Zapatero quiere penalizar a quien se jubile a los 65 años
La polémica propuesta de retraso en la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años, tiene una segunda parte que ha pasado desapercibida, pero que está contenida en el documento que el Gobierno ha enviado a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
El Ejecutivo sugiere a los partidos políticos que quienes, en el futuro, no acepten retrasar la edad de jubilación a los 67 años puedan hacerlo a los 65 ó 66, pero, previsiblemente, con una reducción de la pensión. Es decir, como si se retirasen de forma anticipada.
En el documento enviado al Pacto de Toledo, el Gobierno hace dos puntualizaciones al retraso de la edad de jubilación. En primer lugar, que debe hacerse respetando las condiciones que en ese momento tengan los trabajadores despedidos.
Y, en segundo lugar, que «en la adopción de estas medidas en otros países ese desplazamiento [de la edad legal de jubilación] se ha producido respetando asimismo, en los términos, condiciones y ámbitos temporales establecidos reglamentariamente, la posibilidad de los afiliados [a la Seguridad Social] de mantener la edad de jubilación legal anterior o una intermedia siempre que los costes de esta decisión fueran asumidos por el beneficiario».
Es decir, que si el Parlamento acepta esta última propuesta del Ejecutivo, se produciría un doble efecto sobre los pensionistas, según explica Antonio Antón, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. El primero es que «una persona podría seguir jubilándose a los 65 años, pero disminuyendo el importe de su prestación». Y, en consecuencia, y en segundo lugar, es que esta penalización ya se extendería a quienes se jubilasen a esa edad y a quienes lo hicieran antes.
Retiro anticipado
Incluso, como sugiere el Ejecutivo, es muy probable que también se tenga que retrasar la edad a partir de la cual se entra en la jubilación anticipada y que ahora está en los 61 años. Hay que tener en cuenta que el texto del Gobierno recalca que la modificación de la edad legal de jubilación requerirá necesariamente de cambios en otras variables que «inciden en la determinación de la pensión».
Es necesario recordar que el Gobierno ya ha contemplado la modificación del periodo de cotización obligatorio para calcular la pensión, desde los 15 a los 25 años. Así se recogía en la última revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que el Ejecutivo envió a Bruselas, aunque, posteriormente, dio marcha atrás al comprobar la polvareda levantada por la propuesta.
Actualmente, y por lo general, la jubilación anticipada tiene dos vías. Pueden hacerlo quienes tengan 60 años y demuestren que ya estaban cotizando a alguna de las antiguas mutualidades antes del 1 de enero de 1967.
Pueden hacerlo también quienes tengan 61 años, y al menos lleven seis meses en el desempleo y hayan cotizado a la Seguridad Social por un periodo mínimo de treinta años. Eso sí, también tienen que demostrar que dejaron de trabajar de forma involuntaria. De esta forma, la reducción o penalización en la cuantía de la pensión estará en función de los años cotizados a la Seguridad Social.
Por ejemplo, entre 30 y 34 años de cotización, la disminución de la prestación será del 7,5%. Descuento que será del 7%, para quienes tengan entre 35 y 37 años de cotización; del 6,5%, hasta 39 años de aportación a la Seguridad Social, y del 6%, con 40 ò más años de cotización acreditados. Si no se cumplen todas estas condiciones el descuento será del 8% por cada año de adelanto respecto a los 65 años.
La radiografía
1- Según la Seguridad Social, la edad media de jubilación en España está en los 63,74 años, y en 63,27, en el Régimen General.
2- La evolución prevista de la esperanza de vida después de los 65 años es de 21,14 años, en 2020, y de 22,41, en 2040.
3- El número de pensiones pasará, en el futuro, de 8,6 millones, en 2010, a 12,5 millones, en 2030, y 15,3 millones, en 2040.
4- El Gobierno estima un ahorro de 40.000 millones de euros hasta 2050 retrasando la jubilación y reforzando la cotización.
Los economistas defienden la subida del IVA y plantean 25 reformas estructurales para salir de la crisis
Los profesionales economistas apoyan la subida del IVA en el segundo semestre para lograr la reducción del déficit público. "Renunciar ahora a este compromiso supondría un desastre en términos de credibilidad porque es uno de los pilares para cumplir el Plan de Estabilidad", afirmó Jesús Fernández Villaverde, profesor de la Universidad de Pensilvania.
