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jueves, 2 de diciembre de 2010

Prensa 2 diciembre

El ministro de Trabajo ve "una gran variedad de fórmulas" para retrasar la edad de jubilación


Gómez compareció ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y defendió que se garantice el nivel de las prestaciones, que son " la verdadera conquista social en este campo"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado en el Congreso que la "ineludible e inaplazable" reforma de las pensiones debe "prolongar la vida laboral", ya sea incrementando los incentivos para lograr una "jubilación más tardía" o retrasando la edad ordinaria de jubilación, para lo cual existen "una gran variedad de fórmulas a considerar", sin referirse explícitamente a la propuesta de elevar la edad legal de 65 a 67 años.

Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Gómez ha asegurado que ambas vías "no son incompatibles", si bien ha remarcado que una mayor permanencia en el mercado de trabajo es la mejor garantía para equilibrar el sistema y garantizar el nivel de prestaciones que, a su juicio, "es la verdadera conquista social en este campo", por encima de la fijación de los 65 años como edad de jubilación. Todas estos objetivos tienen como objeto "corregir el desequilibrio estructural" entre cotizantes y pensionistas, desechando soluciones como el incremento de las cotizaciones sociales y otras más regresivas, como la reducción de las prestaciones.

Asimismo, el ministro ha señalado que la propuesta del Gobierno pasa también por "reducir" las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas, evitando su "enorme coste", y ampliar la población activa integrando mejor a colectivos como los discapacitados y "corrigendo problemas de género", así como actuando sobre "aspectos organizativos y de mejora de la gestión" del sistema de pensiones. También ha incidido en la necesidad de "ajustar de forma más precisa" la contributividad del sistema, es decir, lo que el pensionista reciba respecto a lo que ha aportado como cotizantes, algo que ha insistido en que no tiene que suponer una pérdida o deterioro del elemento redistributivo del sistema, sino que, al contrario, legitimará los mecanismos de solidaridad, como los complementos a mínimos.

Gómez, que ha pedido a los grupos que "aparquen sus diferencias" para culminar la renovación del Pacto de Toledo "en las próximas semanas", ha asegurado que la reforma de las pensiones no es una respuesta a la crisis económica ni a "hipotéticas dificultades financieras de la Seguridad Social", aunque ha admitido que la crisis y las restricciones fiscales por el ajuste presupuestario ejercerán una "presión adicional" sobre el gasto en pensiones y la buena salud del sistema que se ve "afectada por la debilidad coyuntural de las cuentas públicas".

 

El paro sube en 24.318 personas en noviembre y encadena cuatro meses al alza


El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 24.318 personas en noviembre, un 0,6% respecto al mes anterior, encadenando así cuatro meses al alza tras aumentar en agosto, septiembre y octubre en 61.000, 48.000 personas y 68.000 personas, respectivamente.

No obstante, el aumento de noviembre es el menor incremento experimentado en este mes desde 1998, cuando el paro sólo subió en 2.315 personas.

Con la subida de noviembre, el total de desempleados superó de nuevo la barrera de los 4,1 millones de parados, al situarse en 4.110.294 personas, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La subida del paro en noviembre, mes en el que suele aumentar el desempleo, es casi tres veces inferior a la registrada en igual mes de 2009, cuando el paro creció en 60.593 personas.

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha señalado que cualquier subida del paro no puede considerarse positiva, pero ha destacado el hecho de que este mes de noviembre haya registrado el menor incremento del desempleo desde 1998, lo que "podría interpretarse como una normalización" del mercado de trabajo español.

En los últimos doce meses, el paro ha aumentado en 241.348 desempleados, un 6,2% más, de los que 87.164 son varones y 154.184 mujeres, con incrementos del 4,5% y del 8%, respectivamente.

En términos mensuales, el paro femenino se incrementó en 13.224 mujeres, un 0,64% respecto a octubre, mientras que el masculino subió en 11.094 desempleados (+0,55%). Así, al finalizar noviembre, el número de hombres en paro sumaba 2.027.565, mientras que el de mujeres desempleadas era de 2.082.729.

