversores iniciaron la actividad después de anunciar el Departamento de Comercio que los pedidos a las empresas de bienes duraderos, aquellos que se fabrican para que duren al menos tres años, subieron el 0,5% en febrero, frente a un alza del 0,6% que se preveía.

Otros datos de ese departamento relativos a ventas de casas nuevas en ese mismo mes, reflejaron un descenso del 2,2%, a una tasa anual de 308.000 unidades, comparado con una cifra de 315.000 unidades que se esperaba.

 
Ese retroceso tomó por sorpresa al mercado, que esperaba una moderada alza en ese tipo de ventas un día después de haber constatado una mejoría en las transacciones de viviendas de segunda mano.

 
La telefónica Verizon (-1,68%) se situó a la cabeza del grupo mayoritario de empresas en el Dow que tuvieron una jornada negativa, y le siguieron Procter & Gamble (-1,43%), Merck, Alcoa y Coca-Cola , con retrocesos de alrededor del 1,2%, además de Intel, Chevron y AT&T, que cedieron en torno al 1%, entre otras.

 
La sesión resultó en cambio positiva para otros ocho componentes del Dow y en particular para Bank of America (2,57%), que lideró ese grupo después de anunciar que rebajará el principal (el importe prestado) en las hipotecas de mayor riesgo para tratar de reducir las ejecuciones de ese tipo de prestamos.

 
También se revalorizaron las acciones de DuPont (1,2%), Disney (1,12%) y JPMorgan Chase (0,81%), entre otras.

 
La deuda pública estadounidense a diez años bajaba de precio y ofrecía una rentabilidad del 3,85%.