La reducción de gastos y la consolidación fiscal es una de las principales reformas que reclaman los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha propuesto 25 medidas para salir de la crisis ahondando la estrategia de la Ley de Economía Sostenible (www.crisis09.es/les/). Como explicó Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, "vivimos en un momento de parálisis, se pueden hacer cosas pero hay que tomar decisiones". Solo así se podrá evitar un periodo de crecimiento económico lento similar al que vivieron Japón durante diez años e Italia entre 2000 y 2008.
Los economistas son críticos con la Ley de Economía Sostenible aprobada el viernes por el Consejo de Ministros porque "es un programa modesto aunque propone pasos adelante", ley que hay que ejecutar para que sea creíble.
Tres pasos fundamentales
Su propuesta de debate se fundamenta en tres elementos fundamentales: crear mejores infraestructuras físicas, legales y humanas, en segundo lugar mercados más flexibles y después la innovación.
El primer paro es la consolidación fiscal. En este sentido Fernández Villaverde explicó que es fundamental comprometer a las autonomías en la contención del gasto, ya que representan el 36% del conjunto de gasto. Según afirman, será imprescindible retocar los gastos sociales, que representan el 60% del total.
En el lado de los ingresos defendió que lo más efectivo es subir el IVA e incrementar las transferencias o deducciones a los colectivos más afectados por este incremento fiscal para evitar que se vean perjudicados. En su opinión habría que completar la subida del IVA con un impuesto a las emisiones de CO2.
Entre las reformas que proponen se encuentra, entre otras, la reforma laboral, el copago en la sanidad, como fórmula para controlar el gasto, la eliminación de licencias previas para crear una empresa, la reforma de la administración de justicia, la descentralización de las universidades, el desarrollo del transporte ferroviario por mercancías.
España esquiva los recortes salariales a los funcionarios en la Unión Europea
En el plan de austeridad enviado a Bruselas para reconducir el déficit, el Ejecutivo español se compromete a recortar un 4% el gasto de personal. Una importante parte de esa partida procederá de los funcionarios a través de las limitaciones establecidas en la tasa de reposición del empleo público, que en ningún caso podrá superar el 10% (sólo se incorporará un funcionario por cada diez que se jubilen) y a la congelación de la oferta de empleo público. Los sindicatos, sin embargo, ya han expresado su descontento ante la posibilidad de que no se repongan los puestos que queden vacantes en sectores considerados estratégicos y cuya tasa de reposición no iba a ser limitada, tal y como se firmó en el acuerdo entre los sindicatos de la función pública y el Ejecutivos suscrito en septiembre. El texto fijaba que la reposición se realizaría de forma íntegra en colectivos como fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario o educativos o plantillas de ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes. Al final esas salvedades se han eliminado y los sindicatos han alertado sobre la posibilidad de que haya una atención deficiente en servicios básicos que son atendidos por empleados públicos.
La subida pactada del 0,3% anual para este año deja a España a contracorriente frente al resto de países europeos que, castigados por el excesivo endeudamiento y el frenazo en la actividad, han optado por establecer ajustes entre las remuneraciones de los funcionarios. El caso más paradigmático es el de Grecia, con un derrumbe económico que ha obligado a un fuerte plan de ajuste. Una de las primeras medidas incluidas en el mismo ha sido el recorte de salarios a los funcionarios, que caerán de media un 30% como consecuencia de la supresión de las pagas extraordinarias. En lo que va de año ya se han producido dos huelgas generales convocadas por los sindicatos de funcionarios, ante el descontento de más de un millón de empleados públicos, que suponen el 22,3% de la población ocupada. En otros países, como Reino Unido y Portugal, han optado por la moderación salarial ante el ahorro que se generará para las arcas públicas. En el caso del Reino Unido, el Ejecutivo ha anunciado la congelación de salarios para los funcionarios con los ingresos más elevados y de los médicos de familias y dentistas que trabajan para la Seguridad Social, a través del cual prevé ahorrar 3.000 millones de libras (3.630 millones de euros) al año.
Alemania modera los salarios
El Ejecutivo portugués ha ido un poco más allá y ha decidido congelar los sueldos de los funcionarios. El ministro de Economía, Fernando Teixeira, ya ha advertido que esa moderación también se extenderá a los trabajadores de las empresas públicas y que no puede asumir en este momento el compromiso de equiparar la evolución de los salarios con la inflación para los próximos años. Otro ejemplo que ilustra el cambio de dirección se ha producido en Alemania, que ha moderado las fuertes subidas salariales pactadas en los últimos ejercicios, que se elevaban por encima del 6% en tasa interanual. El alza salarial pactada para el sector privado se limitó a un 2,2% en 2009, según un estudio realizado por la consultora Watson Wyatt, tan sólo por encima por Suiza, Luxemburgo y Dinamarca. Y la tendencia se ha prolongado a lo largo de este año, en el que los sindicatos han firmado un acuerdo que regula los sueldos de dos millones de funcionarios (más de un 30% del total) para los tres próximos años. La subida pactada para este ejercicio se queda en un 1,2% y se reduce al 0,6% en 2011 y al 0,5% en 2012.
