En qué le afecta la bajada
de tipos del BCE
El Banco Central Europeo anunció
ayer una bajada de tipos histórica al dejar la tasa de referencia en el 0,75% y
la de facilidad de depósitos en el 0%.
Esta decisión parece no haber
convencido a los mercados que quizá esperaban nuevas medidas de estímulo no
convencionales. Sin embargo, aunque la bajada de tipos no soluciona la crisis
de la zona euro puede tener importantes efectos en la región.
A continuación, analizamos las
consecuencias de la decisión adoptada por el organismo presidido por Mario
Draghi.
1-Posible mejora las perspectivas económicas a medio plazo
La economía en la zona euro sigue
sin dar señales de recuperación. La última previsión de la Comisión Europea
apunta una contracción del 0,3%, liderada por países como Grecia (-4,7%)
Portugal (-3,3%) y España (-1,8%).
En este contexto, para José Luis Martínez Campuzano,
estratega de Citi en España, “la expectativa de que la bajada de tipos se va mantener
a medio plazo puede enviar un mensaje positivo y es lo que hay que valorar por
encima del recorte de 25 puntos básicos”.
“Para la economía lo relevante es
que mejoren las condiciones de financiación. En este punto el recorte de tipos
es marginal, lo que sí es fundamental es tranquilizar a los mercados. Y actuar
de forma conjunta con los gobiernos europeos para conseguirlo. El BCE debe
mandar un mensaje claro de que la estabilidad financiera”, explica Martínez
Campuzano.
Santiago Carbó, profesor de la
Universidad de Granada, coincide en este punto. “La bajada de tipos es una
señal positiva, pero tibia. En el caso de España, estamos en un proceso que
trasciende más allá de esta decisión, que ayuda pero da solución”.
“En este sentido, quizá tenga más
efecto en países más fuertes como Alemania y eso nos puede beneficiar vía
exportaciones, pero, aun así, es marginal”.
2- Inflación
El principal objetivo del Banco
Central Europeo tradicionalmente ha sido el control de la inflación. El nivel
óptimo de referencia para el organismo es que este indicador se mantenga por
debajo del 2%. El último dato referente a junio arroja una inflación del 2,4% y
esa misma tasa es en la
que Bruselas prevé que cierre el ejercicio 2012.
Por ello, aunque es posible que
el nuevo recorte de tipos tenga algún impacto en los precios, no supone un
riesgo para los analistas.
En opinión de Martínez Campuzano,
“el riesgo de inflación es mínimo (o incluso debería preocupar el riesgo de
desinflación demasiado pronunciada)”.
De hecho, para Carbó la inflación
puede resultar positiva para países con una deuda pública elevada como Italia o
España (aunque en menor medida), ya que en términos reales la carga de esa
deuda es menor.
Aun así, José Carlos Díez,
economista jefe de Intermoney, asegura que “el miedo a la inflación llevara al
Bundesbank a plantear batalla. Pero la realidad es que si el BCE no resuelve
urgentemente la crisis del euro, la inflación será la menor de las
preocupaciones de los alemanes y de todos los europeos”.
3- Abaratamiento de las hipotecas
Los españoles podría sentir en
sus propios bolsillos la última decisión de Draghi, ya que puede suponer una
reducción de las cuotas hipotecarias.
Es cierto que los tipos del
Euribor a corto plazo ya están por debajo del 1,0%. En concreto, el de tres
meses está en niveles del 0,645% y el de a una semana en 0,317 %. Sin embargo,
sí puede tener un efecto a la baja a más plazo.
“Pero sí pueden impactar algo más
en los plazos largos del Euribor ante la convicción de que los tipos de interés
pueden mantenerse bajos y cerca de medio punto a medio plazo. En definitiva, no
tendría sentido que con un recorte del tipo de interés oficial y expectativas
de nuevos descensos en el futuro el tipo de interés a un año estuviera por
encima del 1,0 %. Debería estar en un futuro cercano entre 0,75-1,0%. Y esto sí
sería positivo en las revisiones de los préstamos hipotecarios en España”,
comenta el estratega de Citi.
4- Las empresas se financian más barato
El sector empresarial se enfrenta
desde que se desató la crisis a grandes dificultades para financiarse. Un
alivio en los tipos de referencia también puede abaratar sus créditos y
aligerar el coste de los intereses. En este sentido, cuanto más barato se
financie una compañía, más capital puede destinar a la inversión y al
mantenimiento del empleo (la principal preocupación de la economía española,
con 5,6 millones de parados).
