España tiene 1,3 ocupados por cada pasivo, frente a 2 antes de la crisis
El avance del desempleo y el envejecimiento de la población elevan la ratio de dependencia y dificultan el nivel de protección del Estado del bienestar.
En España hay 1,32 personas con empleo remunerado por cada pasivo, considerando como tales a los pensionistas y a los desempleados, según las fuentes oficiales. Esta tasa o ratio de dependencia financiera de la economía, que mide la capacidad de financiación que el país tiene de sus sistemas de protección social, está en los valores más bajos del siglo, solo equiparables con los registrados en los años de la crisis de los noventa. Entonces coincidía un nivel de ocupación estructural muy bajo, con un fuerte ajuste coyuntural del empleo, y una explosión del retiro anticipado provocado por la presión de las reconversiones industriales. Las ratios de dependencia se acercaron peligrosamente a uno: una persona con empleo por cada parado o pensionista. Hace tan solo cuatro años había en España dos ocupados por cada pasivo financieramente dependiente.
Ahora, tras tres años largos de crisis económica, con un ajuste en el empleo desconocido en el pasado que ha llevado el número de parados a la frontera de los cinco millones, y con la pérdida de ocupados obligada hasta los 18 millones de personas, la tasa de dependencia financiera ha vuelto a tensarse peligrosamente. En concreto, los ocupados alcanzan los 18,15 millones de personas, que tienen que aportar recursos para financiar la protección de los 4,91 millones de parados contabilizados por Estadística y los 8,78 millones de pensionistas en la nómina de la Seguridad Social.
Lógicamente, no todos los desempleados tienen protección económica, puesto que el seguro y subsidio de desempleo solo cubre un periodo temporal limitado. Pero todos ellos dejan de aportar sus cotizaciones e impuestos, lo que les convierte, aunque sea temporalmente, en pasivos del Estado del bienestar. De hecho, aunque el número de parados con prestación económica solo ha superado puntualmente los tres millones de personas, cifra no alcanzada en ningún otro periodo de la historia, el gasto ha sobrepasado los 36.000 millones de euros anuales, cantidad que escasamente llega al gasto en educación de todo el país.
Este capítulo de gasto, aunque tiene limitaciones por el carácter temporal de las prestaciones, varía con la coyuntura económica. Pero el que experimenta un avance lento pero imparable es el de las pensiones de la Seguridad Social, tanto por el envejecimiento de la población, como por la mejora sustancial de las cuantías de las prestaciones de jubilación a medida que avanzan los años, puesto que se incorporan a su nómina pensionistas que han acumulado carreras más largas de cotización. Por tanto, lo que está en juego es la viabilidad misma del Estado del bienestar, que precisará de una recomposición del crecimiento y del empleo para ser financiado sin riesgos.
Deterioro súbito
Hace solo cinco años, en 2006, justo antes de que la economía entrase en crisis en todo el mundo, pero con especial coste para el empleo en España, la ratio de dependencia financiera superaba el 2. Había dos personas trabajando por cada una que percibía pensión o estaba en desempleo, remunerado o no. En concreto, tenían empleo 20 millones de personas, y únicamente estaban en situación financiera pasiva 9,97 millones, de las que 8,1 millones eran pensionistas de la Seguridad Social y 1,81 millones eran desempleados contabilizados por Estadística. Tal tasa de dependencia es la más alta registrada por España jamás, y coincidía precisamente con un mercado de trabajo que había reducido la tasa de paro por debajo del 8%, más cerca que nunca del pleno empleo en la práctica. Pero una crisis tan nociva para el empleo como la actual ha infligido una súbito deterioro de las variables de dependencia, que ha pasado a valores muy preocupantes en apenas cuatro o cinco años.
Desde 1995, pero sobre todo desde 1998 cuando España ingresó en la Unión Económica y Monetaria, se produjo una explosión de empleo, arrastrada por una explosión de no menos dimensiones en el crecimiento, que dejó atrás las paupérrimas ratios de dependencia financiera, muy cercanas a la unidad, registradas en los primeros años noventa, y que en el medio plazo hubieran hecho insostenible el sistema de protección en España.
