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lunes, 13 de diciembre de 2010

Prensa 13 diciembre

Trichet urge a España a profundizar en la reforma laboral y de pensiones

http://www.abc.es/20101211/economia/trichet-urge-espana-profundizar-20101211.html


El presidente del Banco Central Europeo, JeanClaude Trichet, consideró ayer «extremadamente importante» que España profundice en la reforma del mercado laboral y que ponga en marcha, como tiene previsto, la reforma del sistema de pensiones.

El banquero francés, que participó ayer en Madrid en el «V Seminario de Alto Nivel del Eurosistema y los Bancos Centrales de América Latina» apuntó en rueda de prensa que el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit público que se han impuesto todos los países de la Eurozona para este año y el próximo es esencial y debe estar acompañado de reformas estructurales que aumenten su potencial de crecimiento.

Estas son las principales recetas de la autoridad monetaria europea para que España y otros países de la Eurozona recuperen la credibilidad perdida.

Dar tiempo al mercado

No obstante, y preguntado por la inestabilidad que sigue dominando en los mercados de deuda —ayer la prima de riesgo española volvió a superar los 250 puntos básicos—, Trichet advirtió de que los mercados, los observadores y los inversores necesitan tiempo para asumir las medidas adoptadas, por lo que ahora estamos en un compás de espera.

Lo importante en este momento, a juicio de Trichet, es que cada autoridad asuma sus responsabilidades. Y la principal responsabilidad de los gobiernos europeos en este momento es demostrar que están haciendo lo que hay que hacer y que ponen encima de la mesa todas las medidas posibles para conseguir los objetivos marcados.

Y el BCE, según explicó su presidente, sigue teniendo como principal responsabilidad mantener la estabilidad de precios. Desde que nació, en 1999, la inflación media de la Eurozona se ha mantenido ligeramente por debajo del 2% y ese seguirá siendo su objetivo. «Nuestras decisiones están diseñadas para lograr esa estabilidad de precios», argumentó.

Y respecto al repunte en la cotización del petróleo y su posible impacto en la inflación y, por tanto, en una subida de los tipos de interés, Trichet dijo que el BCE vigila de cerca la evolución del petróleo, pero que de momento, el nivel de los tipos oficiales, el 1%, es el adecuado para el momento actual.

Pese a los ataques de los mercados, Trichet defendió las fortalezas de la economía de la zona euro. El déficit del conjunto de los 16 países que comparten el euro será este año inferior al de las dos principales economías del planeta: Estados Unidos y Japón. Además recordó que desde el inicio de la recuperación económica, en el tercer trimestre de 2009, el BCE ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento todos los trimestres.

El banquero francés reconoció que España es uno de los muchos países cuya economía se ha comportado mejor de lo previsto en los últimos meses. Explicó que mientras nuestro país fue uno de los que más creció en los primeros años del euro, frente a los avances mucho más lentos de economías como la alemana, ahora está ocurriendo lo contrario, se está volviendo al equilibro y eso no es malo. Ahora España se beneficia del tirón de otros países como Alemania, y eso es positivo, aunque eso no quiere decir que debamos dormirnos en los laureles.

Respecto a las pruebas de estrés que se han realizado a la banca y que volverán a hacerse a comienzos de año, Trichet valoró su importancia y abogó por que se realicen de forma periódica a uno y otro lado de Atlántico.

Por último, el presidente del BCE concluyó su rueda de prensa en Madrid asegurando que en la Eurozona «vamos a trabajar con decisión y a poner en marcha las reformas estructurales necesarias para que las turbulencias no nos afecten».

La nota de las eléctricas

Pero mientras las medidas surten efectos, las turbulencias no solo afectan a la deuda soberana, sino que dificultan la financiación de las empresas.

Ayer la agencia de calificación Standard & Poor's colocó bajo vigilancia la calificación de la deuda de Endesa, Enel e Iberdrola. La firma muestra su preocupación por el impacto que puede tener en el sector eléctrico español el retraso en la colocación del déficit de tarifa. Pero en el caso de Endesa, especifica que la puesta en revisión se debe a que el Gobierno de Italia, accionista mayoritario de Enel, debe detallar el respaldo financiero que daría a la filial española en caso de necesitarlo.

