Empleo acelera
el desarrollo legislativo de la reforma laboral
Una vez aprobado el trámite en el
Congreso, el Ministerio de Empleo ha cerrado un paréntesis de tres meses en
blanco y se apresura ahora a desarrollar la reforma laboral de febrero dando
salida a tres decretos leyes y un anteproyecto de ley, cuyos borradores ya ha
entregado a los sindicatos, la patronal y las comunidades autónomas, antes de
su ratificación en el Consejo de Ministros.
Se trata de los reglamentos sobre
despidos colectivos y sobre la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos, que
el Gobierno se comprometió a elaborar en el plazo de un mes a partir de la
entrada en vigor de la reforma -el 10 de febrero-, el decreto sobre formación
profesional dual y el anteproyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad
Social.
En este último no aparece
referencia alguna a los controles especiales a que se someterán los
desempleados para evitar que cobren la prestación de paro al tiempo que
trabajen, y que en principio centraban el Plan de Lucha contra el Empleo Irregular
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de abril. Esa vigilancia
adicional sí se mencionaba con detalle en el Plan Nacional de Reformas que
acompaña al Programa de Estabilidad.
Pero se ha aumentado el importe
de las sanciones a las infracciones muy graves contra la Seguridad Social ,
dependiendo del número de trabajadores afectados por el incumplimiento del
empresario. Tendrán entre un 20% y un 50% de recargo si perjudica a entre dos y
cinco o más trabajadores.
Más despidos en pymes
El reglamento que regula los
despidos colectivos detalla el procedimiento que debe seguir una empresa para
ejecutarlos, al igual que las suspensiones de contrato y las reducciones de
jornada, los antes denominados Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Ahora
dejan de tener tal consideración por cuanto la reforma laboral suprimió la
autorización administrativa previa. La autoridad laboral ya no es más que la
receptora de la comunicación que hace el empresario de su decisión de despedir
a sus trabajadores, suspender sus contratos o reducir sus jornadas laborales.
La Memoria sobre el Impacto
Normativo del proyecto de decreto lo llama "flexibilización de los
procedimientos de regulación de empleo". Según destaca, su
"agilización" propiciará que utilicen más estos mecanismos las
pequeñas y medianas empresas, hasta ahora reacias "por su menor tamaño y
recursos". La tesis del Ministerio de Empleo es que, si les resulta más
fácil y barato despedir, harán menos contratos temporales y más indefinidos.
Fruto de esa "flexibilización",
el borrador reconoce como "función primordial" de la autoridad
laboral únicamente la de "garantizar la efectividad del periodo de
consultas" entre empresario y representantes de los trabajadores.
No obstante, también incluye las
aportaciones a la reforma laboral que CiU pactó con el PP durante su
tramitación parlamentaria. Así, la autoridad laboral podrá ahora hacer
"advertencias y recomendaciones" a las partes si comprueba que no se
están cumpliendo los requisitos del trámite de consultas o si el comité de
empresa o la Inspección de Trabajo se lo requieren.
También podrá "emitir
propuestas" sobre las medidas sociales de acompañamiento y el plan de
recolocación externa de los trabajadores despedidos exigidos por la reforma
laboral. Otra novedad es que, además, podrá "mediar" entre las partes
si así se lo piden ambas.
Pero la prueba de que su papel
queda rebajado con la nueva regulación es que ninguna de estas actuaciones
podrá paralizar ni suspender el procedimiento. La autoridad laboral -el
ministerio o la consejería autonómica de Empleo- sólo podrá advertir al
empresario de que, si no corrige sus incumplimientos, el despido colectivo
puede ser impugnado y declarado nulo por el juez posteriormente.
Según el borrador, bastará con
dos reuniones con el comité para que la empresa pueda acometer una suspensión
de contratos o reducción de jornada, y tres para un despido colectivo. Pero
mantiene los requisitos de documentación que la anterior normativa exigía a las
empresas para ejecutarlos.