Ya en 2001, con 7,67 millones de pensionistas y 1,9 millones de parados, la ratio se elevó hasta 1,68 ocupados por cada pasivo, dado que el empleo había rebasado ya los 16 millones de personas. Tres años después, en 2004, con 10 millones de pasivos y 18,28 millones de ocupados, la ratio de dependencia financiera se elevó hasta 1,82.
La Seguridad Social, que elabora su propia ratio de dependencia, en la que pone en relación algo tan simple como el número de cotizantes que tiene por cada pensionista, registra cada mes paulatinos y preocupantes descensos. En concreto, en mayo la Tesorería de la Seguridad Social contabilizaba 2,54 cotizantes por cada pensionista, cuando en el año 2007 tal relación llegaba a 2,71. No obstante, el sistema de pensiones contabiliza como cotizantes no solo a los empleados afiliados a la Seguridad Social, sino que incluye también a los desempleados que, por cuenta del Estado, siguen aportando cuotas mientras perciben prestación. Pero en términos puros estos cotizantes, como desempleados que son, deberían ser excluidos de la medición de esta ratio, puesto que sus aportaciones con coyunturales. Con tal exclusión, la ratio de dependencia de la Seguridad Social es de solo 2,19, cerca también del umbral de riesgo.
Uno por uno en Asturias y Andalucía
Si la ratio de dependencia española está en valores de riesgo, con 1,32 personas que aportan por cada una que es pensionista o desempleada, en algunas comunidades autónomas los valores son más preocupantes. Es el caso de Andalucía o Asturias, donde prácticamente hay una persona dependiente por cada persona con empleo y aportación financiera a las arcas públicas de manera regular (ver gráfico de la página 27).
Las comunidades con mejor relación entre sus ocupados y sus pasivos financieramente dependientes son Madrid, con 1,89, seguida de Navarra, con 1,65, o País Vasco y Rioja, con 1,5, según los cálculos realizados con los datos de Estadística y la Seguridad Social.
Llama la atención Canarias, donde tradicionalmente la ratio de dependencia había sido más saneada, pero que con la fuerte destrucción de empleo ha descendido hasta niveles similares al resto del país, con 1,36 ocupados por cada pasivo (parado o pensionista).
El Estado del bienestar depende del empleo
Una de las consecuencias directas de la crisis económica de los últimos tres largos años es el deterioro financiero de las Administraciones públicas, que tienen cada día que pasa más dificultades para financiarse en los mercados abiertos, tanto por la escasez de recursos como por la carestía que exigen los acreedores. Con tres pequeños países periféricos de la Unión Monetaria a merced de los mercados, que han precisado del rescate del dinero público de sus socios europeos, España soporta la sospecha de acercarse a parecido abismo, aunque las condiciones de su economía y su capacidad de repago no sean, ni de lejos, tan estrechas como las de Irlanda, Grecia o Portugal. Pero no debe olvidarse que España ha pasado con el cambio de ciclo de actividad de tener una deuda pública del 40% del PIB a acercarse al 80% cuando finalice la crisis y el ajuste fiscal (siempre que logre recuperar el crecimiento económico que sostenga el equilibrio presupuestario en el medio plazo), y que ni el coste de financiación ni el margen para estimular el resto de los proyectos de inversión son muy holgados.
Además, los pilares del Estado del bienestar, los instrumentos públicos de protección de los colectivos desfavorecidos, tienen su viabilidad en riesgo si no se recompone el crecimiento. Tres años de destrucción de empleo, que han supuesto, con números simples, que tres millones de personas hayan pasado de tener trabajo a militar en el paro, han deteriorado la ratio de dependencia sociofinanciera del país, y la han llevado a valores peligrosos. En concreto, si en 2006, cuando el desempleo se acercó a los mínimos históricos, en España había dos ocupados por cada pasivo (pensionista o desempleado, tuviese prestación o no), ahora solo hay 1,32. La ratio de dependencia se está acercando a los valores que ya registró en la crisis de los primeros años noventa, y que precisó de una revisión profunda tanto de los mecanismos de protección por desempleo como del sistema de acceso a las pensiones de jubilación.
