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viernes, 21 de enero de 2011

Prensa 21 enero

La pensión completa se podrá lograr a los 65 años si se han cotizado 39


La Seguridad Social retrasará la jubilación legal a los 67 años. Pero permitirá el retiro a los 65 con el 100% de la pensión siempre que se haya acumulado una carrera de cotización de 39 años, según la última propuesta del Gobierno, sobre la que confía en lograr un acuerdo en breve. Tal posibilidad será admisible en 2027, ya que hasta entonces, como todos los movimientos en las variables de acceso a la jubilación, habrá una adaptación paulatina, con un periodo transitorio que se iniciará en 2013.

El Gobierno sigue considerando innegociable el retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años, y sólo está dispuesto a ceder en la transitoriedad de la medida, según indicaron a CincoDías fuentes del Ejecutivo. Lógicamente, para introducir flexibilidad en la reforma que prepara y aprobará en Consejo de Ministros el 28 de enero, permitirá el retiro con el cien por cien de la prestación de vejez a quienes alcancen la edad de jubilación actual, 65 años, siempre que hayan acumulado un mayor esfuerzo temporal de contribución. Si ahora son precisos los 35 años de cotización para ello, en 2027 serán precisos los citados 39 años. Trabajo asegura que el salto del periodo de cotización es más abultado para que el cambio proporcione un ahorro financiero significativo. Inicialmente la propuesta de Trabajo quería llevar esta exigencia de cotización hasta los 41 años, acumulación a la que llegan muy pocos cotizantes.

El periodo mínimo para disponer de pensión contributiva seguirá en los 15 años, según la última propuesta oficial, y se endurecerá, como se ha admitido públicamente, el acceso a la prejubilación. Ahora la edad media de jubilación está en torno a los 63 años, y prácticamente el 60% de los nuevos jubilados acceden al retiro antes de los 65, que es la edad legal establecida desde hace décadas. Las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales se mantienen en la última semana de forma ininterrumpida. Fuentes conocedoras del avance en las materias no descartan un "principio de acuerdo" el próximo fin de semana. La Seguridad Social aún cuenta con superávit en sus cuentas, pero ha cerrado 2010 con los números más justos de lo previsto. Únicamente ha salvado los números negros la aportación de los intereses del Fondo de Reserva. Por tanto, está casi en déficit de explotación si se utiliza terminología contable empresarial.

Rechazo a cambiar pensiones por centrales nucleares

El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, se mostró ayer tajante respecto a las especulaciones que apuntaban al posible cambio de cromos entre Gobierno y sindicatos y que incluirían la prorrogación de la vida de las centrales nucleares en la negociación de la reforma de las pensiones.

"En ningún momento el Gobierno o los agentes sociales han planteado un intercambio entre pensiones y energía", apuntó en la presentación del balance de los primeros seis meses de vigencia de la reforma laboral. "Es completamente absurdo poder mezclar temas tan distintos", sentenció.

En el mismo sentido se manifestaron los máximos dirigentes de los sindicatos mayoritarios. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, dijo que estos comentarios "enredan más las cosas" y "entorpecen" unas negociaciones ya de por sí "muy complicadas".

Su homólogo de UGT, Cándido Méndez, calificó la idea de "grotesca".



La reforma laboral dispara los despidos con indemnización de 20 días y reduce los de 45


El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró hoy que los primeros datos sobre la aplicación de la reforma laboral indican que se está cambiando la forma de despedir en España, ya que están disminuyendo los despidos improcedentes (45 días de indemnización) y están aumentando los objetivos (20).

En rueda de prensa, Gómez destacó que entre julio y noviembre de 2010 ha habido 250.727 despidos improcedentes, los conocidos como "express", lo que supone una disminución del 10 por ciento.

Entretanto, en esos cinco meses ha habido una media mensual de 13.388 despidos objetivos, lo que, según dijo, supone cierto aumento.

Según recordó, uno de los objetivos de la reforma es que las empresas utilicen más el despido objetivo (cuya indemnización es de 20 por año trabajo con un tope de doce mensualidades) que el improcedente (45 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades).