Si finalmente, la agencia rebaja un escalón la nota de las eléctricas, hasta «BBB+», dejaría a Iberdrola y Endesa a dos niveles de los bonos basura («BB+» o inferior). Standard & Poor's también ha puesto en perspectiva negativa el rating de la matriz de Endesa, Enel. La agencia entiende que «los retrasos en la titulización de los derechos de cobro del déficit de tarifa del sector eléctrico español pertenecientes a Endesa han ralentizado la recuperación en el perfil crediticio del grupo».

Y respecto a Iberdrola, la compañía de análisis de riesgos señala que la revisión refleja que la capacidad del grupo de mejorar su perfil financiero puede verse constreñida por los retrasos en la recepción de los importantes ingresos de la titulización del déficit de tarifa y el potencial comportamiento a la baja de la débil condición macroeconómica de España». La marca España ha sido, en esta ocasión, una losa, para nuestras compañías eléctricas.



El retiro a los 65 se jubila pronto


La jubilación a los 65 años va camino de convertirse en un anacronismo. Tras varios meses de titubeos, el Gobierno renuncia por primera vez a los eufemismos en el debate sobre la reforma de las pensiones, la más importante de las tareas pendientes. La referencia a los 67 años como edad de retiro había permanecido en la agenda oculta del Ejecutivo prácticamente desde que la formuló, hace ya casi un año. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha renunciado a ese giro radical en el sistema público, aunque tanto él como sus ministros han sorteado la mención expresa para evitar la confrontación política y social. Pero los tabúes sobre la edad legal han acabado.

El Ministerio de Trabajo perfila ya un modelo de reforma basado en el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El único margen que contempla este departamento -y con el que espera atraerse a una parte significativa del Parlamento- consiste en flexibilizar esa obligación de alargar la vida activa en determinados casos. Aunque no está cerrado, las alternativas más plausibles consisten en eximir a algunos colectivos con trabajo especialmente penoso y a los trabajadores con carreras de cotización más largas.

La principal incógnita reside en el grado de flexibilidad que el Ministerio de Economía está dispuesto a admitir. Porque Trabajo se ha mostrado siempre partidario de buscar alternativas eficaces a ese retraso generalizado, pero fue la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, la que comprometió ante Bruselas y el resto de agentes inquietos con el futuro de España un enunciado tan claro y contundente como prolongar a los 67 años la permanencia en el mercado de trabajo. Y cualquier alternativa a esa idea resultará menos vistosa. Países como Alemania, Reino Unido y Dinamarca ya han prolongado la edad legal de jubilación.

"La clave es que el Gobierno pueda contarlo en Bruselas y hacerlo ver", reflexiona Carles Campuzano, portavoz de CiU en el Pacto de Toledo. Junto con el PNV, esta formación es clave en el acuerdo parlamentario que el Ejecutivo aún no ha perdido la esperanza de lograr. Oficialmente, el Gobierno trabaja con la hipótesis del pacto, pero la posibilidad de un fracaso cobra cada vez más fuerza. Si nada lo remedia, el nuevo marco para las pensiones repetirá el esquema de la reforma laboral, en que los plazos para acordarla se dilataron hasta el extremo sin resultado alguno. Consciente de que los mercados están ávidos de señales reformistas, el Ejecutivo ha acortado dos veces la fecha límite en las últimas semanas, en un intento por salir airoso del retraso que consintió respecto a la fecha inicialmente prevista: diciembre de 2010.

La fecha del 28 de enero no es casual. Ese día se cumplirá un año desde el momento en que trascendió públicamente que Zapatero pretendía elevar a 67 años la vida activa de los españoles. Un plazo más que suficiente para haber alcanzado un acuerdo -o constatado el desacuerdo- en el Parlamento. Pese a todo, algunos grupos políticos se muestran molestos ante el ultimátum que acaban de recibir. "Es la primera vez que nos ponen condiciones y plazo. Nunca se nos había exigido. Se sienta un mal precedente", advierte Tomás Burgos, portavoz del Partido Popular en la comisión del Pacto de Toledo, que desde 1995 sienta las bases para las reformas de pensiones.

La reflexión de Burgos obvia es que también por primera vez España está bajo escrutinio internacional y que los inversores le exigen insistentemente que acometa reformas para inspirar confianza. La de pensiones encabeza la lista, a pesar de que, tras más de dos años de crisis, la Seguridad Social conserva un discreto superávit. El Parlamento no ha interiorizado la excepcionalidad de la situación y, casi un año después de recibir la propuesta oficial, el Pacto de Toledo no ha analizado los asuntos más espinosos: edad de jubilación, periodo cotizado para calcular la pensión y para acceder a ella, prestaciones de viudedad... Con suerte, la próxima semana comenzará el debate crucial.