Por sectores económicos, el desempleo bajó sólo en la construcción, con 769 parados menos (-0,11%), y en la industria, donde se redujo en 1.744 personas (-0,36%). En el resto de sectores, se registraron más parados en noviembre.

El sector donde más aumentó el desempleo en el undécimo mes del año fue el de los servicios, con 15.757 parados más (+0,6%), seguido del colectivo sin empleo anterior, que sumó 8.637 desempleados más (+2,4%), y la agricultura, con 2.437 parados más (+1,8%).

En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron en los servicios públicos de empleo un total de 1.257.479 contratos, un 4,4% más que en igual mes de 2009. De ellos, sólo el 8,6% del total, es decir 108.131 contratos, fueron de carácter indefinido, un 0,6% más sobre igual mes del año anterior.



La ayuda de 426 euros se retirará en febrero


Apartir del 15 de febrero dejará de estar en vigor el programa temporal de protección por desempleo e inserción (Prodi). Es decir la ayuda de 426 euros para parados de larga duración que no cobran subsidio de desempleo, según explicó ayer el Gobierno y confirmó el Ministerio de Trabajo. La ayuda, sin embargo, podrá ser concedida hasta el mes de abril, en el caso de que los solicitantes reúnan los requisitos exigidos. Y quienes la tengan concedida podrán agotar los seis meses que dura la prestación.

Hasta septiembre de este año, se habían beneficiado de la prestación casi 700.000 desempleados de larga duración. Según Trabajo, la desaparición de esta medida, que se puso en marcha en julio del 2009 y se ha prorrogado en dos ocasiones, llevará aparejada la potenciación de la figura de los orientadores de los servicios públicos de empleo. Se trata de técnicos cuya función es guiar a los desempleados en la búsqueda de trabajo. Esta figura se puso en marcha en agosto del 2008 y el ministerio cuenta en estos momentos con 1.500 técnicos. La plantilla se doblará en los próximos meses y llegará hasta los 3.000. Hasta finales de septiembre los orientadores habían atendido a 900.000 parados, lo que no significa que les hayan encontrado empleo, aunque desde el ministerio se subraya su eficacia.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL / Pese a la voluntad de Trabajo de quitar hierro al efecto de la supresión de la medida, los sindicatos coincidieron en que puede provocar «conflictivadad social». El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró que las medidas van «en la dirección contraria a lo que requiere el país».

Ferrer advirtió de que esa decisión tendrá un efecto «muy negativo». «Cerca de 600.000 personas van a quedarse sin nada, lo cual se vendrá a añadir al millón cien mil desempleados que ya no tienen ningún tipo de cobertura económica en este momento», expuso.

En términos similares, CCOO lamentó que Zapatero siga planteando la salida de la crisis a través del recorte de derechos, en vez de intentar obtener más recursos a través de una fiscalidad más justa y con la persecución del fraude fiscal. «Las recetas de la recuperación las está marcando el mercado y tienen una orientación excesivamente liberal. Se priman los intereses del sector financiero por encima del interés público», comentó Dolors Llobet, portavoz del CCOO de Catalunya.

Ese planteamiento fue secundado por ERC. Su portavoz en el Congreso, Joan Ridao, consideró que la supresión de la ayuda de 426 euros supone una «nueva concesión» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «ante la sobreexcitación de los mercados».

MUTUA DE FUNCIONARIOS / Entre las iniciativas anunciadas ayer para incidir en el recorte del gasto, figura la extinción del Régimen de Clases Pasivas y la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) para lo nuevos funcionarios. Se trata de una recomendación que ya se recogía en el Pacto de Toledo de 1995, donde se recomendaba la supresión de los regímenes especiales para fomentar el régimen general de la Seguridad Social. Los sindicatos de la enseñanza, uno de los colectivos laborales que se benefician de ese régimen especial, se mostraron contrarios a la iniciativa.