Por ello, aunque reiteró que los datos son provisionales -la reforma laboral entró en vigor, tras su convalidación legal, el 19 de septiembre- van en la "buena dirección".

Otros datos que resaltó el ministro de Trabajo fueron los relativos a la contratación y sus bonificaciones, de los que, en ambos casos, las cifras son desde septiembre a diciembre.

En ese período, los contratos de fomento del empleo estable (cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado y que se quieren fomentar en la reforma) ascendieron a 167.193, lo que representa un incremento del 52,1 % respecto a los seis meses anteriores a la aplicación de la reforma.

El ministro precisó que en noviembre el crecimiento interanual de este tipo de contratos fue del 81,2 % respecto al mismo mes de un año antes y en diciembre del 136,5 %.

Entretanto, los contratos fijos ordinarios (con una indemnización de 45 días) se han reducido un 15,6 %, dijo Gómez, quien indicó que esto supone que no está habiendo un "efecto de sustitución" con los de fomento del empleo estable.

Del crecimiento de los de fomento Gómez informó que se ha debido a las conversiones de temporales a indefinidos, que han pasado de menos de 2.000 antes de la reforma a más de 26.129.

Según el ministro, se preveía que estas conversiones se produjeran una vez consolidada la recuperación económica, pero ya se está consiguiendo, puesto que el 55 % de las conversiones están siendo en contratos de fomento, cuando antes de la reforma no llegaban al 5 %, dijo.

Paralelamente, ha habido un 33 % menos de contratos iniciales de fomento que en el último semestre de 2009, lo que para Gómez significa que las empresas están optando por transformar más "rápidamente" los temporales en indefinidos de fomento del empleo.

De los contratos formativos, resaltó que, entre julio y diciembre de 2010, se firmaron 61.744, de los que 34.114 fueron de formación (el 4,2 % más, cuando habían caído un 10 % antes de la reforma) y 27.630 en prácticas (el 16,7 % más, cuando en la segunda mitad de 2009 caían el 23,6 %).

De las bonificaciones a la contratación Gómez recordó que se han reducido un 78 % porque se han centrado en jóvenes y parados mayores de 45 años de larga duración.

En total, se bonificaron 110.508 contratos, de los que 27.140 fueron indefinidos y más de 83.368.

Para el colectivo de jóvenes de entre 16 y 30 años se bonificaron 1.126 contratos, para mayores de 45 años 45.844, para otros colectivos más de 8.000 y para conversiones en indefinido 13.060.

Como conclusión Gómez dijo que la reforma laboral está dando "sus frutos", ya que está "ganando peso" el contrato de fomento del empleo estable, en un contexto de "dificultad" y con "poca" creacíón de empleo.

Además, apreció un cambio de tendencia en el uso de los contratos formativos, de los que afirmó que se están recuperando, algo que consideró importante porque es el primera forma de inserción laboral para los jóvenes.



Trabajo eximirá de cuotas a las pymes al contratar jóvenes a tiempo parcial


El Gobierno negocia con sindicatos y patronal un plan de choque que movilice la contratación juvenil y los parados de larga duración. El instrumento elegido es el contrato a tiempo parcial: eliminará las cotizaciones a la Seguridad Social de las pymes durante un año en los nuevos contratos de este tipo, y las reducirá al 75% en el caso de grandes empresas.

El propio ministro de Trabajo admitió ayer que pese a que los resultados de la reforma laboral son buenos en materia de contratación, los efectos de la reforma no serán satisfactorios hasta que la economía genere empleo. Enero ha comenzado también con destrucción de empleo, según fuentes oficiales, consolidando una tendencia que se inició hace ya tres años. Para combatirla, el Gobierno ha decidido actuar sobre las partes más débiles del mercado laboral, que son también las más flexibles ante los estímulos externos. Pondrá en marcha en las próximas semanas un plan de choque para movilizar el empleo de los jóvenes y de los parados de larga duración, especialmente los mayores de 45 años, los dos colectivos con mayores dificultades de encontrar nuevos empleos.

