El gasto en pensiones
sube un 4,4% en octubre, hasta 7.466,9 millones
La pensión media de jubilación
alcanzó a principios del presente mes los 951,83 euros mensuales, lo que supone
un 3,4% más respecto al mismo mes de 2011.
Por su parte, la pensión media
del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad
permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse
octubre en 833,63 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del
3,1%.
En octubre, el número de
pensiones contributivas de la Seguridad Social superaba los 8,9 millones, con
un crecimiento del 1,3% sobre igual mes de 2011, y de ellas más de 5,3 millones
eran perceptores de pensiones de jubilación.
El Gobierno
mantiene congeladas las aportaciones a pensiones y seguros privados de los
funcionarios
Los presupuestos generales de
2103 mantendrán congeladas por segundo año consecutivo las aportaciones a todos
los planes privados de pensiones y al resto de seguros de todos los empleados
públicos. Esta medida, que se impuso en el primer decreto de recortes del
Gobierno del PP de diciembre de 2011, se volvió a recoger en los presupuestos
de este año y ahora está de nuevo incluida en las cuentas que tramita el
Congreso para 2013.
Esta suspensión de las
aportaciones a planes de pensiones en todo el sector público, incluye al sector
empresarial, por lo que afecta a casi tres millones de trabajadores, está
generando problemas a la hora de su interpretación jurídica. Así lo ha indicado
hoy en una jornada sobre el futuro de las pensiones organizada por AXA y El
Nuevo Lunes la experta en Previsión Social Complementaria de Cuatrecasas
Asunción Bouzá, quien ha explicado que muchas entidades públicas dudan sobre el
alcance de esta congelación.
En concreto, se cuestiona si solo
afecta a los planes de pensiones o también afecta a otros productos como los
seguros. La
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
ha respondido con un informe de la Abogacía del Estado indicando que la
congelación afecta además de a los citados planes de pensiones colectivos a
todo tipo de contratos de seguros, como los de fallecimiento o invalidez. Y es
aplicable a todo el sector público interpretado de manera extensa.
Ante esta situación, Bouzá ha llamado
la atención sobre el futuro incumplimiento de las pólizas de pensiones de
modalidad de prestación definida (aquellas donde inicialmente se contratan unas
aportaciones definidas para recibir una prestación concreta garantizada).
"Si no se aportó en 2012 y probablemente no se aporte en 2013, las
gestoras tendrán que incumplir estas pólizas", ha dicho esta experta.
Así, los empleados públicos
afectados no recibirán toda la prestación que esperan en función de su
aportación. De hecho, esta experta ha añadido que ante las dudas sobre si el
Estado podrá compensar estas aportaciones no realizadas en años sucesivos, la
Abogacía del Estado ha respondido que habrá que tener en cuenta "los
límites presupuestarios en cada momento". De esto, los expertos concluyen
que el suspenso de estas aportaciones podrían incluso mantenerse en el tiempo.
Déficit
récord en la
Seguridad Social
El Gobierno contó este lunes a
Bruselas —no tenía más remedio— lo que ha escamoteado al Congreso en los
últimos tres meses. El déficit cero que había presupuestado para la Administración
de la Seguridad
Social este año es ya otra cosa, mucho más fea: a dos meses
del cierre del ejercicio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy admite que el agujero
por pensiones y prestaciones por desempleo se irá a los 10.500 millones, un
desfase sin precedentes. Y esta vez no podrá aducir que el repunte del déficit
le pilló por sorpresa: nada más presentar las cuentas de 2012, a finales de marzo,
numerosos expertos le advirtieron de que, en la Seguridad Social ,
nada cuadraba.
Los indicios de que las
cotizaciones no bastaban para cubrir el gasto en pensiones, de que el
presupuesto para pagar prestaciones por desempleo no iba a ser suficiente, se
agolpan. El impacto de la recesión en las cuentas de la Administración de la Seguridad Social
fue uno de los argumentos que llevó a la Comisión Europea
a relajar el objetivo de déficit español para 2012, del 5,3% al 6,3% del PIB.
Pero el Gobierno se resistió panza arriba a asumir que la Seguridad Social
incurría en un abultado déficit, material inflamable ante la opinión pública.
A finales de julio, cuando
propuso el techo de gasto de 2013, Hacienda eludió variar los objetivos de
déficit de este año. Luego, cuando envió a Bruselas el plan presupuestario
bienal o cuando aprobó el proyecto de Presupuestos de 2013 (hace menos de un
mes), soslayó la cuestión al presentar los saldos previstos de la
Administración central y la
Seguridad Social de forma conjunta.