Arbitraje obligatorio
Tanta prisa tuvo el Ministerio de
Empleo para poner en marcha la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos como instancia final de
arbitraje laboral, que nombró a su presidente sin consultarlo antes con la
patronal y los sindicatos. E incluso sometió a la decisión de ambos los dos
primeros casos de conflicto en una sesión de este organismo tripartito aun
cuando ni siquiera había aprobado un reglamento con sus nuevas funciones.
Además, la celebró un día antes de que se aprobara en el Congreso la reforma
laboral.
Tanto sindicatos como patronal y
muchos expertos dudan de la constitucionalidad de crear una instancia final de
arbitraje en la que participe la propia Administración.
Más aún cuando los agentes sociales pactaron un sistema
autónomo, de carácter voluntario, para solucionar sus conflictos laborales.
En esa primera reunión, UGT y
CCOO presentaron una declaración conjunta de rechazo al proyecto de Empleo. Y
no llegaron a dirimirse ninguno de los dos casos de descuelgue presentados. El
primero, una empresa vasca del metal, fue remitido al tribunal autonómico de
arbitraje. Y el segundo, una firma de seguridad canaria, ni siquiera presentó
la documentación necesaria, por lo que se le dio un plazo de 10 días para
subsanar el problema.
Formación dual
Por último, Empleo presentó el
pasado jueves a las comunidades autónomas su borrador de decreto para
desarrollar los contratos de formación y aprendizaje y la llamada formación
profesional dual, la adaptación a España del tan elogiado sistema alemán.
Según el texto, las empresas
deberán participar como mínimo en un 33% de la formación del alumno. Serán
fundamentalmente ciclos formativos de grado medio, sobre todo los vinculados a
la hostelería y el turismo o los impartidos en centros educativos cuyo entorno
lo integren empresas idóneas o requieran instalaciones especiales –el borrador
cita medicina nuclear y alta tensión–, de alta tecnología o elevado coste.
Las empresas interesadas en dar
este tipo de formación podrán sufragar su coste mediante bonificaciones en las
cuotas a la Seguridad
Social , mientras que los centros educativos implicados se
beneficiarán de las subvenciones que las comunidades autónomas pidan al
Servicio Público de Empleo Estatal.
Uno de cada
tres trabajadores menores de 34 años está en el paro en nuestro país
La virulencia de la crisis
laboral también se está cebando con aquellos colectivos que, históricamente,
estaban mejor posicionados para sortear sus efectos negativos. El informe de
Agett (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal) sobre el mercado
laboral, correspondiente al primer trimestre de 2012, indica que los
trabajadores menores de 34 años supone actualmente el 29,9% de la población
ocupada, mientras que al inicio de la crisis (tercer trimestre de 2007), su
peso era del 39,8%.
Con datos del primer trimestre de
este año, la tasa de paro entre los menores de 34 años asciende al 33%, lo que
quiere decir que uno de cada tres jóvenes menores de esta edad que quieren y
pueden trabajar, está en situación de desempleo. Estos 2.566.600 parados menores
de 34 años suponen casi la mitad del total de parados que hay en nuestro país
(45,5%).
El perfil del parado menor de 34
años es el de un varón que lleva entre uno y dos años buscando empleo de manera
activa sin tener éxito. «Es muy preocupante que casi la mitad del nuevo talento
de nuestro país lleve más de 12 meses buscando un empleo sin encontrarlo»,
subraya Agett.
Por otra parte, el total de
hogares con todos sus activos en paro se sitúa en un nuevo máximo con 1,73
millones. Esto quiere decir que en trece de cada cien hogares españoles (13,3%)
no se perciben rentas del trabajo. Ya son un 1,35 millones de hogares más en
esta tesitura desde que comenzó la crisis. Andalucía se situó en el primer trimestre
del año como la comunidadcon un mayor peso (19,7%). Le sigue Extremadura, con
el 18,6%, seguida de Canarias (18%) y Murcia (16%). En el extremo opuesto se
encuentran Navarra y País Vasco (ambas con 7,9%), Madrid (8,7%) y Aragón (9%).