Además, lo hará con el instrumento menos explotado de la legislación por las empresas, cual es el contrato a tiempo parcial, que sólo emplea a 2,37 millones de personas, mayoritariamente mujeres. Fuentes gubernamentales admiten que se abre de nuevo este frente de los contratos a tiempo parcial porque puede ofrecer más oportunidades a los empresarios para atender puntas de actividad que ante la presión de la crisis no se atreverían a cubrir con nuevas colocaciones a tiempo completo.

En concreto, Trabajo negocia con los sindicatos y la patronal actuar sobre los costes del factor trabajo, las cotizaciones. Pretende eliminar para las pymes las aportaciones a la Seguridad Social en todos los contratos nuevos a tiempo parcial durante el primer año que se hagan a los colectivos de jóvenes (menos de 30 años) y desempleados de larga duración (más de un año en desempleo). En el caso de las grandes empresas, la reducción de las cotizaciones sería del 75%.

El programa, que durará seis meses, beneficiará a las empresas que contraten a tiempo parcial a personas de estos colectivos inscritas como desempleadas ininterrumpidamente en la oficina de empleo al menos desde el 1 de enero de 2011. Los contratos podrán ser indefinidos o temporales de al menos seis meses e implicarán una jornada laboral mínima del 50% de la habitual.

Además, el Gobierno incentivará la conversión de los contratos a tiempo parcial de carácter temporal en indefinidos a través de bonificaciones de cuotas y del contrato para el fomento de la contratación indefinida. La transformación deberá hacerse antes de que el contrato a tiempo parcial cumpla un año.

La tasa de parados de los jóvenes está notablemente por encima del 40%, y en un 37% la de los que tienen consideración de hijos en los hogares. Por lo que se refiere a los parados de larga duración, existe un colectivo de 1,87 millones de desempleados que perdió su empleo hace más de un año, además de otro de cerca de 378.000 personas que busca aún su primer puesto de trabajo.

El Gobierno ha detectado que aunque el contrato a tiempo parcial (relación laboral con jornada reducida, pero no necesariamente temporal) no ha tenido una utilización masiva, sí ha experimentado un notable crecimiento en el último año.

Ayudas de 350 euros por acciones formativas

Una de las medidas planteadas por el Gobierno en el documento que el Ministerio de Trabajo ha remitido a las comunidades autónomas de cara a la conferencia sectorial del lunes contempla una ayuda de 350 euros vinculada a la formación de desempleados sin ingresos.

Dicha medida, que sustituye a los 426 euros vigente hasta ahora, estará destinada a los parados que hayan agotado su prestación y carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional.

La ayuda durará seis meses y va dirigida a los desempleados que hayan agotado las prestaciones entre el 16 de febrero y el 16 de agosto de este año. Estará vinculada, eso sí, a una acción formativa después de la cual se obtendrá un certificado de profesionalidad. El curso durará entre 300 y 600 horas y podrá sustituirse por prácticas no laborales para menores de 30 años.

La cifra

12,78% es la proporción de empleo a tiempo parcial sobre el total de puestos de trabajo existentes en España en el tercer trimestre de 2010.



TRIBUNA: LUIS MARTÍNEZ NOVAL
En defensa del sistema de reparto


Tenemos un modelo de pensiones que merece la pena preservar, aunque para ello sean necesarias transformaciones paramétricas que se correspondan con las cambiantes circunstancias demográficas futuras.

En momentos en los que se acomete una reforma de los parámetros del sistema de pensiones, una más añadida a las de 1985 y 1997, es oportuno recordar lo que nuestro sistema ha significado en las décadas precedentes para los trabajadores españoles. Sin duda alguna, la Seguridad Social española es la columna vertebral de nuestro sistema de protección, tanto por razones monetarias como por el abanico de contingencias que cubre (casi todas a excepción de la dependencia). Lo es, además, tanto desde una visión colectiva como desde una individual.

Como en ocasiones anteriores, hemos asistido a intensos debates sobre la cuestión en la que están presentes tanto las posiciones que discuten exclusivamente lo paramétrico (periodo de cálculo, edad legal, etcétera), como las que cuestionan lo sistémico (el método de reparto) y abogan por una sustitución radical o parcial del método de reparto por el de capitalización.

