El envejecimiento de
la población obliga a revisar la reforma de pensiones
Prejubilaciones y jubilaciones
anticipadas serán severamente castigadas. Habrá incentivos para seguir
trabajando más allá de la edad legal de jubilación.
No ha cumplido ni un año y ya se
ha quedado corta. La presión europea por los estragos de la crisis ha forzado
al Gobierno a abrir de nuevo el melón de una reforma cuyo impacto
presupuestario se espera en diez años, demasiado tiempo. «Tengo la intención de
llevar al Pacto de Toledo un proyecto de ley para acelerar la aplicación del
factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada;
tal y como establece en su recomendación la Unión Europea », aseguraba
Mariano Rajoy esta semana como aperitivo de los recortes que están por llegar.
Pero... ¿qué significa adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad?
¿Qué medidas quiere poner en marcha ahora el Ejecutivo? ¿A quiénes afectarán?
Estas son algunas respuestas:
Adelantar la revisión del factor de sostenibilidad antes de 2027
supone...
La reforma aprobada por el
Gobierno de Zapatero en 2010 preveía que a partir de 2027 el modelo se
revisaría cada cinco años para asegurar su viabilidad. Adelantar la revisión
significa adecuar la jubilación a la evolución creciente de la esperanza de
vida. En suma, garantizar que la ratio de dependencia del sistema (número de
trabajadores sobre el de pensionistas) se mantenga en positivo para asegurar la
supervivencia del sistema. El escenario que ahora se abre es diverso.
¿La edad de jubilación aumentará más allá de los 67 años?
El Ejecutivo convenció a Bruselas
de no ir más allá de 67 años en la edad de jubilación, pero las autoridades
europeas han reclamado a España nuevas medidas, dada la previsión de mayores
gastos por el envejecimiento de la población. La reforma de las pensiones fija un
aumento progresivo de la edad de jubilación, desde 65 hasta 67 años en un
periodo transitorio de 15 años, a contar desde el 1 de enero de 2013. Es decir,
a razón de un mes por año hasta 2018 y de dos meses por año desde 2019 a 2027. La revisión del
factor de sostenibilidad podría alterar esta progresión y acelerar los plazos
para jubilarse antes de 2027 con 67 años.
¿Aumentarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión?
La reforma de pensiones amplía de
15 a 25
los años para calcular la pensión en un periodo progresivo hasta el año 2022.
Aplicar el factor de sostenibilidad puede implicar también acelerar estos
plazos y con ellos los recortes.
¿Las prejubilaciones y jubilación anticipadas serán de nuevo
castigadas?
Desde Bruselas se «aconseja» a
España que «mejore las condiciones de trabajo de los mayores y fomente su
reincorporación al mercado de trabajo». Teniendo en cuenta esta «recomendación»
y el hecho de que en 2011 el 40,5% de las jubilaciones fueron anticipadas en
España, el Ejecutivo quiere dar una nueva vuelta de tuerca a las fórmulas de
anticipar el retiro. La reforma de pensiones ya las penalizó. Retrasó de 61 a 63 años la edad de
jubilación anticipada y dejó los 61 años solo para los trabajadores despedidos.
Y la reforma laboral penaliza a las empresas con beneficios que prescindan de
sus trabajadores mayores 50 años con obligadas aportaciones al Tesoro.
¿Y si un trabajador decide seguir trabajando más allá de la edad legal
de jubilación?
Habrá recompensa para el que
voluntariamente decida mantenerse en su puesto de trabajo más allá de la edad
legal de jubilación. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado esta
semana que estudian mecanismos que permitan la «coexistencia» de salario y
pensión para aquellas personas que decidan mantenerse activas el mayor tiempo
posible. En ese nuevo modelo, el contrato indefinido a tiempo parcial está
llamado a ser el protagonista.
Empleo
cortará ya en agosto el pago de bonificaciones ahora en vigor
Una de cal y otra de arena para
los empresarios en el ajuste sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. La
de arena: una bajada de un punto en las cuotas sociales en 2013 y otro en 2014,
anunciada por Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. La de cal, en cambio, llega
rápido: en 16 días. En agosto muchas bonificaciones a la contratación
desaparecen, dictado en una disposición adicional en el decreto publicado el
sábado en el BOE. Y no solo lo hacen para los nuevos contratos por suscribir; también
desaparecerán para los ya firmados que se están beneficiando de este tipo de
subvenciones.