El salto cuantitativo de la economía española ha sido muy importante en el último ciclo alcista de la actividad, tanto en población como en empleo, y solo con ello ha sido posible soportar el avance paulatino pero firme del número de pensionistas y la embestida destructiva de la crisis. Pero para mantener los niveles de protección como los que actualmente recogen las leyes en España, y pese a los ajustes ya introducidos en las condiciones de acceso a las pensiones de retiro, parece inevitable un nuevo ajuste de los niveles del bienestar. Por alejados que nos sigan pareciendo de los estándares europeos, la economía española no dispone hoy de mecanismos para financiarlos sin riesgo de asfixia para los contribuyentes y para el propio crecimiento económico.
Únicamente una recomposición significativa de los valores del crecimiento de la economía que devuelvan las tasas de empleo a avances acelerados puede poner a salvo el nivel de protección del Estado del bienestar en España. Y tal recomposición se antoja extremadamente complicada mientras no se produzca un desapalancamiento notable de los agentes económicos (empresas, familias y banca), que han acumulado volúmenes de deuda tales, y de tal naturaleza, que son ahora tan obstaculizadores de la actividad como dinamizadores del crecimiento fueron en el pasado reciente.
Tener tasas de desempleo por encima del 20% para la población en general y cercanas al 50% para los jóvenes no son circunstancias que se puedan soportar durante mucho tiempo. Además, es tarea capital evitar que tales situaciones fuercen lo que la ratio de dependencia sociofinanciera está adelantando: un recorte de los estándares de protección cuando todavía no han alcanzado los niveles de maduración que tienen en los países socios de la Unión Europea.
Por tanto, todos los esfuerzos políticos deben encaminarse a reconstruir el crecimiento, sin miedo a hacer reformas de profundidad inequívoca, tengan el coste electoral que tengan y pisen los callos corporativos que pisen, porque la labor primera de la función pública es poner los mejores instrumentos al servicio de los administrados. Es la única forma de que los esfuerzos de austeridad que se han exigido tengan el efecto multiplicador que se les supone.
Los trabajadores conocerán su pensión antes de jubilarse
El Gobierno informará a los ciudadanos de la cuantía de su futura prestación, de acuerdo con sus cotizaciones, para que hagan sus previsiones.
El Gobierno se comprometerá con los empresarios y los trabajadores a informarles de la pensión que les pueda corresponder en el futuro, de acuerdo con las cotizaciones a la Seguridad Social que estén realizando. El objetivo de esta medida es “concienciar” a la población para que tome sus propias medidas ante la jubilación y, en consecuencia, se preocupe de cotizar más a la Seguridad Social o bien busque instrumentos privados de ahorro.
Estos son los objetivos fundamentales de una enmienda que ha introducido el Gobierno – y el PSOE– en la Ley de reforma de la Seguridad Social, que ha dado sus primeros pasos en el Parlamento. Es también una demostración de la presión que ha ejercido el sector privado –con Unespa e Inverco a la cabeza– para que los ciudadanos no confíen tanto en la pensión de la Seguridad Social y busquen vías privadas de previsión.
La enmienda sigue también el modelo de la llamada carta naranja de Suecia, que cada trabajador de aquel país que, al menos una vez al año, recibe cada trabajador de aquel de país con información sobre lo que lleva de cotización a la Seguridad Social y la pensión que le correspondería con la contribución realizada.
Entre estos datos, se proporciona al ciudadano datos sobre la esperanza de vida de su generación que, al final, también se tendrá en cuenta para calcular la renta del futuro.
De hecho, todas estas circunstancias fueron tenidas en cuenta por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo que hizo una recomendación al respecto en el informe que fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 25 de enero.
Información en el domicilio
Precisamente, en la llamada motivación de la enmienda, que es su explicación, el PSOE recuerda que el Pacto de Toledo recomienda lo siguiente: “Al menos una vez al año, y en cuanto sea posible, todo cotizante debe recibir en su domicilio información puntual sobre los siguientes aspectos: la pensión aproximada que, de mantenerse constantes sus circunstancias de cotización, percibiría tras su jubilación, lo cual debe servir de mecanismo de concienciación sobre sus posibilidades económicas en el futuro, así como sobre la relación entre su salario actual y la pensión que le correspondería”.
La enmienda cumple además con las recomendaciones de transparencia en los sistema públicos de pensiones que recomienda la Comisión Europea, para mejorar la concienciación de los ciudadanos sobre su futuro.