Para valorar la importancia que el sistema tiene para los trabajadores españoles nada más ilustrativo que considerar unos datos que proporciona la OCDE para 2006 y que ponen de relieve dos cosas. Una, el sistema español reemplaza a la hora de la jubilación el 85,3% del salario anual medio, que de acuerdo con el último dato disponible en 2006 era de 21.150 euros; y dos, los derechos de pensión que un trabajador español posee cuando inicia su etapa de pasivo constituyen un patrimonio fundamental, si no el único, que se eleva a 12,2 veces el salario medio anual (OCDE StatExtracts). Por eso, no es extraño encontrar textos como este de Peter Diamond (reciente Nobel) en un contexto de defensa del sistema de reparto: "La obligatoriedad de disponer de una renta vitalicia tiene sentido si piensas que los trabajadores no comprenden adecuadamente el valor de las rentas vitalicias". (P. Diamond, Social Security, AER, 2004, página 22)

De ahí que resulte extraño que algunas personas y organizaciones que inequívocamente defienden el sistema público de reparto se opongan a modificaciones de los parámetros del sistema que pretenden preservar lo fundamental del mismo: su continuidad en condiciones financieras sostenibles. Claro está que soy consciente de que este último adjetivo es el que nos separa a los defensores del sistema actual; sin duda que, en cuestiones de sostenibilidad, todo es opinable.

Es tranquilizador, sin embargo, que en el reciente acuerdo del Pacto de Toledo no haya habido ni un solo diputado partidario de una reforma sistémica. O dicho de otro modo, que no haya habido ningún defensor de migrar a un sistema mixto de capitalización y reparto. Ese tipo de sistema ya fue defendido en 1996 desde sectores académicos que en el nuevo contexto económico han virado a posiciones que son perfectamente identificables con el nuevo sistema sueco (véase el manifiesto de FEDEA) que incorpora, a su vez, una vertiente de capitalización obligatoria. Otro tanto ha hecho el Círculo de Empresarios, que en el año 2001 se inclinaba por el sistema de tres pilares del Banco Mundial (el que se implantó en Chile en 1981) y que ahora ha cambiado para pasar a defender un sistema mixto. La palpable realidad es que no hay nadie en la esfera política que sostenga otro procedimiento que el reparto para garantizar la continuidad de las pensiones.

Por lo demás, no es este el mejor momento para argumentar la defensa de un sistema de capitalización que vaya más allá de la voluntariedad. Las turbulencias de los mercados financieros apuntan en la dirección contraria si lo que se busca en un sistema que pretenda asegurar las rentas de los trabajadores en su edad provecta es la estabilidad, su carácter predecible y, por supuesto, la suficiencia.

En un número extra del año 2009 de la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ignacio Zubiri analizó detalladamente las razones que desaconsejan el establecimiento de un sistema mixto en nuestro país. Razones que van desde el elevadísimo coste de la transición a ese esquema y del coste de administración de los fondos en la etapa activa, hasta el coste de la adquisición de una prima que garantice rentas vitalicias hasta el fallecimiento. A todos esos costes, colectivos unos, individuales otros, habría que añadir la volatilidad del valor del capital acumulado a lo largo de la carrera laboral, que sería dependiente de la coyuntura de los mercados financieros en el momento de la jubilación.

Para consolidar en mayor medida esos argumentos de Zubiri, yo he hecho un sencillo ejercicio de ucronía consistente en indagar lo que habría ocurrido si en España, en el año 1974, hubiera existido un sistema de capitalización, y un trabajador que hubiera comenzado a trabajar en ese año habría ahorrado en su fondo de pensiones la misma cantidad a lo largo de su carrera laboral (35 años) que la Seguridad Social estableció año a año como base máxima y como tipo de cotización un 28,3%. Ese fondo, que solo invirtió en mercados financieros españoles (Bolsa de Madrid y mercados de deuda) supongo que habría compuesto su cartera de inversión renta fija/renta variable en un ratio 47,4/28,5 y fijó comisiones que entre gestión y depósito se elevaron a un 1,5% sobre el capital acumulado a lo largo de 35 años. En ese caso, y con todos esos supuestos, el trabajador habría acumulado un capital de 479.003,43 euros al que se le mermaron 95.233,50 euros en comisiones (19,88% del capital) que dejaron la cifra disponible para comprar una prima de seguro de rentas vitalicias en 383.769,93 euros.