En paralelo, el Gobierno tiraba
del dinero sobrante de la gestión de las mutuas y del Fondo de Reserva para
financiar las pensiones (más de 7.000 millones). O admitía que deberá ampliar
el presupuesto para prestaciones por desempleo en 2.800 millones.
Las exigencias informativas de Eurostat,
la oficina estadística de Bruselas, acaban con la ceremonia de la confusión. El Gobierno
español asume que será la
Seguridad Social la que se quede con el margen de déficit (un
1% del PIB más) que le concedió la Comisión para 2012. El mensaje para
comunidades y Ayuntamientos es otro: para ellos, los estrictos objetivos de
déficit (-1,5% y -0,3% respectivamente) no cambian.
Eurostat confirma lo ya
anticipado por el Gobierno a finales de septiembre: las pérdidas contabilizadas
por ayudas públicas a la banca elevan en 16.660 millones el déficit de 2011 y
2012. Y aportan, como no, alguna sorpresa adicional: el déficit de 2010 se
revisa del 9,3% al 9,7% por gastos de las comunidades autónomas que han
aflorado ahora al acogerse al fondo para pagar facturas pendientes a
proveedores.
Con la última revisión de
Eurostat, el déficit público en 2011 queda en el 9,44% del PIB. El camino
recorrido hasta aquí es tortuoso pero siempre cuesta abajo. El Gobierno
socialista aseguraba que el objetivo inicial pactado con Bruselas para 2011 (un
desfase del 6%) era alcanzable. A finales de diciembre, el nuevo Ejecutivo de
Rajoy (PP) acusó a los socialistas de engaño —aunque el desvío se debió a las comunidades—
y elevó el saldo negativo al 8%. En marzo, el déficit se estiró al 8,5% por las
facturas que varias comunidades sacaron del cajón para acogerse al fondo de
proveedores. Y, por la misma razón, llegó al 8,9% a finales de mayo. Un cambio
en la valoración del PIB y, sobre todo, las ayudas a la banca explican el
sprint final al 9,44%.
Solo Irlanda (13,4%) y Grecia
(9,4%) presentan números rojos más abultados o similares en sus saldos
presupuestarios de 2011 dentro de la
UE. En el nivel de deuda pública, España cerró por debajo del
70% del PIB el año pasado, pero se aupará al 85% en 2012.
Con las pérdidas por las ayudas a
la banca, el déficit previsto por el Gobierno para este año pasa del 6,3%
comprometido al 7,3%. El Ejecutivo del PP mantiene que este último desfase no
se tendrá en cuenta en el plan de ajuste pactado con Bruselas por ser un gasto
que no se repetirá en 2013. “Reconocemos la naturaleza inevitable y única de
estos gastos”, concedió un portavoz de la Comisión, que revelará en noviembre
si se cree las cuentas de Rajoy. Lo que sigue siendo una incógnita es si, para
entonces, Bruselas (y los jubilados españoles) sabrán ya si el Gobierno
actualiza las pensiones por el alza de la inflación.
El plan de pensiones
se podrá cobrar antes de jubilarse para evitar el embargo de la casa
Las aseguradoras lamentan que los
españoles dedicen «solo» 3 de cada 100 euros de sus sueldos a fondos privados.
Hasta hace poco un plan de
pensiones solo se podía cobrar ante de la jubilación en caso de enfermedad
grave o invalidez. La crisis y su impacto sobre las economías familiares obligó
a añadir más supuestos. El Gobierno socialista incluyó en 2009 la posibilidad
de rescatar esos ahorros en caso de desempleo. El Ejecutivo popular trabaja
ahora en un nuevo supuesto que permitiría a los partícipes recuperarlo de forma
anticipada para evitar el embargo de la vivienda habitual, saldando la deuda
hipotecaria y evitando el desahucio, según recordó ayer la directora general de
Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga.
La responsable del órgano
dependiente del Ministero de Economía matizó, en unas jornadas organizadas por
AXA Seguros y el diario «El Nuevo Lunes», que los que acudan a ese supuesto
deben carecer de cualquier tipo de ingreso en el momento de la ejecución
hipotecaria. Esta nueva excepción se incluirá en la reforma de la Ley de
Supervisión del Seguro, cuyo anteproyecto, hecho público en mayo, señala además
que el partícipe no puede tener bienes con los que pueda saldar la deuda y que
el plan de pensiones sea suficiente para evitar el desahucio.