El problema del sector público en España no es de dimensión. En España hay 2,6 millones de funcionarios, lo que supone un 14% del total de los ocupados. Entre los países similares en términos económicos, sólo Portugal está por debajo (un 13,1%), mientras que el resto está por encima, especialmente Suecia (34%), Bélgica (32,8%), Francia (29,1%) y Finlandia (26,4%) Por lo tanto, el problema se ciñe más bien a las fuertes subidas salariales que se han acumulado en los últimos ejercicios y a las duplicidades existentes en las distintas administraciones. Los incrementos de sueldos, sin embargo, no han posibilitado un acercamiento entre los salarios privados y públicos, ya que según el último informe del Banco de España, los primeros siguen distanciando en un 40% a los segundos. Esa brecha también se explica por las dos congelaciones de sueldo que sufrieron los funcionarios en 1994 y 1997, que no afectaron al sector privado.
En los últimos diez años, las subidas salariales pactadas en el sector público nunca han sido superiores al 2% y en general siempre se han situado por debajo de la inflación. Sin embargo, a ese incremento pactado había que sumarle posteriormente los complementos de productividad, antigüedad y las pagas extraordinarias fijadas por las distintas administraciones. En 2009, el alza era del 2% y la que finalmente se produjo fue del 3,875%. Esa desviación de 1,8 puntos obedecía a tres conceptos: un punto a las pagas extraordinarias, medio punto al fondo de pensiones y tres décimas a la ocupación de puestos vacantes. Ese aumento multiplicó por cinco el incremento de la inflación (0,8%) y superó en 1,5 puntos el fijado para el sector privado.
La plantilla del Estado cae un 25%
La progresiva descentralización de la estructura territorial ha provocado un adelgazamiento paulatino del número de trabajadores dependientes de la Administración General. En 2001 había 760.193 empleados públicos a cargo del Estado, distribuidos entre la Administración central (434.538), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (120.776), las Fuerzas Armadas (117.276), la Administración de Justicia (30.007) y los organismos públicos y entidades públicas empresariales (57.596).
Diez años después, el número de empleados vinculados a la Administración General del Estado ha caído un 25%, hasta situarse en 576.197 trabajadores. El principal retroceso se ha producido en el caso de los trabajadores de la Administración Central, que prácticamente se han reducido a la mitad (239.865), seguidos por la Administración de Justicia y las entidades públicas, con un retroceso de 7.000 trabajadores respectivamente.
En el lado contrario se sitúan los empleados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han crecido en 15.000 efectivos en el mismo periodo.
"4.000 empleos desaparecerán con la reforma del visado"
Por primera vez los ingenieros de todas las ramas han decidido luchar conjuntamente para pedir un aplazamiento en la reforma del visado, que el Gobierno prevé llevar a cabo el 27 de abril. "Somos inteligentes y sabemos que la unión hace la fuerza" asegura el presidente de los ingenieros industriales. De liberalizarse este servicio, este experto alerta sobre sus posibles consecuencias.
¿Por qué cree que el Gobierno está tan empeñado en quitarles un servicio como el visado?
A nuestros oídos ha llegado que el proyecto del Gobierno parte de una simulación de la que desconocemos las variables. Ésta expresaba que la liberalización del visado conllevaría la creación de 200.000 puestos de trabajo y un aumento del 1,2% del PIB. Sin embargo, nuestros datos demuestran que es al revés. La eliminación del visado por parte de los colegios profesionales no sólo disminuirá el PIB, sino que aumentará el coste y el número de parados. Unos 4.000 empleos de colegios desaparecerán con la reforma del visado.
¿Y a qué se debe que pueda dispararse el coste?
El precio de un visado supone ahora mismo un tres por mil del proyecto y en este coste está incluido el seguro de responsabilidad civil que paga el colegio a sus colegiados. Las aseguradoras nos han avisado que ellas no van a comprometerse a firmar seguros individuales, porque el coste sería entre siete y diez veces superior al actual. Pero, además, se compromete la seguridad.
