El paro vuelve a subir
en Europa: 10,9% en la zona euro y 24,1% en España
El desempleo sigue en aumento en
la zona euro. La tasa de paro ha vuelto a subir en marzo en el conjunto de
países y también en España, que sigue distanciándose y está muy por encima de
la media.
La tasa de desempleo en la zona
del euro aumentó en marzo una décima con respecto al mes anterior y alcanzó el
10,9%, mientras que en España subió tres décimas y se situó en el 24,1%, el
nivel más alto de los Veintisiete, según los datos difundidos hoy por Eurostat,
la oficina comunitaria de estadística.
En el conjunto de los Veintisiete
el desempleo se mantuvo estable en el 10,2%.
Durante los últimos seis meses,
el paro ha aumentado a un ritmo mensual prácticamente estable, de una décima,
tanto en los países de la moneda única como en toda la Unión.
El pasado mes de marzo había en
la UE unos 24,7 millones de parados, 17,3 millones de ellos en los países de la
moneda única.
Esto supone un aumento mensual de
2,13 millones de desempleados en el conjunto de los Veintisiete y de 193.000 en
la zona del euro.
Entre los Estados miembros con
datos disponibles, las tasas más bajas se registraron en Austria (4%), Holanda
(5%) y Luxemburgo (5,2%), mientras que las más altas se observaron en Grecia
(21,7%, según datos de enero) y Portugal (15,3%), después de España.
En comparación con marzo de 2011,
el paro aumentó un punto en la zona del euro, ocho décimas en el conjunto de
los Veintisiete y 3,3 puntos en España.
Durante el último año, la tasa de
desempleo bajó en ocho Estados miembros y aumentó en diecinueve.
Los descensos más importantes se
registraron en Lituania (desde el 17,5% al 14,3% entre los tres últimos meses
de 2010 y el mismo periodo de 2011), Letonia (del 17,1% al 14,6%) y Estonia
(del 13,9% al 11,7%).
Después de España, los aumentos
interanuales más significativos se observaron en Chipre (del 6,9% al 10%) y
Portugal (del 12,4% al 15,3%).
El desempleo juvenil también
volvió a aumentar en marzo con respecto al mes precedente tanto en la zona del euro
(desde el 21,9% hasta el 22,1%) como en el conjunto de los Veintisiete (del
22,5% al 22,6%).
España registró un aumento desde
el 50,1% hasta el 50,9% y se situó como el segundo Estado miembro con más paro
entre los menores de 25 años, solo por detrás de Grecia (51,2%, según datos del
pasado mes de enero).
En el otro extremo se situaron
Alemania (7,9%), Austria (8,6%) y Holanda (9,3%).
Por géneros, el paro masculino de
la zona del euro subió desde el 9,7% hasta el 10,8% entre marzo de 2011 y el
mismo mes de este año, mientras que el femenino aumentó del 10,2% al 11,2%.
Báñez se
lanza a la búsqueda de fraude laboral también en Internet
El Gobierno estudia abrir una
nueva línea de investigación contra el fraude laboral en las empresas que
venden sus productos por Internet. Para ello, el Ministerio de Empleo creará
nuevos equipos de trabajo con las unidades especializadas en la Red de la Policía Nacional
y de la Guardia
Civil. Lea la noticia completa en Expansión en Orbyt.
Esta es una de las novedades más
importantes del plan de lucha contra el fraude en la Seguridad Social ,
el empleo sumergido y la protección del paro. "El objetivo es perseguir la
subcontratación en las empresas por Internet", explican las fuentes del
Ministerio consultadas por este diario.
"La sociedad que vende
productos por la Red tiene que tener un suministrador o un fabricante, y éstos,
trabajadores; puede haber una cadena de subcontratación en todo tipo de
productos, desde alimentación hasta ropa o bienes culturales", añaden las
mismas fuentes.
La Inspección de Trabajo tiene
dos objetivos: que no se diluya la responsabilidad del empresario que forman
parte de la trama en Internet con fraude laboral y garantizar los derechos de
los trabajadores.