 
Zapatero anuncia la extinción de las clases pasivas y da un paso más para eliminar Muface


EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha adelantado este martes en el Congreso de los Diputados que los nuevos funcionarios se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social con el fin de simplificar el sistema de clases pasivas, que quedará a extinguir": el aldabonazo definitivo a la subvención de las pensiones públicas y, a medio plazo, el mutualismo administrativo.

En este régimen están encuadrados los funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Cortes Generales, además de cargos públicos como expresidentes del Gobierno, vicepresidentes y ministros, mediante la que se cubre la protección frente a los riesgos de la vejez, incapacidad y muerte y supervivencia con pensiones de jubilación o retiro, viudedad, orfandad y familiares. Asegura, por ejemplo, que un funcionario pueda cobrar la totalidad de su pensión jubilándose anticipadamente a los 60 años si ha acumulado 35 años de servicio, algo que no contempla el Régimen de Pensiones de la Seguridad Social.

La "simplificación" anunciada hoy por el Presidente del Gobierno de la Ley de Clases Pasivas del Estado supone una reducción significativa de determinadas prestaciones a cargo del Estado que perciben los funcionarios que fallecen o han tenido que dejar el servicio activo y acogerse a la jubilación por enfermedad o incapacidad definitiva para desarrollar su actividad laboral.

La medida, defendida tiempo atrás por la vicepresidenta Elena Salgado, sigue la línea de recortes a los que estaban sometidas estas pensiones de clases pasivas. Este año, la Administración ha rebajado su aportación a los fondos de pensiones. Durante los últimos seis años los Presupuestos Generales del Estado destinaban una partida a la Administración equivalente al 0,5% de la masa salarial de su plantilla para complementar las pensiones públicas, pero los Presupuestos Generales del Estado de 2011 rebajan dos décimas esta aportación y conlleva un recorte del 20% a las pensiones de clases pasivas. Esta reducción estaba ya contemplada como parte del "recortazo" de los sueldos de las plantillas públicas, con lo que no supondrá una nueva merma en su nómina.

Pero el anuncio hecho hoy por Zapatero no supone sólo que los nuevos funcionarios no tendrán siquiera esta opción de complementar su pensión, sino que se da un paso más para hacer desaparecer de facto su seguro sanitario privado. Los mecanismos de cobertura de la legislación de Clases Pasivas del Estado son el Régimen de Clases Pasivas del Estado y el Régimen de Mutualismo Administrativo, con lo que a corto plazo la eliminación de las clases pasivas puede terminar siendo el aldabonazo definitivo al el cuestionado Modelo Muface, Isfas y Mugecu mediante el que los funcionarios pueden elegir entre la cobertura sanitaria pública y la privada.

Sin combustible

La financiación de este régimen sanitario está cubierta en un 92,87% con las nóminas de los sueldos públicos de los mutualistas y el resto lo paga el Estado. Si los funcionarios de nuevo cuño se integran automáticamente en la Seguridad Social, dejarán de pagar esta cuota. A ello se suma que las compañías que en la actualidad mantienen el concierto con la Administración para prestar cobertura -Adeslas, Asisa, DKV Seguros Reunidos e Igualatorio Médico-Quirúrgico- verán mermar la entrada de asegurados más ventajosos desde el punto de vista de facturación, y sin embargo, tendrán que dar cobertura a la plantilla funcionarial actual, es decir, "clientes" mucho más envejecidos y por tanto económicamente más costosos.

Es más, las aseguradoras no pueden compensar esta pérdida con la subida de cuotas a los funcionarios actuales que continuarán en el servicio, ya que el Gobierno no es partidario de aumentar las primas, y más en un contexto de crisis como el actual. "Las aseguradoras no tardarán en irse", afirman los funcionarios del Estado, y todos quedaremos cubiertos por la Seguridad Social. "Con la desaparición de las clases pasivas, el Gobierno ha encontrado la forma de deshacerse de Muface por la vía de la extinción paulatina, el ahogo: si se le quita el combustible, la máquina se detiene".