¿En qué sentido?
Cualquier técnico, de cualquier país, podrá ejercer aquí sin que sepamos si tiene una cobertura de responsabilidad civil que cubra a los ciudadanos, algo que con el visado profesional no ocurre. En este momento, los colegios profesionales avalamos el título académico de esa persona, su formación y garantizamos que esté libre de sanciones que le impidan ejercer.
¿Cómo pretende el Gobierno sustituir esta labor?
Creo que quieren que nosotros abramos una ventanilla única para avalar que la persona que firme el visado está capacitada y habilitada para ello, pero, ¿qué ocurre si esa persona no está colegiada? ¿Tenemos que averiguar quién es o si tiene la capacitación adecuada? Eso puede ser el caos.
¿Cómo funciona este asunto en otros países?
En el resto de Europa, todos los países tienen sus sistemas de control. Se pertenece a una orden o a un general council, sistemas, en cualquier caso, parecidos. Lo que es evidente es que un ingeniero o arquitecto español no puede presentar un proyecto ni en Francia, ni en Inglaterra ni en Alemania. En cambio, si se aprueba finalmente la reforma del visado, se va a perjudicar a los españoles. Se puede ser liberal, pero seamos liberales todos.
Por cierto, ¿cómo ha afectado la crisis a los ingenieros? ¿Cuántos profesionales componen este colectivo?
Tenemos algo más de paro y nos preocupa. Si antes teníamos un 1%, ahora hemos alcanzado el 2,5%, pero estamos intentando abrir nuevas vías desde el colegio para que los ingenieros no dependan de una empresa, sino que puedan ejercer como autónomos en asunto energéticos o de seguridad industrial. Actualmente, en España existen unos 600.000 ingenieros, de los que 110.000 son ingenieros industriales superiores y 200.000 técnicos.
Parece que la intención del Gobierno sea modernizarlos...
Los colegios profesionales nos hemos modernizado mucho porque nos lo pedían empresas y colegiados. El 98% de nuestros proyectos se presentan de forma electrónica, sin embargo, la Administración no ha conseguido acoplarse todavía tanto. Sólo un 10% de estos proyectos pueden presentarse de forma electrónica, el resto es "copia, papel".
Solchaga pide al Banco de España que "intervenga ya" las cajas con problemas
El ex ministro de Economía socialista Carlos Solchaga ha pedido al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, que "proponga ya" las cajas de ahorro que deben ser "intervenidas" para resolver el problema de insolvencia de algunas entidades.
Además, ha instado al Gobierno a poner en funcionamiento, "en serio", el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y un plan de ajuste fiscal que permita acelerar la recuperación de la economía española, que en su opinión es "extremadamente lenta".
Solchaga ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la primera jornada del Observatorio del Notariado sobre la Ley de Economía Sostenible en la política económica.
"Me ha gustado oír al gobernador del Banco de España, pero que no lo denuncie sino que ya proponga, a quien se lo tenga que decir, las cajas que deben ser intervenidas", aseveró.
Aunque no ha abogado claramente por la privatización de las cajas, ha criticado que su naturaleza jurídica les impida financiarse con el sector privado.
Economía
El ex ministro ha advertido que si el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 no contiene medidas reductoras, la credibilidad de los títulos españoles y del propio Gobierno "entrará en grave crisis".
Solchaga ha exigido también que el Ejecutivo señale cuanto antes de dónde reducirá los 20.000 millones de euros que anunció en su Plan de Austeridad.
Mercado laboral
El ex ministro ha pedido al Ejecutivo que "actúe" y tome medidas para reformar el mercado laboral, porque es la reforma estructural "más importante" para impulsar la recuperación, al tiempo que señaló que la actual legislación sobre indemnizaciones por despido debería "reconsiderarse" porque "no es la más adecuada".
Solchaga ha apostado por reducir la contratación temporal, "limitar los riesgos de indemnización por despidos" y cambiar el sistema de negociación colectiva, ya que los "crecimientos salariales han estado por encima de la productividad" de muchas empresas.
Además, ha apuntado que el Gobierno debería "reconsiderar" el Acuerdo salarial para la Función Pública 2010-2012, que fija un alza del 0,3% para este año porque "es perfectamente planteable" que los funcionarios se congelen los salarios.
Recuperación
Solchaga ha señalado que aunque la economía española "no decrezca" este año, "estará prácticamente plana", con aumentos de entre el 0,4% y el 0,6%, y ha advertido de que el crecimiento del PIB en 2011 también será bajo.