Incluso, si se persigue el delito
contra la Seguridad
Social y el quebrantamiento de las leyes laborales, también
se puede hacer contra el delito fiscal.
La Inspección de Trabajo pretende
facilitar la labor de investigación en la Red con la creación de unidades
especiales provinciales, que actuarán sobre el terreno.
Empleo baraja
que los autónomos coticen menos si también tienen nómina
El Gobierno estudia ajustar a la
baja las cotizaciones sociales de aquellos autónomos que además son asalariados
para evitar que la
Seguridad Social deba devolverles el exceso pagado al
sistema. La medida podría ser incluida en la Ley de Emprendedores que ultima el
Ejecutivo.
En esta ocasión la iniciativa
parte del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado para su debate en el
Pleno del Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que pide al Gobierno
medidas para apoyar a los trabajadores que compatibilizan un trabajo por cuenta
ajena con actividades como autónomos, con el fin de "acomodar" su
cotización a la
Seguridad Social.
Según la iniciativa, los
populares quieren que el Ejecutivo adopte "a la mayor brevedad
posible" iniciativas de "apoyo a aquellos trabajadores que
compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el
desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia,
acomodando su cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a
su situación de pluriactividad", informa Europa Press.
Ésta es una de las principales
reivindicaciones que las asociaciones de autónomos trasladaron al PP en la
ronda de contactos mantenida para explicar a este colectivo la reforma laboral
impulsada desde el Ejecutivo, si bien este tipo de medidas podrían incluirse en
la Ley de Emprendedores que prepara el gabinete de Mariano Rajoy. Y es que,
según recuerdan los populares, el trabajo autónomo es una de las principales
"palancas de cambio en la salida de la crisis y en la creación de empleo
en España", toda vez que el 12% de estos profesionales tiene trabajadores
asalariados a su cargo y que, junto con las empresas de menos de 50
trabajadores, conforman más del 95% del tejido productivo del país.
Según datos aportados en la
iniciativa del PP, actualmente están dados de alta en el RETA más de tres
millones de personas, si bien unos 340.000 autónomos se han dado de baja desde
el primer trimestre de 2008, constituyendo así uno de los colectivos que
"más ha sufrido los efectos de la crisis".
Sin embargo, "los últimos
datos muestran una evolución más positiva, ya que en los últimos dos meses se
ha registrado un incremento en la afiliación de 9.502 autónomos, en especial en
los sectores de la hostelería y del comercio", subraya el PP, justificando
así la necesidad de "reforzar la tendencia" con la adopción de
medidas que favorezcan a los más de 86.000 trabajadores por cuenta propia que
compatibilizan esta actividad en jornada ordinaria con el desarrollo de otras
actividades profesionales o económicas en periodos de tiempo más reducidos.
Así, el PP considera necesario
adoptar "medidas que flexibilicen las condiciones de cotización de los
trabajadores autónomos en situación de pluriactividad con el doble objetivo de
incentivar el inicio y la cotización de actividades emprendedoras, lo que
podría traducirse en la generación de más puestos de trabajo; y, en segundo
lugar, evitar la pérdida de cotizantes en el RETA".
4,1 millones devueltos en 2010
Los últimos datos disponibles
subrayan que la
Seguridad Social devolvió algo más de 4,1 millones de euros a
3.411 autónomos que durante 2010 cotizaron de forma simultánea por
contingencias comunes en régimen de pluriactividad, es decir, que pagaron como
trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General y también en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por una cantidad igual o superior a
10.860 euros.
Según Empleo, cerca del 61% de
las devoluciones correspondió al tramo de entre 1.000 y 1.500 euros, mientras
que los excesos reconocidos de entre 2.000 y 6.000 euros no llegaron al 4%. Las
devoluciones corresponden al 50% del exceso en que las cotizaciones ingresadas
superen los 10.440 euros, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el
RETA por el concepto de cotización por contingencias comunes de cobertura
obligatoria. Con la medida se trata de evitar que los autónomos paguen de más y
deban esperar a esas devoluciones, en el caso de que tengan derecho a ellas.