Los sindicatos de funcionarios expresan su rechazo radical al fin de las clases pasivas y Muface


Las Federaciones de Enseñanza de UGT y CC.OO., CSIF y ANPE han expresado su rechazo "radical" a la medida anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Pleno del Congreso por la que se prevé la extinción del Régimen de Clases Pasivas y la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface).

Para CC.OO. y UGT esto supondría que los nuevos funcionarios se integrarían en el Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, han indicado que al "arremeter" contra los funcionarios, el Gobierno "persiste en su política errática y descoordinada", informa Europa Press.

"No contento con los recortes salariales, ahora quiere acabar con un sistema de protección social más adaptado a las características y realidades de los funcionarios públicos que el Régimen General de la Seguridad Social. Es absurdo pensar que la modificación del Régimen de Seguridad Social de los funcionarios contribuya a calmar los mercados", han denunciado.

Para el sindicato docente Anpe, la medida "atenta" contra los derechos de los funcionarios públicos, pone de manifiesto el "desprecio" hacia los mecanismos de representación establecidos en democracia y demuestra la "incapacidad del Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía".

CSI-CSIF: "Se ha vuelto loco"

En la mismo línea, desde CSI-F han indicado que "da la impresión" de que el presidente del Gobierno "se ha vuelto loco" porque, a su juicio, "vuelve a hacer culpables a los funcionarios de la crisis económica y de todos los males que aquejan a este país". Asimismo, han advertido de que no consentirán este "nuevo atropello" y han anunciado movilizaciones y la "guerra sin cuartel contra este Gobierno enemigo" de los funcionarios".

También las federaciones de Enseñanza de CC.OO. y UGT hacen un llamamiento a todo el profesorado a participar en las movilizaciones ya convocadas del próximo día 15 de diciembre por el mantenimiento del Régimen de Clases Pasivas y MUFACE y en todas aquellas que anunciarán conjuntamente "en un futuro próximo" si el Gobierno "persiste en su planteamiento recortador de derechos".



Las multinacionales desoyen a la CEOE y subirán los sueldos el próximo año


Las grandes empresas prevén incrementar el salario de sus empleados durante el próximo año, a pesar de las recientes advertencias de la patronal CEOE que considera un 'grave error' trasladar la subida del IPC a los salarios, según el estudio Company Days realizado por la escuela de negocios ESCP Europe, entre las principales multinacionales asentadas en España.

El informe de ESCP Europe -elaborado entre directivos de RR.HH. de grandes compañías- pone de manifiesto cómo el 44,5% de las empresas subirá el salario de sus plantillas por encima del IPC, mientras que el 55,5% reconoce que lo hará en función de la valía profesional de cada empleado y del cumplimiento de los objetivos anuales.

No obstante, casi la cuarta parte de las multinacionales consultadas admite que la crisis sí tendrá cierto impacto en las retribuciones variables de sus ejecutivos, las cuales se verán reducidas especialmente en aquellos profesionales relacionados directamente con las áreas comerciales y de venta.

La promoción interna, primero

Por otro lado, en lo que respecta al crecimiento de las plantillas, el análisis señala que más del 40% de las empresas recurrirá a promociones internas de sus propios empleados o de empresas filiales antes que a la contratación directa y externa de personal.

Sin embargo, en el caso de nuevas incorporaciones, las multinacionales utilizarán mayoritariamente el contrato indefinido (66%), frente al temporal que será la primera opción para el 22,2% de ellas. Sólo un 11,1% se decantará por la modalidad de contrato “por obra y servicio” con el objetivo de dar respuesta inmediata a proyectos puntuales.

Las redes sociales se abren paso en la empresa

Por otro lado, el informe de ESCP Europe dibuja un nuevo escenario de profesionales en las grandes empresas a la hora de diseñar sus estrategias corporativas como consecuencia del impacto de las redes sociales y la irrupción de nuevos canales de comunicación con una influencia directa en la imagen de las compañías.

En este sentido, casi un 70% de los directores de recursos humanos prevé que el departamento de gestión de comunidades se convierta en los próximos años en una “pieza estratégica” en las políticas de las multinacionales, aunque paradójicamente sólo el 33% admite haber creado en el último año nuevos puestos profesionales en este área como “community manager” o “social media strategist”.

Las dudas sobre cómo sacar partido a los “social media” y cómo rentabilizarlos, unido al desconocimiento sobre su poder real o la falta de tiempo para aprender cómo funcionan, son algunas de las razones principales que alegan las organizaciones para no promover su despegue definitivo.

 

José Luis Feito: presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
El aumento de la edad legal de jubilación


Tras el fiasco de la reforma laboral, esta variable es quizá la única que puede impedir el derrumbe de la credibilidad de la política de ajuste del Gobierno. Las objeciones a esta medida son difícilmente justificables

Es imposible efectuar una reducción significativa de los déficit venideros de nuestro sistema de pensiones sin elevar cuanto antes la edad legal de jubilación. Esto es así, en primer lugar, porque esta variable afecta automáticamente tanto a los ingresos (aumentando el número de activos) como a los gastos (reduciendo el número de años de percepción de la pensión). En segundo lugar, porque una vez que se decrete dicho aumento su instrumentación se ha de hacer gradualmente, a fin de suavizar todo lo posible el impacto de esta medida sobre las personas de edades más cercanas a la jubilación legal. En tercer lugar, porque las imprescindibles modificaciones de los determinantes de la cuantía de la pensión para reducir el enorme déficit latente de la Seguridad Social han de ser también sustanciales y, por ende, se deben instrumentar también gradualmente, y sólo si se combinan con el gradual aumento de la edad legal de jubilación se conseguirá que dicha reducción sea suficientemente significativa. Por último, y más decisivo hoy que todo lo anterior, el aumento de la edad legal de jubilación es urgente e ineludible porque, tras el fiasco de la reforma laboral, tanto las instituciones internacionales como los mercados financieros consideran que este movimiento es quizá el único que puede impedir el derrumbe irremediable de la credibilidad de la política de ajuste del Gobierno.

Las objeciones al aumento de la edad legal de jubilación son difícilmente justificables. Así, por ejemplo, para cuestionar la eficacia de dicha medida se señala que la tasa de empleo en nuestro país de los trabajadores en el entorno de la edad de jubilación es mucho más baja que la de otros países (la tasa de empleo de las personas entre 50 y 64 años en España es algo superior al 30%, mientras que en la UE supera el 50% y en Estados Unidos se acerca al 70%). Esta baja tasa es, en parte, atribuible a los incentivos a la jubilación anticipada y, en parte, a la concentración de muchos ajustes de plantilla en trabajadores cercanos a la edad de jubilación, de manera que puedan combinar las indemnizaciones por despido con el subsidio de paro hasta alcanzar dicha edad. Pero sea cual sea la tasa de empleo y actividad en el entorno de la edad actual de jubilación, sigue siendo cierto que el aumento de dicha edad supone automáticamente aumentar los ingresos y reducir los gastos del sistema frente a los resultantes de mantener la situación vigente.

Los múltiples incentivos a la jubilación anticipada y otras distorsiones del mercado de trabajo son la causa fundamental de que la edad de jubilación efectiva se sitúe en España alrededor de tres años por debajo de la edad legal. Este hecho sirve de apoyo a otra objeción a la subida de la edad legal de jubilación: que antes de adoptar dicha medida habría que concentrarse en igualar la edad efectiva a la edad legal actual. Desafortunadamente, dada la magnitud de los desequilibrios de nuestro sistema de pensiones, ambas medidas, la eliminación de los incentivos a la prejubilación y el aumento de la edad legal, son necesarias. Otro pseudoargumento relacionado con el anterior es que dichas medidas afectarían negativamente al empleo de los trabajadores de menos edad. Las estadísticas laborales, sin embargo, muestran contundentemente que las variaciones de la tasa de empleo de los trabajadores de entre 16 y 49 años están positiva y altamente correlacionadas con la tasa de empleo de los trabajadores entre 60 y 64 años de manera que los aumentos (disminuciones) de esta última están sistemáticamente asociados con aumentos (disminuciones) de la primera.