Sólo un
21,1% de autónomos perciben una prestación por cese de actividad
Sólo un 21,2% de los trabajadores
autónomos cotizan para cubrir las prestaciones por cese de actividad y las de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, según datos de la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
La organización dirigida por
Sebastián Reyna constata que estos trabajadores, aunque hace ya seis meses que
se pueden pedir las prestaciones, "siguen siendo muy reacios" a
cotizar y lo achaca principalmente a una falta de información sobre la evolución
de la prestación.
Por ello, denuncia que la campaña
que tenía que haber realizado la Seguridad Social junto con las mutuas de
accidentes laborales y enfermedades profesionales, entidades gestoras de la
prestación, continúa pendiente, sin que las organizaciones de autónomos
conozcan las causas de este retraso.
Así, critica que hasta la fecha
ni las mutuas ni la
Seguridad Social han dado ninguna información con respecto a
la evolución del sistema y advierte de que la información que llega a la
organización es que escasamente el 10% de las solicitudes están siendo
aceptadas, por lo que se está generalizando la sensación en el colectivo de que
es prácticamente imposible acceder a la prestación.
En abril, el número de cotizantes
ascendió a 648.866 personas, sólo un 0,26% más que en marzo, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma
con más cotizantes, con 128.922 trabajadores, el 27,7% del total.
Si bien, la mayor proporción se
localizó en Canarias, donde un 28,7% de los autónomos era cotizante.
Por el contrario, las comunidades
autónomas en las que parece que tiene menos atracción la prestación son
Euskadi, con un 11,38%, y Cataluña, con un 14,83%, a pesar de contar con una
fuerte presencia de trabajadores por cuenta propia.
Guindos dice
que es inaceptable que dos exdirectivos de Bankia cobren indemnización
El ministro de Economía , Luis de
Guindos, considera "inaceptable" que dos exdirectivos de Bankia vayan
a cobrar indemnizaciones por un valor total de 20 millones de euros y asegura
que piensa estudiar "las medidas que se pueden tomar al respecto".
Guindos hizo estas declaraciones en rueda de prensa a su salida de la sesión de
control al Gobierno, donde ha hablado detenidamente de la situación financiera
española en respuesta a una pregunta y una interpelación de la oposición.
Ante los periodistas, Guindos ha
manifestado su rechazo a que el actual director financiero de Bancaja, Aurelio
Izquierdo, pueda cobrar de esa entidad una pensión de 13,9 millones de euros y
que el exdirector general de Caja Madrid, Matías Amat, haya percibido 6,16 millones
tras el ERE de la entidad.
El Ministerio de Economía
contempla la posibilidad de que sea el Banco de España quien haga uso de la
normativa sobre recursos propios de las entidades financieras para impedir el
pago. Según esta los pagos estarían sujetos a la existencia de recursos
suficientes en la entidad para llevarlos a cabo. Con el rescate de Bankia,
Bancaja y el resto de cajas de ahorros que crearon la entidad ahora intervenida
se quedan fuera de la órbita accionarial del grupo y acabarán convertidas en
fundaciones con escasas capacidad para generar beneficios. El pago de la
indemnización a Aurelio Izquierdo dejaría a la entidad descapitalizadas.
Fuentes de Bankia destacan que la entidad que preside José Igancio
Goirigolzarri no tiene competencia sobre el pago, pues el compromiso
corresponde a Bancaja.
El directivo
de Bancaja acepta "revisar" su indemnización de 14 millones
El actual director financiero de
Bancaja, Aurelio Izquierdo, ha aceptado revisar, con "plena
disposición", los derechos vinculados a su prejubilación y jubilación, que
ascienden a una indemnización de unos catorce millones de euros.