El Frob
denunciará las prejubilaciones de altos cargos de CAM
El ex administrador del Frob en
CAM José Antonio Iturriaga ha manifestado en la comisión de investigación de
las Cortes Valencianas que hubo altos directivos que se prejubilaron
"aprovechando el ERE, en condiciones muy mejoradas respecto a los demás
empleados" y que en los próximos días se va a presentar una demanda por
este tema.
Iturriaga ha afirmado que la
demanda se presentará "en el ámbito procesal y jurídico adecuado" y
que se hará "en próximas fechas". La remuneración de cinco directivos
-entre ellos, el anterior director general, Roberto López-, tuvo un coste de
quince millones de euros para la caja.
José Antonio Iturriaga ha
respondido ampliamente a las preguntas de los diputados valencianos sobre la
crisis de la caja alicantina. Sobre los sueldos de los directivos, ha dicho que
en su opinión, la comisión de retribución trabajaba "pensando más en los
directivos que en los intereses de la entidad".
Iturriaga ha criticado duramente
la gestión de la entidad de ahorros en muchos aspectos. Considera que el
declive comenzó con el cambio de dirección en el año 2000, con "un proceso
de crecimiento muy intenso". "La diferencia con otras entidades es la
mayor agresividad y su mayor posicionamiento en el sector inmobiliario".
El administrador del Frob señala
"deficiencias significativas en los procesos de control interno".
Concretamente, en los procesos de refinanciación, en los que considera que no
se tenía en cuenta la capacidad de pago de los refinanciados, así como en las
políticas de gobierno corporativo, que atribuye en parte a la ley de cajas,
"que hace posible que tengan cuotas en los consejos de las cajas
determinadas instituciones que hacen que no siempre impere el criterio de
profesionalidad".
'Suave oposición' a las cuotas
Respecto a la emisión de cuotas
participativas, en el año 2009, Iturriaga ha afirmado que se realizó "a
pesar de las suaves oposiciones de algunas instituciones, e incluso de
supervisores". Posteriormente ha aclarado que con ello se refiere a que en
ese momento, la caja tenía interés en realizar una expansión internacional y
que el supervisor le dijo que "por lo menos tuvieran capital. Y el único
instrumento eran las cuotas participativas".
Respecto al fracasado SIP con
Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, Iturriaga dice que, en su opinión,
en el caso de haber seguido adelante, "habría arrastrado al resto de las
entidades, debido al peso de la problemática de CAM".
El Sabadell estará en la
Obra Social
Por otra parte, Iturriaga ha
revelado que se está trabajando en la creación de la fundación que se encargará
de ella, en la que participará como patrono la Generalitat valenciana y también
estará presente el Sabadell.
Ha explicado que el comprador de
Banco CAM tiene intención de seguir realizando una aportación económica y
social en el ámbito tradicional de actuación de CAM, por lo que se implicará en
esta fundación.
También ha explicado que se ha
elaborado un plan estratégico a cinco años para dar viabilidad a esta
institución.
Unos
funcionarios con mala salud de hierro
Del tópico del cafetito a
mediodía al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho más que el resto de
los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos
Gobiernos para añadir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores
públicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y
contratos interinos sin cubrir. La última, la propuesta de que estos empleados
no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por
enfermedad, ataca una de las partes más sensibles y más incontrolables: la salud. Y además lo hace
sin una base estadística que acredite que los funcionarios, en su conjunto,
abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a
Bruselas, y que ya funciona —aunque con matices— en algunas comunidades, como
País Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda
sobre los trabajadores públicos. También pone en la picota el criterio de los
médicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.
La medida, pensada teóricamente
para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificación no está
clara. Al menos, no se sustenta en datos. “Es muy difícil hallar cifras para
comparar el absentismo entre los trabajadores públicos y los del sector
privado”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario
de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma
tajantemente que “es imposible” comparar si los funcionarios se cogen más bajas
que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social
registra al año, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores,
no se especifica cuántas corresponden a los públicos. Y ello, a pesar de que la
mayoría de los funcionarios se incluyen ya en el régimen general de la Seguridad Social.
