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viernes, 28 de enero de 2011

Prensa 28 enero

Gobierno, patronal y sindicatos cierran el acuerdo de pensiones y avanzan ahora hacia un 'gran pacto social'


Ya hay principio de acuerdo en políticas activas de empleo y diálogo social, y se negocian ya un pacto general para las políticas de empleo, industrial, energética y de ciencia e innovación.

"En la madrugada de hoy las organizaciones empresariales CEOE Y CEPYME, las confederaciones sindicales CCOO y UGT, y el Gobierno han concretado los contenidos de un principio de acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones, determinadas políticas activas de empleo y los criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva", ha anunciado el Ministerio de Trabajo e Inmigración en un comunicado. Los acuerdos aún deben ser aprobados por los comités de dirección de patronal y de sindicatos.

Con los primeros acuerdos ya bajo el brazo, "en los próximos días, continuarán las negociaciones sobre el resto de las políticas de empleo, política industrial, política energética, política de ciencia e innovación así como otras relevantes cuestiones de índole laboral". Asimismo, en la mesa general de la Función Pública se negociarán asuntos relativos clases pasivas, estatuto del empleado público, y evaluación de los acuerdos vigentes.

Las partes han logrado finalmente limar sus diferencias tras meses de negociación y después de la cena que celebró el miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los representantes de los sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. A pesar de este encuentro, las negociaciones continuaron a lo largo del día de ayer para cerrar algunos capítulos de la reforma de pensiones, extender el pacto a otras materias y blindar definitivamente un acuerdo horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe este mismo viernes el anteproyecto de ley de las pensiones.

¿Foto la próxima semana?

El pacto, que supone un gran paso tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales por la reforma laboral, podría escenificarse de manera formal el próximo 2 de febrero en el Palacio de la Moncloa con la presencia del jefe del Ejecutivo, los líderes sindicales y el presidente de la CEOE, Juan Rosell.

El acuerdo pivota en torno a la reforma de pensiones que contempla la elevación de la edad de jubilación a los 67 años, aunque aquellos que cumplan carreras de cotización de 38,5 años podrán jubilarse a los 65 años y cobrar el cien por cien de la pensión. De hecho, éste ha sido el principal escollo de las negociaciones desde que el Gobierno anunciara su intención del elevar el retiro a los 67 años. Los sindicatos siempre se han posicionado en contra de esta medida y han llegado incluso a amenazar con convocar otra huelga general si el Ejecutivo seguía adelante.

Las posturas parecían muy distanciadas, pero en el último mes y ante la proximidad de la fecha anunciada por el Gobierno para aprobar el anteproyecto de ley, las partes decidieron intensificar las negociaciones para acercar posturas. Desde entonces, han celebrado numerosas reuniones, algunas incluso de más de 14 horas, con el objetivo de lograr un consenso tras el desacuerdo del Pacto de Toledo. Estos encuentros han llevado a los sindicatos a aceptar el nuevo límite de 67 años, pero imponiendo algunas de sus condiciones, como el mantenimiento de los 65 para aquellos que coticen 38,5 años.

Pero éste no es el único cambio que han acordado Gobierno agentes sociales en esta materia. También han llegado a un acuerdo para ampliar el cómputo de las pensiones de 15 a 25 años en dos tramos, de forma que la ampliación definitiva podría estar completada como muy tarde en 2023.

Jóvenes y madres

El acuerdo incluye muchas otras medidas, como la ampliación a 37 años del periodo de cotización para tener derecho a toda la prestación para aquellos que se jubilen a los 67, incentivos para el retraso de la edad de jubilación y coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos tóxicos, penosos, insalubres o peligrosos.

Igualmente, otorga a mujeres y hombres nueve meses de cotización por hijo, con un máximo de dos años, si han interrumpido su vida laboral para su cuidado, al tiempo que reconoce la participación en programas formativos o de investigación como periodos de cotización, con efectos retroactivos desde 2009 y un máximo de dos años.

Para garantizar la proporcionalidad entre las contribuciones y las prestaciones esperadas se realicen desde 2027, el acuerdo contempla una revisión cada cinco años de los parámetros fundamentales. Estas revisiones responderán a las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en el año en que se efectúe la revisión y la de 67 años en 2027.



Guía práctica: cómo le afecta la reforma de las pensiones


El Gobierno consigue su gran objetivo de retrasar la edad legal de jubilación. Para cobrar la totalidad de la pensión hará falta haber cotizado 37 años. Aumenta de 15 a 25 años el tiempo de contribución para calcular la prestación.

El Gobierno ha conseguido su objetivo central con la reforma de las pensiones al ampliar sustancialmente el tiempo de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores y, por lo tanto, de vida laboral, para poder acceder a una pensión a partir del 1 de enero de 2013. Es la reforma del sistema de pensiones más importante desde la Transición a la Democracia, que persigue un importante ahorro para la Seguridad Social. El preacuerdo, que hoy aprobará el Consejo de Ministros, forma parte de un paquete más amplio que persigue un amplio pacto social. Los cambios más relevantes que se plasman en el preacuerdo conseguido ayer con los sindicatos y la patronal son los siguientes:

La jubilación, a los 67 años: En líneas generales, un trabajador podrá jubilarse con esta edad cobrando la totalidad de la pensión, siempre que haya cotizado a la Seguridad Social un periodo mínimo de 37 años. Por lo tanto, la llamada edad legal de jubilación pasa de 65 a 67 años y la obligación de cotización para obtener toda la pensión pasa de 35 a 37 años.

El acuerdo regula que la prolongación de la vida laboral y de la cotización se hará de forma gradual desde 2013 hasta que la medida este plenamente en vigor en 2027. Ha caído una de los emblemas históricos del PSOE y de los sindicatos en el sistema de pensiones: la jubilación, con carácter general, a los 65 años.

Para retirarse a los 65 harán falta 38,5 años de cotización: Es decir que, en todo caso, el periodo de contribución del trabajador para tener toda la renta aumenta en tres años y medio. Es la cifra que permite decir al Gobierno y a los sindicatos que se ha alcanzado un acuerdo en este punto mediante la cesión de las dos partes. El Ejecutivo partió en la negociación de una exigencia de cotización de 41 años, mientras los sindicatos querían dejar las cosas como están ahora. Es decir, la jubilación a los 65 años con 35 años de cotización.

Además, habrá excepciones para que haya trabajadores que puedan retirarse con la totalidad de la pensión. Por ejemplo, quienes están ocupado en empleos de especial dureza o peligrosidad. Minería, pesca, construcción, Fuerzas de Seguridad o sustancias químicas. Estos colectivos no se concretarán hasta la tramitación del proyecto de ley.

Para retirarse a los 65 harán falta 38,5 años de cotización: Es decir que, en todo caso, el periodo de contribución del trabajador para tener toda la renta aumenta en tres años y medio. Es la cifra que permite decir al Gobierno y a los sindicatos que se ha alcanzado un acuerdo en este punto mediante la cesión de las dos partes. El Ejecutivo partió en la negociación de una exigencia de cotización de 41 años, mientras los sindicatos querían dejar las cosas como están ahora. Es decir, la jubilación a los 65 años con 35 años de cotización.

Además, habrá excepciones para que haya trabajadores que puedan retirarse con la totalidad de la pensión. Por ejemplo, quienes están ocupado en empleos de especial dureza o peligrosidad. Minería, pesca, construcción, Fuerzas de Seguridad o sustancias químicas. Estos colectivos no se concretarán hasta la tramitación del proyecto de ley.

También se retrasa la jubilación anticipada: A partir de 2013 este umbral se irá retrasando paulatinamente desde los 61 años, en los que está ahora, a los 63 años, cuando esté la reforma totalmente en vigor. En consecuencia, todos aquellos que, a partir de ese momento, quieran retirarse antes de los 67 tendrán una reducción en la cuantía de la pensión, como ocurre ahora. La penalización sera más elevada cuantos más años falten para llegar a los 67.

Más tiempo de cotización para calcular la pensión: Todo el debate político y sindical ha estado en la jubilación a los 67 años, pero en realidad tiene mayor calado el punto del acuerdo que extiende desde los 15 a los 25 años el denominado periodo de cómputo para calcular la pensión. Es decir, el tiempo de cotización exigido al trabajador para calcular la cuantía de la prestación.

La razón es que, de manera progresiva, entrarán más años de la vida laboral en el cálculo de la pensión.

No sólo los últimos quince años, que suelen tener el sueldo más alto en virtud de la negociación colectiva y de las promociones profesionales, sino, también, otros años de la carrera laboral que tienen un salario más bajo. Muchos autónomos tampoco estarán muy contentos, pues ahora tendrán que cotizar veinticinco años como mínimo. También es verdad que puede beneficiar a quienes sufren la prejubilación [entre los 50 y los 61 años] o se quedan en paro al final de su carrera laboral, porque cotizan muy poco y luego pierden en la pensión.

Como adelantó ayer EXPANSIÓN, el Gobierno también quiere hacer esta reforma de manera progresiva para que su impacto sea más suave. En un tiempo máximo de ocho años. También está claro que, junto al fin de los 65 años como edad legal para la jubilación, con la ampliación del periodo de cotización exigido para calcular la pensión, ha caído otro emblema del PSOE y de los sindicatos en el sistema de pensiones: los quince años de contribución como límite para calcular la cuantía de la prestación.

Apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar: La mujer o el hombre que tenga que dejar su puesto de trabajo para cuidar de los hijos tendrá una cotización extraordinaria a la Seguridad Social de nueve meses por descendiente. Hasta un periodo máximo de dos años. Es decir, que podrá tener esta medida hasta el tercer hijo.

Reparar una injusticia con los becarios: El acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos también quiere reparar una situación de injusticia con los jóvenes becarios en las empresas. Se trata de reconocer a los estudiantes que hayan terminado la carrera como periodos cotizados la participación en programas formativos o de investigación en las empresas, con un periodo máximo de dos años.

Tal vez sea esta la única medida que pueda tener efectos retroactivos de la reforma. En principio, la intención del Ejecutivo es aplicar sus efectos retroactivos desde 2009, siempre que los beneficiarios puedan demostrar que hicieron esta labor.

La clave

Tal vez la clave final para entender lo que han cedido unos y otros en este acuerdo esté en los otros ámbitos de la negociación social como la reforma laboral, la negociación colectiva, las políticas de apoyo al empleo o de energía.

La reforma

67 años

Podrán jubilarse todos los trabajadores que hayan cotizado 37 años, como mínimo, en su vida laboral y quieran cobrar la totalidad de la pensión cuando la reforma esté plenamente en vigor, a partir de 2027.

38,5 años

Será el tiempo mínimo de cotización exigido al trabajador para poder retirarse a los 65 años con la totalidad de la pensión. Es la mitad del camino entre lo que planteaba el Gobierno.



Una reforma que reducirá la cuantía de las pensiones en torno al 20%


Los sindicatos aceptan una propuesta denostada hace sólo unos días. El Ejecutivo lo tiene en bandeja: además del consenso político, Zapatero podrá exhibir un pacto social.

Los sindicatos han pasado página. A pesar de que las centrales han venido calificando la medida del Gobierno de retrasar la edad de jubilación como una “ofrenda a los mercados” a todas luces “injusta e innecesaria”, finalmente han dado su brazo a torcer al apalabrar un “principio de acuerdo”, según anunció ayer triunfante el Gobierno, para reformar el sistema público.

Aún se desconoce la letra pequeña de este acuerdo, pero las dos medidas que ya están atadas –elevar a los 67 la edad legal de retiro y ampliar el periodo de referencia para calcular la pensión– supondrán en conjunto un recorte medio de las futuras prestaciones del entorno del 20%, según los primeros cálculos de los analistas.

La primera dentellada viene por la vía de subir de 15 a 25 años el periodo de referencia para calcular la pensión. Eso es así porque, habitualmente, un trabajador acumula el mejor salario en los últimos años de su vida. Al ampliarse esa horquilla, se incorporan ejercicios con bases más pequeñas, lo que presiona a la baja la pensión. Diego Valero, profesor de la Universidad de Barcelona, estima que cuando entre de lleno esta novedad –que se implantará gradualmente a partir de 2016 ó 2018– las prestaciones perderán de media un 10,7%, aunque matiza que el recorte exacto dependerá de la carrera profesional de cada uno.

Así, para una pensión media de 887,6 euros al mes, la bajada será de 94,9 euros mensuales, más de 1.100 euros en un solo año. Por contra, la Seguridad Social ahorrará con la medida dos puntos del PIB, según se desprende de los cálculos que envió el propio Ejecutivo a Bruselas a principios del pasado año.

El segundo ingrediente estrella de esta reforma, la jubilación a los 67 (de la que sólo se podrán librar los trabajadores que demuestren tener 38,5 años cotizados), también tendrá un impacto importante. Gracias al retraso en dos años de la edad de retiro, las arcas públicas ahorrarán dos puntos de PIB, pero la peor parte se la lleva el trabajador, que verá reducida su pensión entre el 12% y el 15% de media, según los autores de un estudio realizado conjuntamente por la Universidad de Extremadura y la de Valencia premiado por la Fundación Edad & Vida y Vida Caixa.

En conjunto, las dos medidas citadas se traducen en un recorte del 22,7% de las pensiones, una cifra algo inferior a la que llegan los profesores del IESE Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra cuyos cálculos, por cierto, citó el histórico sindicalista de UGT José María Zufien en La Factoría.

Para estos economistas, aumentar la base reguladora hasta los 20 años (la que sirve para calcular la cuantía de las pensiones) reduciría la prestación media un 6%. Éste fue el primer escenario que barajó el Gobierno, pero finalmente la franja se ha subido a los 25 años, lo que equivaldría a una reducción del entorno del 8%. A la vez, según estos economistas, al retrasar dos años la edad legal de jubilación se estaría hablando de un ajuste equivalente a otro 10% adicional. En total, apuntan a un recorte del 26% de las pagas, sin tener en cuenta posibles efectos correctores que suavicen su impacto.

Con este apretón de tuercas el Gobierno espera poder ahorrar cuatro puntos de PIB a partir de 2030 (40.000 millones). De este modo, el gasto en pensiones, que está previsto que se sitúe en el entorno del 16% hacia 2050, se conseguiría mantener en el 12%. Actualmente, supera el 9% del PIB.

La reforma de la que todos renegaron ante los micrófonos

-13 de febrero de 2010. La vicepresidenta Salgado aclara a la opinion pública que “ampliar el periodo de cotización para el cálculo de la pensión no es ni va a ser una propuesta del Gobierno”. Salía así al paso de las críticas vertidas sobre la “ambiciosa” reforma que el Ejecutivo prometió a Bruselas.

-18 de diciembre. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Fernández Toxo y Cándido Méndez, alertan de que el conflicto social se “recrudecerá” si el Gobierno sigue adelante con la intención de elevar la edad de jubilación a los 67 años, tal y como había señalado Zapatero un día antes.

-18 de febrero de 2011. Los sindicatos insisten en que la ampliación de la edad de retiro es una “línea roja” en las negociaciones. Toxo señala que Zapatero “tiene en sus manos evitar una nueva huelga general”. “Es una medida injusta e innecesaria”, apunta. Y acto seguido añade que la jubilación a los 67 es “una ofrenda a los mercados”.

-5 de enero. “No tenemos ninguna intención de convocar una huelga general”, admitía el secretario general de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez. “Pero si el Gobierno busca la confrontación, entonces tendremos que estudiarlo”.

La letra pequeña

La mitad de los trabajadores afiliados a un sindicato tiene más de 50 años; no les afectará la jubilación a los 67.

Las centrales podrían justificar así una reforma incómoda para sus bases.



España destruyó 238.000 empleos en 2010, la mayoría entre hombres jóvenes


En 2010 España registró un descenso de la ocupación de 237.800 personas que afectó mayoritariamente a los hombres menores de 30 años. En el cuatro trimestre de 2010 se destruyeron 38.600 empleos, hasta situar el total de ocupados en 18,4 millones. El paro subió en 370.100 personas en 2010 respecto al año anterior, un 8,5%, situándose el número total de desempleados en 4.696.600 personas y la tasa de paro en el 20,33%, cifra 1,5 puntos porcentuales superior a la del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el segundo trimestre de 1997, cuando la tasa de paro llegó a situarse en el 20,72%. El número de parados, por su parte, también supone una cifra récord para la economía española.

De esta forma, 2010 se convierte en el cuarto año consecutivo en el que se incrementa el número de desempleados. En 2007, el paro se incrementó en 117.000 personas, en 2008 subió en 1.280.300 desempleados, en 2009 en 1.118.600 personas y en 2010 se ha incrementado en 370.100 personas.

A esa cifra de casi 4,7 millones de desempleados con la que se cerró 2010 se ha llegado después de que el paro se incrementara en el último trimestre de 2010 en 121.900 desempleados, lo que supone un 2,6% más que en el tercer trimestre.

Destrucción de empleo

Al igual que el repunte del paro en 2010 fue sensiblemente inferior al de 2009, el número de empleos destruidos el año pasado también se moderó. Así, en 2010 se destruyeron 237.800 puestos de trabajo (-1,3%), frente a los 1.210.800 que se perdieron en 2009. En 2008, los empleos perdidos fueron algo más de 600.000.

En el último trimestre de 2010, el número de ocupados se redujo en 138.600 personas (-0,75%), cerrándose el ejercicio con 18.408.200 ocupados.

En el último año, el número de asalariados disminuyó en 178.400 personas (-1,1%), de los que 85.900 tenían contrato temporal (-2,2%) y 92.500 tenían contrato indefinido (-0,8%). A cierre de 2010, la tasa de temporalidad se situó en el 24,82%, siete décimas inferior a la del tercer trimestre de 2009.

Los hogares con todos sus miembros en paro suben a 1,3 millones

Los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2010 en 107.900, lo que supone un 8,8% más que en 2009, hasta situarse en 1.328.000, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En el último trimestre de 2010, los hogares con todos sus miembros en paro se incrementaron en 35.600, un 2,7% respecto al tercer trimestre del año pasado.

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 187.800 durante 2010, un 2% respecto a 2009, hasta un total de 9.220.700 hogares. En los últimos tres meses del ejercicio, las familias con todos sus miembros ocupados bajaron en 39.400 (-0,43%).

Los datos de 2010 suponen una importante moderación respecto a los de 2009. En aquel año, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 392.800, un 47,5%, mientras los que tenían todos sus integrantes ocupados bajaron en casi 700.000 (-6,8%).



Una garantía para la viabilidad del sistema


La Seguridad Social habría entrado en números rojos el pasado ejercicio si no llega a ser por el Fondo de Reserva, que le otorga un colchón de al menos 12 años. Sin embargo, todos los estudios auguran que el sistema de pensiones, tal y como está configurado, es insostenible a largo plazo, por lo que los expertos aplaudieron ayer el principio de acuerdo entre Gobierno y sindicatos.

"Lo más importante es que el retraso de la edad de jubilación a los 67 años no se ha caído del texto, aunque se hayan establecido excepciones", aseguró ayer José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales. En su opinión, esto servirá para mandar un mensaje contundente a los mercados sobre el compromiso de España para acometer las reformas. "El alargamiento del periodo de cómputo de la pensión de 15 a 25 años, el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y el incremento de 35 a 38,5 años de carrera para jubilarse a los 65 son cambios que garantizan la viabilidad del sistema. Si esto se manifiesta y se cumple se habrá dado una buena dentellada a los problemas de sostenibilidad cuando se generalicen", aseguró.

Begoña Benito, consejera de Mercer, coincide en el planteamiento expresado por Herce, aunque considera que las pensiones son solo el primero de los cambios. "En un sistema de reparto tan importante es el alargamiento de la edad de jubilación como los estímulos para la creación de empleo juvenil. Si la incorporación al mercado de trabajo no se adelanta, la otra medida no tendrá el impacto deseado", asegura. De hecho, según los últimos datos de la Seguridad Social, la mitad de la población activa en España tiene menos de diez años cotizados, por lo que les será muy difícil acumular otros 28,5 años si se tiene en cuenta el elevado nivel de desempleo. "Una reforma de este calado va a activar las cuentas de la Seguridad Social, pero el empleo tiene que crecer para no volver a tocar el Fondo de Reserva", apunta.

La consejera de Mercer también incide en otros dos aspectos que considera cruciales para despejar las incógnitas sobre el futuro de las pensiones: el estímulo a la natalidad y a los planes de previsión privados. Respecto al primero dice que es fundamental estimular los nacimientos para evitar lo que predicen los estudios: que en un futuro a corto plazo cada activo sostendrá a un jubilado. "Por ello sería importante informar cada año al trabajador sobre la pensión que se va a percibir y estimular los planes de previsión privado para complementarlas", dijo.

El riesgo del envejecimiento en España

A finales de 2010 había 17,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social y cerca de 9 millones de personas cobrando una pensión de jubilación. Esto ofrece un ratio de 2 ocupados por cada pensionistas, lo que ofrece cierta holgura a las cuentas de la Seguridad Social. Pero si se tiene en cuenta un escenario a más largo plazo, esa ratio baja considerablemente y amenaza con situarse en el entorno de un ocupado por cada jubilado, lo que provocaría la insostenibilidad del sistema.

Si se compara el número de personas activas con las jubiladas, la proporción sube a 4 activos por cada jubilado, aunque todos los estudios abogan porque llegará a 2 a 1 en pocos años.

En la consecución de esas cifras están jugando un papel protagonista el desplome de la natalidad y el progresivo envejecimiento de la población, como consecuencia de la ampliación en la esperanza de vida. El número medio de hijos por mujer se situó en el primer semestre de 2010, según los últimos datos del INE, en 1,38, el nivel más bajo desde 2006, mientras que la esperanza de vida se ha situado en 78,5 años para los hombres y en 84,5 para las mujeres. Eso significa que, pese que se podrían retirar a los 67 años, los hombres que hubieran generado derecho a pensión cobrarían una renta vitalicia durante una media de once años, mientras que las mujeres lo harían durante 17 años.



Nueva escalada del Ibex 35, que se va hasta los 10.800 puntos


El Ibex 35 repunta por segunda sesión consecutiva gracias a la operación de La Caixa con Criteria y alcanza los 10.800 puntos

La jornada arrancó con descensos después de que la agencia de calificación financiera S&P rebajara el rating de Japón de 'AA' a 'AA-' con perspectiva estable. Los resultados europeos traían de todo, lo mismo que los datos macro de la mañana. Sin embargo, Criteria y La Caixa han dicho que se está valorando la aprobación de la reorganización del grupo La Caixa y que esta reorganización implica el traspaso del negocio bancario de la Caixa a un nuevo banco que quedará bajo el paraguas de Criteria. Esta noticia espoleó al mercado, que recibió otras noticias posteriores que asumió de forma positiva para terminar en esos 10.828,7 puntos, un 1,48% al alza.

Algunas de estas noticias que llegaron a lo largo de la jornada fueron, por ejemplo, que el miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), José Manuel González-Páramo, ha asegurado que una de las opciones para hacer más eficaz el Fondo de Rescate Europeo es la compra de bonos soberanos. Otra novedad negativa, pero que el mercado obvió fue que Standard & Poor's prevé que la recuperación económica del Oeste de Europa se produzca "a tres velocidades" y sitúa a España, junto a Grecia, Irlanda y Portugal, como uno de los países que aún permanecerán anclados en la recesión.

El diferencial bono-bund sube hasta los 226 puntos básicos con el activo alemán ofreciendo una rentabilidad del 3,2%.

Desde el punto de vista macro, el indicador de confianza del consumidor en Francia correspondiente a enero registró una caída respecto a diciembre y se sitúa en 84,8 puntos. Por otro lado las ventas al por menor de España en el mes de diciembre, se reducen un -3,8% interanual. El dato referente a la confianza empresarial para el conjunto de Área Euro alcanza los 6 puntos para el mes de enero, superior al registrado en el mes anterior, que se situaba en los 4,9 puntos. A lo largo de la tarde se dará a conocer el IPCA preliminar de Alemania.

En EEUU se ha publicado un dato mucho peor de lo esperado de Pedidos de Bienes Duraderos. El dato de paro semanal también queda peor de lo esperado, subiendo además la media de cuatro semanas y el total de perceptores. Tampoco fue buena la venta de viviendas pendientes en diciembre se situó en el 2% desde el 3,1% anterior y frente al 1% previsto.

La paridad euro/dólar se sitúa en las 1,37 unidades, un 0,15% a favor de la moneda única, mientras que el oro retrocede un 0,55% para situarse en los 1.323,45 dólares.

En cuanto a resultados empresariales, tenemos los de Carterpillar, Procter and Gamble, Lockheed Martin, Time Warner y Tyco mejores de lo esperado. AT&T, Motorola, D. R. Horton y Eli Lilly han decepcionado. En España, Banco Sabadell ha explicado que su beneficio atribuido al cierre del año ha caído en un 27,3%, mientras que en Europa el grupo sueco, H&M, ha registrado una caída del 11% en sus beneficios, más de lo previsto, en tanto que las farmacéuticas Astra Zeneca y Novartis han batido las previsiones.

Los valores más castigados del Ibex 35 fueron Inditex, con más de dos puntos porcentuales de caída por culpa de H&M, y Acerinox, Acciona y Sabadell, este último tras presentar resultados, con más de medio punto de caídas.

En la parte positiva Sacyr ganó más de cinco puntos porcentuales, aunque los motores fueron BBVA Y Santander, con más de tres puntos porcentuales de alzas.

Por último, el contrato de futuros sobre el brent con próximo vencimiento tiene un precio de 98,2 dólares, un 0,3% a la baja.

El dato más importante del viernes será la cifra preliminar del PIB del cuarto trimestre en EEUU. Se espera una notable aceleración respecto al tercero(3,5% estimado frente al 2,6%), fundamentalmente por una mejora en el consumo privado (4,1% estimado frente al 2,4%) y con unos precios más moderados: índice de precios del PIB (1,7% previsto desde el 2,1% preliminar). Además, se publica el dato final de la confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan (73 estimado frente al 72,7 preliminar).

En la Eurozona tan sólo se publica la M3 de diciembre. Se espera que la media de 3 meses de la masa monetaria repunte un 1,6% (1,3% en noviembre). En España veremos la encuesta de desempleo y los costes laborales del cuarto trimestre (19,8% anterior) y también la de Japón de diciembre (5,1%).

Entre los resultados del día destacan los de Chevron, Honeywell y T. Rowe Price.