Otra objeción que se aduce para no subir la edad legal de jubilación es que la modificación de los determinantes de la cuantía de la pensión, estableciendo una mayor proporcionalidad de la que hoy existe entre la pensión percibida y las cotizaciones efectuadas a lo largo de toda la vida laboral llevará de por sí a un aumento voluntario de la edad de jubilación por encima de la actual edad legal. Si esto es cierto, y si se modifican adecuadamente los citados determinantes de la cuantía de la pensión lo es, entonces, ¿por qué oponerse a subir la edad de jubilación si al final coincidiría con el aumento voluntario de dicha edad? Además, si como consecuencia de dicha modificación la jubilación efectiva de la mayoría de los trabajadores termina siendo superior a la edad legal de jubilación, sería una fuente de frustración mantener el referente de una edad a la que casi nadie se podrá jubilar. En cualquier caso, se ha de consignar de nuevo que la cuantía de los déficit venideros de las cuentas de nuestra Seguridad Social exige tanto el aumento de la contributividad del sistema como el de la edad legal de jubilación.

Otra medida que se propone para evadir el aumento de la edad legal de jubilación es permitir la coexistencia de la percepción de la pensión con seguir en activo. Esta medida no sólo no es una alternativa a subir la edad legal de jubilación, sino que puede incluso ser contraproducente para el sistema si al mismo tiempo no se aumenta sustancialmente dicha edad legal. En ausencia de dicho aumento, dicha medida no reduciría, de hecho podría incluso aumentar, el número de años de percepción de la pensión, con lo que se anularía el aumento de ingresos conseguidos con el incremento del número de activos. Esto es así porque incentivaría a que se acogieran a la jubilación a los 65 años un mayor número de personas que en la actualidad, ya que podrían compatibilizar la percepción de la pensión con seguir en activo.

Más estrambótico aún que los argumentos anteriores contra la subida de la edad legal de la jubilación es considerar que dicha medida sería injusta para los trabajadores. ¿Para qué trabajadores? Ciertamente no para los que tienen menos de 55 años, porque para todos ellos, tanto más cuanto más jóvenes sean, la cuantía de sus pensiones será tanto menor cuanto más tímida sea la reforma del sistema y más se tarde en instrumentarla. En cuanto a los trabajadores más cercanos a la edad de jubilación, tiene tanto sentido decir que la subida de la edad legal es una medida injusta para ellos como decir que es injusto que se jubilen en condiciones mucho más generosas que los trabajadores que lo harán en el futuro. Dicho esto, en ausencia de una reforma profunda del sistema de pensiones que reduzca sustancialmente los déficit latentes del mismo, todos los pensionistas están inexorablemente condenados a sufrir antes o después, como mínimo, un recorte real de sus pensiones, esto es, a periodos de congelación o de subida de las mismas por debajo de la inflación registrada en dichos periodos.

Quizá más importante que todo lo anterior, la edad legal de jubilación debe subir porque opera como una suerte de cronómetro que fragua las expectativas de vida laboral que albergan los trabajadores. Desgraciadamente, el recorrido de este reloj que debería actualizarse con los cambios biológicos de la esperanza de vida se ha parado marcando los tiempos de una edad pasada en la que la mayoría de los individuos empezaban a trabajar entre los 15 y los 20 años y fallecían con poco más de 65 años. Las vidas laborales de los que se están ya jubilando hoy y, sobre todo, las de los que se jubilarán en los próximos años, han empezado más tarde que las de quienes se jubilaron ayer. Además, la esperanza de vida después de los 65 años ha registrado un aumento descomunal sobre los promedios existentes cuando se creó el sistema y aumentará aún mucho más en los años venideros. No tiene sentido seguir enviando el mensaje a las personas por debajo de los 45 años, cuya esperanza de vida está cerca de los 90 años y previsiblemente será aún mayor cuando alcancen los 65 años, de que se jubilarán a una edad en la que tendrán por delante casi tantos años de vida como han trabajado.