Tampoco se puede llegar a
conclusiones a través de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a
algunos trabajadores públicos y sus familias —como los militares, personal
docente o de justicia. Según la memoria de 2010 de Muface —una de esas
entidades—, ese año tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo
en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que tenía 971.540
afiliados titulares, esto quiere decir que registró 12,48 bajas por cada 1.000
personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es
decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.
¿Es eso verdad? Granado lo
desmiente: “Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo
mismo estén de baja o no; y para eso no hace falta darlos de baja. Solo se hace
en los casos en que hay que contratar un sustituto”. La diferencia con el resto
de los trabajadores es que estos, al menos en teoría, no cobran los tres
primeros días de baja, “aunque la inmensa mayoría de los convenios establecen
que les pague la empresa, por lo que no lo notan”, aclara. Este periódico ha
intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Administraciones
Públicas.
En el sector privado, explica
Cruz Villalón, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros
días de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligación legal de
cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social
quien paga al empleado (también solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del
día 20 la obligación es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del
salario. ¿Qué pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica
Benavides, a través de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas
suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, están empezando a dejar de
hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca más al modelo del sector
privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar
esos beneficios de sus convenios.
Puesto en cuarentena el argumento
de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes
les dan —o no— las bajas: los médicos de primaria. Y en ellos tampoco se
encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opinión
contundente: “Mi percepción es que los funcionarios tienen las mismas bajas que
el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y no existen
estadísticas que digan lo contrario”. Además, “en época de crisis las bajas se
cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes”, afirma el
médico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Cataluña,
donde existe un sistema de información exhaustivo. Ahí, la incidencia por cada
100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.
Para Juan José Rodríguez Sendín,
presidente de la Organización Médica Colegial , el plan del
Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente “un disparate”. “Puede ser que haya
colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que además habría que
estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por
igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo
hace. Tampoco comparar patologías. Qué pasa con una enfermedad crónica, como un
cáncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta
injusta”, opina. El presidente de los médicos españoles recuerda que no se
puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, además, que hay otros
mecanismos para ver de manera inequívoca si hay abuso, como poner más
mecanismos de inspección. “Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no
así”, añade.
Si se pregunta a los afectados,
la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre
los trabajadores públicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en
situación irregular, a los que se va a retirar la prestación por el abuso de
alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. “Parece que lo único
que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos”,
dice Borra, “cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto”. “Si
hubiera un abuso, habría estudios que lo demostrarían. Cuando no los hay es que
no se han producido”, añade.
La secretaria de Política Social
de UGT, Carmen López, cree que todo el plan está basado en la idea de que los
funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. “Es lamentable que
ponga en la palestra a los trabajadores públicos y a los médicos que les están
dando la baja”, dice. López afirma que esto puede tener varias consecuencias.
La económica para los propios afectados y la implicación en la salud de estos
trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede
fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a
perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto
enfermo. “Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los
funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores,
trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a
aquellos a quien cuidan”.
López recuerda que el plan del
Gobierno ya funciona en comunidades como la madrileña, donde los empleados de
baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. “La propuesta presentada por el
Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda
aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino también al
estatutario”, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todavía algo
opaco. No queda claro si afectará a todos los trabajadores públicos ni si será
distinto en función de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el País
Vasco, donde la regulación, aplicada a 67.000 trabajadores, incluyó muchas
excepciones: “Crónicos, graves, accidentes de tráfico, laborales... Al final
quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes”, explica el
exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que
no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.
Ese resultado, sin embargo, no
convence a los propios afectados. Como Choni G., técnica especialista en
Educación de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya
afectó la medida. Esta
profesional de 52 años que estuvo de baja 15 días por una neumonía vírica
recibió el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad
temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pasó a cobrar 1.100. “¿Quieren
que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los niños que
están en contacto conmigo”, se queja. Pero como este caso hay muchos más. En
Madrid, una trabajadora que esté de baja dos semanas puede llegar a perder 500
euros.