El ex ministro ha atribuido la lentitud de la recuperación española al exceso de endeudamiento y a las peculiaridades del mercado de trabajo, que suponen un "freno crucial" al crecimiento.
Por ello, cree que el Ejecutivo debe mantener el impulso fiscal, aunque éste debe ser "cada vez menor", y ha apoyado la subida del IVA a partir de julio, pese a los efectos negativos que tendrá sobre el consumo.
El Ibex 35 pierde un 0,18% al cierre de la sesión pero logra mantener los 11.000 puntos
El parqué madrileño cerró la sesión de hoy con una caída del 0,18%, arrastrado por el descenso de los grandes valores del selectivo, aunque el Ibex logró mantener la cota de los 11.000 puntos (11.071,1).
Los inversores optaron por recoger beneficios tras la fuerte subida de ayer y ni la apertura alcista de Wall Street pudo modificar la tendencia negativa del selectivo, que suma tres sesiones de caídas en la semana. En Europa, los principales indicadores también cerraron con descensos y París cayó un 0,29%, seguido de Francfort, con un 0,21%.
En el mercado español, el mayor retroceso correspondió a Abertis (-3,42%), seguido de Acciona y Enagás (-1,12%), Iberdrola Renovables (-0,95%) y Endesa (-0,73%). Iberdrola, por su parte, se dejó un 0,47%, por delante de BBVA (-0,29%), Telefónica (-0,28%) y Repsol YPF (-0,11%).
En el lado de las subidas se situaron Acerinox (+5,95%), Banesto (+2,79%), Mapfre (+1,43%), Criteria (+1,42%), Abengoa (+1,17%), Banco Popular (+1,16%), Bankinter (+0,63%) y Banco Sabadell (+0,12%), mientras Banco Santander terminó plano.
La jornada también estuvo marcada por la suspensión cautelar de cotización de los títulos de SOS Corporación una hora después de la apertura de los mercados, cuando la compañía repuntaba un 6,12%, hasta los 2,6 euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aún no ha levantado su suspensión.
En el mercado de divisas, el euro recupera ligeramente posiciones y al cierre de la sesión bursátil de hoy el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,3380 unidades.
Wall Street varía la tendencia y el Dow Jones baja el 0,02%
La Bolsa de Nueva York variaba hoy la tendencia positiva con que inició la jornada y el Dow Jones de Industriales cedía el 0,02%, después de conocerse datos dispares acerca de la economía estadounidense y la confianza de los consumidores.
Hacia la media sesión ese indicador bursátil cedía 2,49 puntos y se situaba en 10.838,72 unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 bajaba el 0,17% (1,99 puntos), a 1.163,74 puntos.
El índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedía el 0,39% (9,45 puntos) y se situaba en 2.387,96 unidades.
El mercado neoyorquino perdía fuerza a medida que avanzaba la jornada y a pesar de que el dólar perdía terreno ante el euro y otras divisas, lo que suele animar la inversión en materias primas y empresas de energía.
Por esa divisa europea se pagaban este viernes 1,3392 dólares, frente a los 1,3282 dólares el día anterior.
El sector de materias primas (0,59%) registraba un avance más notable, en tanto que el de equipamiento (0,21%) y el financiero (0,12%) también registraban alzas, entre otros.
Los inversores conocieron durante la jornada que la confianza de los consumidores de EEUU en la economía y en sus finanzas no varió en marzo respecto de febrero y el índice que elabora la Universidad de Michigan se situó en 73,6 puntos, un registro, sin embargo, algo más favorable de lo que esperaban los economistas.
También se difundieron datos oficiales que reflejaron que el producto interior bruto (PIB) de EEUU creció en el último trimestre de 2009 a un ritmo del 5,6%, tres décimas menos de lo que se había calculado con anterioridad y de lo que esperaban los economistas.
Bank of America (1%), además de United Technologies y de Chevron, que subían en torno al 0,7%, lideraban el grupo de empresas en el Dow que se negociaban al alza, en tanto que Travelers subía el 0,61%, entre otras.
La sesión se mostraba de momento desfavorable para Pfizer (-1,44%), que registraba el descenso más acusado entre los componentes del Dow Jones que se negociaban a la baja, así como para Micrsosoft (-1,12%), Merck (-0,8%), además de Kraft y American Express, que perdían en torno al 0,7%.
La deuda pública estadounidense a diez años subía de precio y ofrecía una rentabilidad del 3,85%.
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