Es la combinación de esta realidad biológica con la evolución pasada de la tasa de natalidad, y no las buenas intenciones del legislador de turno, lo que en un sistema de reparto determina en última instancia el montante de la renta que se puede extraer de quienes trabajan para cubrir las necesidades de quienes dejan de contribuir a la producción de bienes y servicios de la sociedad.



El Ibex 35 sube un 4,44%, la mayor subida desde mayo, y supera los 9.600 puntos


El parqué madrileño ha cerrado la sesión con una fuerte subida del 4,44%, la mayor desde el 10 de mayo, cuando repuntó un 14,43% tras la aprobación por parte de la UE y el FMI de un fondo de rescate dotado con 750.000 millones de euros para asistir a los países de la Eurozona, entre ellos Grecia.

El Ibex cerró en el nivel de los 9.678,4 puntos, con lo que ha logrado recuperar en una sola sesión casi 400 puntos, tras cerrar el martes el peor mes desde la quiebra de Lehman Brothers (octubre de 2008). El selectivo ha duplicado en la jornada el repunte del resto de los indicadores europeos y ha puesto fin a cuatro jornadas consecutivas de caídas.

La sesión ha estado marcada por la moderación de la prima de riesgo de los bonos españoles hasta los 255 puntos básicos, por debajo de los 280 puntos básicos a los que comentó la jornada, y por el anuncio del Gobierno de nuevas medidas de ajuste, entre las que destaca la privatización de hasta el 49% de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y del 30% de Loterías y Apuestas del Estado.

Los mayores subidas han sido para OHL (+9,03%), Mapfre (+9,01%), BBVA (+7,29%), Banco Santander (+7,16%), Bankinter y Banco Popular (+5,47%), Banesto (+3,94%), Repsol YPF (+3,66%), Telefónica (+3,42%), Banco Sabadell (+3,28%) e Iberdrola (+3,12%). El único valor que terminó en negativo fue Gamesa (-0,62%).

Los analistas explican que el temor a la situación de los países de la periferia sigue existiendo en el mercado, pero que el cierre de posiciones cortas ha motivado una fuerte subida.

"La mala prensa de los cortos es sólo mencionada cuando los mercados bajan, culpando a este tipo de actividad de los descensos, pero al cerrarse estas posiciones se ven fuertes subidas en los mercados", asegura Soledad Pellón de IG Markets.

Asimismo, esta experta añade que cuando los mercados descendían en jornadas anteriores, los bancos españoles eran los más propensos para las posiciones cortas, lo que hacía que el Ibex 35 bajara más que el resto de índices europeos.

"Al cerrarse ahora estas posiciones vemos la parte contraria: el Ibex sube más que el resto de índices europeos", añade esta analista. En concreto, Lisboa ha subido un 2,66%, seguido de Francfort (+2,56%), Londres (+2,07%) y París (+1,54%).

La base de las subidas que ha hecho propiciar el cierre de cortos ha sido, según los expertos, el buen dato de PMI manufacturero de China y las buenas expectativas ante la reunión del BCE de mañana.

El mercado estima que, para aliviar las tensiones y que el contagio no llegue a expandirse por todo Europa, el BCE podría anunciar ciertas medidas expansivas dejando a un lado su antiguo mensaje de ir reduciendo la cuantía de las mismas. Las medidas podrían venir en forma de inyecciones de liquidez a través de la compra de bonos, según los expertos.

En el mercado de divisas, el euro mantiene posiciones frente al dólar y al cierre de la sesión bursátil el cambio entre las dos monedas ha quedado fijado en 1,3079 unidades.



Wall Street cierra su mejor día en tres meses


El optimismo se hizo hoy con Wall Street y el Dow Jones, registró su mejor día en los últimos tres meses, en una jornada marcada por la publicación de múltiples datos macroeconómicos alentadores tanto en Estados Unidos como en Europa y China.