Estos argumentos contribuyen a
alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo
sí coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. “Primero
habría que ver los datos de absentismo y después discutir con más calma las
medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la
Administración pública y por qué. Puede que no se tengan esos instrumentos”,
analiza el catedrático de la Universidad de Sevilla Cruz Villalón.
Esa es una de las partes
fundamentales y más desatendidas. Lo asume José María Morán, médico inspector y
vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios
Sanitarios (Faiss). Morán afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza
Muface necesita mucho más control, y que los mecanismos de vigilancia de las
bajas del régimen general también es mejorable. “Si tienen indicios de fraude
lo que deberían hacer es potenciar la inspección. Pero
hay pocos inspectores”, opina.
La función de profesionales como
Morán es analizar las bajas. “Tenemos un sistema informático en el que vemos
las bajas que dan los médicos y el tiempo de duración de los procesos. Una baja
de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirría. Es cierto que hay médicos que
dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos genéricos. Así que lo
suyo es establecer mecanismos de control para ver qué hacen estas profesionales
y también conocer los procesos que duran más de la cuenta”, explica. Para él es
“poco científico” decir que de forma general los funcionarios abusan. Su
asociación ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que
se desprende, por ejemplo, que las bajas médicas del personal público duran
menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 días).
También el presidente de la
Semfyc opina que los sistemas de control son anacrónicos. “El que tenemos es
del siglo pasado. Está excesivamente burocratizado. El método de partes
semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene”,
afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los
profesionales y la concienciación de los trabajadores. “Donde se ha dado mayor
capacidad al clínico, como País Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras
económicas”, dice el médico. El presidente de CSIF también admite que puede
haber mayores controles, aunque sean para todos.
El tema tiene muchas aristas.
Tanto que no parece lo más correcto abordarlo de forma unilateral. “Una cosa es
reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal
a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como
para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias científicas”,
opina Cruz Villalón.
Una visión que también comparte
el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo
de cambios legislativos deben hacerse con mucho más cuidado. “Al final podría
pasar que mandáramos un soldado a Afganistán, le explote una mina, pierda una
pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo”, ironiza.
La bolsa
española registra otro mínimo anual y cae el 2,55 %
La bolsa española ha bajado hoy
el 2,55 por ciento y ha registrado un nuevo mínimo anual (6.831,9 puntos)
perjudicada por la caída de la actividad industrial en Europa, la débil
creación de empleo en los Estados Unidos y el retroceso de la banca.
Con la prima de riesgo en 422
puntos básicos, el índice de referencia de la bolsa española, el IBEX 35, ha caído 179,10 puntos,
el 2,55 por ciento, la octava mayor caída del año, hasta 6.831,90 puntos, con
lo que continúa en niveles similares a los registrados en marzo de 2009. El
descenso anual se eleva al 20,25 por ciento.
Todos los grandes valores
bajaron: Repsol, el 4,15 por ciento; BBVA, el 3,33 por ciento; Banco Santander,
el 3,31 por ciento; Telefónica, el 3,13 por ciento, e Iberdrola, el 2,96 por
ciento.
Wall Street
cierra con un leve descenso del 0,08 % en el Dow Jones
Wall Street moderó hoy sus
pérdidas en la recta final de la sesión y el Dow Jones de Industriales, su
principal indicador, cerró con un leve descenso del 0,08 %, en una jornada en
la que se conocieron cifras sobre el mercado laboral que no terminaron de
convencer a los analistas.
Según datos provisionales al
cierre de la sesión, ese índice, que agrupa a treinta de las mayores empresas
cotizadas de EEUU, restó 10,67 puntos hasta situarse en 13.268,65 unidades, y
el selectivo S&P 500 cedió el 0,25 %, mientras que el índice compuesto del
mercado Nasdaq avanzó el 0,31 %.
La bolsa de
Tokio permanece hoy cerrada
La Bolsa de Tokio permanece hoy
cerrada por ser día festivo en Japón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario