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jueves, 3 de mayo de 2012

Prensa 3 mayo


El paro vuelve a subir en Europa: 10,9% en la zona euro y 24,1% en España


El desempleo sigue en aumento en la zona euro. La tasa de paro ha vuelto a subir en marzo en el conjunto de países y también en España, que sigue distanciándose y está muy por encima de la media.

La tasa de desempleo en la zona del euro aumentó en marzo una décima con respecto al mes anterior y alcanzó el 10,9%, mientras que en España subió tres décimas y se situó en el 24,1%, el nivel más alto de los Veintisiete, según los datos difundidos hoy por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

En el conjunto de los Veintisiete el desempleo se mantuvo estable en el 10,2%.

Durante los últimos seis meses, el paro ha aumentado a un ritmo mensual prácticamente estable, de una décima, tanto en los países de la moneda única como en toda la Unión.

El pasado mes de marzo había en la UE unos 24,7 millones de parados, 17,3 millones de ellos en los países de la moneda única.

Esto supone un aumento mensual de 2,13 millones de desempleados en el conjunto de los Veintisiete y de 193.000 en la zona del euro.

Entre los Estados miembros con datos disponibles, las tasas más bajas se registraron en Austria (4%), Holanda (5%) y Luxemburgo (5,2%), mientras que las más altas se observaron en Grecia (21,7%, según datos de enero) y Portugal (15,3%), después de España.
En comparación con marzo de 2011, el paro aumentó un punto en la zona del euro, ocho décimas en el conjunto de los Veintisiete y 3,3 puntos en España.

Durante el último año, la tasa de desempleo bajó en ocho Estados miembros y aumentó en diecinueve.

Los descensos más importantes se registraron en Lituania (desde el 17,5% al 14,3% entre los tres últimos meses de 2010 y el mismo periodo de 2011), Letonia (del 17,1% al 14,6%) y Estonia (del 13,9% al 11,7%).

Después de España, los aumentos interanuales más significativos se observaron en Chipre (del 6,9% al 10%) y Portugal (del 12,4% al 15,3%).

El desempleo juvenil también volvió a aumentar en marzo con respecto al mes precedente tanto en la zona del euro (desde el 21,9% hasta el 22,1%) como en el conjunto de los Veintisiete (del 22,5% al 22,6%).

España registró un aumento desde el 50,1% hasta el 50,9% y se situó como el segundo Estado miembro con más paro entre los menores de 25 años, solo por detrás de Grecia (51,2%, según datos del pasado mes de enero).

En el otro extremo se situaron Alemania (7,9%), Austria (8,6%) y Holanda (9,3%).

Por géneros, el paro masculino de la zona del euro subió desde el 9,7% hasta el 10,8% entre marzo de 2011 y el mismo mes de este año, mientras que el femenino aumentó del 10,2% al 11,2%.



Báñez se lanza a la búsqueda de fraude laboral también en Internet


El Gobierno estudia abrir una nueva línea de investigación contra el fraude laboral en las empresas que venden sus productos por Internet. Para ello, el Ministerio de Empleo creará nuevos equipos de trabajo con las unidades especializadas en la Red de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt.

Esta es una de las novedades más importantes del plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social, el empleo sumergido y la protección del paro. "El objetivo es perseguir la subcontratación en las empresas por Internet", explican las fuentes del Ministerio consultadas por este diario.

"La sociedad que vende productos por la Red tiene que tener un suministrador o un fabricante, y éstos, trabajadores; puede haber una cadena de subcontratación en todo tipo de productos, desde alimentación hasta ropa o bienes culturales", añaden las mismas fuentes.

La Inspección de Trabajo tiene dos objetivos: que no se diluya la responsabilidad del empresario que forman parte de la trama en Internet con fraude laboral y garantizar los derechos de los trabajadores.

Incluso, si se persigue el delito contra la Seguridad Social y el quebrantamiento de las leyes laborales, también se puede hacer contra el delito fiscal.

La Inspección de Trabajo pretende facilitar la labor de investigación en la Red con la creación de unidades especiales provinciales, que actuarán sobre el terreno.



Empleo baraja que los autónomos coticen menos si también tienen nómina


El Gobierno estudia ajustar a la baja las cotizaciones sociales de aquellos autónomos que además son asalariados para evitar que la Seguridad Social deba devolverles el exceso pagado al sistema. La medida podría ser incluida en la Ley de Emprendedores que ultima el Ejecutivo.

En esta ocasión la iniciativa parte del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado para su debate en el Pleno del Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno medidas para apoyar a los trabajadores que compatibilizan un trabajo por cuenta ajena con actividades como autónomos, con el fin de "acomodar" su cotización a la Seguridad Social.

Según la iniciativa, los populares quieren que el Ejecutivo adopte "a la mayor brevedad posible" iniciativas de "apoyo a aquellos trabajadores que compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a su situación de pluriactividad", informa Europa Press.

Ésta es una de las principales reivindicaciones que las asociaciones de autónomos trasladaron al PP en la ronda de contactos mantenida para explicar a este colectivo la reforma laboral impulsada desde el Ejecutivo, si bien este tipo de medidas podrían incluirse en la Ley de Emprendedores que prepara el gabinete de Mariano Rajoy. Y es que, según recuerdan los populares, el trabajo autónomo es una de las principales "palancas de cambio en la salida de la crisis y en la creación de empleo en España", toda vez que el 12% de estos profesionales tiene trabajadores asalariados a su cargo y que, junto con las empresas de menos de 50 trabajadores, conforman más del 95% del tejido productivo del país.

Según datos aportados en la iniciativa del PP, actualmente están dados de alta en el RETA más de tres millones de personas, si bien unos 340.000 autónomos se han dado de baja desde el primer trimestre de 2008, constituyendo así uno de los colectivos que "más ha sufrido los efectos de la crisis".

Sin embargo, "los últimos datos muestran una evolución más positiva, ya que en los últimos dos meses se ha registrado un incremento en la afiliación de 9.502 autónomos, en especial en los sectores de la hostelería y del comercio", subraya el PP, justificando así la necesidad de "reforzar la tendencia" con la adopción de medidas que favorezcan a los más de 86.000 trabajadores por cuenta propia que compatibilizan esta actividad en jornada ordinaria con el desarrollo de otras actividades profesionales o económicas en periodos de tiempo más reducidos.

Así, el PP considera necesario adoptar "medidas que flexibilicen las condiciones de cotización de los trabajadores autónomos en situación de pluriactividad con el doble objetivo de incentivar el inicio y la cotización de actividades emprendedoras, lo que podría traducirse en la generación de más puestos de trabajo; y, en segundo lugar, evitar la pérdida de cotizantes en el RETA".

4,1 millones devueltos en 2010

Los últimos datos disponibles subrayan que la Seguridad Social devolvió algo más de 4,1 millones de euros a 3.411 autónomos que durante 2010 cotizaron de forma simultánea por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, es decir, que pagaron como trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General y también en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por una cantidad igual o superior a 10.860 euros.

Según Empleo, cerca del 61% de las devoluciones correspondió al tramo de entre 1.000 y 1.500 euros, mientras que los excesos reconocidos de entre 2.000 y 6.000 euros no llegaron al 4%. Las devoluciones corresponden al 50% del exceso en que las cotizaciones ingresadas superen los 10.440 euros, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA por el concepto de cotización por contingencias comunes de cobertura obligatoria. Con la medida se trata de evitar que los autónomos paguen de más y deban esperar a esas devoluciones, en el caso de que tengan derecho a ellas.



El Frob denunciará las prejubilaciones de altos cargos de CAM


El ex administrador del Frob en CAM José Antonio Iturriaga ha manifestado en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas que hubo altos directivos que se prejubilaron "aprovechando el ERE, en condiciones muy mejoradas respecto a los demás empleados" y que en los próximos días se va a presentar una demanda por este tema.

Iturriaga ha afirmado que la demanda se presentará "en el ámbito procesal y jurídico adecuado" y que se hará "en próximas fechas". La remuneración de cinco directivos -entre ellos, el anterior director general, Roberto López-, tuvo un coste de quince millones de euros para la caja.

José Antonio Iturriaga ha respondido ampliamente a las preguntas de los diputados valencianos sobre la crisis de la caja alicantina. Sobre los sueldos de los directivos, ha dicho que en su opinión, la comisión de retribución trabajaba "pensando más en los directivos que en los intereses de la entidad".

Iturriaga ha criticado duramente la gestión de la entidad de ahorros en muchos aspectos. Considera que el declive comenzó con el cambio de dirección en el año 2000, con "un proceso de crecimiento muy intenso". "La diferencia con otras entidades es la mayor agresividad y su mayor posicionamiento en el sector inmobiliario".

El administrador del Frob señala "deficiencias significativas en los procesos de control interno". Concretamente, en los procesos de refinanciación, en los que considera que no se tenía en cuenta la capacidad de pago de los refinanciados, así como en las políticas de gobierno corporativo, que atribuye en parte a la ley de cajas, "que hace posible que tengan cuotas en los consejos de las cajas determinadas instituciones que hacen que no siempre impere el criterio de profesionalidad".

'Suave oposición' a las cuotas

Respecto a la emisión de cuotas participativas, en el año 2009, Iturriaga ha afirmado que se realizó "a pesar de las suaves oposiciones de algunas instituciones, e incluso de supervisores". Posteriormente ha aclarado que con ello se refiere a que en ese momento, la caja tenía interés en realizar una expansión internacional y que el supervisor le dijo que "por lo menos tuvieran capital. Y el único instrumento eran las cuotas participativas".

Respecto al fracasado SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, Iturriaga dice que, en su opinión, en el caso de haber seguido adelante, "habría arrastrado al resto de las entidades, debido al peso de la problemática de CAM".

El Sabadell estará en la Obra Social

Por otra parte, Iturriaga ha revelado que se está trabajando en la creación de la fundación que se encargará de ella, en la que participará como patrono la Generalitat valenciana y también estará presente el Sabadell.

Ha explicado que el comprador de Banco CAM tiene intención de seguir realizando una aportación económica y social en el ámbito tradicional de actuación de CAM, por lo que se implicará en esta fundación.

También ha explicado que se ha elaborado un plan estratégico a cinco años para dar viabilidad a esta institución.



Unos funcionarios con mala salud de hierro


Del tópico del cafetito a mediodía al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho más que el resto de los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos Gobiernos para añadir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores públicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y contratos interinos sin cubrir. La última, la propuesta de que estos empleados no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por enfermedad, ataca una de las partes más sensibles y más incontrolables: la salud. Y además lo hace sin una base estadística que acredite que los funcionarios, en su conjunto, abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a Bruselas, y que ya funciona —aunque con matices— en algunas comunidades, como País Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda sobre los trabajadores públicos. También pone en la picota el criterio de los médicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.

La medida, pensada teóricamente para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificación no está clara. Al menos, no se sustenta en datos. “Es muy difícil hallar cifras para comparar el absentismo entre los trabajadores públicos y los del sector privado”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma tajantemente que “es imposible” comparar si los funcionarios se cogen más bajas que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social registra al año, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores, no se especifica cuántas corresponden a los públicos. Y ello, a pesar de que la mayoría de los funcionarios se incluyen ya en el régimen general de la Seguridad Social.

Tampoco se puede llegar a conclusiones a través de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a algunos trabajadores públicos y sus familias —como los militares, personal docente o de justicia. Según la memoria de 2010 de Muface —una de esas entidades—, ese año tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que tenía 971.540 afiliados titulares, esto quiere decir que registró 12,48 bajas por cada 1.000 personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.

¿Es eso verdad? Granado lo desmiente: “Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo mismo estén de baja o no; y para eso no hace falta darlos de baja. Solo se hace en los casos en que hay que contratar un sustituto”. La diferencia con el resto de los trabajadores es que estos, al menos en teoría, no cobran los tres primeros días de baja, “aunque la inmensa mayoría de los convenios establecen que les pague la empresa, por lo que no lo notan”, aclara. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Administraciones Públicas.

Fernando García Benavides, director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra, explica que los únicos datos que hay son indirectos. “De los casos de baja que son revisados por la inspección médica, que suelen ser ya de larga duración, se confirman aproximadamente un 75%. De lo que se deduce que tres de cada cuatro casos están justificados”, explica, independientemente de quién contrate.

En el sector privado, explica Cruz Villalón, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros días de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligación legal de cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social quien paga al empleado (también solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del día 20 la obligación es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del salario. ¿Qué pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica Benavides, a través de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, están empezando a dejar de hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca más al modelo del sector privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar esos beneficios de sus convenios.

Puesto en cuarentena el argumento de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes les dan —o no— las bajas: los médicos de primaria. Y en ellos tampoco se encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opinión contundente: “Mi percepción es que los funcionarios tienen las mismas bajas que el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y no existen estadísticas que digan lo contrario”. Además, “en época de crisis las bajas se cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes”, afirma el médico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Cataluña, donde existe un sistema de información exhaustivo. Ahí, la incidencia por cada 100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.

Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente “un disparate”. “Puede ser que haya colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que además habría que estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo hace. Tampoco comparar patologías. Qué pasa con una enfermedad crónica, como un cáncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta injusta”, opina. El presidente de los médicos españoles recuerda que no se puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, además, que hay otros mecanismos para ver de manera inequívoca si hay abuso, como poner más mecanismos de inspección. “Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no así”, añade.

Si se pregunta a los afectados, la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre los trabajadores públicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en situación irregular, a los que se va a retirar la prestación por el abuso de alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. “Parece que lo único que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos”, dice Borra, “cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto”. “Si hubiera un abuso, habría estudios que lo demostrarían. Cuando no los hay es que no se han producido”, añade.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, cree que todo el plan está basado en la idea de que los funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. “Es lamentable que ponga en la palestra a los trabajadores públicos y a los médicos que les están dando la baja”, dice. López afirma que esto puede tener varias consecuencias. La económica para los propios afectados y la implicación en la salud de estos trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto enfermo. “Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores, trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a aquellos a quien cuidan”.

López recuerda que el plan del Gobierno ya funciona en comunidades como la madrileña, donde los empleados de baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. “La propuesta presentada por el Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino también al estatutario”, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todavía algo opaco. No queda claro si afectará a todos los trabajadores públicos ni si será distinto en función de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el País Vasco, donde la regulación, aplicada a 67.000 trabajadores, incluyó muchas excepciones: “Crónicos, graves, accidentes de tráfico, laborales... Al final quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes”, explica el exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.

Ese resultado, sin embargo, no convence a los propios afectados. Como Choni G., técnica especialista en Educación de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya afectó la medida. Esta profesional de 52 años que estuvo de baja 15 días por una neumonía vírica recibió el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pasó a cobrar 1.100. “¿Quieren que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los niños que están en contacto conmigo”, se queja. Pero como este caso hay muchos más. En Madrid, una trabajadora que esté de baja dos semanas puede llegar a perder 500 euros.

Estos argumentos contribuyen a alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo sí coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. “Primero habría que ver los datos de absentismo y después discutir con más calma las medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la Administración pública y por qué. Puede que no se tengan esos instrumentos”, analiza el catedrático de la Universidad de Sevilla Cruz Villalón.

Esa es una de las partes fundamentales y más desatendidas. Lo asume José María Morán, médico inspector y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss). Morán afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza Muface necesita mucho más control, y que los mecanismos de vigilancia de las bajas del régimen general también es mejorable. “Si tienen indicios de fraude lo que deberían hacer es potenciar la inspección. Pero hay pocos inspectores”, opina.

La función de profesionales como Morán es analizar las bajas. “Tenemos un sistema informático en el que vemos las bajas que dan los médicos y el tiempo de duración de los procesos. Una baja de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirría. Es cierto que hay médicos que dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos genéricos. Así que lo suyo es establecer mecanismos de control para ver qué hacen estas profesionales y también conocer los procesos que duran más de la cuenta”, explica. Para él es “poco científico” decir que de forma general los funcionarios abusan. Su asociación ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que se desprende, por ejemplo, que las bajas médicas del personal público duran menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 días).

También el presidente de la Semfyc opina que los sistemas de control son anacrónicos. “El que tenemos es del siglo pasado. Está excesivamente burocratizado. El método de partes semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene”, afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los profesionales y la concienciación de los trabajadores. “Donde se ha dado mayor capacidad al clínico, como País Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras económicas”, dice el médico. El presidente de CSIF también admite que puede haber mayores controles, aunque sean para todos.

El tema tiene muchas aristas. Tanto que no parece lo más correcto abordarlo de forma unilateral. “Una cosa es reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias científicas”, opina Cruz Villalón.

Una visión que también comparte el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo de cambios legislativos deben hacerse con mucho más cuidado. “Al final podría pasar que mandáramos un soldado a Afganistán, le explote una mina, pierda una pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo”, ironiza.



La bolsa española registra otro mínimo anual y cae el 2,55 %

La bolsa española ha bajado hoy el 2,55 por ciento y ha registrado un nuevo mínimo anual (6.831,9 puntos) perjudicada por la caída de la actividad industrial en Europa, la débil creación de empleo en los Estados Unidos y el retroceso de la banca.

Con la prima de riesgo en 422 puntos básicos, el índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, ha caído 179,10 puntos, el 2,55 por ciento, la octava mayor caída del año, hasta 6.831,90 puntos, con lo que continúa en niveles similares a los registrados en marzo de 2009. El descenso anual se eleva al 20,25 por ciento.

Todos los grandes valores bajaron: Repsol, el 4,15 por ciento; BBVA, el 3,33 por ciento; Banco Santander, el 3,31 por ciento; Telefónica, el 3,13 por ciento, e Iberdrola, el 2,96 por ciento.



Wall Street cierra con un leve descenso del 0,08 % en el Dow Jones


Wall Street moderó hoy sus pérdidas en la recta final de la sesión y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cerró con un leve descenso del 0,08 %, en una jornada en la que se conocieron cifras sobre el mercado laboral que no terminaron de convencer a los analistas.

Según datos provisionales al cierre de la sesión, ese índice, que agrupa a treinta de las mayores empresas cotizadas de EEUU, restó 10,67 puntos hasta situarse en 13.268,65 unidades, y el selectivo S&P 500 cedió el 0,25 %, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzó el 0,31 %.



La bolsa de Tokio permanece hoy cerrada


La Bolsa de Tokio permanece hoy cerrada por ser día festivo en Japón.

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