Consultoria actuarial con más de veinte años de experiencia en previsión social, operaciones vinculadas, análisis de mercados y demanda, recursos humanos, riesgos financieros y empresariales, peritajes judiciales y valoración de empresas y despachos.







martes, 25 de enero de 2011

Prensa 25 enero

El gobierno propone una jubilación anticipada voluntaria a los 63 años


La exigencia sindical de poder jubilarse a los 65 años con 35 años cotizados dilata un acuerdo en pensiones.

La cuenta atrás está a punto de concluir. Mañana el Congreso aprobará las recomendaciones del Pacto de Toledo, en el que se recogen las propuestas de los partidos sobre la elevación de la edad de jubilación, y el próximo viernes será el consejo de ministros el que apruebe el proyecto de reforma de las pensiones, un peliagudo documento que intenta dar respuesta a los desafíos demográficos y al fuerte impacto de la crisis en las finanzas de la Seguridad Social con un endurecimiento de los requisitos para acceder y cobrar una pensión de jubilación.

El texto elaborado por el Ejecutivo va más allá del retraso en la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, su punto, eso sí más, polémico. Plantea un retraso también en la edad a partir de la cual las empresas pueden reducir o rejuvenecer sus plantillas por la vía de las prejubilaciones, ahora en 52 años y fórmulas para que las empresas paguen más por ello a la Seguridad Social. A la par, es partidario de retrasar la edad a partir de la cual un trabajador puede acogerse a la jubilación anticipada, ahora en 61 años. Una medida que complementa la anterior y que persigue evitar la salida temprana del mercado de trabajo.

El proyecto del Gobierno es retrasar de 61 a 63 años la edad de la jubilación anticipada, novedad que iría acompañada de otra segunda, que esta jubilación anticipada —para la que se requieren 30 años de cotización— sea voluntaria por parte del trabajador, no como ocurre en la actualidad. El requisito para acogerse a esta fórmula ahora es ser despedido por la empresa y estar inscrito como demandante de empleo al menos seis meses antes de la solicitud de la pensión. La futura horquilla de retirada del mercado laboral queda, por tanto, establecida entre los 63 y los 67 años.

En este sentido, la reforma de las pensiones reconoce, por primera vez, la jubilación anticipada de los autónomos, con los mismos coeficientes reductores que se aplican a los asalariados. Un avance importante para un sector que hasta ahora no podía acceder a esta fórmula de jubilación.

La mayor parte de las medidas que incluirá el anteproyecto de ley que será aprobado el viernes estaban recogidas en el documento que el Ejecutivo envió con su programa de Pacto de Estabilidad a Bruselas, horas después rectificado. No es el caso, sin embargo de la idea inicial de ampliar de 15 a 17 años el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a una pensión contributiva. Sí se quieren endurecer, en cambio, el acceso a los complementos a mínimos o la protección de las personas que han tenido alguna laguna de cotización a la Seguridad Social.

El asunto más problemático en estos momentos para lograr un acuerdo en esta materia con los sindicatos, que evite un nuevo choque, está en la jubilación a los 67 años, pero, sobre todo, en los requisitos para que un trabajador pueda jubilarse a los 65 años. Éste es el verdadero caballo de batalla en las negociaciones que desde hace un mes mantienen ambas partes. La gran diferencia está entre los 35 años que quieren mantener UGT y CC.OO. para que un trabajador pueda jubilarse a los 65 años y los 39 años —la propuesta oficial sigue siendo 41 años— que defiende el Gobierno y que se verá obligado a rebajar si pretende lograr un acuerdo social sobre las pensiones.

Los agentes sociales han estado durante todo el fin de semana debatiendo con la vista puesta en lograr un principio de acuerdo que interesa a ambas partes antes de mañana, fecha en la que el pleno del Congreso debatirá las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero si este acuerdo no se lograra, la intención del Gobierno es continuar negociando si fuera necesario tras la aprobación del texto.

Jubilación a los 67 sí, pero con incentivos

El Gobierno parece decidido a elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación y de exigir 37 años de cotización para cobrar el cien por cien de la pensión. Y ahí está uno de los escollos a salvar en la negociación. Los sindicatos UGT y CC.OO. pasarían por el aro de esta modificación si se impulsara este retraso de la jubilación de forma voluntaria y apoyándose en incentivos. Y añaden una petición más: que se suscriba un compromiso por el que se evalúen cada cierto tiempo los objetivos fijados en materia de jubilación. ¿Por qué desaprovechar la vía de los incentivos?, se preguntan las centrales sindicales, partidarias también de dar una vuelta de tuerca a los ingresos del sistema, bien ampliando bases máximas de cotización, subir mínimas...

LOS EJES DE LA REFORMA

El periodo mínimo se mantiene en 15 años

La idea inicial era aumentar el periodo mínimo de cotización para tener derecho a pensión a 17 años, pero Trabajo lo mantendrá en 15 años.

El cálculo de la pensión, en 25 años

El periodo de cotización obligatorio para calcular la pensión pasará de 20 a 25 años. No hay en esta materia especiales problemas con los sindicatos.

Prejubilaciones más duras y caras

El texto del Gobierno endurece las prejubilaciones, aumenta la edad de acceso, ahora 52 años, y «castigará» a las empresas con mayores costes.

Jubilación a los 63 para autónomos

El texto del Gobierno reconoce por primera vez la jubilación anticipada para los autónomos, con iguales coeficientes que se aplican a los asalariados.

Adiós a la jubilación parcial

El Ejecutivo quiere suprimir la jubilación parcial por la que el trabajador reduce su jornada desde los 61 años hasta los 65 y a cambio, la empresa realiza un contrato de relevo a un parado.



PP, CiU y la oposición de izquierda se unen para frenar el retiro a los 67 años


Las formaciones encaran hoy el debate de las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones con un único punto de coincidencia: el mantenimiento del sistema público de prestaciones. PP, CiU y las formaciones de izquierda defenderán la eliminación de la ampliación de la edad de retiro a 67 años, aunque no han logrado consensuar una posición común.

El debate sobre la reforma de las pensiones afronta hoy una de sus jornadas decisivas. Tras constatar la profunda distancia que separa al PSOE y al resto de formaciones políticas del Pacto de Toledo, hoy se vota en el Congreso las recomendaciones salidas de la citada comisión. Y muchas de las formaciones, en especial las de izquierdas, anunciaron ayer que presentaran enmiendas a la mayoría del texto a través de votos particulares. De este modo, los diputados de ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai presentaron un paquete de ocho votos particulares al informe de recomendaciones del Pacto de Toledo con los que pretenden expresar su "oposición rotunda al documento que se aprobó en Comisión el pasado 29 de diciembre" y redactar un nuevo texto que recalque al Gobierno que no puede llevar a cabo "los recortes en materia de pensiones que presentará en el Consejo de Ministros de este viernes".

El principal punto de fricción con el Ejecutivo es el alargamiento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, un objetivo al que parece que no está dispuesto a renunciar. Al rechazo de las formaciones mencionadas anteriormente se ha unido el del PP y CiU, que han acercado posiciones con este bloque de izquierdas para consensuar unas propuestas capaces de suscitar "apoyos recíprocos", si bien finalmente no han llegado a presentar un texto conjunto. Para el debate de hoy, los socialistas cuentan con el apoyo de sus socios presupuestarios, PNV y CC, que ya apoyaron la congelación de las pensiones contributivas para este ejercicio, una cuestión que también será incluida en los votos particulares.

El único punto de acuerdo entre todas las formaciones es un voto particular con el que pretenden hacer explícita la defensa del mantenimiento y la mejora del sistema público de pensiones basado en el reparto y la solidaridad.

En paralelo al debate parlamentario continúan las negociaciones a tres bandas entre patronal, sindicatos y Gobierno sobre la reforma de las pensiones, con la jubilación a los 65 años y la anticipada como claves. UGT y CC analizarán la marcha de las conversaciones en sus órganos ejecutivos el 1 de febrero, cuatro días después de que el Gobierno apruebe la reforma en Consejo de Ministros

Gómez: "Los diputados no deben tener privilegios"

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, apuntó ayer que los diputados "no deben tener ningún tipo de privilegio" en materia de pensiones respecto al resto de trabajadores.

Así respondió Gómez a la propuesta lanzada este fin de semana por el líder del PP, Mariano Rajoy, de revisar el régimen de pensiones de los diputados.

Éstos cuentan con un complemento especial que facilita la percepción de la pensión completa. De esta manera, los que hayan ejercido su cargo durante siete años pueden percibir el 80% de la pensión máxima, y los que hayan mantenido el acta 11 años percibirán el 100%.

Todo un agravio comparativo con el resto de trabajadores, a los que se les exige haber cotizado un mínimo de 35 años. Sobre todo si el Gobierno está planteando a los agentes sociales subir el listón hasta 39 o 41 años.

La cifra

8,7 millones es el número de pensiones contributivas que se perciben en España. De ellas, 5,1 millones (el 58%) corresponden a la jubilación.



La ayuda de formación a parados de 350 euros solo durará seis meses


La ayuda de 350 euros sujeta a formación que prepara el Gobierno para parados jóvenes y de larga duración estará disponible durante un máximo de seis meses, que podría ser menos si se agota la partida presupuestaria de políticas activas. Así lo comunicó ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que rechazó la posibilidad de prorrogarla.

Jornada ajetreada la de ayer en el Ministerio de Trabajo. El titular de la cartera, Valeriano Gómez, se reunió mañana y tarde con los consejeros competentes de las comunidades autónomas para "informar, discutir y completar" la reforma de las políticas activas de empleo y presentar su plan de choque para combatir el desempleo.

Asimismo, se acordó la aportación de 3.100 millones de euros a las autonomías para desarrollar dichas políticas. Todo ello sin desatender los contactos mantenidos ayer con patronal y sindicatos para intentar lograr un acuerdo en materia de reforma de pensiones antes de que se debata hoy en pleno en el Congreso.

El plan de choque, en el que destaca la ayuda de 350 euros sujeta a actividades de formación para parados jóvenes y de larga duración, se financiará con cargo a la partida presupuestaria de políticas activas de empleo. Es decir, que se dispondrá del dinero que sobre una vez resueltos el resto de gastos de la partida -7.322 millones de euros destinados a la bonificación de la contratación de desempleados, actividades de inserción y formación, etcétera-.

A dicha suma habrá que añadir "el ahorro que se produzca en el programa de estímulos" y los fondos europeos. Sin embargo, no se contará con partidas presupuestarias adicionales, como se hizo, por ejemplo, con la ayuda de 426 euros del Prodi (Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción).

Las comunidades no pagarán

De ahí que no se sepa cuánta gente podrá disfrutar de la ayuda. En cualquier caso, estará disponible de febrero a agosto y durará seis meses una vez concedida. Lo que sí saben ya las autonomías es que serán ellas las encargadas de organizar la formación, aunque con dinero del Estado.

Pese a ello, Paloma Adrados, consejera de Empleo de Madrid, calificó la medida como "una burda maniobra" que reduce la cantidad a percibir de 426 a 350 euros. Trabajo no opina lo mismo. "El Gobierno ha diseñado la reforma más profunda en dos décadas de las políticas activas de empleo", aseveró el ministro. En palabras de Gómez, el plan, que sustituye al Prodi que acaba a finales de enero, busca personalizar la asistencia a los desempleados para formarles y que puedan reincorporarse al mercado laboral.

Las medidas estrella son el fomento del contrato a tiempo parcial -una medida "excepcional" acorde con la coyuntura económica- y la ayuda a parados de 350 euros sujeta a la formación.

Más allá de estos aspectos, se duplicará el número de orientadores de empleo hasta 3.000 y se reordenará el presupuesto para fomentar la incidencia en jóvenes y parados de larga duración. También se intentará que entre el 35% y el 40% de las plazas de formación continua para ocupados recaigan en desempleados.

Objetivo: bonificar los contratos a tiempo parcial

Valeriano Gómez confirmó ayer que el nuevo plan de creación de empleo del Gobierno incluye la bonificación de los contratos a tiempo parcial de ciertos colectivos, como adelantó CincoDías el viernes. Se financiarán cotizaciones sociales con lo que se deje de pagar en prestaciones al desempleo.

Los contratos bonificados serán los nuevos para menores de 30 años y desempleados de larga duración (12 meses de paro en los 18 previos) que estén en paro al menos desde el 1 de enero de 2011. Podrán ser indefinidos o temporales de al menos seis meses de duración, y con una jornada del 50% de la habitual.

La reducción de las cuotas sociales para la empresa será de un máximo de un año. Abarcarán el 100% de la carga si se trata de una pyme (hasta 250 empleados) o el 75% en el resto de casos. Si al término del contrato se transformara éste en indefinido, a la empresa se le bonificarán también las cuotas.



Uno de cada cinco jubilados está en riesgo de pobreza relativa


El 77% de los pensionistas no llega a 'mileurista'.

España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de jubilados en riesgo de pobreza relativa, según un informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. Con un 19,3%, solo 7 -Letonia, Chipre, Estonia, Bulgaria, Lituania, Reino Unido y Finlandia- de los 27 socios de la UE tienen peores cifras. El estudio revela además que el 77% de los pensionistas no llega a mileurista.

España también está por debajo de la media europea en la relación entre los ingresos de jubilados y trabajadores. La pensión de un jubilado representa un 49% de los ingresos medios de un trabajador de entre los 50 y los 59 años, según el estudio.

El índice de pobreza relativa, propio de los países desarrollados, hace referencia a las carencias en ámbitos como la nutrición, la educación, la salud o la vivienda. El umbral de pobreza relativa se encuentra por debajo del 60% de la media de ingresos de una unidad familiar. Casi un millón de jubilados españoles corre el riesgo de no alcanzar ese límite de acuerdo con las estimaciones de Gestha. El estudio destaca que el gasto en pensiones de España en proporción al PIB es también más bajo que el de la media de la UE: Un 8,9% frente al 10,2 en el ejercicio 2010. Este año las pensiones contributivas permanecerán congeladas y no se actualizarán según el IPC. Una medida impuesta en mayo por el Gobierno con la que pretende contener el gasto público en 1.500 millones de euros.

El colectivo de técnicos de Hacienda considera que la reforma del sistema público de pensiones debe realizarse "sin prisas" y respetando la concertación social y el Pacto de Toledo. Sus propuestas de fondo pasan por destinar una parte de la recaudación de impuestos al sistema de pensiones o reforzar la lucha contra la economía sumergida. En cuanto al retraso en la edad de jubilación, aboga por potenciar los incentivos al alargamiento voluntario de la edad de retiro y disminuir los coeficientes reductores para la jubilación anticipada.


 
Los inspectores alertan de que las rentas más altas huyen del IRPF por la subida de tipos


La fuerte subida de los tipos marginales del IRPF, que en algunas comunidades como Cataluña llega hasta el 47%, está provocando que los contribuyentes con rentas altas estén huyendo de ese régimen de tributación a otro como el de sociedades, en el que el tipo medio es de un 25% (24 puntos menos) por los primeros 300.000 euros de beneficio.

Así lo recalcó ayer Francisco de la Torre, secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), quién anunció que esta trasvase podría provocar una erosión en la recaudación por IRPF. "Algunos tratan de aprovecharse para pagar la mitad de impuestos a través de la interposición de sociedades para tributar. La inspección está intensificando su labor sobre ellos", señaló durante su intervención en unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

De La Torre tildó de optimista la previsión de la recaudación para este año, que prevé un incremento de 8.000 millones, y aseguró que todo ese dinero extra se destinará a enjugar parte de los 34.600 millones en los que hay que reducir el déficit. "Los restantes 26.600 millones de déficit tendrán que venir de reducciones de gasto, lo que supone prácticamente cuadruplicar el ajuste de 2010".

Y gran parte del mismo le corresponderá a las comunidades autónomas, a las que acusó "de haber incrementado el déficit público en el peor ejercicio presupuestario de la historia de España y de no haber recortado el gasto hasta mayo de 2010".



Catalunya Caixa cree que el empleo perdido no se recuperará hasta 2017


El Servicio de Estudios de Catalunya Caixa considera que España tardará siete años en recuperar los casi dos millones de puestos de trabajo destruidos durante la crisis. La entidad cree que el PIB solo avanzará siete décimas en 2011.

Casi dos millones de puestos de trabajo pueden perderse en poco más de dos años, como ha demostrado el caso español, pero tardarán bastante más en recuperarse. Según el informe semestral de Catalunya Caixa, presentado ayer, la ocupación perdida durante la crisis económica no se enjugará al menos hasta 2017, dadas las limitadas expectativas de crecimiento. El Servicio de Estudios de la entidad financiera cree que en 2011 comenzará a crearse empleo neto, si bien de forma muy modesta (0,3%). A partir de ahí, espera avances de ocupación del 1,2% en 2012, del 1,3% el año siguiente y del 1,4% a partir de ahí. Ello permitiría la creación de más de 240.000 puestos de trabajo anuales hasta 2017.

El informe destaca, en todo caso, que la pérdida de ocupación no se ha trasladado de forma proporcional a la capacidad productiva de la economía española, debido a que los puestos de trabajo en cuestión pertenecían a sectores de baja productividad (la construcción generó algo más de la mitad de las pérdidas) y a la tipología de los contratos temporales, igualmente de menor valor añadido que los fijos.

Catalunya Caixa realiza un ensayo similar respecto a la recuperación de la inversión productiva: así, la de bienes de equipo existente a finales de 2007 (cuando se inició la crisis financiera) no se volvería a lograr hasta 2015. De este modo, hasta mediados de década no comenzarán a recuperarse los niveles de inversión y empleo perdidos, pero, según recuerdan los autores, "eso no significa que se alcancen los valores que se hubieran obtenido en ausencia del choque generado por la crisis".

Lenta recuperación

El Servicio de Estudios de Catalunya Caixa cree que el PIB español crecerá siete décimas durante este año, todas ellas aportadas por el sector exterior. Mientras, la moderada recuperación del consumo privado (0,8%) y la inversión productiva (2,2%) serían compensadas por las caídas de la construcción (-3,8%) y el consumo público (-1,2%), para totalizar una demanda nacional plana. La entidad se coloca así en la media de las previsiones de los principales centros de análisis privados, agrupados en el panel de Funcas, que queda lejos del 1,3% pronosticado por el Gobierno. Pese a esa divergencia, Josep Oliver, catedrático de la Universidad de Autónoma de Barcelona y coordinador del estudio, se mostró convencido de que el déficit público se recortará hasta el 6%. "La clave será la evolución de los ingresos pero, en caso de desvío, el Gobierno realizará los ajustes adicionales que se requieran" para cumplir el Programa de Estabilidad.



Telefónica evita que el Ibex 35 pierda el nivel de los 10.800


El Ibex 35 se resiste a perder de vista los 11.000 puntos, pero se toma un respiro en su escalada del 15% de revalorización en apenas dos semanas. El selectivo recorta las caídas hasta dejarlas en un retroceso del 0,13% hasta los 10.800 puntos gracias a Telefónica y al empuje de Wall Street.

La bolsa española da señales de fortaleza para intentar el asalto a los 11.000 puntos, pero necesita que esta semana se despeje la incertidumbre sobre la reforma de las pensionas y la inyección de capital a las cajas de ahorro que prepara el Gobierno para impulsar la consolidación del sistema financiero. Dos cuestiones que debería repercutir en un estrechamiento de la prima de riesgo por debajo de los 200 puntos y permitir al Ibex saltar a un siguiente nivel.

De momento, a falta de noticias, los inversores han optado por una ligera recogida de beneficios. El Ibex 35 cede un 0,13% hasta los puntos. Caída que podía haber sido mayor si no es por el efecto Telefónica y la bolsa estadounidense que se resiste a bajar. El selectivo llegó a registrar descensos de más de un 1% perdiendo los 10.700 puntos, en los mínimos del día. Las alzas de los primeros minutos de operativa se desvanecían con unos resultados decepcionantes de Philips en el último trimestre y la preocupante situación política de Irlanda que puede obstruir los mecanismos de rescate de la Unión Europea. El nerviosismo se apoderaba de las bolsas europeas y provocaba que los diferenciales de deuda de los países periféricos repuntaran levemente.

Pero la reacción de Telefónica, compañía que tiene la mayor ponderación en el selectivo, que tiene abierta la puerta del mercado para emitir, lograba minimizar las pérdidas. Las acciones de Telefónica suben un 0,44%.

La apertura de Wall Street llevaba la calma a los mercados europeos. A la bolsa francesa y británica le han servido para cerrar alza con suaves avances y al Ibex y al Dax alemán para contener las ventas. La publicación de las cuentas de Mc Donald’s, en línea con lo esperado, y Halliburton, batiendo expectativas de beneficio y de volumen de negocio propiciaba que los principales índices de Estados Unidos se decantaran al alza.

Por valores, las mayores subidas son para Gamesa que se anota un 4%; Ebro y FCC, más de un 2%. Las mayores caídas son para Popular de más del 2% seguido de BME, OHL e Inditex con descensos superiores al 1%.

El euro, por su parte, no se ha tomado un descanso en la jornada y sigue revalorizándose en máximos de dos meses. La divisa europea sube un 0,44% hasta los 1,367 dólares. Mientras el petróleo Brent permanece estable en los 97,62 dólares y el Texas baja un 1,26% hasta los 88 dólares.



Wall Street cierra con un ascenso del 0,92% en el Dow Jones de Industriales


La Bolsa de Nueva York amplió hoy las ganancias de la jornada y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, acabó con un ascenso del 0,92% en un día que daba comienzo a una notable semana de difusión de resultados y en la que la Reserva Federal de EEUU celebrará su primera reunión de 2011.

Según datos provisionales al cierre, ese índice, que agrupa a treinta de las mayores empresas cotizadas estadounidenses, sumó 108,68 puntos para acabar en 11.980,52 unidades, el selectivo S&P 500 subió el 0,58% y el índice compuesto del mercado Nasdaq ganó el 1,04%.



El Nikkei ganó 119,31 puntos, el 1,15 por ciento, hasta los 10.464,42


El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ganó hoy al cierre 119,31 puntos, o el 1,15 por ciento, hasta situarse en 10.464,42.

El índice Topix, que agrupa a todos los valores de la primera sección, también subió 12,10 puntos, el 1,32 por ciento, hasta 929,28.

No hay comentarios:

Publicar un comentario