Los culpables de la crisis financiera: Greenspan, SEC, Wall Street y el Gobierno


La desregulación liderada por el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, los cálculos equivocados de la Comisión de Valores (SEC), la inacción del Gobierno y el riesgo irresponsable en Wall Street llevaron a la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión.

Así lo afirma un informe publicado hoy y elaborado por un panel bipartidista, la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, que explica en 662 páginas cómo se gestó la crisis en su fase previa en 2007, qué ocurrió durante la crisis en sí y las medidas que se tomaron para evitar el colapso.

A lo largo de 18 meses, esta comisión revisó millones de documentos, entrevistó a más de 700 testigos y celebró 19 días de audiencias públicas.

La principal conclusión es que la crisis fue "evitable" y "resultado de una mezcla de la acción y de la inacción humana".

La comisión afirma que "los capitanes de las finanzas y los administradores públicos de nuestro sistema financiero ignoraron advertencias y erraron a la hora de cuestionar, entender y responder a los riesgos en evolución".

El mejor ejemplo fue "el error fundamental" de la Reserva Federal de no frenar el flujo de hipotecas tóxicas.

Así, instituciones financieras compraron y vendieron títulos hipotecarios que nunca examinaron, otras dependieron de préstamos millonarios que tenían que renovar día a día y grandes compañías e inversores confiaron ciegamente en las agencias de calificación de riesgo.

La comisión concluye que los errores ampliamente extendidos en la regulación financiera y supervisión resultaron "devastadores".

"Más de 30 años de desregulación y de confiar en la autoregulación de instituciones financieras, liderados por el ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan y otros, respaldados por administraciones y Congresos sucesivos y activamente impulsados por la poderosa industria financiera, eliminaron salvaguardas claves que podrían haber ayudado a evitar la catástrofe", asevera.

Pero también afirma que la SEC podía haber exigido más capital y frenado prácticas arriesgadas de los bancos de inversión.

La Fed de Nueva York y otros reguladores podían haber puesto freno a los "excesos" de Citigroup y los políticos y reguladores podían haber parado el frenesí con los títulos hipotecarios, pero "faltaba voluntad política" para actuar en contra de la industria.

El poderoso sector financiero jugó un papel clave en debilitar las normas de contención. Entre 1999 a 2008 se gastó 2.700 millones de dólares en presionar a políticos y reguladores, y aportó más de 1.000 millones a campañas.

Mientras, "demasiadas instituciones actuaron de manera temeraria, asumiendo demasiados riesgos con demasiado poco capital y con demasiada dependencia de financiación a corto plazo", dice el panel.

"Como Ícaro no temieron volar cada vez más cerca del sol", añade.

De hecho, en 2007, los cinco grandes bancos inversores, Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merril Lynch y Morgan Stanley, operaron con un capital extraordinariamente reducido. Los niveles de apalancamiento eran insostenibles (en casos de 40 a 1).

En todo este contexto, los actores claves del Gobierno, el Tesoro y el consejo de la Fed de Nueva York "estaban mal preparados para los acontecimientos de 2007 y 2008", asegura la comisión.

No tenían un plan integral y estratégico para contener el baño de sangre porque no entendieron los riesgos y las interconexiones en los mercados financieros, dice el informe.

Además, días antes de que se hundiera Bear Stearns, en marzo de 2008, la SEC estaba "cómoda" con las reservas de la firma.

No fue hasta agosto de 2008, semanas antes de que el Gobierno rescatara a Fannie Mae y Freddie Mac, que el Tesoro entendió el pleno alcance de las graves condiciones financieras de esas dos empresas, y un mes antes del colapso de Lehman, la Fed de Nueva York todavía estaba reuniendo información sobre la exposición de sus más de 900.000 contratos en derivados.



El Nikkei bajó el 1,12%, hasta las 10.360,34 unidades


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio bajó hoy al cierre 118,32 puntos, o el 1,12 por ciento, hasta situarse en las 10.360,34 unidades.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, también perdió 9,97 puntos, el 1,07 por ciento, hasta 919,69 puntos.

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