Este tipo de ayudas funcionan
así: un empresario contrata a alguien que forma parte de un colectivo
bonificado; durante un tiempo determinado, normalmente tres o cuatro años
(aunque algunas bonificaciones duraban hasta la jubilación del trabajador), el
empresario deja de pagar una parte de las cotizaciones; para que la Seguridad Social
no ingrese menos dinero, los Servicios Públicos de Empleo se hacen cargo de
abonar lo que no paga el empresario.
Estas subvenciones fueron
concebidas, en principio, para favorecer la contratación de colectivos
desfavorecidos en el mercado laboral. Con el paso de los años, el número de
colectivos creció. Incluso se extendió a sectores en crisis y determinados
tipos de contratos. Así que estas ayudas casi se generalizaron y, como subrayan
bastantes estudios, dejaron de ser eficaces y cumplir su objetivo inicial.
Además, el gasto por este concepto se disparó: consume unos 2.600 millones al
año, casi el equivalente a un punto de recaudación por cotizaciones para la Seguridad Social.
“Se suprimen todas”, dice el
decreto publicado el sábado en la exposición de motivos. No obstante, ya en el
articulado, hace unas excepciones. Por ejemplo, las bonificaciones que van
ligadas al nuevo contrato del que pueden beneficiar las empresas de menos de 50
trabajadores cuando contratan a menores de 30 años y a parados de larga
duración.
La supresión implica que a partir
de ahora dejará de subvencionarse la contratación de mayores de 45 años, siempre
y cuando no lleven más un año en paro. Tampoco se ayudará a la contratación de
cualquier mujer, excepto aquellas que hayan sido víctimas de violencia de
género, entre otros colectivos. Tampoco se ayudará a la conversión de contratos
temporales en indefinidos y se suprimirá la subvención en sectores como el
textil y el calzado.
El ajuste decretado por el
Gobierno el viernes ha metido un tijeretazo grande a la partida de
bonificaciones. Fuentes de Empleo estiman, provisionalmente, que la medida
puede rebajar la factura en unos 700 millones de aquí a final de año y ya en 2013 a unos 1.800 millones.
Esta reducción solo es posible
porque también se acaba con las ayudas que ya está abonando Empleo. Es decir,
el Gobierno va a dejar de subvencionar las contrataciones a las que todavía les
quedan ayudas por percibir, sea por el tiempo que sea.
Hasta ahora, cuando se ha
suprimido algún tipo de bonificación, se dejaba de subvencionar a las
contrataciones futuras, pero no a las que ya estaban en marcha. “No es un
derecho consolidado, si no una expectativa de derecho”, justifican en Empleo.
Las
indemnizaciones que paga el Fogasa se reducen
El Real Decreto ley de medidas de
ajuste publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) también incluye
novedades en el ámbito del paro. Así, entre otras medidas, los recortes llegan
a las indemnizaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es
el organismo que paga a los trabajadores los salarios pendientes o las
indemnizaciones por despido pendientes de pago en el caso de insolvencia o
procedimiento concursal del empresario.
El Ejecutivo ha reducido el
máximo que se abonará a los trabajadores en los sueldos pendientes de pago en
caso de quiebra de la
empresa. El Fogasa abonará a los trabajadores en este caso
los sueldos con un máximo del doble del salario mínimo interprofesional diario,
cuando hasta ahora era el triple, con un máximo de 120 días (hasta ahora, 150
días).
Asimismo, en el caso de
indemnizaciones pendientes, se calcularán sobre la base de 20 días por año
trabajado, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario se
pueda exceder el doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte
proporcional de las pagas extraordinarias. También en este caso se ha reducido
el tope, ya que hasta ahora era el triple del salario mínimo interprofesional.
El Ejecutivo ha modificado
asimismo el régimen de acceso a la renta activa de inserción (la ayuda de 426
euros mensuales para parados con especiales dificultades para encontrar empleo)
con el objetivo de "reforzar su vinculación con el empleo" y
"garantizar una mayor efectividad en la utilización de los recursos
públicos", explica en el texto.
La redacción de la norma añade
dos párrafos, que corresponden a dos nuevas condiciones para obtener esta renta
de inserción: durante la inscripción como demandante de empleo "deberá
buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni
haberse negado a participar salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesionales u otras para incrementar la
ocupabilidad".
Además, se señala que la
"salida al extranjero, por cualquier motivo o duración, interrumpe la
inscripción como demandante de empleo a estos efectos", si bien el
Ministerio ha emitido una nota aclaratoria de este punto y señala que los
parados que viajen al extranjero "no perderán en ningún caso la renta activa
de inserción" de 426 euros. El Ministerio ha señalado que esta regla
afecta a aquellas personas que viajen al extranjero a lo largo del año que es
necesario estar inscrito previamente como demandante de empleo para recibir la
prestación.
Además, el texto recoge que en
"los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un
periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción".
La retención
por IRPF de los profesionales pasará del 15% al 21%
La subida del IVA no será el
único cambio fiscal que tendrán que soportar los profesionales a raíz del macro
paquete de ajuste aprobado hoy por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha
aprobado la elevación desde el 15% hasta el 21% de las retenciones por
rendimientos de actividades profesionales, como vía para anticipar los cobros
del impuesto. En la misma cuantía se eleva el ingreso a cuenta por rentas del
trabajo derivadas de la impartición de cursos, seminarios o conferencias
obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.
Hay aún otra subida de impuestos
en la referencia de la reunión del Consejo de Ministros: la que afecta al
tabaco. El Gobierno introduce un tipo mínimo para cigarros y cigarritos, de 32
euros por cada mil unidades. En el caso de los cigarrillos se eleva su
fiscalidad mínima, fijando un tipo único de 119,1 euros por cada 1.000
unidades. Puesto que el paquete más habitual contiene 20 cigarrillos, tendrá
que tributar 2,4 euros. La referencia señala que "no obstante, se reduce
el tipo proporcional" que pagan esas labores del tabaco, aunque no
especifica en qué cuantía. En el caso de la picadura de liar, su impuesto
mínimo se eleva y queda fijado en 80 euros por kilo.
Los parados
no perderán la prestación si viajan al extranjero
El Ministerio de Empleo ha
aclarado que los parados que viajen al extranjero no perderán "en ningún
caso" la renta activa de inserción de 426 euros, destinada a desempleados
con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Fuentes del Ministerio han
asegurado a Efe que los perceptores de la citada renta (de 426 euros al mes)
podrán seguir haciéndolo en las mismas condiciones que hasta ahora.
Los cambios introducidos sólo se
refieren a los nuevos solicitantes de la RAI, han precisado las fuentes.
La intención de esas
modificaciones es evitar que los nuevos demandantes puedan irse al extranjero a
trabajar durante unos meses y que a su vuelta a España puedan cobrar la renta.
Según se explica en el real
decreto-ley (publicado ayer en el BOE), se modifica el régimen de acceso a la
renta activa de inserción para reforzar su vinculación con el empleo y
garantizar una mayor efectividad en la utilización de los recursos públicos.
Así, durante la inscripción como
demandante de empleo se deberá buscar activamente empleo, no haber rechazado
una oferta adecuada de trabajo ni haberse negado a participar, salvo causa
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales u
otras para incrementar la ocupabilidad.
En cuanto a la salida al
extranjero, se afirma que "por cualquier motivo o duración, interrumpe la
inscripción como demandante de empleo a estos efectos".
Este punto, según fuentes del
Ministerio de Empleo, no afecta a los perceptores, sólo a los solicitantes, han
resaltado.
"En los supuestos en que se
interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses
ininterrumpido desde la nueva inscripción".
Se endurecen
los requisitos para optar a la prestación de 426 euros
Nueva sorpresa en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) publicado este sábado en el que se detallan los
recortes aprobados en el Consejo de Ministros para ahorrar hasta 65.000
millones de euros en la lucha contra el déficit.
En este caso se trata de la renta
activa de reinserción para desempleados, la ayuda de 426 euros que se concede a
aquellos desempleados mayores de 45 años de larga duración y otros colectivos
especiales.
El Ejecutivo ha añadido un nuevo
requisito para recibirla a los ya existentes: la imposibilidad de salir al
extranjero. "La salida al extranjero, por cualquier motivo o duración,
interrumpe la inscripción como demandante de empleo a estos efectos",
afirma el texto, que modifica un real decreto del pasado 24 de noviembre.
A esta renta se accede tras estar
un año en el desempleo y seguir un itinerario de compromiso de actividad que
facilita el Gobierno. Con la nueva modificación, si alguien que la haya
solicitado viaja al extranjero -por cualquier causa- pierde el periodo que
llevara en espera y a su vuelta deberá aguantar otros 12 meses para recibir la ayuda. Es decir, en
aquellos supuestos en los que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un
nuevo periodo de un año "ininterrumpido" para optar a la prestación.
El objetivo de este subsidio es
ayudar a colectivos con ingresos inferiores al 75% del salario mínimo
interprofesional (SMI) con dificultad para encontrar empleo. Además de los
parados mayores de 45 años que lleven más de un año sin empleo, también pueden
acceder a la ayuda, que da derecho a un subsidio de 426 euros durante 11 meses,
los emigrantes regresados mayores de 45 años, las víctimas de violencia de
género y las personas con discapacidad.
El Gobierno rechazó el pasado mes
las propuestas de UPyD y el PSOE para extender la ayuda a todos los
trabajadores que hayan agotado la prestación por desempleo, no sólo los mayores
de 45 años.
Otras sorpresas de la prestación
Toni Ferrer, de UGT, ha
denunciado que con los cambios el Gobierno "se ha cargado" esta
ayuda, ya que también se recorta el acceso de los mayores de 45 años sin
responsabilidades familiares a la renta.
Según los cálculos que maneja
Ferrer, supondría un recorte del 31% de los que acceden a la prestación
asistencial por agotamiento de la contributiva, unos 165.000 perceptores.
El Gobierno también ha aprobado
retrasar en tres años, de los actuales 52 a los 55, el acceso a un subsidio indefinido
hasta alcanzar la edad de jubilación si has cotizado seis años al desempleo y
agotas la prestación, entre otros requisitos.
Los perjudicados por esta medida
son más de 100.000, ha
avisado Toni Ferrer. El responsable de Acción Sindical de UGT también ha
avisado de que el Gobierno ha endurecido el régimen sancionador por no aceptar
una oferta de empleo.
En la actualidad, los servicios
públicos te hacen una oferta adecuada de empleo y te pueden retirar la
prestación si no la
aceptas. Con la nueva regulación lo que harán es ver qué está
haciendo el desempleado para buscar un trabajo
"Es como si dices que tienes
mala actitud, con lo que se entra en el mundo subjetivo", ha considerado
Toni Ferrer.
Los
sindicatos ven "inevitable" una segunda huelga general si el Gobierno
"la fuerza"
El secretario general de CC.OO.,
Ignacio Fernández Toxo, no descarta convocar una huelga general contra las
medidas anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy.
El dirigente sindical ha señalado
esta mañana en una entrevista con RNE que es normal que la sociedad española
está enfadada con el nuevo paquete de recortes aprobado por el Gobierno, al que
ha acusado "de atizar el fuego" y al que ha pedido que rectifique de
manera urgente estas medidas.
Toxo, en declaraciones a RNE
recogidas por Europa Press, ha criticado al Ejecutivo por desvelar "a
medias" el contenido de lo aprobado el viernes, ya que a medida que
"uno se adentra" en las 90 páginas publicadas el sábado en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) se da cuenta de que el calado de las medidas es aún
más profundo.
"Estas medidas no sólo
amenazan con retrasar la recuperación, sino que supondrán un empobrecimiento
generalizado de la sociedad española", ha afirmado el dirigente sindical,
que ha señalado que el Gobierno, además de entender que la gente esté enfadada,
lo que debería hacer es rectificar de manera urgente estas medidas.
Para el líder de CC.OO., lo
primero que debe hacer el Ejecutivo es reconocer que está gobernando con un
"programa impostado" porque, según ha señalado, "se diga lo que
se diga", la economía española está "intervenida" y se siguen
las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo segundo que tiene
que hacer el Gobierno es convocar un referéndum para someter a consulta popular
sus políticas, según Toxo.
El dirigente sindical ha
subrayado que muchas de las medidas contenidas en el decreto "se
ocultaron" y ha puesto como ejemplo las relacionadas con el sistema de
protección por desempleo y las que afectan a los funcionarios. "Se toca el
Fogasa de una manera brutal, se toca a los empleados públicos mucho más allá de
lo que es una paga extra", ha advertido.
Toxo ha indicado que los
servicios jurídicos del sindicato están estudiando el contenido del decreto y
que harán un informe para saber si algunas medidas son recurribles ante el
Tribunal Constitucional. No obstante, los sindicatos no pueden ir por su cuenta
ante este Tribunal, tienen que hacerlo a través del Defensor del Pueblo.
Lo que de momento ha dejado claro
el líder de CC.OO. es que las movilizaciones no van a parar ni en agosto. Habrá
protestas durante todo el verano, algunas espontáneas, como las que se están
realizando ya, y otras organizadas.
La primera gran cita de esta
campaña de movilizaciones será la manifestación del próximo jueves 19 de julio
que, según ha dicho Toxo, servirá de 'test' para saber hasta dónde está
dispuesta a llegar la sociedad española para combatir los recortes y la
política de austeridad.
"Vamos a reunirnos con todos
los sindicatos, profesionales, confederados y con otras organizaciones sociedad
civil para promover una amplia respuesta ciudadana", ha explicado.
El dirigente sindical no descarta
que al final se vaya a convocar una huelga general contra estas medidas, pero
insiste en que es un tema que hay que examinar "con calma y con
detalle" porque los bolsillos de los ciudadanos ya han sufrido mucho.
"El Gobierno tiene en sus manos evitarlo. Yo no renuncio a la huelga
porque la sociedad tiene derecho a la autodefensa. Si el
Gobierno lo fuerza y obliga a ello, y me temo que lo está haciendo, será
inevitable que se produzca".
Para Toxo, todas estas protestas
reflejan un malestar creciente en la sociedad, "mezclado con la
indignación del que se jodan". "Da la sensación de que se estuviera
actuando con venganza contra determinados sectores a los que se les culpa de la
situación y luego se les recortan derechos", subraya.
El líder de CC.OO. ha avisado de
que los recortes no acabarán aquí porque "la segunda oleada" vendrá
con los Presupuestos de 2013, "que van a ser durísimos". En su
opinión, que el Gobierno diga que estas medidas no le gustan pero que tiene que
aplicarlas "no es más que una cortina de humo para justificar lo
injustificable" y ha señalado que estas medidas sólo benefician a la
élites del mundo financiero y a las grandes empresas.
Hacienda no
se compromete a devolver la paga extra de Navidad en 2015
Cuando el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la supresión de la paga extra de diciembre de
los empleados públicos este año, aseguró que el importe ahorrado se devolvería
en 2015 en forma a aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro
colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Sin
embargo, el real decreto que acaba de publicar el BOE no hace ninguna
referencia al año 2015 y sólo apunta que la supresión de la paga extra se
compensará en "ejercicios futuros". Y añade que este compromiso sólo
se llevará a cabo si se cumplen los objetivos de déficit.
Es decir, con la ley en la mano,
los empleados públicos no tienen asegurado que los 4.000 millones de ahorro que
supondrá eliminar la paga extra termine finalmente engrosando sus planes de
pensiones en 2015. El término "ejercicios futuros" es vago y tanto
vale para el ejercicio 2015 como el 2020 o el 2025. Por otra parte, el
requisito de cumplir los objetivos de déficit añade más incertidumbre. España
lleva desde 2008 rebasando los límites de déficit fijados por Bruselas. Además,
si bien es factible que la Administración central reduzca sus números rojos en
la cuantía que exige la
Comisión Europea , todo indica que las comunidades autónomas
incumplirán su objetivo de estabilidad. Además, Hacienda exige que las
autonomías obtengan superávit en 2015, algo que no han logrado nunca.
Prorratear la supresión de la paga extra
El real decreto también abre la
posibilidad que la supresión de la paga extra no se aplique en diciembre y se
realice de "forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en
el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este real
decreto". En cualquier caso, ello dependerá de que Gobierno y sindicatos
alcancen un acuerdo.
La Bolsa
española sube el 0,52 % tras aprobar el Gobierno nuevas medidas
La Bolsa española ha subido hoy
el 0,52 % animada por la tendencia positiva de Europa y Wall Street, y después
de que el Consejo de Ministros haya aprobado varias medidas como la subida del
IVA, o un fondo de hasta 18.000 millones de euros para proveer de liquidez a
las comunidades autónomas.
Así, al final de la sesión, con
la prima de riego en 540 puntos básicos, el principal selectivo español, el
IBEX 35, ha
ganado 34,50 puntos, el 0,52 %, hasta los 6.664,60 puntos. En la semana, el
mercado nacional pierde el 1,10 %.
De los grandes valores,
Telefónica se ha revalorizado el 2,09 %; Inditex, el 1,62 %, en tanto que
Repsol ha subido el 1,61 %; Iberdrola, el 1,43 %; BBVA, el 0,85 % y Santander,
el 0,78 %.
Wall Street
cierra con un avance del 1,62 % impulsado por el sector bancario
Wall Street amplió hoy sus
ganancias en la recta final de la sesión y el Dow Jones de Industriales, su
principal indicador, cerró con un avance del 1,62 % impulsado por el sector
bancario tras la buena recepción que tuvieron los resultados de JPMorgan Chase
y Wells Fargo.
Según datos provisionales al
cierre de la jornada, ese índice sumó 203,82 puntos hasta 12.777,09 unidades,
al tiempo que el selectivo S&P 500 ganó el 1,65 % y el índice compuesto del
mercado Nasdaq ascendió el 1,48 %.
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