En un comunicado, Bancaja -que
acaba de elegir a José María Mas Millet nuevo presidente- ha querido responder
así a la polémica sobre la indemnizción millonaria que Izquierdo podría
percibir en caso de acogerse a esos derechos, hecha pública ayer por
BFA-Bankia.
La todavía caja de ahorros
valenciana explica que esos derechos son aportaciones realizadas a una entidad
de previsión y que tienen su origen en el contrato suscrito con motivo de su
nombramiento como director general en septiembre de 2007, "estando
completamente cubiertas y devengadas dichas aportaciones desde 2010, y no
suponiendo, por tanto, ninguna obligación ni desembolso adicional a la
entidad".
"No ha cobrado importe alguno"
Al estar vinculados esos derechos
a situaciones de prejubilación o jubilación, Izquierdo "no ha ejercido
ninguno de esos derechos ni ha cobrado importe alguno", según Bancaja, que
pasará próximamente a ser una fundación especial.
"Sin perjuicio de todo ello,
el actual Consejo de Administración de Bancaja ha planteado a Aurelio Izquierdo
la revisión de los acuerdos existentes, propuesta que ha sido aceptada con
plena disposición por su parte", concluye el comunicado.
Aguirre
prepara el terreno para una bajada del sueldo de los funcionarios
El déjà vu en que vive el
Gobierno regional desde hace tres semanas, cuando Esperanza Aguirre anunció que
debían formularse por primera vez en la era del Estado de las Autonomías unos
segundos presupuestos para cumplir con el 1,5% del déficit comprometido con la
Moncloa —“y si puede ser cero, mejor”, ha dicho la presidenta de la Comunidad
en varias ocasiones desde entonces—, concluirá hoy con un borrador del
anteproyecto de ley con el que se modificarán las cuentas públicas de este año.
Después de 21 días de carrusel, con reuniones al más alto nivel de los
consejeros y sus equipos de trabajo, en la Puerta del Sol entienden que este
mediodía se tiene que aprobar la nueva hoja de ruta “sí o sí”.
Las prisas del Ejecutivo de
Aguirre de resolver el bucle en que llevan metidos desde hace cuatro jueves se
añaden a la complejidad de los recortes a aplicar para no desviarse de nuevo
del listón fijado de endeudamiento. El daño que causó en la imagen del Gobierno
el déficit de 2011, que por arte de magia se dobló del 1,13% al 2,2% por la
caída a pique de los tributos directos en el último trimestre del año pasado,
tendencia que se ha agravado en los tres primeros meses de 2012, dibujan un
escenario crudo en el que Aguirre no descarta aprobar medidas impopulares para
contener el gasto.
La dirigente tendrá la última
palabra sobre el plan que presentará el consejero de Economía y Hacienda,
Percival Manglano. Los nuevos presupuestos se fundamentan en algunas de las
conclusiones a las que se llegaron, pero no se adoptaron, en la reunión del
máximo órgano de gobierno regional la semana pasada. Las iniciativas más
extremas planteaban bajar el sueldo a los empleados dependientes de la
Comunidad y despedir a parte de los interinos.
La opción de tocar los salarios
del personal que cobra de la
Real Casa de Correos -desde los funcionarios a los empleados
laborales, eventuales e interinos— ha cobrado de nuevo fuerza una semana
después de que la corriente menos entusiasta por la bajada de sueldos
convenciera a la presidenta regional de que ampliara la perspectiva más allá de
los efectos obvios que provocaría el ahorro inmediato en nóminas. Los más
reacios con aprobar la que sería la primera bajada de los salarios bajo la
órbita de la Comunidad también se han hecho a la idea.
Consciente de lo agrio que
resulta el remedio, Aguirre preparó el terreno dando por “seguro” que ella
misma se volverá a bajar la nómina por tercera vez. “Yo cobro un 17% [el primer
recorte fue del 2% y el siguiente del 15%] menos que en 2008” , recordó, en un anuncio
con el que dar ejemplo y con un mensaje implícito: todo el mundo da por descontado
en el Gobierno autónomo un ajuste en los salarios de los altos cargos.