Su aprobación estaba prevista
para finales de este año, poco después de que Bruselas diese luz verde a
Solvencia II, el nuevo régimen legal de las aseguradoras. El retraso en la
aprobación de esa directiva, al menos hasta la próxima primavera y
previsiblemente hasta 2014, como ya informó ABC, dilatará también el visto
bueno a la Ley de Supervisión del Seguro, puesto que esta debe adapartarse a
Solvencia II. Así, y según fuentes del sector, Economía esperará a ver cómo se
va desarrollando la norma europe para tomar una decisión.
La presidenta de la patronal de
las aseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, reclamó en el mismo foro
que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, convoque una
reunión entre todas las partes para abordar la sostenibilidad futura del
sistema público de pensiones. Y pidió que el Estado informe a los contribuyentes
sobre la cuantía que recibirán al jubilarse y que se fije por ley un «sistema
automático de reequilibrio» que indique si el estado de las cuentas públicas
permite revalorizar las pensiones o deben reducirse.
Fomento de los planes privados
Lo que las compañías de seguros
vienen reclamando de la administración pública es un mayor fomento de los
planes privados de pensiones. «No se trata de privatizar ni de competir entre
lo público y lo privado, sino de complementar», zanjó González de Frutos, quien
aseguró que los países donde más planes de pensiones se contratan más arraigo
tiene también el sistema público. En este sentido, la patronal lamentó que
mientras en países como Suecia, Holanda, Suiza, Dinamarca y Bélgica sus
ciudadanos dedican casi 10 de cada 100 euros de su salario a planes privados de
ahorro, los españoles solo 3 euros de cada 100. «Ellos ahorran más, ellos
vivirán mejor», advirtió.
El sector cree que una buena
forma de fomentar los planes de pensiones sería, como pidió González de Frutos,
mejorando la información al contribuyente sobre su futura prestación pública.
«No solo son necesarios incentivos fiscales», dijo la responsable de Unespa. De
esta forma, las aseguradoras, aunque siguen defendiendo y reclamando la
necesidad de aplicar ventajas fiscales en la contratación de fondos de
pensiones, parecen dar por perdida a corto plazo esa batalla. El propio
Gobierno popular lo contempló a principios de la legislatura, pero la evolución
de las cuentas públicas han aparcado ese debate.
Despidos de
oro en la banca pese a la reforma laboral
Incluso en los procesos de
ajuste, la banca se ha caracterizado por registrar una mínima conflictividad
laboral gracias, en parte, a las generosas compensaciones que pacta con sus
trabajadores. Pese a las ayudas públicas recibidas por el sector, y aunque la
reforma laboral facilita las salidas por 20 días de salario por año trabajado,
las entidades siguen pagando 45 días más primas adicioanles. La indemnización
en banca es hoy la más alta del país, unos 44.556 euros por afectado, frente a
los 9.150 que cobra el despedido medio.
La banca se ha caracterizado por
ser un sector con una mínima conflictividad laboral incluso en los procesos de
ajuste, en los que impera llegar a acuerdo con los representantes sindicales
mediante generosas indemnizaciones. Un método engrasado, en muchos casos,
gracias a las ayudas públicas que ha recibido el sector. Aunque la reforma
laboral aprobada por el Gobierno el pasado febrero ha endurecido las
condiciones de despido, imponiendo la salida con 20 días por año trabajado y un
máximo de 12 mensualidades, lo cierto es que las entidades financieras siguen
destacando por suavizar los recortes de plantilla. Los 45 días por año de
servicio, con tope en 42 mensualidades, que regían el despido exprés, ya no son
la tónica generalizada en el sector, pero el despido en banca sigue siendo el
mejor pagado del país. Un empleado de actividades financieras o de seguros
recibe hoy una indemnización media de unos 44.556 euros, casi cinco veces más
que los 9.150 euros que se lleva un trabajador medio. Las diferencias llegaron
a ser astronómicas durante el proceso de reordenación de las cajas de ahorros
cuando cada despedido del sector percibió una media de 128.211 euros. Doce
veces más que cualquier otro. Estos son algunos ejemplos de los planes de
reducción de plantilla ejecutados:
Unnim (BBVA)
El último proceso de ajuste
aprobado, la pasada semana, es el que Bruselas impuso a Unnim tras su absorción
por parte de BBVA, que la adquirió por un euro y bajo un esquema de protección
de pérdidas. De las 1.169 salidas pactadas, se prevé que 569 se conviertan en
recolocaciones dentro del grupo. Para los 600 afectados restantes, no obstante,
se ha diseñado un programa de prejubilaciones, excedencias y bajas
incentivadas. La indemnización normal será de 35 días por año trabajado más una
prima adicional, equiparable a un mes extra de salario por cada tres años en la empresa. BBVA , sin
embargo, llega a ofrecer 50 días de sueldo por año trabajado y una prima de
100.000 euros para aquellos empleados de entre 50 y 52 años con más de 10
ejercicios en la entidad.
CAM (Sabadell)
Apenas una semana antes de que se
resolviera la negociación de Unnim, Sabadell llegó a un acuerdo similar con los
representantes de la CAM, sobre la que la Unión Europea
también había impuesto un fuerte ajuste para compensar las ayudas recibidas en
su adquisición. Se traducirá en la salida de 1.250 personas, 599 de ellas por
la vía de las prejubilaciones (con montantes de hasta 250.000 euros). Para el
resto se fijaron compensaciones de 35 días por año trabajado más una prima de
hasta 15.000 euros, con un tope máximo en 150.000 euros.
Banca Cívica (Caixabank)
CaixaBank, por su parte, impuso
un proceso de ajuste de plantilla a Banca Cívica como condición previa a su
absorción. La reestructuración, anunciada en mayo, supone la salida de 1.453
empleados, de los que 487 serán prejubilados. Para las salidas voluntarias se
puso sobre la mesa una indemnización de 45 días de sueldo por año en la empresa
(incluyendo retribuciones en especie y pagas variables) con un máximo de
300.000 euros. A esta regla se le añadiría una prima adicional de entre 10.000
y 30.000 euros en función de la antigüedad. Para los trabajadores de entre 50 y
54 años, dicho extra ascendía a 100.000 euros. Incluso para los no voluntarios,
la compensación fue superior a la habitual en otros sectores, con 35 días por
año y 24 mensualidades.
Bankia y las cajas
Las estadísticas oficiales aun no
recogen el impacto de estos últimos procesos de ajuste de plantilla pero es de
prever que vuelvan a elevar al alza la indemnización media por despido en el
sector. Estas alcanzaron cotas históricas el pasado año como consecuencia de
los planes de reestructuración que llevaron a cabo las cajas de ahorros,
apoyadas con dinero del FROB. El de Bankia es un caso paradigmático, tanto por
el volumen de afectados, las ayudas recibidas, como por el devenir mismo de la
entidad, en el que las compensaciones superaron la ya de por sí alta media del
sector. La unión de siete firmas, encabezada por Caja Madrid y Bancaja, se
fraguó con la salida de unos 3.700 empleados. Además de la tradicional ronda de
prejubilaciones, la entidad pagó 46 días por año trabajado más una prima de
hasta 30.000 euros. La mayoría de cajas adoptaron sistemas similares con una
indemnización de 45 días por año.
La bolsa
española baja el 0,46 % y pierde el nivel de 7.900 puntos
La bolsa española bajó hoy el
0,46 por ciento y perdió el nivel de 7.900 puntos, por efecto del retroceso de
las plazas internacionales al empeorar el mercado de deuda y conocerse algunos
datos empresariales que disgustaron a los inversores.
Mientras la prima de riesgo subía
de 377 a
389 puntos básicos, el índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35,
bajaba 36,30 puntos, el 0,46 por ciento, hasta 7.877,10 puntos. Las pérdidas
acumuladas en este ejercicio crecen hasta el 8,05 por ciento.
De los grandes valores bajaron
Banco Santander, el 1,03 por ciento; Telefónica, el 0,94 por ciento; BBVA, el
0,9 por ciento, y Repsol, el 0,03 por ciento. Iberdrola repitió cotización,
mientras que Inditex avanzó el 0,2 por ciento.
Wall Street
cierra con un ínfimo avance del 0,02 % en el Dow Jones
Wall Street frenó hoy sus
pérdidas en la recta final de la sesión y el Dow Jones de Industriales, su
principal indicador, cerró con un ínfimo avance del 0,02 % animado por el
repunte del sector tecnológico con Apple a la cabeza.
Según datos provisionales al
cierre de la sesión, ese índice sumó 2,38 puntos para acabar en las 13.345,89
unidades, en tanto que el selectivo S&P 500 subió el 0,04 % y el índice
compuesto del mercado Nasdaq ganó el 0,38 %.
El Nikkei
sube 3,54 puntos, el 0,04 por ciento, hasta 9.014,25 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con un ascenso de 3,54 puntos, el 0,04 por ciento, y quedó en
9.014,25 unidades.
En cambio, el índice Topix, que
agrupa a todos los valores de la primera sección, cayó 4,35 puntos, un 0,58 por
ciento, hasta 749,37 enteros.
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