La enmienda, recogida en la ley de reforma de la Seguridad Social, dice lo siguiente: “Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés personal y directo”. En especial, “sobre su futuro, y a partir de la edad y con la periodicidad” que determine un reglamento en los próximos meses.
También es verdad que, como ha reconocido el secretario general de la Seguridad Social, Octavio Granado, la Administración tiene muchas dificultades para reconstruir informáticamente la vida laboral de quienes ya estaban cotizando en la década de los ochenta del siglo pasado.
Ésta es una de las razones fundamentales de que, al final, el Gobierno haya optado en esta reforma por ampliar de 15 a 25 años el periodo de cotización exigido para calcular la cuantía de la pensión. El Gobierno habría tenido muchas dificultades para reconstruir informáticamente toda la vida laboral, que hoy sería, al menos, 35 años de cotización.
Sin pagar la deuda no hay prestación
El Gobierno ha introducido otra enmienda en la reforma de la Seguridad Social que permitirá a la Administración suspender el pago de la prestación a una persona cuando “incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento” en el abono de la deuda que tiene con el sistema de protección. Es una medida dirigida a los autónomos y pretende corregir una situación que se daba hasta ahora. La posibilidad de que un trabajador por cuenta propia pueda estar cobrando una prestación de la Seguridad Social al mismo tiempo que arrastra una deuda con la misma. El Reglamento General de Recaudación establece que el incumplimiento de la deuda “provoca la reanudación del procedimiento de apremio, pero no la suspensión o extinción de las prestaciones reconocidas cuando se estaba al corriente de pago”. Por ello, el Gobierno explica que la enmienda responde a que “desde la óptica de la equidad y del equilibrio económico del sistema de Seguridad Social, resulta llamativo que los deudores de cuotas, e incumplidores de un aplazamiento, puedan seguir beneficiándose en iguales condiciones que quienes han cumplido con sus obligaciones debidamente, lo cual podría llegar a considerarse como un enriquecimiento injusto por parte de aquéllos”. No obstante, la reforma contempla que el deudor pueda utilizar la prestación para ponerse al corriente en el pago de las cotizaciones sociales.
BBVA y Gas Natural, los mejores del Ibex 35 con subidas cercanas al 5%
Tras una semana de infarto en los mercados bursátiles, provocado por los temores ante la reestructuración de la deuda griega, el Ibex-35 consiguió salvarse gracias al pacto franco-alemán del viernes: acumuló unas ganancias del 1,18% en los cinco días, lideradas por los títulos de BBVA y Gas Natural.
En el caso de la entidad financiera, sus acciones se revalorizaron un 4,98%, sobre todo por el alivio que supuso para los inversores la voluntariedad acordada por Sarkozy y Merkel para que la participación privada en el rescate heleno fuera voluntaria. Los grandes bancos, como BBVA, sintieron el alivio y los inversores lo agradecieron con una subida que alcanzó el 5,54%, sólo en la sesión del viernes.
Además, Santander también registró una buena evolución, aunque menor que la de BBVA. Las acciones del banco presidido por Emilio Botín se apuntaron un 3,28% semanal, con una subida del 4,30% el viernes. El banco ha celebrado esta semana su junta de accionistas, en la que se anunció la previsión de alcanzar los 8.100 millones de euros en beneficios para este ejercicio.
Los expertos consultados por Bloomberg aconsejan mantenerse en BBVA, que registra una revalorización anual superior al 5%. Lo mismo sucede con las acciones de Santander, aunque sólo acumulan un 0,28% anual.
Por su parte, las acciones de Gas Natural se revalorizaron un 4,83%. Los inversores han agradecido el fin del conflicto que mantenía esta compañía con la argelina Sonatrach. Finalmente, el Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado por unanimidad una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, que supondrá la entrada de la compañía argelina Sonatrach en el accionariado de esta sociedad con un 3,85%. El acuerdo implica la emisión de 38,1 millones de nuevas acciones a un precio de 13,4806 euros por acción, por lo que el importe total a desembolsar por Sonatrach en efectivo es de 514 millones de euros.
La gasista, que acumula una revalorización anual cercana al 20%, se mantiene entre las recomendaciones de los analistas bursátiles, aunque consideran que su recorrido, a medio plazo, no debería ir más allá de los 15 euros por acción, esto es, un 8% más que sus registros actuales.
Wall Street logra dar portazo a los números rojos de las últimas seis semanas
Wall Street logró hoy, por la mínima, dar portazo a los números rojos de las últimas seis semanas gracias a la bienvenida de los mercados al acuerdo entre Francia y Alemania para ayudar a Grecia, que despeja el camino para un nuevo rescate al país heleno.
El Dow Jones de Industriales, el índice de referencia del parqué neoyorquino, anotó esta jornada un avance del 0,36 por ciento con el que conquistó de nuevo, también por los pelos, la simbólica barrera de los 12.000 puntos al quedar en 12.004,36 puntos.
Ese indicador logró así acumular un ascenso semanal del 0,44 por ciento, con el que puso fin a la sangría que ha reinado en el parqué neoyorquino desde principios de abril, la racha bajista más prolongada del Dow Jones desde 2002.
El selectivo S&P 500 emuló el comportamiento del principal índice de Wall Street y acabó el día con una subida del 0,3 por ciento, con la que logró salvarse de los números rojos en términos semanales al acumular una ganancia del 0,04 por ciento, en los últimos cinco días.
El panorama es más desolador para el índice que mide la evolución del mercado Nasdaq, que, tras dejarse este viernes el 0,28 por ciento, ha retrocedido esta semana el 1,03 por ciento, con lo que ha perdido todo el terreno que había ganado en los primeros meses del año y se encuentra ya un 1,37 por ciento, por debajo del nivel de cierre de 2010.
El índice compuesto del mercado Nasdaq tras verse claramente arrastrado hoy por el desplome del 21,45 por ciento que registró el grupo canadiense Research In Motion (RIM), el fabricante de la Blackberry.
Esa compañía, a la que los inversores miran muy de cerca en los últimos tiempos por las dificultades de sus aparatos a la hora de competir con el iPhone de Apple y el Android de Google, reveló el jueves lo que los inversores más temían: en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2012 sus beneficios se redujeron el 9,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Además, la compañía se ha visto forzada a rebajar sus pronósticos de beneficio para el segundo trimestre del año.
La contundente caída de RIM arrastró consigo a todo el sector tecnológico, que se dejó en su conjunto el 0,38 por ciento en una jornada en la que el resto de sectores cerraron en terreno positivo menos el de las materias primas, que perdió un mínimo 0,02.
En ese ambiente pesimista generalizado en el sector tecnológico, sorprendió entre los analistas que la radio por internet Pandora consiguiera darle la vuelta a la jornada y terminar el día con un avance del 1,06 por ciento, aunque esa subida no fue suficiente para reconquistar el precio con el que sus acciones salieron a Bolsa este miércoles (16 dólares), ya que terminaron en 13,4 dólares.
El ánimo vendedor predominante entre las compañías tecnológicas no fue secundado por el resto de sectores y empresas de Wall Street, que se vieron favorecidas por la relajación de los inversores desde el arranque de la sesión, cuando se conoció que la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, acordaron hacer "cuanto sea necesario" para rescatar Grecia.
Ese preacuerdo rebajó la tensión en unos mercados que habían visto con nerviosismo la falta de acuerdo europeo para rescatar al país heleno, lo que se unió además a la buena noticia de que el índice de tendencia futura de la economía de Estados Unidos subió 0,8 puntos en mayo, por encima de lo esperado, según informó hoy The Conference Board.
Ambas noticias infundieron optimismo, por lo que apenas influyó sobre los inversores que la confianza de los consumidores en la evolución de la economía estadounidense y de su situación financiera personal bajara en junio hasta 71,8 puntos, más de los 74 previstos por los analistas, según divulgó la Universidad de Michigan.
La semana que viene se conocerán los resultados empresariales de Adobe, FedEx y Oracle, entre otras empresas, con los que los inversores tratarán de tomar el pulso al estado de la economía estadounidense.
El Nikkei termina con una subida del 0,03%
El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio aumentó hoy al cierre 2,92 puntos, o el 0,03 por ciento, hasta situarse en 9.354,32 puntos. El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, subió 1,49 puntos, el 0,19 por ciento, hasta los 806,83 enteros.
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