Con una desviación presupuestaria
de cerca de 2.000 millones, el interrogante está en la tijera que se podría
aplicar a sueldos en la
diana. Un drama acrecentado por los 1.400 millones que el
Estado no transferirá a la región, un 10% de los previstos.
Disminuir las inversiones, las
subvenciones y los entes públicos también estarán sobre el tapete. Para
equilibrar la balanza, el Gobierno regional dispone además de 82 tasas con las
que incrementar sus ingresos. Muchas de ellas tienen poca capacidad
recaudatoria, y sus efectos se empezarían a ver a final de año. “La presidenta
tendrá la última palabra, y no nos engañemos: estamos igual que hace una
semana”, reconocen en el Ejecutivo. La solución del puzzle presupuestario se
antoja amarga.
Bruselas
pide a Berlín subidas de sueldos para activar el consumo
Las reclamaciones que desde hace
tiempo y desde distintas latitudes se le hacen a Alemania para que incremente
los salarios de sus trabajadores y que consuma más, un tándem que debería tirar
del crecimiento en el resto de la Unión, han llegado a Bruselas. Dada la
bonanza económica y las buenas cifras macroeconómicas de que goza la locomotora
germana, la Comisión ha pedido por escrito al Gobierno alemán que recompense la
mejora de la productividad de sus trabajadores con aumentos salariales que
engrasen el sistema. “La economía no puede mejorar si la gente no compra a los
demás”, señala el comisario de Empleo, Lazslo Andor.
Berlín tiene sus grandes cifras
bajo control, lo que le hace acreedor a salir del procedimiento de déficit
excesivo que coloca sobre él la lupa de la Comisión. Alemania
redujo su déficit del 4,3% del producto interior bruto (PIB) en 2010 al 1% en
2011, superando con mucho el límite del 3% que debería haber alcanzado en 2013.
El déficit va a seguir en el 1% en el actual ejercicio y caerá al 0,5% en 2013.
Magnitudes increíbles para otros, que solo en lo relativo al endeudamiento
guardan todavía ciertas semejanzas: 81,2% del PIB en 2011, 82% en 2012 y 80% en
2013, principio de una tendencia que Bruselas ve de continua reducción.
Bruselas ve también ciertos
desequilibrios en la primera economía de la UE y hace recomendaciones de las
que el vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, quiso ayer subrayar tres.
“Alemania debe incrementar los
salarios en vista de los incrementos de productividad para que así se
incremente la demanda interna”, dijo el comisario de Asuntos Económico. También
instó a Alemania a incrementar la inversión en investigación y desarrollo y a
aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, una carencia
fruto de la disuasión fiscal a hogares con dos ingresos y a la falta de
guarderías y colegios con jornada continuada.
La petición de Rehn sobre los
salarios fue secundada por el comisario Andor. “Donde la productividad aumente
deben aumentar los salarios” para que esa liquidez lubrique todo el sistema,
explicó el responsable de Empleo y Asuntos Sociales. “La economía no puede
mejorar si la gente no compra a los demás”.
Entre los desafíos que en el
futuro esperan a Alemania no es el menor el demográfico, con su corolario de
una menor disponibilidad de fuerza de trabajo que podría comerse los beneficios
de la mayor productividad. Valora Bruselas los esfuerzos de Berlín para atraer
trabajadores cualificados del exterior al tiempo que critica los llamados
minijobs por incrementar las desigualdades entre los trabajadores.
Si al otro lado del Rin hay un
horizonte económico muy despejado, la incertidumbre se cierne sobre la Francia
de François Hollande, segunda economía de la zona euro. “Aunque el objetivo del
4,4% del PIB parece alcanzable, la distancia hasta el umbral del 3% sigue
siendo importante”, se lee en las valoraciones de la Comisión. “En este
contexto y dadas las tensiones sobre las deudas soberanas, las autoridades
francesas necesitan concretar las medidas para garantizar la corrección del
déficit excesivo en 2013” ,
añade.