Ese índice selló la sesión con un ascenso del 2,27%, lo que supone su mayor incremento porcentual desde principios de septiembre, el selectivo S&P 500 avanzó el 1,64% y el índice compuesto del mercado Nasdaq subió el 2,05%.

El parqué neoyorquino inició con esas ganancias el último mes del año, en una jornada en la que se diluyeron los temores en torno a la deuda pública en Europa que en la sesión anterior llevaron a Wall Street a cerrar noviembre en terreno negativo.

Pudo más en esta tercera jornada de la semana el optimismo que provenía de los datos sobre el fuerte crecimiento del sector manufacturero en Alemania, Francia, Austria y Holanda y el avance de las ventas minoristas alemanas, así como la mejora de la actividad industrial en China, que tocó su nivel más alto en siete meses.

Con el ambiente en el exterior más estable, los inversores pudieron centrar sus miradas en los datos que provenían sobre la economía de Estados Unidos, que arrojaban optimismo sobre la llegada del esperado impulso del crecimiento estadounidense.

Uno de los datos que más animó a los mercados este miércoles fue el de que las empresas del sector privado en Estados Unidos crearon 93.000 empleos en noviembre, lo que supone el incremento mensual más alto de los últimos tres años y el décimo consecutivo, según Automatic Data Processing (ADP).

También se conoció que la productividad de los trabajadores estadounidenses creció a una tasa anualizada del 2,3% en el tercer trimestre, cuatro décimas más que en el cálculo preliminar, según el Departamento de Trabajo.

Otra buena noticia de la economía nacional fue la de que el sector manufacturero acumuló en noviembre 16 meses consecutivos de crecimiento, aunque continuó con la ligera desaceleración iniciada en abril, según el Instituto de Gestión de Suministros.

A esas noticias se unió la publicación del llamado "Libro Beige" de la Reserva Federal estadounidense, en el que el banco central consideró que la economía de este país "continúa con su mejoría" en un contexto de precios "bastante estable".

El documento, que recoge la información enviada por los 12 bancos del sistema de la Reserva Federal, mostró que el comportamiento económico de Estados Unidos, en el período de mitad de octubre a mitad de noviembre, mantiene la "senda de crecimiento" de los meses previos.

El informe destacó la expansión de los sectores metalúrgico y automovilístico, un día en el que se conoció que las ventas de General Motors aumentaron en noviembre un 11,4% y las Ford un 24,3%, por lo que ambas empresas cerraron la sesión con sendos ascensos del 1,7 y el 3,26%, respectivamente, en la Bolsa de Nueva York.

En esta jornada la Reserva Federal reveló también la identidad de las compañías que usaron préstamos de urgencia en la crisis: en Estados Unidos, las más activas fueron Citigroup y Bank of America, que recurrieron a los programas casi diariamente entre finales de 2008 y mediados de 2009.

Citigroup llegó a tomar prestados 17.900 millones de dólares a finales de noviembre de 2008, la fecha en la que el Gobierno salió a su rescate, mientras que el récord para Bank of America fueron 11.000 millones, tomados de una sola vez en octubre de 2008.

Citigroup selló la sesión con un ascenso del 2,38% y Bank of America del 3,2%, a pesar de que se intensificaran los rumores de que ésta última será la próxima víctima de Wikileaks.

Este miércoles se conoció además que las ventas por internet del pasado lunes en Estados Unidos, conocido como "ciberlunes", sobrepasaron por primera vez los mil millones de dólares, la cifra más alta registrada en un único día en la historia de este país, según la consultora ComScore.

Con ese cúmulo de buenas noticias, el petróleo subió hasta los 86,75 dólares por barril, el oro lo hizo hasta los 1.388,3 dólares la onza y la rentabilidad de la deuda pública a diez años subía al 2,97%, mientras que el dólar se debilitó ante otras divisas, de manera que por un euro se pagaban este miércoles 1,3137 dólares.

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