5- Cierto incentivo a que mejore la fluidez del crédito
El BCE ha tomado otra decisión
histórica: ha bajado el tipo de interés que se aplica a la facilidad de
depósito hasta el 0%. El impacto real de esta medida crea divergencias entre
los analistas.
Por un lado, los bancos podrían
cambiar su estrategia y optar por sacar el capital al mercado al no obtener
ninguna remuneración por depositarlo en organismo presidido por Mario Draghi.
Para Díez, éste es el espíritu de esta política que “las entidades dejen de
usar al BCE como refugio y que el dinero retorne a los mercados”.
Sin embargo, Martínez Campuzano
no lo ve tan claro: “Es otro mensaje nada más. En definitiva, no creo que por
un recorte de 0,15%-0,2% puntos vaya a desincentivar a la banca a que deposite
en el BCE la liquidez en lugar de prestarla.... Pero todo ayuda, naturalmente”.
La cuestión es que en estos
momentos de incertidumbre, aunque la remuneración sea nula, los bancos podrían
seguir optando por la seguridad que aporta el BCE. De hecho, Suiza y Dinamarca
han logrado colocar emisiones de deuda con tipos negativos.
6- El BCE se puede convertir en el único prestamista
El descenso de los tipos de
facilidad de depósito puede tener también otra consecuencia, que se frenen los
préstamos interbancarios. Nomura explica en uno de sus últimos informes que las
entidades pueden desistir de prestarse en el interbancario porque asumen un
riesgo y no tienen recompensa. “En cambio, los participantes del mercado
posiblemente preferirán obtener los préstamos del BCE en su lugar. El resultado
final sería una mayor dependencia de los préstamos del BCE y el BCE cada vez
más se convertiría en el único proveedor de liquidez del mercado monetario.
Esto prolongaría la estrategia de salida del BCE, algo con lo que organismo no
se siente cómodo”, explica Nomura.
7- ¿Se acaba la artillería?
Para el mercado el discurso de
Draghi ha sido decepcionante porque no ha apuntado nuevas medidas de estímulo.
De hecho, ha explicado que el BCE ni se lo ha planteado. En esta tesitura, con
las medidas convencionales ya prácticamente agotadas (con los tipos en mínimos
históricos), surge la duda de si el organismo ha agotado su artillería o, al
menos, de si no está dispuesto a utilizarla (con nuevas barras libres, compras
de bonos u otras posibles alternativas).
Díez de Intermoney considera que
“las subastas a 3 años han sido ineficaces y ya solo queda que el BCE anuncie
un plan de compra de deuda publica y bancaria como han hecho la Fed y el banco
de Inglaterra desde 2009” .
“Los tipos han dejado de ser la variable operativa de la política monetaria que
solo consigue sus objetivos vía cantidades”, añade este analista.
8-Es una decisión a corto plazo
Para Nomura el hecho de “empujar
las tasas de interés a su límite inferior puede ser en realidad señal de que
los tipos se mantendrán bajos durante poco tiempo”. Esta entidad explica en un
informe que el BCE es consciente de que el dinero barato podría dar lugar a
nuevas burbujas de préstamos y puede retrasar el inevitable proceso de
desapalancamiento. “Las preocupaciones a corto plazo puede requerir tasas muy
bajas, pero esto puede alimentar a más largo plazo problemas de estabilidad
financiera”, concluye.
Anulan 23
despidos por un uso fraudulento de la reforma laboral
Aunque la sentencia no obliga a
la readmisión, según el responsable del sector de Transport per Carretera de la
UGT de Catalunya, Juan José Pérez, que ha asistido al comité de empresa de
Tradisa en este proceso, la empresa tendrá que optar ahora por repescar a los
trabajadores o por pagarles una indemnización de 45 días de salario por año de
servicio hasta un máximo de 42 mensualidades (hasta un máximo de tres año y
medio de sueldo).Una cifra bastante más elevada de los 20 días con un tope de
doce mensualidades que marca la actual legislación y que es lo que pretendía
pagar la compañía bajo el paraguas de la reforma laboral del PP. Esta misma
fuente asegura, además, "más de la mitad" de los 23 despedidos son
trabajadores que tienen "más de 25 años de antigüedad en la empresa".
Este diario ha intentado sin éxito recoger la versión de Tradisa Logicauto S.L.
Según la resolución, la compañía
promovió el ERE el 7 de febrero, tres días antes de la entrada en vigor de la
reforma laboral, ante el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat
de Catalunya. Después, amparándose en que entre el grupo de futuros despedidos
habría trabajadores de varias comunidades autónomas, desistió del primer
expediente y lo volvió a tramitar ante la Dirección General
de Empleo del Ministerio. Sin embargo, según los jueces este texto tenía
"los mismos objetivos y circunstancias que el presentado ante la autoridad
laboral autonómica".
En este sentido, la sentencia
subraya que el objetivo de la empresa era "huir del procedimiento
administrativo que debía seguir" y optó por el que más le beneficiaba, ya
que la reforma laboral no exige autorización de la Administración para ejecutar
despidos colectivos. Juan José Pérez, que ha asistido a los trabajadores en
este proceso, también cree que la voluntad de la empresa era burlar a la
autoridad laboral que, a su juicio, "quizá no habría autorizado los
despidos".
Los jueces también consideran que
la actuación es fraudulenta porque la compañía intentó beneficiarse de un
procedimiento más flexible que el precedente y porque la nueva legislación
"deja en manos del empresario la decisión de extinguir colectivamente
puestos de trabajo".
Sin embargo, aunque la sentencia
declara nulos los despidos, aclara que no se puede condenar a la empresa a
readmitir a los trabajadores, que tendrán que esperar a ver qué ocurre con las
denuncias individuales que han interpuesto. Lo que sí determinan los jueces es
la obligación a la empresa para que devuelva los salarios desde el día que los
trabajadores fueron despedidos, el 10 de abril de 2012.
Para Pérez, esta sentencia puede
convertirse en un "cortafuegos" para otros empresarios que hayan
pretendido, en procesos iniciados antes de la reforma, "aprovecharse"
de una ley que favorece sus intereses en detrimento de los de los trabajadores.
Una de las disposiciones
transitorias de la reforma laboral señala que los expedientes de regulación de
empleo que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor del real decreto-ley
se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.
Poco trabajo
y mucha competencia
Encontrar trabajo es ahora el
doble de difícil que antes de empezar la crisis económica. Si en 2008 la
inscripción media por oferta era de 28 candidatos, en 2010 se incrementó hasta
65. No obstante, en 2011 descendió muy levemente hasta 62 personas, según se
desprende del informe sobre empleo elaborado por Infojobs y Esade.
Pese a la mala conyuntura, la
crisis laboral va por barrios y existen profesiones donde no ha aumentado la competencia. En
los sectores de Informática y Telecomunicaciones, Comercial y Ventas y Diseño y
Artes Gráficas, las ofertas no han registrado un aumento de inscripciones. En
la otra cara de la moneda, se encuentran las que afectan a puestos directivos y
titulados con máster. En el primer caso, el número de inscritos por vacante
desde 2008 ha
pasado de 69 a
127 y en el segundo, de 71 a
131.
Sobrecualificación y conformismo
La elevada tasa de desempleo
(24,4%, según la última EPA )
conlleva además otras consecuencias negativas como la sobrecualificación. El
informe lo pone de manifiesto al constatar que en las vacantes se inscriben más
candidatos con un nivel de estudios superior al demandado frente a aquellos con
un perfil que se corresponde al solicitado.
Otra de las tendencias motivadas
por la mala conyuntura laboral tiene que ver con el sueldo. Un alto porcentaje
de candidatos (57%) no indican qué salario quieren percibir para así poder
optar al trabajo en cuestión sin exigencias sobre la futura nómina.
De hecho, los españoles se
conforman con menos. La mayoría de candidatos se inscriben en ofertas que
ofrecen niveles retributivos inferiores a los percibidos en sus experiencias
laborales anteriores.
El Gobierno
planea nuevos recortes por 30.000 millones de euros
Más recortes en España para
cumplir con el déficit acordado con Bruselas. En esta ocasión, 30.000 millones
de euros. Según fuentes citadas por la agencia Reuters ,
el Gobierno español está ultimando un nuevo paquete de medidas en este sentido
que serán aprobadas en breve, aunque no antes de la reunión del Eurogrupo de la
próxima semana, con lo que se descarta a priori que este viernes, en el Consejo
de Ministros, se anuncien estos recortes.
De este modo, se baraja que el
ajuste presupuestario podría alcanzar el 3% de PIB, aunque otras fuentes
citadas por la agencia de noticias hablan de cifras menores. Al parecer, el
debate interno en el Ejecutivo se centra en qué partidas recortar. Así, una
parte del Gobierno está a favor de tocar las pensiones y el sueldo de los
funcionarios.
Las medidas que en breve adoptará
el Ejecutivo de Rajoy pasan por la subida del IVA -todavía sin concretar- y el
aumento de las tasas en carburantes y autopistas, entre otras medidas.
Todos estos recortes se realizan
para cumplir con el déficit firmado con la Comisión Europea. Tras
haber cerrado 2011 con una cifra de déficit muy lejana a los objetivos de
Bruselas -un 8,9% aún pendiente de revisión por las cuentas de los ayuntamientos,
frente al 6% previsto-, el Ejecutivo confía en presentar a Bruselas un plan
creíble que permita que los socios europeos relajen la senda de reducción del
déficit público, han explicado las fuentes de Reuters.
Se espera que la Unión Europea dé a
España un año más, hasta 2014, para reducir su déficit hasta el límite máximo
del 3% establecido en la normativa comunitaria. Para este año, el objetivo de
déficit español es de un 5,3% del PIB. "La idea es recortar el coste de
los funcionarios para las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también
una bajada al coste de las prestaciones por desempleo, cerrar las televisiones
públicas", ha señalado una de las fuentes.
Sin embargo, dentro del Gobierno
existe un fuerte debate interno respecto a las partes políticamente más
sensibles de un ajuste de este tipo, como las pensiones o los funcionarios.
"No hay ninguna decisión tomada. Lo único que hay son cálculos técnicos,
cuánto se podría ahorrar con esto, cuánto se podría ingresar con lo otro. Pero puede
ser parte, todo o nada", ha indicado otra fuente cercana a otros altos
cargos del Ejecutivo.
Como viene siendo habitual en el
Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, coexisten distintas ideas a la hora de
las medidas necesarias para solucionar la crisis y mejorar la economía. En un lado
se encontraría el ala más liberal del Ejecutivo -compuesta por los ministros de
Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de Guindos-; en el otro
extremo se sitúa el argumentario del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
más cercano a la sensibilidad del Partido Popular.
"Hay gente que opina una
cosa, luego hay gente que opina otra, al final nunca se cierra el círculo hasta
el final", señalan fuentes. En todo caso, no parece probable que se
conozcan las nuevas medidas hasta que no se haya celebrado la reunión del
Eurogrupo, aunque desde el Gobierno alaban el cambio de rumbo tomado por
Bruselas durante la cumbre de la pasada semana. "Toda vez que ni siquiera
los escenarios del déficit de Bruselas están cerrados, habrá que esperar al
Eurogrupo de la próxima semana. Europa ha demostrado voluntad de ayudar la
semana pasada, ahora España tiene que demostrar voluntad de ajuste, queremos
ser los primeros de la clase en Europa", explican.
Algunas de las medidas podrían
reservarse para la presentación los Presupuestos Generales del Estado de 2013,
momento en el que, según afirmó Montoro recientemente, está previsto que el
Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal a 2014, en línea con lo que piden
Bruselas y el FMI. El Consejo Europeo acordó la semana pasada varias medidas de
apoyo a España e Italia, entre ellas la posibilidad de que el fondo de rescate
europeo (MEDE) compre deuda soberana de países europeos, que la ayuda europea a
la banca española pueda realizarse de manera directa para evitar aumentar la
deuda pública española y que el MEDE no tenga categoría preferente respecto a
los tenedores de títulos del Tesoro.
Los problemas del sector bancario
español, muy dañado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, y las
dificultades para reducir el déficit con una economía en recesión son los
motivos que han situado a España en el punto de mira de la crisis de deuda
europea.
Cumplir con Bruselas y el FMI
En los últimos tiempos, tanto el Fondo
Monetario Internacional como la Comisión Europea han instado a España a acelerar
las reformas para poder cumplir con la meta de déficit, con medidas como la
eliminación de la desgravación por vivienda habitual y la rebaja del sueldo a
los funcionarios. Hasta el momento, altos cargos del Gobierno han reconocido
públicamente que se estudia eliminar la desgravación inmobiliaria e instaurar
el conocido como 'céntimo verde', un impuesto sobre los hidrocarburos, aunque
también existe debate interno sobre si dicha imposición debería utilizarse para
pagar déficit público o para el déficit del sector eléctrico.
Con todo, la aplicación de nuevos
ajustes, ya sea vía impuestos o recortes de gasto público, implica serios
riesgos para una economía en proceso de caída libre según no pocos analistas.
Tanto la Comisión
Europea como el FMI han dicho que España no debería
apresurarse a recortar el déficit en un país que atraviesa la segunda recesión
en tres años y sufre una tasa de paro del 24 por ciento.
En su último informe sobre
España, el FMI recomienda que se suavice el ritmo de consolidación fiscal,
aunque al mismo tiempo insta a bajar salarios públicos, subir el IVA cuanto
antes, acelerar las privatizaciones y eliminar la deducción por compra de
vivienda. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que el
Gobierno se dispone a "pisar el acelerador" de las reformas y prepara
nuevas medidas económicas "difíciles", en una intervención en la que
dijo que las Comunidades Autónomas -uno de los principales escollos para
reconducir el déficit- tenían que aumentar los esfuerzos fiscales. Hasta el
momento el conjunto de las administraciones públicas ha puesto en marcha
ajustes por 48.500 millones de euros (27.300 millones de euros del Estado,
18.100 millones de las regiones y 3.060 millones de los Ayuntamientos),
incluyendo recortes impopulares en Sanidad y Educación, así como el alza del
IRPF
El PSOE pide
que los directivos de las cajas intervenidas no cobren indemnizaciones
El Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado este jueves una proposición no de ley [descargar aquí] que insta
al Gobierno a modificar la legislación de sociedades para que los directivos de
entidades intervenidas durante los últimos cinco años no cobren las
indemnizaciones y retribuciones que recibieron al dejar sus cargos.
En concreto, el texto de la
iniciativa contempla que los altos directivos y miembros del consejo de
administración de las entidades que han recibido ayudas públicas, debido a las
pérdidas incurridas por la gestión desarrollada, reintegren retribuciones como
blindajes, salarios diferidos, planes de pensiones, indemnizaciones y otras
remuneraciones que recibieran al salir de estas. El diputado socialista Jesús
Caldera ha afirmado hoy que, no obstante, ha habido cajas de ahorros que han
funcionado "bien".
Por lo tanto, la aplicación de
esta devolución se tendría que producir en el caso de entidades en las que se
ha producido una "mala gestión", que haya producido resultados
negativos "ampliamente" superiores a los de otras compañías del
sector. Caldera ha mencionado entre estas entidades con mala gestión a Bankia y
NovaCaixaGalicia.
Límites a la remuneración a directivos
La proposición no de ley también
pide que se limite la remuneración a directivos y consejeros de grandes
empresas españolas. Entre otras medidas, reclama que se limiten sus
retribuciones variables, además de ligarlas a los cumplimientos de objetivos de
creación de valor de la empresa, "no sólo bursátil, sino real a medio y
largo plazo", según Caldera.
Además, pide que las políticas de
pago a directivos y consejeros sean aprobadas como un punto separado del orden
del día de las juntas de accionistas, que se limiten las retribuciones
variables al 100% de la asignación por conceptos fijos y que, mientras una
entidad esté intervenida, los directivos no tengan retribuciones superiores a
las máximas de los funcionarios del Estado.
Intensificar los impuestos a los bonus
Por otro lado, la proposición no
de ley exige que se intensifiquen las imposiciones fiscales a los bonus a
directivos, como los blindajes, planes de pensiones y remuneraciones
complementarias.
Los socialistas proponen estas
medidas, ha explicado Caldera, porque entre los orígenes de la crisis están
"sin ninguna duda" las malas prácticas en la gestión y dirección de
las empresas. Caldera ha destacado que la retribución a los directivos de las
principales empresas españolas es 125 veces superior a la media de la de sus
trabajadores.
El Gobierno
valora la supresión de una paga extra a los funcionarios
Todas las partidas de gasto del
Estado están bajo revisión y son susceptibles de sufrir un recorte, con la
excepción del capítulo destinado a pagar los intereses de la deuda pública.
Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que el Ejecutivo ultima la supresión de la
paga extra de Navidad de los empleados públicos, lo que permitiría ahorrar unos
4.000 millones de euros.
La caída de los ingresos públicos
y el temor, cada vez más probable, de que las previsiones de recaudación no se
cumplan ha puesto encima de la mesa del Gobierno nuevas medidas de recorte del
gasto. Hacienda y el resto de ministerios estudian partida por partida posibles
nuevos recortes que surtan efecto ya en este ejercicio. El Ejecutivo sabe que
cumplir el objetivo de déficit del 5,3% para este año resulta simplemente
imposible si no se aprueban más ajustes.
Fuentes cercanas a Moncloa
aseguran que Hacienda ultima la supresión de la paga extra de Navidad de los
empleados públicos (2,7 millones, según el último registro de Administraciones
Públicas), una medida que no se limitaría a este ejercicio y que se mantendría
varios años. A diferencia de la subida de impuestos -donde la previsión de
ingresos es eso, una previsión- el recorte de una paga extra supone un ahorro
seguro e inmediato, que alcanzará los 4.000 millones.
El Gobierno anunció como un
triunfo en la presentación de los Presupuestos de este año el mantenimiento del
poder adquisitivo de los empleados públicos, que en 2010 ya sufrieron un rebaja
de sueldo del 5% aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin
embargo, comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Castilla-La Mancha sí
que han optado por esta medida.
Los intereses son intocables
Los gastos financieros son la
única partida que resulta intocable. Y, por si quedaba alguna duda, la reforma
de la
Constitución Española estableció que el pago de los intereses
tenía prioridad absoluta respecto al resto de deudas.
Está previsto que el 19% del
presupuesto de gasto se destine a cubrir los intereses de la deuda. El restante 81%
es susceptible a los recortes. Más del 50% del presupuesto del Estado se
enmarca en el capítulo de transferencias corrientes y la mayor parte de ese
dinero acaba en manos de las comunidades. El Servicio Público de Empleo Estatal
(SPEE) recibirá este ejercicio más de 13.000 millones, un 15,6% menos que el
ejercicio anterior. Ello no se debe a una mejora de la ocupación, sino a que un
mayor grupo de desempleados agotan la prestación.
Plan piloto
para pagar a los funcionarios según objetivos
El Ministerio de Hacienda está
evaluando el desempeño de 2.000 funcionarios en un plan piloto para imponer la
retribución variable por objetivos con el fin de potenciar la productividad, la
profesionalización y el ahorro dentro del Sector Público sin realizar, de
momento, recortes en los salarios.
De esta forma, Hacienda sienta
las bases sobre las que establecer el nuevo sistema de retribución variable,
por el que los funcionarios que cumplan sus objetivos cobrarán lo mismo que ya
percibían y, quienes no lo hagan, sufrirán rebajas proporcionales de hasta el
40%.
La Bolsa
española cae el 2,99 % tras la negativa del BCE a comprar deuda
La Bolsa española ha caído hoy el
2,99 % y ha perdido los 7.000 puntos, después de que el Banco Central Europeo
(BCE) haya bajado los tipos de interés hasta el nivel más bajo de la historia,
aunque no ha tratado la compra de bonos soberanos o la celebración de más
subastas de liquidez.
Con la prima de riesgo al alza,
en los 538 puntos básicos, el principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX
35, ha
caído 214,30 puntos, el 2,99 % hasta los 6.954,20 puntos, con lo que las
pérdidas anuales se amplían hasta el 18,82 %.
Todos los grandes valores han
bajado: BBVA ha caído el 4,81 %; Santander, el 3,94 %; Iberdrola, el 3,50 %;
Repsol, el 3,15 %; Telefónica, el 2,58 %, e Inditex, el 1,71 %.
Wall Street
cierra con un descenso del 0,36% en el Dow Jones de Industriales
Wall Street cerró hoy con un
descenso del 0,36 % en el Dow Jones Industriales en una sesión en la que se
conocieron unos datos mixtos sobre la evolución de la economía de EEUU y tras
el recorte de los tipos de interés en Europa y China.
Según datos provisionales al
cierre de la jornada, ese índice restó 47,15 puntos hasta 12,943.82 unidades y
el selectivo S&P 500 se dejó el 0,47%, mientras que el índice compuesto del
mercado Nasdaq cerró sin apenas cambios en 2.976,12 unidades.
El Nikkei
cae 59,05 puntos, el 0,65 por ciento, hasta 9.020,75 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con un descenso de 59,05 puntos, el 0,65 por ciento, y quedó en
9.020,75 unidades.
El índice Topix, que agrupa a
todos los valores de la primera sección, cayó 4,54 puntos, un 0,58 por ciento,
hasta los 771,83 enteros.
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