Puesto que el trabajador no quiere sobrevivir a sus ahorros (que es lo que le hubiera garantizado un sistema público de reparto hasta su fallecimiento) pide ofertas a compañías aseguradoras acudiendo a un mercado muy desarrollado en esa vertiente del aseguramiento como es el británico (www.find.co.uk) y teclea sus condiciones personales y el capital del que dispone: tiene 65 años, no ha sido fumador, no tiene historial médico con incidentes, tiene una esposa de 63 años a la que a su fallecimiento quiere dejar el 50% de su pensión y desea que las rentas sean escalables con la tasa de inflación (¿acaso no es eso lo que ofrece la Seguridad Social española?). Pues bien, lo que obtiene de las ofertas que se le aparecen en pantalla es una renta vitalicia anual que en media se eleva a 12.024 euros, esto es, 1.002 euros mensuales y 501 euros para su esposa a su fallecimiento. La Seguridad Social española le habría proporcionado por 35 años de cotización en la base máxima la pensión máxima del sistema, esto es, 34.184,50 euros anuales, es decir, 14 pagas de 2.441,50 euros mensuales. La esposa, a su fallecimiento ingresaría 14 pagas de 1.370,75 euros mensuales.

Pero podemos seguir con la ucronía y volver a preguntar al calculador británico de rentas vitalicias qué capital sería necesario para comprar una prima que le garantizase una pensión vitalicia en las mismas condiciones con las que el sistema público español le proporciona una pensión máxima. Pues bien, el resultado es una cifra en el entorno de los 900.000 euros.

La conclusión no puede ser otra: tenemos un sistema de pensiones que merece la pena preservar, aunque para ello sean necesarias reformas paramétricas que se correspondan con las cambiantes circunstancias demográficas que vamos a vivir en el futuro. Si, además de eso, se materializa con el mayor consenso posible, nuestra columna vertebral del sistema de protección social puede volver a vivir en el futuro en las mismas condiciones de estabilidad financiera en las que lo ha hecho en las décadas precedentes. Con razón alguien escribió, ¡Dios salve a las pensiones públicas!



Morgan Stanley y la macro de EEUU llevan al Ibex 35 a los 10.600 puntos


El Ibex 35 se ha apuntado una nueva sesión de alzas gracias a los resultados de Morgan Stanley y unos buenos datos macro en EEUU

A pesar de que las últimas cifras de crecimiento económico en China apuntan hacia un repunte claro de la inflación y hacia una lógica subida de tipos en Beijing, el Ibex 35 ha vuelto a cerrar al alza. Sigue entrando dinero en una bolsa que se quedó muy rezagada en Europa y cuyos diferenciales se con el bund alemán se van estrechando. Hoy el dinero se ha distribuido un poco más aunque sigue entrando con claridad en los bancos. El Ibex 35 ha terminado en los 10.636,9 puntos, un 0,76% al alza, tras negociar cerca de 3.600 millones de euros.

Las claves de la sesión fueron los resultados de Morgan Stanley y los datos de empleo semanales en Estados Unidos, ambos por encima de lo previsto. En Wall Street el miedo al aumento de la inflación en China afectaba al sector automovilístico y a las materias primas.

En el plano macro, Alemania presentó la producción industrial correspondiente al mes de diciembre, que se incrementa hasta el 5,3% interanual, mientras que el déficit de la balanza comercial española ha crecido un 1,7% en los once primeros meses de 2010 y ha rozado los 47.000 millones al situarse en 46.917,3 millones de euros.

La agenda estadounidense contó con una mala lectura del índice de la Fed de Fialdelfia (19,3 puntos en enero frente a los 20,3 puntos esperados), un muy buen dato de ventas de viviendas de segunda mano (5,28 millones en diciembre frente a los 4,9 millones previstos), buen dato de los indicadores líderes de diciembre (1% frente al 0,6% esperado) y, sobre todo, un gran dato de paro semanal (404.000 demandas frente a las 420.000 esperadas).

El euro/dólar se sitúa en las 1,34 unidades, un 0,4% a favor del billete verde, en tanto que el oro al contado cerró en Londres con un precio de 1.345,5 dólares, una bajada del 1,93%.

En el plano corporativo, lo más destacado fueron los resultados de Morgan Stanley, que ha logrado un beneficio por acción en el cuarto trimestre de 0,41 dólares frente a los 0,28 previstos y los 0,29 del mismo periodo de 2009. Además, Santander podría retrasar la OPV de su unidad británica hasta segundo semestre y Sacyr realizará una nueva inversión en Chile por importe de 140 millones de euros para la construcción de una autopista.

Bankinter, que presenta resultados mañana, ganó más de cinco puntos porcentuales, seguido por Sabadell, con más de cuatro puntos porcentuales, y Endesa, Mapfre y Acciona, con más de dos puntos porcentuales. En la parte de los descensos, Gamesa, Amadeus y Acerinox superaron los dos puntos porcentuales de recortes.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bund es del 3,15%, con lo que establece un diferencial de 212 puntos básicos con el bono español a diez años, mínimos desde noviembre.

Por último, el contrato de futuros sobre el brent con próximo vencimiento tiene un precio de 96,2 dólares, un 2% a la baja, después de que se conociera que las reservas en EEUU de petróleo, gasolina y refinados subieron la semana pasada.

 

Wall Street cierra a la baja pese a buenos resultados


La Bolsa de Nueva York cerró a la baja este jueves, a pesar de la publicación de indicadores favorables y resultados sólidos en las empresas y debilitada por los temores sobre el desaceleramiento del crecimiento de China: el Dow Jones perdió 0,02% y el Nasdaq 0,77%.

Según las cifras definitivas de cierre el Dow Jones Industrial perdió 2,49 puntos a 11.822,80 y el Nasdaq, índice predominantemente tecnológico, 21,07 puntos a 2.704,29 puntos.

El índice ampliado Standard & Poor's 500 perdió 0,13% (1,66 puntos) a 1.280,26 puntos.

"Esto no tiene nada que ver con la actualidad económica o con los resultados", estimó Peter Cardillo, de Avalon Partners, que destacó dos factores.

"Un factor es técnico, ya que el mercado alcanzó su cumbre donde se encontró con alguna resistencia por los umbrales sicológicos, como los 1.300 puntos en el S&P 500. El otro factor es la creencia de que China va a endurecer su política monetaria", indicó el analista.

La idea de que China eleve su tasas de interés para controlar el crecimiento galopante de su economía molestó a los mercados después de la publicación de cifras de crecimiento por encima de lo esperado y una inflación que sigue siendo muy alta.

La prudencia de los inversores se traduce especialmente en un alza del dólar, valor de refugio, lo que ha pesado sobre los precios de los productos básicos y las acciones relacionadas como en la energía y la minería.

"Pero el estado de ánimo es aún positivo, y estos anuncios no han influido demasiado en la baja del mercado", observó Andrew Fitzpatrick de Hinsdale Securities.

Sobre todo tras la difusión de los resultados generales de las empresas y los indicadores publicados que fueron mucho mejor que los previstos.

Las ventas de casas usadas en Estados Unidos repuntaron en diciembre, un 12,3% respecto al mes anterior, y el índice compuesto de indicadores económicos americanos publicados por la Conference Board subió más de lo esperado por los analistas.

En el mercado del trabajo, las nuevas solicitudes por desempleo cayeron más de lo esperado la semana pasada.

El mercado de bonos cayó. El buen desempeño de los diez años del Tesoro subió a 3,459% contra 3,337% de miércoles y el bono a 30 años a 4,622% contra 4,526% el día anterior.



El Nikkei bajó 162,79 puntos, el 1,56% ,


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio bajó hoy al cierre 162,79 puntos, o el 1,56 por ciento, hasta situarse en 10.274,52 puntos.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, también cedió 16,34 puntos, el 1,76 por ciento, hasta los 910,85.

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