Rehn espera que Francia cumpla
sus compromisos. Pero Hollande se otorga cierto margen. Interrogado al concluir
el pasado Consejo Europeo sobre el límite del 3% en 2013, el presidente
respondió: “Dependerá del crecimiento en 2013. Si es del 1,7% será más
factible”. Bruselas prevé para Francia un crecimiento del 1,3% en 2013.
El IBEX 35
pierde el 2,46 % y baja de 6.100 puntos por primera vez en 9 años
El principal indicador de la
Bolsa española, el IBEX 35, caía a las 12.20 horas por debajo de los 6.100
puntos, su nivel más bajo en nueve años, tras sufrir una caída del 2,46 %.
El índice español se convertía en
el más bajista de Europa y se situaba en su nivel más bajo desde el 1 de abril
de 2003, lastrado por los grandes valores del mercado, que sufrían recortes de
entre el 2 % y el 3 %.
A esta hora, el IBEX 35 perdía
153 puntos y se situaba en 6.098 unidades, con lo que el descenso que acumula
desde comienzos de año se elevaba al 28,79 %.
El Índice General de la Bolsa de
Madrid sufría un recorte del 2,20 %.
Los dos focos de atención de los
inversores en la jornada son Grecia y el sector financiero español.
Según aclara un informe de
Natixis, la posible salida de Grecia del euro tendrá repercusiones negativas
tanto en los mercados financieros como en las perspectivas de crecimiento
económico para el conjunto de la zona del euro.
Además, los inversores ven cada
vez más probable que España tenga que pedir ayuda a la Unión Europea para
sanear su sistema financiero.
Sacyr sufría el mayor descuento
del índice (9,15 %), afectada, además de por el entorno, por la decisión de su
participada Repsol de reducir el dividendo.
Dentro del sector financiero
destacaba el descenso de Bankia (4,92 %), en el ojo del huracán pese a que el
Banco Central Europeo (BCE) ha desmentido que haya puesto objeción alguna a los
planes del Gobierno sobre la entidad, que asegura que no se le han consultado.
Bankinter perdía el 3,27 %,
Sabadell, el 2,99 %, Popular, el 2,84 %, BBVA, el 2,33 %, Santander, el 1,91 %,
y Caixabank, el 0,19 %.
En cuanto a los grandes valores
del índice, Inditex caía el 3,16 %, Telefónica, el 2,67 %, Iberdrola, el 2,22
%, y Repsol, el 1,33 %.
El resto de mercados europeos
sufría también las dudas que suscita el sistema financiero español: El DAX de
Fráncfort perdía el 1,20 %, el CAC de París, el 1,44 %, el MIB de Milán, el
1,48 %, y el FTSE de Londres, el 1,60 %.
Asimismo, el mercado de divisas
acusaba la precaria situación europea y el euro perdía terreno frente a la
moneda estadounidense: a esta hora se cambiaba a 1,243 dólares.
Wall Street
cierra con un caída del 1,28 % en el Dow Jones de Industriales
Wall Street cerró hoy en terreno
negativo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió el 1,28
% en una jornada marcada por las renovadas dudas sobre la situación del sector
bancario español y su impacto en la crisis en la zona euro.
Ese índice, que agrupa a treinta
de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, restó 160,98 puntos hasta
cerrar en 12.419,71 unidades, al tiempo que el selectivo S&P 500 perdió el
1,44 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó el 1,17 %.
El Nikkei
cae 90,46 puntos, un 1,05 por ciento, hasta 8.542,73 puntos
El índice Nikkei de la Bolsa de
Tokio cerró hoy con una caída de 90,46 puntos, el 1,05 por ciento, y quedó en
8.542,73 unidades.
El índice Topix, que agrupa a
todos los valores de la primera sección, bajó 4,13 puntos, un 0,57 por ciento,
hasta 719,49 enteros.
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