"Ya que el Gobierno ha alterado el calendario, propuse [en la reunión de esta semana] que entráramos directamente a debatir la edad de jubilación. Pero no hubo acuerdo", explica Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, que se pregunta si el Gobierno está "guardando las formas o configurando el Pacto de Toledo como un paripé, un trámite necesario" para luego ignorarlo en el proyecto de ley que prepara.

Esa hipótesis amenaza la supervivencia misma del Pacto de Toledo, una herramienta que durante 15 años ha logrado sacar las pensiones de la contienda electoral y dotar de estabilidad al sistema. El portavoz del PNV en esta comisión, Emilio Olabarría, considera que si no hay acuerdo o el proyecto final -"que el Ejecutivo ya tiene"- se aleja mucho de las recomendaciones parlamentarias, este foro carecería de sentido. "El Pacto de Toledo estaría amortizado", zanja. Pese al aviso, Olabarría muestra una de las posiciones más abiertas a la negociación. "Estamos dispuestos a hablar de todo", asegura.

Sin haber entrado en materia, el Pacto de Toledo trabaja con el horizonte de haber esbozado un texto antes de Navidad. "Si no, estaría incumpliendo el mandato del Gobierno", advierten fuentes del Ejecutivo. La mayor responsabilidad de ese mandato recae en el grupo socialista, que exhibe un sorprendente optimismo: "Va a haber un buen acuerdo, probablemente en la semana del 24 de diciembre", vaticina Isabel López i Chamosa, portavoz del PSOE en la comisión.

Pero la llave a la que este grupo confía el consenso está lejos de ser asumida por todos. Tanto el Gobierno como los diputados socialistas esperan del Parlamento un texto generalista capaz de acoger cualquier reforma que plantee Zapatero. Es lo que Llamazares denomina la fórmula Romanones: haga usted la ley y déjeme a mí los reglamentos. Además de este diputado, también el PP se opone firmemente a la ambigüedad. Con esas condiciones, será difícil lograr la cuadratura del círculo: un texto que aluda a la edad legal de jubilación sin recomendar explícitamente aumentarla.

Si compleja resulta la negociación parlamentaria, la sindical se da prácticamente por perdida. Con la aceleración de plazos, el Gobierno apenas ha dejado días hábiles para discutir el proyecto con Comisiones Obreras y UGT, consciente de que hay poco margen de diálogo. Los sindicatos probablemente plantearán una segunda oleada de movilizaciones, pues el rechazo que les provoca el retraso en la edad de jubilación es tan enérgico como el que ha suscitado la reforma laboral.

Elementos clave para el acuerdo del Pacto de Toledo

- Jubilación a los 67 años. Es el punto más concreto de la propuesta que el Gobierno envió a comienzos de año al Parlamento. La medida levanta el rechazo de los sindicatos y de algunos grupos políticos (principalmente, Partido Popular e Izquierda Unida). El Ejecutivo está dispuesto a sacarla adelante con matices. Para ello confía en que la redacción de las recomendaciones del Pacto de Toledo sea poco concreta y le deje margen para aprobar su proyecto sin contradecir a la comisión parlamentaria.

- Periodo de cómputo. Es uno de los aspectos que más consenso concitan. Ahora se toman los últimos 15 años de vida laboral para calcular la cuantía de la futura pensión. El Gobierno ha hablado de alargar este periodo a 20 o 25 años. La medida supone un recorte de la pensión para la gran mayoría de trabajadores.

- Pensión completa. A la hora de jubilarse, para cobrar la totalidad de la pensión es necesario haber cotizado al menos 35 años. Una de las posibilidades que provocaría un retraso real de la edad real de retiro es aumentar el número de años. El Gobierno parece descartar, al menos de momento, elevar ese umbral.

- Mínimo cotizado. Para tener derecho a una pensión contributiva es necesario haber cotizado al menos durante 15 años. Ampliar ese periodo constituye uno de los puntos que parece contar con mayor apoyo parlamentario, aunque dependerá de las condiciones exigidas.

- Pensión de viudedad. El Pacto de Toledo ya abogó en 2003 por reformular esta figura para las generaciones futuras. Por ahora, la opción más probable apunta a un mayor equilibrio entre pensiones de viudedad y de orfandad, aún muy bajas.

- Mutuas laborales. La intención del Gobierno de modificar el régimen de las mutuas de accidentes laborales separa al Gobierno de los demás grupos, sobre todo del PP, PNV y CiU.

- Congelación de las prestaciones. La decisión del Gobierno de congelar las pensiones en 2011 ha envenenado el debate parlamentario. El ministro admitió la semana pasada ante los diputados que esta decisión violaba la literalidad del Pacto de Toledo.



El Congreso convalidará las privatizaciones y el fin de los 426 euros

http://www.cincodias.com/articulo/economia/Congreso-convalidara-privatizaciones-fin-426-euros/20101213cdscdieco_4/


El Congreso de Diputados convalidará mañana las últimas medidas contra la crisis aprobadas por el Gobierno como la eliminación de la ayuda a los parados de 426 euros o las privatizaciones parciales de AENA y Loterías y Apuestas del Estado (LAE). El PP aún no ha decidido si respaldará el real decreto. Para el secretario general del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, el paquete de medidas incluye actuaciones "buenas, manifiestamente mejorables y malas". El PP pretende que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, explique el miércoles de qué forma piensa privatizar LAE y recuerdan que el Gobierno negaba esa posibilidad hace un año.

En cualquier caso, el Gobierno contará con apoyos para convalidar el real decreto, que contempla que los primeros 300.000 euros de beneficio de las pymes tributen al 25% en lugar de los 125.000 euros actuales. Además, tendrá la consideración de pequeña y mediana empresa todas compañía con una cifra de negocios inferior a diez millones de euros cuando hasta ahora el umbral se situaba en los ocho millones.

 
 
La creación de empleo se concentra en las pymes


Si todas las pymes de la UE decidieran contratar a dos nuevos empleados, se crearían unos 46 millones de puestos de trabajo, reduciendo significativamente el índice de desempleo en Europa.

Aunque los gobiernos se han dedicado a cortejar a las grandes compañías, el hecho es que las empresas con menos de 250 empleados son la que crean más empleo en la UE. Lo mismo ocurre en EEUU, donde las pymes crearon el 64% de los nuevos puestos de trabajo en los quince años hasta 2009, según la Administración de pequeñas empresas del Gobierno. En los últimos años, esa misma cifra ha ascendido al 80% en Europa, según un informe de 2008 de la Comisión Europea.

Cuando los gobiernos de la UE tengan la oportunidad de desviar la atención de los austeros presupuestos, los recortes del gasto público, los incrementos fiscales y el futuro de la moneda única, tendrán que empezar a pensar en el otro punto fundamental para salir de la actual crisis económica: el crecimiento.

Aunque las grandes empresas seguirán expandiéndose, esa tendencia no tiene por qué fomentar el crecimiento en Europa. Con independencia de que sus actividades sean financieras, textiles o tecnológicas, las grandes empresas invertirán en los mercados emergentes. Su intención es posicionarse de forma ventajosa para poder sacar el máximo partido de la creciente riqueza de Brasil, India, Rusia y China.

La incertidumbre sobre el futuro de Europa pesa en sus decisiones a la hora de invertir. ¿Por qué optaría un consejero delegado por invertir miles de millones de dólares en la apertura de una nueva planta en Portugal, por ejemplo, cuando existen tantas dudas sobre el estado de la economía del país? Es probable que el apetito por el riesgo se haya recuperado a una velocidad asombrosamente rápida en el sector bancario, pero la cautela sigue predominando en los consejos de administración.

Parece lógico que los Gobiernos empiecen a buscar una fuente de crecimiento en las pymes. La dificultad estriba en que casi todos estos negocios son demasiado pequeños. Los verdaderos empresarios, que crean prósperos negocios y puestos de trabajo, siguen siendo relativamente escasos. Según un análisis de Goldman Sachs sobre creación de empleo en las empresas británicas, las firmas con menos de diez empleados son las que más trabajo han creado en la última década.

Y, según datos de Eurostat, las compañías con menos de diez trabajadores representan el 91,5% de las empresas de Europa. En 2008, Europa aprobó un proyecto de Ley según el cual los estados miembros debían reducir la carga reguladora sobre las pymes para fomentar su actividad en el mercado único.

El Banco Europeo de Inversiones, a través de sus préstamos, y los diferentes Estados miembros también coordinan proyectos de ayudas. Ahora, Goldman Sachs, el banco de inversión acostumbrado a tratar con gigantes corporativos, ha lanzado su propio programa para ayudar a las pymes europeas.

Según Warren Buffett, accionista mayoritario de la entidad, “nuestra recuperación depende del esfuerzo de los propietarios de las pymes, que son las que crean más puestos de trabajo”. En el proyecto europeo participarán sólo 25 empresas y algunas organizaciones sin ánimo de lucro.

La iniciativa pretende ser un apoyo para los propietarios de estas empresas y facilitar su financiación. De resultar exitosa, se llevaría a cabo una ampliación del programa. No obstante, sus organizadores hacen hincapié en el carácter local. “El objetivo es, sin duda, crear nuevas oportunidades para la gente local, inspiradas y dirigidas por ellos”, explica el banco.

En la localidad británica de Leeds, donde ha empezado a funcionar el proyecto, la llegada de Goldman ha sido acogida con gran entusiasmo. Si su iniciativa ayuda a crecer a las pequeñas empresas y éstas pueden permitirse contratar sus servicios, habrá doble motivo para la celebración.



La UE propone un marco legal que discrimina a trabajadores inmigrantes


Si no hay una reacción de última hora, Europa dará la segunda estocada a los inmigrantes de fuera de la Unión con la aprobación de la norma que pretende regular la inmigración legal. El Parlamento Europeo debatirá hoy y votará mañana la directiva de permiso único, que establece un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. El texto, que aspira a crear una política global en materia de inmigración, está plagado de discriminaciones a estos trabajadores con la derogación de importantes derechos y la exclusión de varios colectivos.

En junio de 2008, la UE aprobó la directiva de retorno para luchar contra la llamada "inmigración ilegal", que dio un plazo de entre siete y 30 días para el retorno voluntario de los sin papeles y autorizaba a la detención de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses. La dureza de las medidas se justificó entonces con el anuncio de una futura legislación para la inmigración legal para darle un trato justo.

La realidad es que la propuesta, que pretende fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, está llena de exclusiones y derogaciones. Perjudica, por ejemplo, a los trabajadores temporales, a los desplazados, a los trasladados por empresas de terceros países, a los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato y a determinados puestos de aprendices.

Claude Moraes, eurodiputado laborista, advierte de que el riesgo "es la injusta diferencia que se establece entre los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países". "Muchas compañías", añade, "verán más conveniente trasladar sus sedes a países como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE para evitar tener que darles los mismos derechos que tienen los europeos".

Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, el reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Un ejemplo: un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania, no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí. Deberá permanecer en el país donde haya trabajado, a no ser que la legislación de este último se lo permita.

Véronique Mathieu, eurodiputada del Partido Popular Europeo y ponente de la directiva, sostiene que la exclusión de los temporeros y los trabajadores trasladados dentro de su empresa "está justificada porque la Comisión ha presentado propuestas de directivas específicas para estas categorías". En su opinión, "incluir a estos trabajadores en esta propuesta obligaría a modificar todo el proyecto inicial de la Comisión y aplazar aún más su adopción". El Grupo socialista ha presentado enmiendas para eliminar estas exclusiones, pero han sido rechazadas por los populares y por los liberales.

La UE ve a los inmigrantes fundamentalmente desde la perspectiva de la seguridad: el Consejo elegido para aprobar una materia de derechos laborales y sociales ha sido el de Justicia e Interior, y no el de Empleo y Asuntos Sociales. Si el Parlamento Europeo aprueba mañana la directiva -para lo que es suficiente la mayoría simple- sin enmiendas significativas, la norma será adoptada definitivamente el próximo 21 de diciembre por el Consejo de Justicia e Interior. Si la propuesta no fuera aprobada, se abriría un nuevo procedimiento de discusión en el que tendrían audiencia patronales, sindicatos y organizaciones civiles y no gubernamentales.

La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias, que solo ha sido ratificado por 44 Estados, de los que solo hay tres europeos (Albania, Bosnia-Herzegovina y Turquía) y firmado por 15, dos de ellos europeos (Serbia y Montenegro).

La propuesta de directiva de permiso único es también contraria a la Convención del Consejo de Europa sobre trabajadores inmigrantes de 1977, en lo referente a condiciones de trabajo, seguridad social y vivienda. Esta convención ha sido ratificada y está en vigor en varios países europeos, como Francia, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía y Ucrania.



El Ibex 35 pierde un 0,62% al cierre pero mantiene los 10.100 puntos

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2445163


El parqué madrileño ha cerrado la sesión con una caída del 0,62%, que ha situado al Ibex 35 en el nivel de los 10.121,9 puntos, arrastrado principalmente por los descensos de la banca, cuyos recortes ha liderado Banco Santander (-2,28%), seguido de Banco Popular (-2,18%), Banco Sabadell (-1,99%), Bankinter (-1,57%), BBVA (-1,32%) y Banesto (-0,15%) .

El resto de descensos correspondieron a Grifols (-1,57%), Endesa (-1,46%), Gas Natural (-1,04%), Iberdrola (-0,86%) y Telefónica (-0,17%).

Gamesa, por su parte, lideró los repuntes, con un 6,41%, seguido de Sacyr Vallehermoso (+2,83%), Acerinox (+2,32%), Criteria (+1,6%), Iberdrola Renovables (+1,58%), Abertis (+1,28%), Inditex (+0,80%) y Repsol YPF (+0,05%).

Los expertos señalan que los inversores han optado por recoger beneficios, tras las fuertes subidas de los tres últimos días, en una jornada marcada por la ausencia de referencias macroeconómicas. Asimismo, subrayan que el fuerte repunte de algunos valores se debe a la relajación de posiciones cortas que está experimentando el mercado.

Respecto a la fuerte caída del sector financiero, Daniel Pingarrón, de IG Markets, destaca que el informe publicado por UBS, sobre la necesidad de la banca española y portuguesa de 70.000 y 120.000 millones de cara a los nuevos "stress tests" que se van a llevar a cabo en febrero también ha podido influir.

La firma de análisis explica que "aunque las preocupaciones sobre la deuda soberana española se han suavizado, persistirán hasta que el sector financiero reconstruya sus colchones contra impagos y fortalezca el capital.

En Europa, los principales indicadores han cerrado en positivo, a excepción de París, que ha caído un 0,02%. Por el contrario, Francfort ha repuntado un 0,6%, seguido de Lisboa (+0,52%) y Londres (+0,09%).

En el mercado de divisas, el euro cede levemente posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión bursátil el cambio entre las dos monedas quedó fijado en 1,3220 unidades.



Wall Street sube por datos alentadores, S&P mantiene nivel clave
http://www.reuters.com/article/idARN1012031220101210?rpc=444


Las acciones estadounidenses cerraron en alza y el S&P 500 subió a su nivel más alto desde la semana de 2008 en que colapsó el banco de inversión Lehman Brothers, tras romper una resistencia técnica que sugiere que las alzas seguirán.

Los índices cerraron cerca de máximos de la sesión y el Nasdaq Composite subió por octava sesión consecutiva, un período en el que ha acumulado una ganancia de un 5,5 por ciento. El Nasdaq cerró en su nivel más alto desde el 31 de diciembre de 2007.

Las acciones del sector industrial encabezaron el alza. Las acciones de General Electric (GE.N) subieron más de un 3 por ciento, luego de que anunció un dividendo por segunda vez en el año. El índice del sector industrial de S&P 500 .GSPI subió un 1,03 por ciento.

El S&P que había cerrado el jueves por encima de 1,228 puntos -que representa una recuperación de un 61,8 por ciento de la caída del mercado entre 2007 y 2009, un nivel técnico clave conocido como contracción de Fibonacci- se mantuvo por encima de ese nivel clave por segunda sesión.

"Ese nivel supuso una resistencia significativa así que cerrar por encima y permanecer por encima es una señal muy buena", dijo Art Hogan, analista de mercado de Jefferies & Co.

El S&P trató pero no logró traspasar los 1,288 en abril y más tarde a comienzos de noviembre.

El promedio industrial Dow Jones .DJI sumó 40,26 puntos, o 0,35 por ciento, a 11.410,32 unidades. El índice Standard & Poor's 500 .SPX ganó 7,40 puntos, o 0,60 por ciento a 1.240,40 unidades.

El índice Nasdaq Composite .IXIC aumentó 20,87 puntos, o 0,80 por ciento, a 2.637,54.

En la semana, los índices también subieron. El Dow Jones ganó un 0,2 por ciento, el S&P 500 avanzó un 1,3 por ciento y el Nasdaq sumó un 1,8 por ciento.

El Nasdaq Composite, que se apoyó en un alza de un 2,3 por ciento en las acciones de Oracle Corp (ORCL.O), alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2007. Las acciones de Oracle cerraron en 29,95 dólares.

En la más reciente señal de recuperación económica de Estados Unidos, cifras mostraron que la confianza del consumidor subió a comienzos diciembre más de lo esperado, según un sondeo de Thomson Reuters/Universidad de Michigan; en tanto, los precios de importación en noviembre subieron a su ritmo más acelerado en un año.

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