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lunes, 20 de febrero de 2012

Prensa 20 febrero

Rajoy defiende la reforma laboral porque es "justa, buena y necesaria"


El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ayer la reforma laboral aprobada por su Gobierno frente a las protestas contra ella que hubo en toda España y, aunque expresó su respeto por ellas, aseguró que la reforma es "justa, buena y necesaria" para el país.

Rajoy aludió a la reforma laboral en su discurso de clausura del 17 Congreso nacional del PP, en el que afirmó que ha asumido que hay voces contrarias a ella, aunque recalcó que él y su Gobierno se deben a todos los españoles y hay que hacer cambios para adaptarse a un mundo distinto y global.

"Si queremos que España crezca y cree empleo, hay que hacer esto que hemos hecho", ha señalado antes de sentenciar: "Así lo creo, así lo siento y así se lo digo a todos los españoles".

Para Rajoy, la reforma laboral aprobada es la que estaban esperando más de cinco millones de parados, porque es la que puede evitar que España sea el país que más empleo destruye en toda Europa.



El desempleo obliga a revisar las pensiones


En economía, igual que en las películas del Oeste, lo que mata no es la bala, sino la velocidad que lleva. La ratio que mide la sostenibilidad del sistema público de pensiones es la relación entre cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista. Esta relación se situaba en el mes de noviembre en 2,4, descendió al 2,1 en diciembre y aún no se ha cuantificado el impacto de la fuerte caída de cotizantes en enero (283.684).

Todos los expertos coinciden en que la gravedad de la coyuntura económica obligará a adelantar el calendario de la reforma pactada por el gobierno socialista con los agentes sociales hace un año. El gasto en pensiones representaba el 9% del PIB y la reforma se hizo porque las proyecciones demográficas indicaban que se dispararía al 16% en el 2050. El problema es que la reforma no se pondrá en marcha hasta el 2013 y sus efectos se empezarán a notar paulatinamente siete años después. Es decir, aún no se ha hecho nada y con la ayuda de la crisis el gasto en pensiones se ha elevado al 12,3% del PIB.

La comisión de expertos impulsada por Unespa, y de la que forman parte Juan Manuel Eguiagaray, José María Fidalgo, José Luis Leal y José Antonio Herce, advirtió en junio que tal como había quedado la reforma sería necesario darle una segunda vuelta de tuerca y acortar los plazos para su entrada en vigor. La coyuntura ha acelerado esta situación, explica Juan Manuel Eguiagaray. "Lo que ya sabíamos que había que hacer ahora hay que afrontarlo con más premura y adelantar las fechas".

Como explica Sergi Jiménez, profesor de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del grupo de expertos de Aviva, la reforma se hizo para anticiparse a unos problemas que iban a estallar en el 2020, pero el deterioro del mercado laboral es tan fuerte que este escenario se ha adelantado ocho años. "El futuro está aquí y no nos permite medidas para compensar el ajuste". En su opinión, de confirmarse el fuerte deterioro de la relación cotizantes y pensionistas, estamos en una situación de "emergencia".

Tal como explica, el gasto en pensiones crece a un ritmo de 5.000 millones cada año. En el supuesto más optimista de que el empleo en lugar de seguir destruyéndose empezara a crecer a un ritmo del 1,5% se necesitarían varios años para compensar el fuerte descenso de cotizantes que ha provocado la crisis, y eso sin contar que el número de pensionistas sigue creciendo.

Por esta razón, afirma que debería acelerarse la transformación del sistema en uno más contributivo. Como explica Juan José Dolado, profesor de la Uc3m y miembro del grupo de expertos de Aviva, "más vale prevenir que lamentar, y el famoso factor de ajuste a la sueca tiene que empezar a operar".

El problema es que la Seguridad Social cerró el 2011 con un déficit de 668 millones, lo que supone el 0,06% del PIB. Como explica Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo con el PP, lo más grave es que cuando la Seguridad Social entra en déficit, este se deteriora con una rapidez que es impresionante.

Desde que se inició la crisis en julio del 2007 se han perdido 2,6 millones de cotizantes. La gran recesión, que dura ya cuatro años, se ha cobrado más de dos millones de empleos netos y más de 200.000 empresas, como recordó esta semana el presidente de la CEOE, Juan Rosell.

La reforma aprobada por el gobierno socialista debía ponerse en marcha en el 2013 y entraría plenamente en vigor en el 2027. Las claves del ajuste pactado eran aumentar paulatinamente de 15 a 25 años la edad de cotización con el objetivo de reducir las prestaciones un 10% cuando la medida estuviera completamente en vigor en el 2022. El segundo elemento fundamental era incrementar progresivamente la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, lo que permitiría un recorte adicional de las prestaciones del 12% cuando la medida fuera totalmente efectiva en el 2027.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reconocido la delicada situación en que se encuentra el sistema público de pensiones. En su primera comparecencia parlamentaria anunció que habrá que utilizar toda la vida laboral para calcular las futuras pensiones. Esto significa replantear la gradualidad con que se pactó la reforma de pensiones hace un año. El problema es que afirmó que todos los cambios se harán negociados en el marco del pacto de Toledo, una negociación que hasta el PSOE quiso eliminar porque sólo demora las decisiones.

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha recordado que la situación es complicada, pero el Estado debe a la Seguridad Social 4.000 millones por complementos de mínimos. En su opinión hay que "desdramatizar" el uso del fondo de reserva. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, advirtió que habría que utilizarlo en el 2012 o el 2013 si no se adoptaban medidas. Son 64.000 millones de euros que se han acumulado para compensar las "puntas de tesorería" y están invertidos en deuda pública española. El problema es que sólo representan ocho meses para pagar la nómina completa de las pensiones. El sistema debería estar aún dos meses en déficit, lo que no ha pasado.



Despidos a corto plazo, empleos a largo


Cuando uno frecuenta los bares de barrio puede pulsar el estado de ánimo que respiran los ciudadanos de a pie. Ahí se puede comprobar cómo ha calado la reforma laboral aprobada la semana pasada por el Gobierno del PP. Y cómo se quejan los trabajadores de la pérdida de derechos que acarrea. Desde el pasado domingo, cuando entró en vigor el decreto ley, sus vidas laborales valen menos. Saben que Europa apremia y que España roza de nuevo la recesión, pero se aprestan a sugerir la salida de la zona euro, como si la independencia fuese la solución a la destrucción de empleo.

Del otro lado, la empresa. Mucho más consciente de la necesidad de Europa, de la cuerda floja en la que se mueve y de la importancia de que España se parezca a ella en sus usos laborales. “Los inversores no tienen miedo a España, sino a Europa en su conjunto. Por eso da igual que se introduzcan las reformas necesarias, reformas que no gustan a la población pero que son buenas, porque lo que nos lastra es la situación económica europea”, sostiene una directiva de una empresa del Ibex que prefiere mantener el anonimato, a la vista de cómo han reaccionado los mercados a las reformas del PP.

Como los organismos internacionales, los directores de recursos humanos de las compañías españolas aplauden casi sin excepción la norma que regirá las relaciones laborales a partir de ahora. No podía ser de otra manera porque está claramente escorada hacia la empresa. “Es un verdadero cambio de modelo, una reforma valiente, profunda y que aborda de lleno los principales problemas de nuestro marco laboral”, señala Íñigo Capell, director de medios de NH Hoteles (con 6.000 de sus 18.000 empleados en territorio nacional). “España se hace más atractiva para inversores extranjeros a la hora de establecer operaciones en el país. Y aumentará la confianza empresarial para contratar”, agrega Marta Moseguí, directora de recursos humanos de Sony Iberia (500 empleados), consciente de que limita los derechos de los trabajadores.

Ambos directivos coinciden en que el efecto de la reforma laboral a corto plazo será un aumento de los índices de paro por el abaratamiento del despido que introduce, “pero es la única forma de conseguir la reactivación de la actividad económica y niveles de empleo similares a nuestros vecinos europeos a medio plazo”, dice Capell. Desde la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) se afirma con rotundidad que la norma “creará empleo a medio y largo plazo porque da a las empresas más flexibilidad y posibilidades de seguir adelante”.

Y, pese a que el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, haya fijado en seis meses el tiempo que tardará en empezar a generar puestos de trabajo, los responsables de los departamentos de personal de las compañías, que son quienes van a aplicar la reforma, no son tan optimistas. “Puede que en dos o tres años se compense el aumento del paro inicial con una superior contratación”, sostiene uno de ellos.

Lo más importante, considera Enrique Novella, director de recursos humanos de General Dynamics (1.800 trabajadores), es que el nuevo marco laboral contribuya a frenar el ritmo de destrucción de empleo en nuestro país, con 5,3 millones de parados y unas previsiones que sitúan la cifra cerca de seis millones a finales de este año. Algo que se conseguirá si las compañías aprovechan realmente las posibilidades de flexibilidad interna que les da la norma. “Ya no es necesario hacer siempre cualquier ajuste por la vía de la destrucción de empleo. Andábamos faltos de flexibilidad y ahora se nos facilita. Las empresas podrán compensar su nivel de actividad con un mejor reparto del trabajo”, indica Ramón Cuellas, responsable de la plantilla de Logista (1.100 personas).

Y esa flexibilidad que permite aplicar el descuelgue de los convenios colectivos a las empresas si sus resultados económicos no marchan bien va a favorecer, según Pedro Díaz, director de recursos humanos de Vodafone, “una nueva rebaja generalizada de los sueldos”. En su opinión, positiva por cuanto a España no le queda otro remedio para ganar competitividad. “Estamos condenados a cumplir unas normas que en su mayoría nos vienen impuestas por Europa”, sostiene.

Díaz niega que Vodafone se esté planteando realizar un expediente de regulación de empleo actualmente, sí negocia con los representantes de los trabajadores una congelación de los salarios, renuncias al sueldo variable y otras medidas de flexibilidad interna que permitan mantener sus 4.000 empleos mientras su facturación se ha rebajado en 2.000 millones de euros, explica.

El responsable de recursos humanos de Vodafone señala que su empresa no va a aplicar la nueva reforma laboral en tanto su tramitación no haya finalizado. “Si lo haces ahora, te puedes equivocar y romper la relación con los sindicatos”, afirma.

Aunque muchas compañías se muestren cautas en la aplicación de la reforma laboral, aún por tramitar como ley en el Parlamento, pero ya en vigor; los abogados laboralistas han comenzado a utilizarla esta misma semana, como así confirman Juan Antonio Linares, socio de Cuatrecasas, y Daniel Cifuentes, responsable del área laboral de Olswang. Sus despachos han presentado sendos ERE (que ya no precisan autorización administrativa) para lograr que las indemnizaciones se fijen en 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, conforme a la nueva regulación, en vez de por encima, como ocurría hasta ahora.

La mayoría de las peticiones de clientes que han respondido versaban sobre cómo reorganizar los grupos laborales de la empresa (que han dejado de ser categorías, mucho más numerosas), o a qué convenio colectivo ceñirse a partir de ahora (cuando se prima el convenio de empresa), además de cómo calcular las indemnizaciones por despido y sus topes, claro.

Para David Díaz, socio de Baker & McKenzie, las fórmulas que más van a aplicar inicialmente las empresas españolas son la cláusula de cuantía salarial, la de modificación de funciones de sus empleados y los menos gravosos ERE. “Se producirá un cambio de empleo viejo por uno nuevo y muy barato. Bajadas de sueldos, descuelgues de convenios y cambio de horarios a conveniencia de la empresa”, advierte Juan Antonio Linares.

Los tres abogados prevén un aumento de la judicialización. Es lógico, “porque se traslada parte de la responsabilidad de la Administración a los jueces si empresa y sindicatos no son capaces de ponerse de acuerdo. Nuevas reglas y múltiples interpretaciones van a dar lugar a un crecimiento de los litigios con bastante seguridad”, coincide Jerónimo Corral, director de recursos humanos de Compass Group en España.

Corral pretende usar en Compass (13.000 empleados) el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje, así como el permiso anual de formación, “que debe permitir la actualización profesional de todos nuestros colaboradores”. “Al menos un 10% de las nuevas contrataciones de la empresa se realizarán mediante ese tipo de contrato si estamos seguros de la calidad de la formación teórica que le acompaña”, mantiene. LG también prevé realizar contratos de formación y utilizar el cheque de formación. La compañía de restauración y catering estudiará las posibilidades que le da la norma para adaptar las jornadas a su nivel de actividad para optimizar la carga de trabajo, añade Corral.

Su homólogo en General Dynamics, Enrique Novella, explica “vamos a analizar sosegadamente todos los aspectos que puedan ser útiles para la mejor gestión de nuestros recursos y sin duda haremos uso de los instrumentos que nos proporciona esta modificación legislativa. Fundamentalmente, todos los referentes a flexibilidad interna: distribución irregular de la jornada, clasificación en grupos profesionales, así como las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo en su nuevo enfoque justificativo, basado en la ‘competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa’ (los turnos, horario, sistema de rendimiento, remuneración…)”. Opinión que comparte Capell.

“En la medida en que estas fórmulas se apliquen, habrá menor destrucción de empleo en España”, pronostica David Díaz. Algo que no será posible, indica el representante de una gran entidad financiera, “si no se hace pedagogía de la reforma y se explican las posibilidades que abre a las empresas, sobre todo a las pymes, para que la última vía de ajuste a la realidad económica sean los despidos, que es el objetivo de la reforma”.

Daniel Cifuentes es menos optimista: “Al final nuestro tejido empresarial prefiere las soluciones sencillas y el despido sigue siendo más atractivo que la flexibilidad, que no está preparado para aplicar”. El tiempo dirá si efectivamente el empresario prefiere reducir jornadas, salarios, hacer traslados, cambio de funciones, como postula la CEOE, o sigue tirando de las extinciones de contratos como primera medida.



53 reformas en 32 años


En menos de un mes, el Estatuto de los Trabajadores cumplirá 32 años de vida. Una existencia ajetreada si se tiene en cuenta que se ha modificado en nada menos que 53 ocasiones, es decir, que ha habido algo más de una reforma y media al año, según un estudio de la Fundación Primero de Mayo, adscrita al sindicato CCOO. La última, hace menos de dos semanas, perpetrada por el Gobierno de Mariano Rajoy y azuzada por organismos internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la canciller alemana, Angela Merkel.

Ninguna de ellas ha conseguido que, cuando España entra en crisis, el mercado laboral no caiga en picado. "Las crisis económicas no tienen sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo, sino que el mercado de trabajo termina reflejando alguna de las consecuencias y efectos de la crisis, especialmente en forma de destrucción de empleo y de precarización del mismo", señala una de las conclusiones del estudio, que repasa las modificaciones legales más importantes y sus consecuencias en el mercado laboral. Subraya también que la mayoría de cambios se hicieron sin que hubiera un acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno de turno.

Contra el manido argumento de que la destrucción de empleo en nuestro país es consecuencia de la rigidez de las instituciones y políticas laborales, la Fundación Primero de Mayo contrapone la evolución del mercado de trabajo en los últimos años. "En la etapa expansiva del último ciclo económico, entre los años 1995 y 2007, se creó un importante volumen de empleo, por lo que no parece coherente defender que la misma regulación laboral que no frenó este crecimiento sea la principal causa de la crisis", dice. El estudio subraya también que la misma regulación laboral no impide que existan enormes diferencias entre comunidades autónomas: mientras que en Andalucía o Canarias la tasa de paro supera el 30%, en el País Vasco y Navarra es del 12,6% y del 13,8%, respectivamente (la media española es del 22,8%). De esta forma, el centro de estudios destaca el papel del modelo productivo y de sus debilidades (excesiva especialización en la producción, poca innovación, etc.) en el desencadenamiento de la crisis y la masiva destrucción de empleo.

Años 80

Hacia la temporalidad

El informe señala que las primeras reformas laborales, especialmente a partir de la aprobada en 1984, supusieron "el punto de inflexión" hacia la temporalidad. "Viran hacia un mayor protagonismo de la temporalidad en la contratación y de la contratación a tiempo parcial, sin incidir en elementos clave de la economía española", subraya. Aquella reforma fomentó el uso del contrato temporal "descausalizado", casi al arbitrio del empresario. Para la Fundación Primero de Mayo, ese el origen de los principales males del mercado laboral español: la llamada dualización (con una parte de la población trabajadora muy desprotegida en cuanto a derechos y condiciones de trabajo) y de la excesiva rotación en la contratación (unos trabajadores son sustituidos por otros para desempeñar el mismo empleo en lugar de promover la permanencia en el mismo).

La nuevas normas ampliaron la duración máxima de los contratos en prácticas y formación, y disminuyeron la parte de la jornada dedicada a formación. Intentaron potenciar también la contratación a tiempo parcial. "Durante la segunda mitad de los años 80 se registra un notable incremento de la contratación temporal, en paralelo a una progresiva segmentación del mercado de trabajo, consolidándose así un modelo característico organizado en torno a facilitar la contratación temporal no causal, que se ha configurado como uno de los rasgos estructurales de mercado laboral español", reza el informe.

Es en ese contexto cuando tuvo lugar la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país y supuso un mazazo a las políticas de Felipe González.

Años 90

Más precarización

La primera parte de los años 90 fue intensa en cuanto a modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. La Fundación califica esta etapa de "era dorada" de la contratación temporal: se crearon 1,8 millones de empleos de duración determinada y la tasa de temporalidad se situó en el 32%, tres veces más que la media europea. Un fenómeno que se cebó, sobre todo, en las mujeres, cuya precariedad creció por encima de la de los hombres. Y es que, en la reforma de año 1992, se elevó la duración de este tipo de contratos, al mismo tiempo que aumentó el periodo mínimo cotizado para acceder a una prestación de desempleo.

En 1994 se legalizaron la empresas de trabajo temporal y trató de acotarse la precariedad. Sin embargo, el estudio pone de manifiesto que los cambios no tuvieron gran impacto en la temporalidad, "que experimentó un ligero incremento que continuaría en los dos años siguientes".

Del 2000 a la actualidad

Expansión y recesión

La expansión económica que se produjo entre 1995 y 2007 trajo consigo un crecimiento del empleo hasta alcanzar los 20 millones de ocupados. Eso sí, con "notable protagonismo" de la construcción, aunque también gracias al aumento de la población activa debido, sobre todo, a la sostenida incorporación de las mujeres y los inmigrantes al mercado de trabajo. En 2002, el decretazo' de Aznar abarató el coste del despido y ocasionó otra huelga general. Poco después, el entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, salió del Gobierno.

En 2006, los agentes sociales y el Ejecutivo de Zapatero pactaron algunos cambios para tratar, una vez más, de ponerle coto a la temporalidad, aunque la inminencia de la crisis hizo que su incidencia fuera escasa. Desde el colapso de la economía en 2008 y hasta 2012 se han destruido cerca de 2,5 millones de empleos (la mayoría, temporales), el 71% ocupados por jóvenes. Las reformas aprobadas estos años, "ni han logrado frenar la destrucción de empleo ni se ha atajado la segmentación del mercado de trabajo".



Mejores empleos y más sueldo


Los profesionales de nuestro país con un mayor nivel de estudios siguen teniendo más oportunidades de empleo y disfrutan de mejores salarios a lo largo de su trayectoria, a pesar de la difícil coyuntura actual. Además, ocupan trabajos con menos precariedad laboral.

Las cifras del paro siguen creciendo irrevocablemente en nuestro país, especialmente entre los más jóvenes, pero la formación sigue siendo una de las mejores armas para combatir la coyuntura y abrirse camino en el mercado laboral. A pesar de la evolución tan negativa de las cifras de ocupación en España durante los últimos años, la tasa de paro de los profesionales con estudios universitarios y de posgrado sigue siendo sensiblemente inferior a la de la población activa que tiene un menor nivel educativo. En concreto, la de los titulados universitarios es la mitad que en el conjunto de la sociedad y la de quienes cuentan con estudios de posgrado es una tercera parte de la tasa de paro general. Incluso a pesar del negro panorama laboral del pasado año, los niveles de desempleo entre los profesionales con posgrado han descendido ligeramente en siete comunidades autónomas, frente al crecimiento del paro general en todo el país para el resto de la población activa.

La formación, por tanto, sigue siendo una buena inversión de futuro. El mercado laboral vive en la actualidad un fuerte estancamiento y ofrece pocas oportunidades laborales a las nuevas promociones de universitarios que terminan sus titulaciones de grado, pero los datos oficiales reflejan que cuanto mayor es el nivel de estudios de los profesionales, más posibilidades sigue habiendo de acceder a un empleo, de desarrollar un trabajo de mayor cualificación, de sufrir menos precariedad laboral y de alcanzar una retribución más elevada.

Es lo que señalan las estadísticas oficiales recogidas en dos informes que analizan desde hace varios años la relación entre el nivel de cualificación de los profesionales de nuestro país y sus niveles de ocupación laboral, de estabilidad en el empleo, su nivel de responsabilidad empresarial y su retribución.

El nivel de inserción laboral y de estabilidad en el empleo son mayores a medida que aumenta la preparación de los profesionales, según el estudio La empleabilidad de la población cualificada, elaborado desde hace varios años por EAE Business School, que será presentado próximamente y al que ha tenido acceso E&E. “La competencia en el mercado laboral es cada vez más fuerte. Con el aumento de la población que tiene acceso a la educación, se incrementa la demanda de puestos de trabajo que requieren este perfil. Sin embargo, estos puestos de trabajo no necesariamente crecen al mismo ritmo, y por lo tanto, cada vez resulta más difícil para las personas conseguir un trabajo. Es por esto que otro tipo de habilidades adquiridas mediante una educación más avanzada y específica son cada vez más valoradas y permiten diferenciarse del resto”, señalan los autores del estudio, Juan Aitor Lago, profesor y director del Strategic Research Center de EAE Business School e Ignacio García, docente e investigador de este centro.

Tanto es así, que en un escenario de destrucción de empleo neto, en algunas comunidades autónomas de nuestro país, el paro entre los profesionales con estudios de posgrado se ha reducido durante el último año. Se trata de Aragón, Castilla y León, Galicia, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Murcia y Navarra. En ese periodo, por contra, la tasa de paro en todo el país para el conjunto de la población activa creció un 13%.

Según este trabajo de investigación, ampliar la formación a través de un programa de posgrado sigue compensando a pesar de que en el actual periodo de destrucción de empleo la situación ha empeorado, también para los más cualificados. Entre los profesionales con máster, la tasa de paro se situó en el año 2011 en el 7,6%. Es decir, que es más de tres veces inferior al nivel de desempleo del total de la población activa, que fue del 23%. Presentan también mejores datos que los titulados universitarios, que tenían casi un 12% de desocupados a finales del pasado año.

Además, quienes tienen un máster disfrutan de más oportunidades para regresar al mercado de trabajo en menor tiempo cuando se quedan sin empleo: los profesionales con posgrado que llevan desocupados más de un año son casi el 45%, frente a cerca del 58% de los titulados universitarios y poco más del 65% del conjunto de los desempleados.

El nivel de formación tiene también una incidencia en la calidad del empleo y la precariedad laboral. A más estudios, menos padecen el fenómeno de la sobrecualificación. Es decir, que desarrollan tareas que se corresponden más con su educación que el resto de la población. El 5% de los titulados con posgrado en paro padece esta situación, frente al 21% de graduados universitarios.

Temporalidad

La cualificación de los trabajadores también tiene un reflejo en su nivel de empleo temporal, en la duración de sus contratos y en el denominado subempleo. Los profesionales con estudios de posgrado tienen menos temporalidad: el 16% de los posgraduados, frente al 18% de los universitarios y el 21% del total; también sufren en menor medida el subempleo –aquellos puestos en los que se trabaja menos horas de las que el profesional estaría dispuesto a hacerlo–: el 5% de quienes tienen un posgrado, por el 7% de titulados universitarios y el 11% de la población activa.

Estas diferencias se aprecian más si se tiene en cuenta la duración de los contratos. Casi las tres cuartas partes de los temporales que tienen una titulación de posgrado firman contratos de corta duración, pero esta proporción es de casi el 88% entre los graduados universitarios y del 93% en el total de la población activa.

Las claves: trabajo y salario

1.Los titulados universitarios con máster puede alcanzar una retribución un 59% superior que uno de Formación Profesional.

2.Los mayores de 50 años con estudios de posgrado superan un sueldo medio de 80.000 euros anuales.

3.El nivel de desempleo entre quienes tienen un máster fue del 7,6% en 2011.

4.Los salarios de los jóvenes con posgrado se acercan a los 29.000 euros brutos al año y los de los universitarios son de 25.000.



El Govern propone una rebaja salarial del 3% a los empleados públicos


Los sindicatos rechazan la iniciativa, que se materializaría de forma íntegra en la paga extra de junio, y se levantan de la mesa de negociación

La vicepresidenta, Joana Ortega, asegura que se trata de una medida "temporal" que permitirá ahorrar 180 millones de euros

El Govern ha planteado una rebaja salarial del 3% a los empleados públicos en la reunión que ha celebrado la mesa de la función pública, según han afirmado los sindicatos, que se ha levantado de la mesa de negociación a la espera de tener una mayor concreción de esta iniciativa que se aplicaría de forma íntegra en la paga extra de junio.

Además de considerar la propuesta "una salvajada", los sindicatos han mostrado su indignación porque se trata de un recorte lineal que afecta por igual a los que más cobran y a los que reciben un sueldo inferior.

UGT, CCOO e IAC aseguran que el 3% realmente sería el 7% porque al nuevo ajuste se suman los recortes anteriores que afectan al complemento de productividad y otros conceptos. Todo ello, dicen, supone una pérdida de poder adquisitivo del 12% al 18%, según la categoría. Las centrales están dispuestas a negociar, no los recortes salariales, pero sí otras medidas de ahorro. En este sentido han reiterado por ejemplo la necesidad de reducir cargos de confianza lo que, a su entender, supondría un ahorro de unos 9 millones de euros.

Medida "excepcional"

La vicepresidenta de la Generalitat, Joan Ortega, ha afirmado que la reducción salarial del 3% al personal público es "temporal y no se consolida". La medida, que ha tachado de "excepcional" afectará solo a la paga de junio, en la que se aplicará el recorte del 3% sobre el salario anual y ha subrayado que la medida supondrá un ahorro de unos 180 millones de euros.

El objetivo, ha dicho Ortega, es mantener el máximo de puestos de trabajo. A preguntas sobre otros posibles ajustes, la número dos del Govern ha respondido que "no se sabe lo que pasará". En todo caso ha afirmado que si el Gobierno central rebaja también salarios públicos, "en ningún caso" la plantilla de la Generalitat "estará en inferioridad de condiciones". La vicepresidenta ha pedido responsabilidad a los sindicatos, a los que ha acusado de tener una visión "muy obstruccionista".



Los sindicatos llaman a frenar en la calle la reforma laboral


Puede que ya no existan las dos Españas, pero hoy a las 12 del mediodía parece un buen momento para observarlas.

A esta hora tiene previsto clausurar el PP su plácido congreso en Sevilla con la intervención de su líder, Mariano Rajoy, que sigue de celebración con los suyos tras llegar a la Moncloa. El partido controla con mayoría absoluta el Congreso, el Senado y la gran mayoría de comunidades autónomas: es la acumulación de poder institucional más importante de un partido en democracia.

A la misma hora, los sindicatos han convocado manifestaciones en al menos 57 localidades de España, con el apoyo de todas las formaciones de izquierdas. No encuentran motivos de celebración ni tampoco para conceder a Rajoy los cien días de gracia habitual en tiempos menos convulsos: consideran que el decreto ley de reforma laboral que el Gobierno acaba de remitir al Congreso supone el mayor ataque perpetrado nunca al modelo social consagrado en la Constitución.

Comisiones Obreras y UGT inician hoy su campaña "creciente y sostenida" para detener en la calle lo que califican de "contrarreforma laboral". Es el punto de partida a una presión sindical que apunta hacia un horizonte de huelga general en primavera si el Ejecutivo se muestra inflexible. Los sindicatos nacionalistas vascos y gallegos ya han hecho su propia convocatoria de huelga general para el 29 de marzo.

Pese a que los máximos dirigentes de los dos sindicatos mayoritarios se han referido a la reforma laboral en términos durísimos, ambos son partidarios de una respuesta muy meditada e in crescendo para asegurar el éxito de la hipotética huelga general, en el caso de que llegue a materializarse, en un contexto político de mayoría absoluta del PP y un marco mediático extremadamente hostil contra las posiciones sindicales.

En la huelga general contra la reforma laboral del PSOE, en septiembre de 2010, varios medios de ámbito nacional llegaron a publicar artículos de firmas muy relevantes exigiendo incluso la disolución de los sindicatos y el encarcelamiento de sus dirigentes. Y ahora que la reforma laboral aprobada sin diálogo social ha hecho aflorar de nuevo la tensión, los mismos medios han arremetido coordinadamente contra el salario que perciben algunos dirigentes sindicales por su participación en consejos de cajas de ahorros, omitiendo que suelen destinarse a la propia central.

En esta ocasión, la campaña de deslegitimación de los sindicatos ha sido jaleada por la misma vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, que el viernes, tras el consejo de ministros, les acusó de no representar a los parados y se sumó a la agenda de la derecha mediática exigiéndoles gestos de transparencia salarial superiores a los que aplica el PP.

Hostilidad organizada

Los sindicatos han tenido muy en cuenta esta hostilidad organizada a la hora de formular su estrategia. En un documento de CCOO dirigido a cuadros sindicales para preparar las marchas de hoy se escribe lo siguiente: "El Gobierno juega con la idea de que los sindicatos, que somos quienes más frontalmente nos vamos a oponer a sus medidas, hemos venido siendo cuestionados por los poderes mediáticos de la derecha hasta tal punto de que, creen, los trabajadores desconfían de nosotros y no van a seguir ni nuestros argumentos ni nuestras propuestas de movilización; y si les convocamos a una Huelga General, esta estará condenada al fracaso y, en consecuencia, acabará nuestro crédito entre los trabajadores y trabajadoras y la sociedad". El propio Rajoy ya auguró en Bruselas, ante un micrófono que creía apagado, que la reforma laboral le iba a costar una huelga general.

"Batalla de las ideas"

El documento de CCOO se fija otro objetivo: "Garantizar el éxito de las movilizaciones convocadas en la lógica de la acumulación de fuerzas y de ganar espacio en la batalla de las ideas como paso previo a cualquier otro tipo de acción que debamos plantearnos".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se hizo ayer eco en Málaga, donde clausuró la convención programática de su partido ante los comicios autonómicos de marzo, de la "repugnante" campaña del Gobierno contra los sindicatos por haber "osado" a decir "no" a la reforma. "Es lo mismo que hizo Aguirre con los profesores. Al que me ataca, lo atizo. Al que asome la cabeza, duro con él. Esa es lógica de la derecha", añadió, informa Elena Herrera.

También el presidente del PSOE y candidato a la reelección al frente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, denunció un "ataque feroz" contra las centrales.

Los socialistas se han alineado con los sindicatos contra la reforma laboral y hoy les acompañarán en la calle, junto con el resto de la izquierda. El líder de IU, Cayo Lara, hizo un llamamiento a participar en las marchas para detener "el ataque más brutal conocido en democracia contra los derechos sindicales, laborales, salariales y sociales de los trabajadores".



El Ibex 35 se deja un 1,6% en la semana a la espera del rescate a Grecia


El Ibex 35 pincha el rebote por las dudas sobre el rescate a Grecia. Solo BBVA y Santander mantienen parte de las subidas iniciales que llevaron al selectivo a tocar los 8.700 puntos. El saldo semanal es de un 1,58% a la baja. El peor índice del continente.

La semana parecía clave para el futuro de Europa, su divisa y Grecia. Pero el aplazamiento al lunes del segundo rescate a Grecia ha devuelto la incertidumbre al mercado. Mientras el país avanza en los recortes y adquiere nuevos compromisos, aparecen más obstáculos. El último apunta a que el FMI va reducir su participación en el segundo rescate del país. Las subidas han superado el punto y medio porcentual antes de la noticia. El Ibex 35 ha llegado a alcanzar los 8.700 puntos gracias al empuje de BBVA y Santander. Al final selectivo, cierra con una subida del %; en línea con el resto de índices.

Pese a que Bruselas afirma que el acuerdo para desbloquear el rescate está cerca, todavía existen demasiadas incertidumbres sobre la negociación con la banca acreedora y el compromiso del Gobierno heleno con unas nuevas elecciones en abril.

Los bancos que comenzaron con fuertes subidas se han desinflado al final de sesión dejando al selectivo en una caída semanal del 1,4%, la segunda mayor caída del año. Ayer el sector registró una jornada negra con severas caídas tras el levantamiento de la prohibición de posiciones cortas y la rebaja y amenazas de Moody's a las economías y entidades financieras. La banca mediana, exceptuando Bakinter, ha sido de los peores valores de la semana. Bankia pierde un 12; Popular, un 10% y Sabadell, un 9%. Solo superados por Sacyr que se deja un 13%.

En la jornada dentro del selectivo, Santander, BBVA y Telefónica se alzaron como estimulantes del Ibex, al repuntar un 2,04%, un 1,47% y un 1,44%, respectivamente. Repsol YPF (+1,12%) e Iberdrola (+0,95%) apuntalaron el rebote del índice tras caer este jueves un 2,1%.

Los títulos de Indra lideraron las ganancias, con un rebote del 4,82%, en tanto que los de Red Eléctrica se situaron a la cabeza del terreno negativo, al ceder un 1,74%.

En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo española se relajaba a los 333 puntos básicos, tras iniciar la sesión por debajo de los 340 puntos.



Wall Street firma una buena semana con subidas superiores al 1%


La principal bolsa del mundo apuesta por el verde para cerrar la semana. La posibilidad de que Grecia finalmente evite la quiebra sigue tirando de los inversores, aunque con menos intensidad que el jueves. Gracias al tirón de la última jornada, los tres indicadores clave de Wall Street se apuntaron subidas superiores al 1% semanal.

Al cierre de la sesión, el Standard & Poor’s se anotó un 0,23%, hasta los 1.361,23 puntos, por lo que recupera niveles de 2008. El Dow Jones también se mantiene en cotas de hace tres años gracias al avance del 0,35% que marcó hoy. El selectivo dio su último cambio en los 12.949,87 puntos. El Nasdaq tecnológico, en cambio, retrocedió un 0,27%, hasta las 2.951,78 unidades.

En el resumen semanal, las “blue chips” se apuntaron un 1,16%; el S&P 500, avanzó un 1,38% y el indicador tecnológico Nasdaq se revalorizó un 1,65%.

Grecia sigue centrando la atención de los inversores a ambos lados del Atlántico. El mercado afrontó la última sesión de la semana con sensaciones dispares. Por un lado confían en que el próximo lunes se desbloquee el rescate a Grecia y que el Banco Central Europeo participe en él de alguna forma. Pero por otra parte, y teniendo en cuenta que hablando de Grecia cualquier cosa puede pasar ya, los inversores prefieren ser prudentes hasta que verdaderamente se apruebe el rescate.

En el apartado macroeconómico, hoy se conoció el dato de inflación correspondiente a enero. En este mes, los precios subieron un 0,2%, frente al 0,3% esperado por los analistas. También se publicó el indicador adelantado elaborado por la Conference Board, que subió un 0,4% en enero.

En el mercado de valores, los mejores del día han sido Intel (2,11%9, Du Pont (1,90%), Home Depot (1,65%), General Electric (1,53%) y JP Morgan (1,29%). En cambio, Alcoa (-1,36%), HP (-1,04%), Bank of America (-0,87%), Kraft (-0,68%) y Pfizer (-0,56%) terminaron entre los más bajistas de la jornada.

Movimientos

Uno de los protagonistas de la sesión fue el fabricante de chips Applied Materials. Sus acciones subieron un 2% tras publicar unas cuentas trimestrales por encima de las expectativas del mercado.

Fuera del sector tecnológico, Campbell Soup fue otro de los valores que repuntó al alza gracias a sus beneficios durante el cuarto trimestre. Los títulos de la compañía se apuntaron un 2,6% al final de la sesión.

En el mercado de materias primas, el barril de Texas se apuntó cerca de un 1%, hasta superar los 103 dólares; en cambio, el barril de Brent, restó un 0,4%, hasta los 119,58 dólares. El oro se mantuvo sin movimientos en los 1.721 dólares la onza.

En el mercado de divisas, el euro se arañó unas décimas en su cruce con la divisa norteamericana, hasta cambiarse a 1,31 dólares.



El Nikkei cierra con una subida del 1,08%


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró hoy con una subida de 100,92 puntos, el 1,08 por ciento, y quedó en 9.485,09 unidades. Por su parte, el índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, avanzó 8,58 puntos, el 1,06 por ciento, hasta 819,03 enteros.

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